Mario Rocha Iglesias

Expediente 135/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
135/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Mario Rocha Iglesias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, por medio del cual, acusa recibo del oficio en el que se devolvieron tres juegos de copias certificadas del expediente 1226/2016, que remitió en apoyo a su informe justificado. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento formulado, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento de multa con que se conminó a dicha responsable. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, donde se negó el amparo y protección de la justicia federal, en el juicio de amparo promovido por --------, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notificado este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, inciso b; que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y . En mérito de lo anteriormente expuesto, se estima que este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo a la parte quejosa, por tanto, se debe dejar únicamente la demanda y sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. En otro orden de ideas, toda vez que ya no es necesaria la retención de las constancias que remitió el Magistrado Semanero Integrante de la Primera sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, consistente en: Copias certificadas del toca 596/2020; Copias certificadas del expediente 1226/2016; y,Copias certificadas del incidente de liquidación de pensiones alimenticias del expediente 1226/2016, Devuélvanse dichas constancias a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable para que en el plazo de tres días computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable, el correo electrónico luis.hernandez.ortiz@correo.cjf.gob.mx para el caso de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la responsable, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional, así también, se precia que el horario de atención vía telefónica es a partir de las nueve a quince horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: V I S T O S para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo indirecto 135/2021-IV, promovido por ---------------, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez remitido a este juzgado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, ---------------, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los siguientes actos y autoridades: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: JUEZ SÉPTIMO EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. PRIMERA SALA REGIONAL FAMILIAR DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. "ACTOS RECLAMADOS La sentencia definitiva dictada por la PRIMERA SALA REGIONAL FAMILIAR DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, dictada el nueve de diciembre de dos mil veinte, en el toca 596/2020." 1 El presente sumario es únicamente de carácter informativo, por lo que no forma parte integral de la sentencia que se dicta en el presente asunto. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado registró la demanda de amparo con el número de expediente 135/2021-IV, admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento y ordenó el emplazamiento de la tercera interesada ------------. Finalmente, una vez integrado el juicio de amparo y emplazada la tercera interesada, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, concretamente en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y las diversas constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó: De la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. La resolución de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca 596/2020, que confirmó la interlocutoria de nueve de octubre de dos mil veinte, emitida por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, relativa al incidente de liquidación de pensiones vencidas, en el que fue condenado el ahora quejoso. Del Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. La ejecución de la resolución emitida por la sala responsable. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, ya que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado aceptaron los actos a cada una de ellas atribuidos, en específico: 1. El Magistrado Semanero de la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla, México y el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, aceptó la emisión de resolución de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca 596/2020. 2. El Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, aceptó la existencia de la tramitación del expediente de origen, precisando que no había realizado algún acto de ejecución. Informes que, dado su carácter de documento público por haber sido emitido por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Además, la existencia de los actos reclamados, se corrobora con las actuaciones remitidas por el magistrado semanero al rendir su informe, consistentes en copia certificada del toca 596/2020, así como del expediente 1226/2016. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de oficio por el juzgador, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, las partes no invocaron alguna causal de improcedencia en el juicio, además, no se advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. En el caso, el reclamo consiste en la resolución en la que se confirma la obligación del deudor alimentario, a pagar las pensiones vencidas. En principio, debe destacarse que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 79 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, procede la suplencia de la queja deficiente2; sin embargo, debe precisarse que dicha circunstancia únicamente se actualizara, en el supuesto de que este órgano jurisdiccional advierta alguna violación trascedente en el acto reclamado que hubiese vulnerado los derechos del interesado. En las relatadas condiciones, este órgano de control constitucional, además de analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, verificará de oficio si el acto reclamado cumple o no con los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales aplicables, sin que ello implique necesariamente la concesión del amparo, sino para asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales. En el caso, se desprende que en la resolución de nueve de diciembre de dos mil veinte, emitida dentro del toca de apelación 596/2020, la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México agotó la exigencia de fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 constitucional, pues citó los preceptos aplicables al caso concreto, así como las razones por las cuales consideró infundados los agravios expresados por el entonces recurrente, señalando lo siguiente: El artículo 7.3323 del Código Civil para el Estado de México, no puede ser interpretado de manera individual, pues debía complementarse con el diverso 7.3314 del referido código. 2 Resulta aplicable a jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, titulada: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. 3 Artículo 7.332.- Cuando la deuda es de pensiones que deban satisfacerse en períodos determinados, y se acredita el pago de alguna, se presumen pagadas las anteriores, salvo prueba en contrario. 4 Artículo 7.331.- El deudor que paga tiene derecho a exigir el documento que acredite el pago y puede retenerlo mientras no se le entregue aquél. Derivado de lo anterior, interpretando sistemáticamente los mencionados artículos, se desprendía que la presunción de pago de pensiones anteriores que contempla el numeral 7.332 del Código Civil para el Estado de México, únicamente es aplicable en el caso de que el acreedor se niegue a expedir el recibo por el pago de la obligación, lo que, a consideración de la responsable, no se actualizaba, pues del convenio que se ejecutaba, se desprendía que el deudor alimentario se comprometió a depositar la pensión, dentro de los primeros cinco días de cada mes, en la cuenta bancaria de la actora incidentista, por tanto, era la institución bancaria la que se encargaría de expedir el documento que acreditara el pago correspondiente. Respecto a la manifestación del recurrente, relativa a que no contaba con los comprobantes de pago de las pensiones, al haber sido pagadas de manera personal a su contraparte; refirió que, de la revisión del convenio firmado por las partes, se desprendía que la entrega de la pensión debía ser mediante depósito bancario a cuenta de la actora incidentista y no de manera personal como pretendía hacerlo el recurrente. Que al tratarse de la ejecución de un convenio que fue elevado a la categoría de cosa juzgada, la jueza del conocimiento estaba obligada a resolver sobre su cumplimiento, únicamente conforme a lo pactado por las partes. Agregó que resultó inexacta la consideración hecha valer por el recurrente, en la que sostuvo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7.332 del código sustantivo civil, con la exhibición de los recibos de pago correspondientes a los meses de junio, agosto y octubre de dos mil diecisiete; diciembre de dos mil dieciocho y octubre de dos mil diecinueve, debe presumirse el pago de las pensiones respecto de las que no acreditó fehacientemente su cumplimiento, debido a que dicho numeral no puede llegar al extra lógico de que, con una ficha de pago, se acredite todo un año de pensión alimenticia, pues ello resulta contra derecho y al interés superior de la menor involucrada. Añadió que la obligación alimentaria es de tracto sucesivo y permanente, por tanto, era inconcuso que su cumplimiento debía acreditarse de la misma manera, ya que el hecho de que el deudor demostrara que en cierto tiempo cumplió con la obligación de dar alimentos a su acreedora, no significaba que con posterioridad lo haya seguido haciendo y que por ello se debía tener por cumplida su obligación de pago. Adicionó que el actuar de la resolutora de origen se ajustó a los principios procesales que enmarcan los artículos 4.127, 4.130 y 4.146 del Código Civil, en relación con los preceptos 5.8, 5.16, 5.43 y 5.44 del Código de Procedimientos Civiles, pues el fondo de la litis atendió al cumplimiento del deber alimentario en favor de la menor de edad Y.I.R.B. a quien le asiste la protección integral de sus derechos alimentarios esenciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución; 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México, así como 1, 3, 4, 5, 6 y 18 de la Convención de los Derechos del Niño. Consideró que la obligación de vigilar el debido cumplimiento recae directamente en el Estado, ya que al ser necesidades que se actualizan de momento a momento, no puede quedar al arbitrio del deudor proporcionarlos por las cantidades y en los tiempos que estime necesarios, porque ello resulta ser una conducta contraria a la finalidad de prevenir y conservar la integridad física de los hijos, por ende, es facultad de los juzgadores, tutelar el interés superior de la infancia actuando incluso de manera oficiosa en su beneficio. En ese sentido estimó que la juez del conocimiento realizó una correcta cuantificación de las pensiones adeudadas, atendiendo a la suplencia de la queja en beneficio de la menor de edad, por tanto, era correcta la cuantificación realizada, aunado a que no existía medio de convicción del que se pudiera advertir que ---------------, haya dado cumplimiento a su obligación alimentaria. Refirió que por cuanto hace a lo manifestado por el inconforme en relación con la presunción que refiere el artículo 7.332 del Código Civil, le correspondía acreditar el cumplimiento de la obligación alimentaria de proporcionar alimentos, pues de lo contrario, se impondría a la acreedora probar un hecho negativo, lo cual contravenía lo señalado en los artículos 1.252, 1.253 y 1.254 del Código de Procedimientos Civiles. Indicó que los preceptos normativos indicados, establecen que el actor tiene el deber procesal de acreditar los hechos constitutivos de su acción; en el caso, cuando se demanda el incumplimiento de una obligación, el actor debe acreditar la existencia de la obligación, tal como ocurrió, pues la actora incidentista justificó el derecho de su menor hija a recibir alimentos de su progenitor con el convenio de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por ende, no correspondía a la accionante la carga probatoria del incumplimiento en cuestión, puesto que ello constituye un hecho negativo que no es susceptible de ser demostrado. Finalmente, precisó que el cumplimiento de una obligación se traduce en un hecho positivo, por tanto, debe ser demostrado en este caso por la parte demandada, porque es quien tiene la necesidad y facilidad lógica de acreditar tal situación, con la finalidad de desvirtuar la acción ejercitada en su contra, lo que, indicó, no sucedió en la especie, pues no era posible que con la exhibición de cinco recibos de pago, correspondientes a cinco meses de pensión alimenticia, se pretendiera acreditar que se dio cabal cumplimiento a su obligación. Como se observa, la Sala expresó las razones por las cuales consideró que los agravios del recurrente resultaron infundados, cumpliendo con la fundamentación y motivación exigidas por el numeral 16 constitucional, colmando los principios de exhaustividad y congruencia, sin que el suscrito advierta que se haya cometido en agravio del quejoso una grave violación a los derechos fundamentales a que se ha hecho referencia. Precisado lo anterior, ahora resulta oportuno ocuparse de los conceptos de violación propuestos por el quejoso, quien substancialmente argumentó: En el primer concepto de violación, el quejoso planteó que la responsable no consideró la excepción propuesta derivada del artículo 7.332 del Código Civil para el Estado de México, razón por la que, al haber sido condenado, se le está obligando a realizar un doble pago de pensiones alimenticias. Adujo que lo anterior era así, pues la sala señaló de forma escueta, sin precisar artículo alguno que contradiga, amplíe o limite la aplicación de la excepción contenida en el numeral señalado, ya que se concretó a referir que la obligación alimentaria es de tracto sucesivo y permanente, lo cual, no entra en contradicción con la excepción propuesta. Agregó que, en el incidente respectivo, acreditó haber cumplido con la pensión alimentaria en periodos pasados, razón por la que le es aplicable la presunción señalada en el artículo 7.332 del Código Civil para el Estado de México, circunstancia que explica de la siguiente manera: El pago de octubre de 2017, presume el pago de septiembre de 2017; El pago de diciembre de 2018, presume los pagos de los meses de noviembre de 2017 a noviembre de 2018; El pago de octubre 2019, presume los pagos de los meses de enero a septiembre de 2019; y, El pago de junio de 2020, presume el pago de mayo de 2020. En ese sentido, aseguró que las pensiones habían sido pagadas personalmente a la parte actora, sin que ésta acreditara la mora en el cumplimiento de sus obligaciones. El argumento antes reseñado, debe calificarse de infundado pues contrario a lo manifestado por el quejoso, la sala sí atendió la excepción propuesta derivada del artículo 7.332 del Código Civil para el Estado de México, pues refirió que ésta era improcedente, debido a que la excepción contenida en dicho numeral no debía interpretarse de manera aislada, sino armonizarse con el diverso 7.331 del referido código. En ese sentido, como quedó explicado en párrafos precedentes, la sala fundó y motivó su resolución, precisando que la presunción de pago de pensiones anteriores que contempla el numeral 7.332 del Código Civil para el Estado de México, únicamente era aplicable para el caso de que el acreedor se negara a expedir el recibo por el pago de la obligación, sin que fuera procedente aplicarlo en el caso concreto, debido a que, en términos del convenio, el deudor debió depositar la pensión en la cuenta bancaria de la actora incidentista, por ende, el propio banco era el encargado de expedir el documento que acreditara el pago correspondiente; de ahí que, en oposición a lo referido por el quejoso en su concepto de violación, la responsable sí atendió el argumento propuesto por el aquí inconforme, precisando los artículos aplicables y los motivos por los que consideró que se ajustaban al caso concreto. En términos de lo señalado, la sala responsable si bien, no precisó un artículo que se opusiera a la presunción establecida en el artículo 7.332 del Código Civil para el Estado de México, como lo hace valer el quejoso, lo cierto es, que formuló argumento en el que complementó el contenido del citado artículo, a efecto de que tuviera vigencia en el caso que se analiza, hecho que el quejoso no controvirtió, ya que como se desprende de su argumento, se limitó a referir que la sala no analizó la excepción contenida en el precepto señalado, empero, nada dijo respecto a la interpretación que la sala responsable planteó en el sentido que se debe realizar un análisis conjunto con el diverso 7.331 del código de procedimientos señalado. Además, debe señalarse que no le asiste razón al quejoso, en cuanto a que la responsable se limitó a referir que la obligación alimentaria es de tracto sucesivo y permanente, puesto que la motivación de ésta no se circunscribió a ese tema, debido a que también señaló que en el caso no se actualizó dicha presunción pues en el convenio se determinó que los pagos debían realizarse a través de transferencia bancaria. En ese sentido, se desprende que a sala sí atendió directamente su argumento, pues le indicó que con la exhibición de los recibos de pago correspondientes a los meses de junio, agosto y octubre de dos mil diecisiete; diciembre de dos mil dieciocho y octubre de dos mil diecinueve, no acreditó fehacientemente su cumplimiento, ya que no se podía llegar al extra lógico de que, con una ficha de pago, se acreditara todo un año de pensión alimenticia, pues ello resulta contrario a derecho, así como al interés superior de la menor involucrada, ya que el hecho de que el deudor demostrara que en cierto tiempo cumplió con la obligación de dar alimentos a su acreedora, no significa que con posterioridad lo haya seguido haciendo; razones por las que, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, la sala responsable sí le hizo saber porque no resultó procedente la presunción a que hace referencia el artículo 7.332 del Código Civil para el Estado de México. Argumentos anteriores que el quejoso no atacó concretamente en sus conceptos de violación, pues como se puede advertir de su lectura, se limitó a resaltar la omisión en atender la excepción planteada, así como el hecho de que sí había pagado las pensiones adeudadas; sin embargo, fue omiso en controvertir la respuesta dada por la sala relativa a que con su planteamiento se llegaría al extra ilógico de que con un pago se acredite que cumplió con todo un año, así como lo relativo a la afectación del interés superior de la menor, temas sobre los que el solicitante de amparo no enderezó argumento alguno. En tales circunstancias, al no haber sido combatidas las consideraciones expuestas por la sala, este órgano jurisdiccional no puede hacer pronunciamiento al respecto, por tanto, deben seguir rigiendo el acto que se reclama. En el segundo concepto de violación, argumentó que la autoridad lo responsabilizó por incumplir el convenio judicial, pues ese documento señala que la obligación de alimentos se hará mediante depósitos bancarios a la cuenta previamente acordada y no con pagos en efectivo; no obstante, la responsable soslayó que los depósitos en efectivo no se encontraban prohibidos, por lo que si expresamente no lo están, son perfectamente posibles, lo que implica el cumplimiento de la obligación, pues el interés mayor son los derechos y protección de su menor hija y no un protocolo de cómo hacer los pagos. Resaltó que los pagos en efectivo fueron realizados, pero su contraparte se negó a darle los recibos correspondientes, de ahí que consideró aplicable lo señalado en el artículo 7.332 del Código Civil para el Estado de México. Argumentos que se califican de inoperantes, en razón de que con ellos no combate las razones expresadas por la sala responsable en la resolución reclamada. Para evidenciar lo anterior, deben destacarse las consideraciones que sustentan la resolución reclamada, respecto al tema planteado por el quejoso, son:  La sala señaló que de conformidad con los principios procesales que enmarcan los artículos 4.127, 4.130 y 4.146 del Código Civil, en relación con los preceptos 5.8, 5.16, 5.43 y 5.44 del Código de Procedimientos Civiles, atendiendo al cumplimiento del deber alimentario en favor de la menor de edad Y.I.R.B. a quien le asiste la protección integral de sus derechos alimentarios esenciales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 de la Constitución; 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México, así como 1, 3, 4, 5, 6 y 18 de la Convención de los Derechos del Niño, por ende, es obligación del Estado verificar que se cumplan esas prerrogativas. Agregó que no puede quedar al arbitrio del deudor el cumplimiento a la obligación alimentaria, por las cantidades y en la forma que estime necesarios, pues ello resultaría una conducta contraria a la finalidad de prevenir y conservar la integridad física de los hijos, circunstancia que constituye una obligación de los juzgadores, vigilar y tutelar el interés superior de la infancia actuando incluso de manera oficiosa en su beneficio. Expuso, que las partes señalaron la forma en que debía cumplirse la obligación, por ende, no puede quedar al arbitrio de una de ellas, el sentido en el que deben cumplirse, aunado a que, en tratándose de alimentos, es obligación del Estado verificar que se cumpla con el interés superior de la infancia, actuando incluso de manera oficiosa en su beneficio. En adición a lo anterior, la responsable precisó que el actor debió acreditar los hechos constitutivos de su acción, por tanto, si en el caso se reclamó el incumplimiento de una obligación, el actor debió acreditar la existencia de la obligación, como así ocurrió con el convenio de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, no correspondía a la accionante la carga probatoria del incumplimiento en cuestión, puesto que ello constituía un hecho negativo que no era susceptible de ser demostrado, por lo que calificó como infundado su alegato en cuanto a que los pagos sí fueron realizados, pero que su contraparte no expidió los recibos correspondientes. Concluyó que, era obligación del deudor acreditar haber cumplido con la obligación de pago, en los términos en que fue pactado en el convenio a ejecutar, y no como lo pretendió hacer, trasfiriendo la carga de la prueba a la actora incidentista, por no expedir los recibos respectivos. Comparados los argumentos de la sala con los conceptos de violación de la parte quejosa, es notorio que no controvierte con razonamiento lógico jurídico alguno, los argumentos en los que se basó para emitir el acto reclamado y resolver en la forma en que lo hizo, pues con ellos, no controvierte los planteamientos de la responsable, ya que no formuló argumento para controvertir lo relativo a que de acuerdo con la legislación citada, es obligación del Estado velar por el cumplimiento del deber alimentario en favor de la menor de edad Y.I.R.B., por ende, no puede quedar al arbitrio de las partes el cumplimiento a dicha obligación en los tiempos y formas en que quieran hacerlo; aunado a que existe un convenio entre las partes, en el que se obligaron en los términos en que ahí aparece; de ahí que debió haber acreditado que efectivamente cumplió con su obligación, sin que de autos hubiese quedado demostrada esa circunstancia. En efecto, al no existir argumentación jurídica tendente a poner de manifiesto la ilegalidad o inconstitucionalidad de las consideraciones de la sala, emitidas en el fallo que por esta vía se reclama, tales fundamentos y motivación subsisten y bastan por sí solos para sustentar la resolución impugnada, pues de acuerdo con la técnica del juicio de amparo, es indispensable explicar, concretizar, el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y, además, argumentar jurídicamente contra los razonamientos o consideraciones del acto reclamado, señalando si las consideraciones de la resolución reclamada, son contrarias a la ley o su interpretación jurídica; de ahí que sean inoperantes los conceptos de violación.5 En tales circunstancias, al resultar infundado e inoperante los motivos de inconformidad del quejoso lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que en el caso se advierta algún vicio trascedente que haya vulnerado los derechos del interesado y que, en su caso, amerite suplir la queja deficiente. La negativa del amparo debe comprender el acto de ejecución reclamado al Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por no haberse impugnado por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo depender de la resolución reclamada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ---------------, contra el acto reclamado y 5 Es aplicable a lo expuesto, por el criterio que contiene, la jurisprudencia número 173, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el del Apéndice 1917 a 1995, Tomo VI, página 116, que a la letra señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. autoridad precisados en el considerando segundo y por las razones vertidas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes Así lo resolvió y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Luis Daniel Hernández Ortiz, Secretario que da fe, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo indirecto 135/2021-IV, promovido por ---------------, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez remitido a este juzgado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, ---------------, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los siguientes actos y autoridades: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: JUEZ SÉPTIMO EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. PRIMERA SALA REGIONAL FAMILIAR DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. "ACTOS RECLAMADOS La sentencia definitiva dictada por la PRIMERA SALA REGIONAL FAMILIAR DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, dictada el nueve de diciembre de dos mil veinte, en el toca 596/2020." 1 El presente sumario es únicamente de carácter informativo, por lo que no forma parte integral de la sentencia que se dicta en el presente asunto. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado registró la demanda de amparo con el número de expediente 135/2021-IV, admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento y ordenó el emplazamiento de la tercera interesada ------------. Finalmente, una vez integrado el juicio de amparo y emplazada la tercera interesada, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, concretamente en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y las diversas constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó: De la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. La resolución de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca 596/2020, que confirmó la interlocutoria de nueve de octubre de dos mil veinte, emitida por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, relativa al incidente de liquidación de pensiones vencidas, en el que fue condenado el ahora quejoso. Del Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. La ejecución de la resolución emitida por la sala responsable. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, ya que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado aceptaron los actos a cada una de ellas atribuidos, en específico: 1. El Magistrado Semanero de la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla, México y el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, aceptó la emisión de resolución de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca 596/2020. 2. El Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, aceptó la existencia de la tramitación del expediente de origen, precisando que no había realizado algún acto de ejecución. Informes que, dado su carácter de documento público por haber sido emitido por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Además, la existencia de los actos reclamados, se corrobora con las actuaciones remitidas por el magistrado semanero al rendir su informe, consistentes en copia certificada del toca 596/2020, así como del expediente 1226/2016. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de oficio por el juzgador, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, las partes no invocaron alguna causal de improcedencia en el juicio, además, no se advierte la actualización de alguna que imposibilite el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. En el caso, el reclamo consiste en la resolución en la que se confirma la obligación del deudor alimentario, a pagar las pensiones vencidas. En principio, debe destacarse que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 79 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, procede la suplencia de la queja deficiente2; sin embargo, debe precisarse que dicha circunstancia únicamente se actualizara, en el supuesto de que este órgano jurisdiccional advierta alguna violación trascedente en el acto reclamado que hubiese vulnerado los derechos del interesado. En las relatadas condiciones, este órgano de control constitucional, además de analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, verificará de oficio si el acto reclamado cumple o no con los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales aplicables, sin que ello implique necesariamente la concesión del amparo, sino para asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales. En el caso, se desprende que en la resolución de nueve de diciembre de dos mil veinte, emitida dentro del toca de apelación 596/2020, la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México agotó la exigencia de fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 constitucional, pues citó los preceptos aplicables al caso concreto, así como las razones por las cuales consideró infundados los agravios expresados por el entonces recurrente, señalando lo siguiente: El artículo 7.3323 del Código Civil para el Estado de México, no puede ser interpretado de manera individual, pues debía complementarse con el diverso 7.3314 del referido código. 2 Resulta aplicable a jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, titulada: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. 3 Artículo 7.332.- Cuando la deuda es de pensiones que deban satisfacerse en períodos determinados, y se acredita el pago de alguna, se presumen pagadas las anteriores, salvo prueba en contrario. 4 Artículo 7.331.- El deudor que paga tiene derecho a exigir el documento que acredite el pago y puede retenerlo mientras no se le entregue aquél. Derivado de lo anterior, interpretando sistemáticamente los mencionados artículos, se desprendía que la presunción de pago de pensiones anteriores que contempla el numeral 7.332 del Código Civil para el Estado de México, únicamente es aplicable en el caso de que el acreedor se niegue a expedir el recibo por el pago de la obligación, lo que, a consideración de la responsable, no se actualizaba, pues del convenio que se ejecutaba, se desprendía que el deudor alimentario se comprometió a depositar la pensión, dentro de los primeros cinco días de cada mes, en la cuenta bancaria de la actora incidentista, por tanto, era la institución bancaria la que se encargaría de expedir el documento que acreditara el pago correspondiente. Respecto a la manifestación del recurrente, relativa a que no contaba con los comprobantes de pago de las pensiones, al haber sido pagadas de manera personal a su contraparte; refirió que, de la revisión del convenio firmado por las partes, se desprendía que la entrega de la pensión debía ser mediante depósito bancario a cuenta de la actora incidentista y no de manera personal como pretendía hacerlo el recurrente. Que al tratarse de la ejecución de un convenio que fue elevado a la categoría de cosa juzgada, la jueza del conocimiento estaba obligada a resolver sobre su cumplimiento, únicamente conforme a lo pactado por las partes. Agregó que resultó inexacta la consideración hecha valer por el recurrente, en la que sostuvo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7.332 del código sustantivo civil, con la exhibición de los recibos de pago correspondientes a los meses de junio, agosto y octubre de dos mil diecisiete; diciembre de dos mil dieciocho y octubre de dos mil diecinueve, debe presumirse el pago de las pensiones respecto de las que no acreditó fehacientemente su cumplimiento, debido a que dicho numeral no puede llegar al extra lógico de que, con una ficha de pago, se acredite todo un año de pensión alimenticia, pues ello resulta contra derecho y al interés superior de la menor involucrada. Añadió que la obligación alimentaria es de tracto sucesivo y permanente, por tanto, era inconcuso que su cumplimiento debía acreditarse de la misma manera, ya que el hecho de que el deudor demostrara que en cierto tiempo cumplió con la obligación de dar alimentos a su acreedora, no significaba que con posterioridad lo haya seguido haciendo y que por ello se debía tener por cumplida su obligación de pago. Adicionó que el actuar de la resolutora de origen se ajustó a los principios procesales que enmarcan los artículos 4.127, 4.130 y 4.146 del Código Civil, en relación con los preceptos 5.8, 5.16, 5.43 y 5.44 del Código de Procedimientos Civiles, pues el fondo de la litis atendió al cumplimiento del deber alimentario en favor de la menor de edad Y.I.R.B. a quien le asiste la protección integral de sus derechos alimentarios esenciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución; 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México, así como 1, 3, 4, 5, 6 y 18 de la Convención de los Derechos del Niño. Consideró que la obligación de vigilar el debido cumplimiento recae directamente en el Estado, ya que al ser necesidades que se actualizan de momento a momento, no puede quedar al arbitrio del deudor proporcionarlos por las cantidades y en los tiempos que estime necesarios, porque ello resulta ser una conducta contraria a la finalidad de prevenir y conservar la integridad física de los hijos, por ende, es facultad de los juzgadores, tutelar el interés superior de la infancia actuando incluso de manera oficiosa en su beneficio. En ese sentido estimó que la juez del conocimiento realizó una correcta cuantificación de las pensiones adeudadas, atendiendo a la suplencia de la queja en beneficio de la menor de edad, por tanto, era correcta la cuantificación realizada, aunado a que no existía medio de convicción del que se pudiera advertir que ---------------, haya dado cumplimiento a su obligación alimentaria. Refirió que por cuanto hace a lo manifestado por el inconforme en relación con la presunción que refiere el artículo 7.332 del Código Civil, le correspondía acreditar el cumplimiento de la obligación alimentaria de proporcionar alimentos, pues de lo contrario, se impondría a la acreedora probar un hecho negativo, lo cual contravenía lo señalado en los artículos 1.252, 1.253 y 1.254 del Código de Procedimientos Civiles. Indicó que los preceptos normativos indicados, establecen que el actor tiene el deber procesal de acreditar los hechos constitutivos de su acción; en el caso, cuando se demanda el incumplimiento de una obligación, el actor debe acreditar la existencia de la obligación, tal como ocurrió, pues la actora incidentista justificó el derecho de su menor hija a recibir alimentos de su progenitor con el convenio de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por ende, no correspondía a la accionante la carga probatoria del incumplimiento en cuestión, puesto que ello constituye un hecho negativo que no es susceptible de ser demostrado. Finalmente, precisó que el cumplimiento de una obligación se traduce en un hecho positivo, por tanto, debe ser demostrado en este caso por la parte demandada, porque es quien tiene la necesidad y facilidad lógica de acreditar tal situación, con la finalidad de desvirtuar la acción ejercitada en su contra, lo que, indicó, no sucedió en la especie, pues no era posible que con la exhibición de cinco recibos de pago, correspondientes a cinco meses de pensión alimenticia, se pretendiera acreditar que se dio cabal cumplimiento a su obligación. Como se observa, la Sala expresó las razones por las cuales consideró que los agravios del recurrente resultaron infundados, cumpliendo con la fundamentación y motivación exigidas por el numeral 16 constitucional, colmando los principios de exhaustividad y congruencia, sin que el suscrito advierta que se haya cometido en agravio del quejoso una grave violación a los derechos fundamentales a que se ha hecho referencia. Precisado lo anterior, ahora resulta oportuno ocuparse de los conceptos de violación propuestos por el quejoso, quien substancialmente argumentó: En el primer concepto de violación, el quejoso planteó que la responsable no consideró la excepción propuesta derivada del artículo 7.332 del Código Civil para el Estado de México, razón por la que, al haber sido condenado, se le está obligando a realizar un doble pago de pensiones alimenticias. Adujo que lo anterior era así, pues la sala señaló de forma escueta, sin precisar artículo alguno que contradiga, amplíe o limite la aplicación de la excepción contenida en el numeral señalado, ya que se concretó a referir que la obligación alimentaria es de tracto sucesivo y permanente, lo cual, no entra en contradicción con la excepción propuesta. Agregó que, en el incidente respectivo, acreditó haber cumplido con la pensión alimentaria en periodos pasados, razón por la que le es aplicable la presunción señalada en el artículo 7.332 del Código Civil para el Estado de México, circunstancia que explica de la siguiente manera: El pago de octubre de 2017, presume el pago de septiembre de 2017; El pago de diciembre de 2018, presume los pagos de los meses de noviembre de 2017 a noviembre de 2018; El pago de octubre 2019, presume los pagos de los meses de enero a septiembre de 2019; y, El pago de junio de 2020, presume el pago de mayo de 2020. En ese sentido, aseguró que las pensiones habían sido pagadas personalmente a la parte actora, sin que ésta acreditara la mora en el cumplimiento de sus obligaciones. El argumento antes reseñado, debe calificarse de infundado pues contrario a lo manifestado por el quejoso, la sala sí atendió la excepción propuesta derivada del artículo 7.332 del Código Civil para el Estado de México, pues refirió que ésta era improcedente, debido a que la excepción contenida en dicho numeral no debía interpretarse de manera aislada, sino armonizarse con el diverso 7.331 del referido código. En ese sentido, como quedó explicado en párrafos precedentes, la sala fundó y motivó su resolución, precisando que la presunción de pago de pensiones anteriores que contempla el numeral 7.332 del Código Civil para el Estado de México, únicamente era aplicable para el caso de que el acreedor se negara a expedir el recibo por el pago de la obligación, sin que fuera procedente aplicarlo en el caso concreto, debido a que, en términos del convenio, el deudor debió depositar la pensión en la cuenta bancaria de la actora incidentista, por ende, el propio banco era el encargado de expedir el documento que acreditara el pago correspondiente; de ahí que, en oposición a lo referido por el quejoso en su concepto de violación, la responsable sí atendió el argumento propuesto por el aquí inconforme, precisando los artículos aplicables y los motivos por los que consideró que se ajustaban al caso concreto. En términos de lo señalado, la sala responsable si bien, no precisó un artículo que se opusiera a la presunción establecida en el artículo 7.332 del Código Civil para el Estado de México, como lo hace valer el quejoso, lo cierto es, que formuló argumento en el que complementó el contenido del citado artículo, a efecto de que tuviera vigencia en el caso que se analiza, hecho que el quejoso no controvirtió, ya que como se desprende de su argumento, se limitó a referir que la sala no analizó la excepción contenida en el precepto señalado, empero, nada dijo respecto a la interpretación que la sala responsable planteó en el sentido que se debe realizar un análisis conjunto con el diverso 7.331 del código de procedimientos señalado. Además, debe señalarse que no le asiste razón al quejoso, en cuanto a que la responsable se limitó a referir que la obligación alimentaria es de tracto sucesivo y permanente, puesto que la motivación de ésta no se circunscribió a ese tema, debido a que también señaló que en el caso no se actualizó dicha presunción pues en el convenio se determinó que los pagos debían realizarse a través de transferencia bancaria. En ese sentido, se desprende que a sala sí atendió directamente su argumento, pues le indicó que con la exhibición de los recibos de pago correspondientes a los meses de junio, agosto y octubre de dos mil diecisiete; diciembre de dos mil dieciocho y octubre de dos mil diecinueve, no acreditó fehacientemente su cumplimiento, ya que no se podía llegar al extra lógico de que, con una ficha de pago, se acreditara todo un año de pensión alimenticia, pues ello resulta contrario a derecho, así como al interés superior de la menor involucrada, ya que el hecho de que el deudor demostrara que en cierto tiempo cumplió con la obligación de dar alimentos a su acreedora, no significa que con posterioridad lo haya seguido haciendo; razones por las que, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, la sala responsable sí le hizo saber porque no resultó procedente la presunción a que hace referencia el artículo 7.332 del Código Civil para el Estado de México. Argumentos anteriores que el quejoso no atacó concretamente en sus conceptos de violación, pues como se puede advertir de su lectura, se limitó a resaltar la omisión en atender la excepción planteada, así como el hecho de que sí había pagado las pensiones adeudadas; sin embargo, fue omiso en controvertir la respuesta dada por la sala relativa a que con su planteamiento se llegaría al extra ilógico de que con un pago se acredite que cumplió con todo un año, así como lo relativo a la afectación del interés superior de la menor, temas sobre los que el solicitante de amparo no enderezó argumento alguno. En tales circunstancias, al no haber sido combatidas las consideraciones expuestas por la sala, este órgano jurisdiccional no puede hacer pronunciamiento al respecto, por tanto, deben seguir rigiendo el acto que se reclama. En el segundo concepto de violación, argumentó que la autoridad lo responsabilizó por incumplir el convenio judicial, pues ese documento señala que la obligación de alimentos se hará mediante depósitos bancarios a la cuenta previamente acordada y no con pagos en efectivo; no obstante, la responsable soslayó que los depósitos en efectivo no se encontraban prohibidos, por lo que si expresamente no lo están, son perfectamente posibles, lo que implica el cumplimiento de la obligación, pues el interés mayor son los derechos y protección de su menor hija y no un protocolo de cómo hacer los pagos. Resaltó que los pagos en efectivo fueron realizados, pero su contraparte se negó a darle los recibos correspondientes, de ahí que consideró aplicable lo señalado en el artículo 7.332 del Código Civil para el Estado de México. Argumentos que se califican de inoperantes, en razón de que con ellos no combate las razones expresadas por la sala responsable en la resolución reclamada. Para evidenciar lo anterior, deben destacarse las consideraciones que sustentan la resolución reclamada, respecto al tema planteado por el quejoso, son:  La sala señaló que de conformidad con los principios procesales que enmarcan los artículos 4.127, 4.130 y 4.146 del Código Civil, en relación con los preceptos 5.8, 5.16, 5.43 y 5.44 del Código de Procedimientos Civiles, atendiendo al cumplimiento del deber alimentario en favor de la menor de edad Y.I.R.B. a quien le asiste la protección integral de sus derechos alimentarios esenciales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 de la Constitución; 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México, así como 1, 3, 4, 5, 6 y 18 de la Convención de los Derechos del Niño, por ende, es obligación del Estado verificar que se cumplan esas prerrogativas. Agregó que no puede quedar al arbitrio del deudor el cumplimiento a la obligación alimentaria, por las cantidades y en la forma que estime necesarios, pues ello resultaría una conducta contraria a la finalidad de prevenir y conservar la integridad física de los hijos, circunstancia que constituye una obligación de los juzgadores, vigilar y tutelar el interés superior de la infancia actuando incluso de manera oficiosa en su beneficio. Expuso, que las partes señalaron la forma en que debía cumplirse la obligación, por ende, no puede quedar al arbitrio de una de ellas, el sentido en el que deben cumplirse, aunado a que, en tratándose de alimentos, es obligación del Estado verificar que se cumpla con el interés superior de la infancia, actuando incluso de manera oficiosa en su beneficio. En adición a lo anterior, la responsable precisó que el actor debió acreditar los hechos constitutivos de su acción, por tanto, si en el caso se reclamó el incumplimiento de una obligación, el actor debió acreditar la existencia de la obligación, como así ocurrió con el convenio de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, no correspondía a la accionante la carga probatoria del incumplimiento en cuestión, puesto que ello constituía un hecho negativo que no era susceptible de ser demostrado, por lo que calificó como infundado su alegato en cuanto a que los pagos sí fueron realizados, pero que su contraparte no expidió los recibos correspondientes. Concluyó que, era obligación del deudor acreditar haber cumplido con la obligación de pago, en los términos en que fue pactado en el convenio a ejecutar, y no como lo pretendió hacer, trasfiriendo la carga de la prueba a la actora incidentista, por no expedir los recibos respectivos. Comparados los argumentos de la sala con los conceptos de violación de la parte quejosa, es notorio que no controvierte con razonamiento lógico jurídico alguno, los argumentos en los que se basó para emitir el acto reclamado y resolver en la forma en que lo hizo, pues con ellos, no controvierte los planteamientos de la responsable, ya que no formuló argumento para controvertir lo relativo a que de acuerdo con la legislación citada, es obligación del Estado velar por el cumplimiento del deber alimentario en favor de la menor de edad Y.I.R.B., por ende, no puede quedar al arbitrio de las partes el cumplimiento a dicha obligación en los tiempos y formas en que quieran hacerlo; aunado a que existe un convenio entre las partes, en el que se obligaron en los términos en que ahí aparece; de ahí que debió haber acreditado que efectivamente cumplió con su obligación, sin que de autos hubiese quedado demostrada esa circunstancia. En efecto, al no existir argumentación jurídica tendente a poner de manifiesto la ilegalidad o inconstitucionalidad de las consideraciones de la sala, emitidas en el fallo que por esta vía se reclama, tales fundamentos y motivación subsisten y bastan por sí solos para sustentar la resolución impugnada, pues de acuerdo con la técnica del juicio de amparo, es indispensable explicar, concretizar, el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y, además, argumentar jurídicamente contra los razonamientos o consideraciones del acto reclamado, señalando si las consideraciones de la resolución reclamada, son contrarias a la ley o su interpretación jurídica; de ahí que sean inoperantes los conceptos de violación.5 En tales circunstancias, al resultar infundado e inoperante los motivos de inconformidad del quejoso lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que en el caso se advierta algún vicio trascedente que haya vulnerado los derechos del interesado y que, en su caso, amerite suplir la queja deficiente. La negativa del amparo debe comprender el acto de ejecución reclamado al Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por no haberse impugnado por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo depender de la resolución reclamada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ---------------, contra el acto reclamado y 5 Es aplicable a lo expuesto, por el criterio que contiene, la jurisprudencia número 173, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el del Apéndice 1917 a 1995, Tomo VI, página 116, que a la letra señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. autoridad precisados en el considerando segundo y por las razones vertidas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes Así lo resolvió y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Luis Daniel Hernández Ortiz, Secretario que da fe, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron.

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