Mario Roberto Reyes Guerra
Expediente 921/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Mario Roberto Reyes Guerra
- y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en este juzgado no se encuentra registrada promoción alguna que indique que las partes recurrieron el proveído dictado por este órgano jurisdiccional el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, fueron notificados en primer y último lugar, esto es, el veinticinco y veintiséis de noviembre de este año, quedando comprendido dicho plazo del veintinueve de noviembre al trece de diciembre de la presente anualidad, en la inteligencia de que el lapso para las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el punto 7.4 del capítulo de Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, firmado electrónicamente el tres de septiembre de dos mil veinte, este juicio de amparo es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que, se concedió la suspensión de oficio y de plano.
- Principal
Téngase recibido el oficio signado por el Coordinador de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados; en atención a su contenido y a lo acordado en proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda. No obstante lo anterior, se tiene a la referida autoridad señalado como domicilio y delegados los referidos en su oficio de cuenta.
- Principal
Vista la razón levantada el veintitrés de los que cursan, por el actuario judicial adscrito a este juzgado de distrito; de la que se advierte que el directo agraviado Jesús Manuel Garay Tirado, ratificó la demanda promovida en su favor por Martha María Tirado Salas; en consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del arábigo 15 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, misma que se ordena proseguir en todos sus trámites. Recepción de informe relativo a suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se tiene recibido el oficio número JCM/911/2021, signado por el Juez y Coordinador de Jueces adscritos al Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinden conjuntamente su informe a la suspensión de plano. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que respecta al domicilio señalado por las autoridades responsables, deberá estar a lo acordado en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se proveyó al respecto. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexan las autoridades responsables señaladas en el párrafo que antecede. Sobreseimiento fuera de audiencia. El Informe conjunto rendido por las autoridades responsables, en relación con las documentales anexas, evidencian la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; Del precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior, en términos de las razones dadas en la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 171537, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." Expuesto lo anterior, en la especie Martha María Tirado Salas promovió la demanda de amparo que nos ocupa en representación del directo quejoso Jesús Manuel Garay Tirado, contra actos del Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, consistente en lo siguiente: ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como Responsable Ordenadora mencionada en el inciso número 1, reclamo la orden de privar de su libertad a mi hijo, hoy quejoso JESUS MANUEL GARAY TIRADO, ordenando fuera trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para ser puesto a disposición del C. Coordinador del Tribunal Cívico Municipal aún y cuando no existía motivo para ello, pues el Quejoso no ha cometido delito ni falta Administrativa alguna que ameritara su detención, sin embargo fue privado de su libertad por elementos de policía Preventiva a su mando, a la autoridad señalada como responsable en el inciso 2, se le reclama la ilegal instrucción dada para que el quejoso fuera remitido a los separos de la Cárcel Pública Municipal sin que existiera motivo legal alguno, y de la autoridad señalada como responsable ejecutora, la determinación por él tomada para que se le recluyera al quejoso en los separos en acatamiento a la orden dada por la responsable número 2 dos C. Coordinador del Tribunal Cívico de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que, aún sin haber motivo que justificara su reclusión, determinó sin fundamentación ni motivación que el Quejoso permaneciera detenido en los separos incomunicado e ignorando si está siendo víctima de malos tratos, lo cual nos impide cuál es su estado de salud, pero lo más grave es que aún y cuando el bando de policía y Gobierno Municipal establece el derecho de ser puesto en libertad toda persona que haya sido detenido por alguna infracción administrativa a ser puesto en libertad previo pago de una multa, lo que se han negado a fijarle la cantidad a cubrir señalando el Juez Cívico que no tienen derecho a ello, lo que se traduce a una ilegalidad y posible abuso de autoridad Así, en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió al directo quejoso la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados para efecto de que de manera inmediata cesara su detención, y las responsables (i) lo pusieran en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que éste último determinara lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención. Posteriormente, mediante el oficio de cuenta, el Juez y Coordinador de Jueces adscritos al Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, rindieron su informe respecto de la suspensión de oficio y de plano decretada, y ofrecieron, entre otras, copia certificada de las siguientes pruebas documentales: Acta de remisión de detenido a las quince horas con ocho minutos del veintitrés de noviembre del año en curso, al Encargado del Área de Celdas, respecto al quejoso, por Infracciones contra la tranquilidad y seguridad de las personas. Alterar el orden público. Informe policial homologado en el que se puso al quejoso a disposición del Juez en turno del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. Examen médico practicado al quejoso por el doctor Javier Octavio Dojaquez González (cédula profesional 3670628). Boleta con folio 479605 en la que se asentó que a las veintidós horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso Jesús Manuel Garay Tirado obtuvo su libertad, por haber cumplido su arresto. Así, de la valoración conjunta de las documentales públicas de mérito ?las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°? se desprende que el quejoso Jesús Manuel Garay Tirado fue detenido a las quince horas con ocho minutos del veintitrés de noviembre del año en curso, por "Infracciones contra la tranquilidad y seguridad de las personas. Alterar el orden público"; y que fue puesto en libertad a las veintidós horas con cincuenta y tres minutos del mencionado día. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte del directo quejoso, pone de manifiesto la consumación irreparable de la detención reclamada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, volumen 75, sexta parte, página 16, registro 254735, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable." En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo promovido por Martha María Tirado Salas en favor de Jesús Manuel Garay Tirado, contra actos del Titular del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martha María Tirado Salas, en favor del directo quejoso Jesús Manuel Garay Tirado, contra actos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 921/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La privación de la libertad, incomunicación y malos tratos de los que se dice es objeto el directo quejoso. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales; 1º, fracción I, 15, 20, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE TIENE PRESENTADA LA DEMANDA EN SUS TÉRMINOS, en la inteligencia que una vez que el directo agraviado, en su caso, la ratifique, se proseguirá con el trámite del juicio conforme a lo establecido en el numeral 15 del propio ordenamiento legal. NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. Dada la naturaleza de los actos de autoridad que constituyen la materia de reclamo en el presente juicio instrúyase al actuario de la adscripción para que la práctica de las notificaciones que se ordenen durante la tramitación de este asunto se ajuste al plazo previsto por el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo. ESTUDIO DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. Del contenido integral del libelo constitucional, se desprende lo siguiente: 1. La demanda de amparo es promovida por conducto de una tercera persona. 2. Se reclama que el directo quejoso Jesús Manuel Garay Tirado, se encuentra privado de su libertad fuera de procedimiento, incomunicado y posiblemente siendo objeto de malos tratos en los separos del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad. En consecuencia, atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló la promovente, se presume la privación de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación y posibles malos tratos de los que podría ser objeto el directo agraviado; actos que se encuentran comprendidos en el artículo 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 22 constitucional; por tanto, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por lo que las autoridades responsables deberán SUSPENDER INMEDIATAMENTE la ejecución de la incomunicación, golpes y malos tratos de los que sea objeto el directo quejoso. Asimismo, de encontrarse Jesús Manuel Garay Tirado, en calidad de detenido en relación con la comisión de un delito, deberá cesar su detención, (i) poniéndolo en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que éste último determine lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención, dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del numeral 16 constitucional lo permite; o bien, sea consignado a las autoridades judiciales competentes para la incoación del proceso criminal relativo, dejándolo a su disposición en las instalaciones del centro penitenciario que corresponda. De lo contrario, si la detención del directo quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, las responsables deberán ponerlo en INMEDIATA LIBERTAD, de conformidad con el ordinal 164 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si su detención deriva de un acto emitido en un proceso penal y/o ejecución de pena de prisión, la suspensión únicamente tendrá por efecto que cese la incomunicación, golpes y malos tratos de que es objeto el directo quejoso. SOLICITUD DE INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Como lo establece el artículo 209 de la ley de la materia, las autoridades señaladas como responsables deberán informar sobre el cumplimiento dado a esta determinación, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que reciban el oficio que derive del presente acuerdo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, anteriormente reseñada. Asimismo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que haga del conocimiento del directo agraviado el presente proveído, para lo cual deberá constituirse en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Tribunal de Barandilla), con residencia en esta ciudad, a fin de lograr su comparecencia y en el acto de la diligencia, lo requiera para que manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo presentada en su favor, o bien, lo haga por escrito en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la misma Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada su demanda, y quedarán sin efecto las providencias dictadas, conforme a lo previsto en los propios precepto y ordenamiento legal invocados. Del mismo modo, el diligenciario judicial deberá dar fe del estado físico del directo agraviado y, de ser el caso, permitirle que exponga las manifestaciones que estime pertinentes en torno a la posible incomunicación, golpes y malos tratos de los que pudiera haber sido objeto por parte de las autoridades señaladas como responsables. En la inteligencia de que en caso de no encontrar a Jesús Manuel Garay Tirado, en el lugar donde se indica, el actuario deberá agotar los medios a su alcance para constatar si en los libros de gobierno internos de las autoridades responsables, existe registro a nombre del directo quejoso, y en caso de no hallarlo, deberá constituirse en cualquier dependencia y centro de reclusión que cuente con celdas o separos dentro de esta localidad, a fin de llevar a cabo lo encomendado en este auto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que Ileguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Mario Roberto Reyes Guerra, cuya cédula profesional 2191227, se encuentra registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle José Mojica, número 15, del Fraccionamiento Flamingos, en esta ciudad. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LINEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como Juicio en Línea. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los Artículo 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado Servicios Jurisdiccionales, en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3º y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto
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