Mario Reyes Torres

Expediente 1387/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1387/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Mario Reyes Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, transcurrió en exceso, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó girar el oficio 35269/2021 a fin de que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, tuviera conocimiento del citado proveído, sin que se advierta la emisión del mismo. En consecuencia, con la finalidad de evitar mayores dilaciones, se ordena reenviar la referida comunicación al referido homólogo federal; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Mónica Montero Uscanga, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de dieciséis de noviembre; Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que el que suscribe, fue adscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de lo anterior, hágase lo anterior del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa fue omisa en desahogar el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en acuerdo veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara precluido su derecho para hacerlo; por ende, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia; por tanto, se tiene como actos reclamados y autoridades responsables los señalados en el escrito inicial de demanda y desahogo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Oficio de cuenta. Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el cual contiene inserto el proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, pronunciado en el expediente relativo al juicio de amparo 912/2021-II, de su índice por el que se declaró incompetente por cuestión de materia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente a los autos originales del juicio de amparo 912/2021-II, el cual contiene la demanda de amparo promovida por Mario Reyes Torres. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1387/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno; y comuníquese que este Juzgado se avoca del conocimiento del asunto. No obstante lo anterior, previo a determinar lo que derecho corresponda, una vez analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, debe prevenirse a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, subsane las inconsistencias que más adelante se señalan. Fundamento de la prevención. Artículo 114, fracción I y IV en relación con el diverso 108, fracción III, IV y V, ambos de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. 1. Aclaración del acto reclamado. En el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se establece que amerita prevenir al promovente cuando no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Tan es así, que el Pleno del Alto Tribunal ha establecido que cuando el Juez de Distrito proceda a la fijación de los actos reclamados no se debe atender a lo que en apariencia dijo el quejoso ni a los adjetivos que prejuzguen sobre su inconstitucionalidad. Ahora bien, la fijación precisa del acto reclamado es de vital relevancia para la delimitación de la materia del juicio, pues con base en su fijación es que las autoridades señaladas como responsables estarán en aptitud de poder manifestar con claridad si emitieron ese acto o si les es atribuible alguna omisión y, en su caso, defender su constitucionalidad. Así, la fijación del acto reclamado permite identificar al Juzgado de Distrito la manifestación del poder público de la autoridad sobre la que se habrá de ejercer control constitucional. En el caso, la parte quejosa señala como autoridades responsables: -Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. -Notario Público número noventa y uno de la Ciudad de México. -Notario Público número ciento noventa y tres de la Ciudad de México. -Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México Sin que precise de manera clara qué autoridad tiene el carácter de ordenadora o de ejecutora así como los actos que por esta vía reclama, pues refiere por una parte refiere el reconocimiento como propietario así como la inscripción del bien inmueble ubicado en calle 5ta cerrada de Lago Gascasónica, número 8, colonia Huichapan, alcaldía Miguel Hidalgo en esta ciudad en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la Ciudad de México. Asimismo, no se advierte si dichos actos derivan de alguna relación contractual con motivo de la compraventa del referido bien inmueble que le atribuya a los mencionados fedatarios públicos o bien si es una omisión de inscripción de la escritura del referido contrato así como su ejecución ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Por tanto, deberá precisar cuál o cuáles actos pretende combatir en la presente vía y a qué autoridades se los atribuye. De igual forma deberá especificar con qué carácter señala al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, pues por una parte lo señala como tercero interesado y por otra como autoridad responsable. En caso de que insista en señalar como actos reclamados los que se observan en el capítulo de "actos reclamados"; deberá precisar de manera concreta, específica y por separado el acuerdo, oficio o resolución que atribuya a cada una de las autoridades responsables en el ámbito de sus facultades, atribuciones y competencia. Asimismo, deberá considerar que el correcto señalamiento del acto reclamado es la descripción de la conducta activa hacer o pasiva omisión que realiza la autoridad y que considera lesiona su esfera jurídica, prescindiendo de adjetivos ajenos, esto es, la actuación específica de autoridad se traduce, en un oficio, resolución, orden, etcétera, los cuales deberá señalar de manera clara y precisa, prescindiendo de elementos ajenos que dificulten su precisión, así como calificativos o argumentos encaminados a demostrar su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, tomo III, marzo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS". De igual forma, es aplicable la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Segunda Parte, tesis 555, página 369, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN". 2. Antecedentes. Amplíe el capítulo de antecedentes, manifestando, bajo protesta de decir verdad, la totalidad de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, esto es, realizar una narración precisa y clara de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado en virtud de que los narrados en su ocurso de demanda son ambiguos. Lo anterior ya que de la lectura integral de la demanda no se desprende de manera cronológica y precisa la manera en que se generaron y que da lugar a los actos que pretende reclamar. Ahora bien, conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo la demanda sólo puede ser promovida por el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la misma Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con excepción de lo dispuesto en los artículos 8, 14, 15 y 126, de dicho ordenamiento. En consecuencia, salvo los casos expresamente señalados en la Ley, sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar la prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1a./37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, junio de dos mil once, pagina 68 de rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." Se apercibe al promovente que, con apoyo en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de que en su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, podría actualizar las hipótesis previstas, consistentes en pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, tal disposición es del tenor siguiente: 3. Aclaración de efectos para la suspensión. A efecto de que este órgano jurisdiccional emita el pronunciamiento que en derecho corresponda a la medida cautelar que se solicita, una vez aclarado el acto que reclama, precise los efectos para los que pide la suspensión de los actos reclamados, toda vez que no es claro en su pretensión en su escrito inicial de demanda. 4. Copias. Deberá exhibir suficientes copias de su escrito aclaratorio debiendo tomar en consideración que corresponde una por cada autoridad responsable y otra para el agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y dos para la apertura del incidente de suspensión. Para efectos de la presente prevención, se hace del conocimiento de la parte quejosa el contenido del artículo 261 de la ley de la materia: "261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: --- I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." De igual manera, se hace de su conocimiento, el contenido del artículo 231, fracción IV, del Código Penal Federal, que prevé: "231. Se impondrá de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a los abogados, a los patronos, o a los litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando cometan algunos de los delitos siguientes: --- (.) --- IV. Simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley". Apercibimientos. Apercibida que de no desahogar lo requerido en los puntos anteriores se tendrá por no presentada la demanda de amparo, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo y último párrafos, de la Ley de Amparo. Autorizados. Ténganse por autorizado en términos de la primera parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en estrecha relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia a Roberto Velasco Franco, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado ténganse por autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las otras personas que señala y en atención a la certificación de cuenta. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos Para ello bastará: i que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; ii que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, iii que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación de Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, conforme lo establece el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Asimismo, de autos se aprecia que la parte quejosa en el escrito inicial de demanda exhibió diversas documentales; por ello, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días comparezca ante éste juzgado a recoger los documentos que exhibió en el juicio de amparo en que se actúa, apercibido que de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

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