Mario Rey Hernandez Madrigal

Expediente 295/2016 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 114 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
295/2016
Año
2016
Actuaciones
114
Última actuación
23/01/2019

Partes del expediente

  • Mario Rey Hernandez Madrigal
  • MARIO REY HERNANDEZ MADRIGAL y Otros.
  • Delegado del Registro Agrario Nacional En En Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 114.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el Héctor Israel Ceseña Mendoza, autorizado de los terceros interesados Enrique Espinoza Murillo, Jesús Enrique Espinoza Murillo y Manuel Gertrudis Osuna Maclish, y en atención a lo solicitado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, expídase copia certificada de las constancias que indica, autorizando para recibirlas a la persona que refiere en el escrito de cuenta, lo anterior, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal. Asimismo, respecto de su diversa petición téngasele señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS ENRIQUE ESPINOZA MURILLO, JESÚS ENRIQUE ESPINOZA MURILLO, MANUEL GERTRUDIS OSUNA MACLISH, POR CONDUCTO DE SU ASESOR LEGAL Y A LA PARTE QUEJOSA. Ensenada, Baja California, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista, la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieran formulado inconformidad alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente precisar que por sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho , se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Mario Rey Hernández Madrigal, para los efectos siguientes: "El magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 de esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el expediente de origen 218/2013, a partir del emplazamiento realizado al demandado Mario Rey Hernández Madrigal. En el entendido de que la concesión de amparo no tiene el alcance de dejar insubsistentes los emplazamientos de los codemandados en el referido juicio agrario, y ordenar su nuevo llamamiento, toda vez que cada uno de ellos se verificaron de manera independiente, sin que fueran materia del análisis en el presente juicio de amparo." Sentencia de amparo que fue confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, por lo que, se requirió el cumplimiento del fallo protector al Magistrado responsable. En cumplimiento a ello, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 de esta ciudad, mediante oficio recibido en este juzgado el veintidós de octubre del año en curso, registrado con folio 9859 , remitió copia certificada acta dictada en diecisiete de octubre del año en curso, dentro del juicio agrario 218/2013 de su índice, en el que dejó sin efecto el emplazamiento realizado únicamente al demandado, aquí quejoso, Mario Rey Hernández Madrigal, así como todo lo actuado en relación con el mencionado peticionario de amparo y repuso el procedimiento de origen, a efecto de llevar a cabo de nueva cuenta su emplazamiento, al juicio 218/2013 de su índice. Probanzas a las que se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. En las relatadas condiciones, quien resuelve determina que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 de esta ciudad, ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez que, el efecto de la ejecutoria de amparo fue para que dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen de que se trata, a partir del emplazamiento del demandado, aquí quejoso, Mario Rey Hernández Madrigal, y ordenara su nuevo llamamiento; y, en el caso, la autoridad responsable emitió proveído en diecisiete de octubre del año en curso, en el que dejó sin efecto el emplazamiento de referencia, así como todo lo actuado, en los autos del juicio agrario 218/2013 de su índice. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General 1/2009. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto decimotercero del Acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "DEPURABLE" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Gírese oficio con transcripción de este proveído a la autoridad responsable para su conocimiento. Ahora, ya que en el presente asunto se abrió el incidente de suspensión, provéase lo que en derecho corresponda en el incidente respectivo, a efecto de acordar lo que corresponda respecto a su archivo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCION III DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LOS TERCEROS INTERESADOS RENÉ MACKLISH ESPINOZA Y MARIO ESPINOZA MURILLO.Ensenada, Baja California, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista, la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieran formulado inconformidad alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente precisar que por sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho , se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Mario Rey Hernández Madrigal, para los efectos siguientes: "El magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 de esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el expediente de origen 218/2013, a partir del emplazamiento realizado al demandado Mario Rey Hernández Madrigal. En el entendido de que la concesión de amparo no tiene el alcance de dejar insubsistentes los emplazamientos de los codemandados en el referido juicio agrario, y ordenar su nuevo llamamiento, toda vez que cada uno de ellos se verificaron de manera independiente, sin que fueran materia del análisis en el presente juicio de amparo." Sentencia de amparo que fue confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, por lo que, se requirió el cumplimiento del fallo protector al Magistrado responsable. En cumplimiento a ello, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 de esta ciudad, mediante oficio recibido en este juzgado el veintidós de octubre del año en curso, registrado con folio 9859 , remitió copia certificada acta dictada en diecisiete de octubre del año en curso, dentro del juicio agrario 218/2013 de su índice, en el que dejó sin efecto el emplazamiento realizado únicamente al demandado, aquí quejoso, Mario Rey Hernández Madrigal, así como todo lo actuado en relación con el mencionado peticionario de amparo y repuso el procedimiento de origen, a efecto de llevar a cabo de nueva cuenta su emplazamiento, al juicio 218/2013 de su índice. Probanzas a las que se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. En las relatadas condiciones, quien resuelve determina que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 de esta ciudad, ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez que, el efecto de la ejecutoria de amparo fue para que dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen de que se trata, a partir del emplazamiento del demandado, aquí quejoso, Mario Rey Hernández Madrigal, y ordenara su nuevo llamamiento; y, en el caso, la autoridad responsable emitió proveído en diecisiete de octubre del año en curso, en el que dejó sin efecto el emplazamiento de referencia, así como todo lo actuado, en los autos del juicio agrario 218/2013 de su índice. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General 1/2009. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto decimotercero del Acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "DEPURABLE" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Gírese oficio con transcripción de este proveído a la autoridad responsable para su conocimiento. Ahora, ya que en el presente asunto se abrió el incidente de suspensión, provéase lo que en derecho corresponda en el incidente respectivo, a efecto de acordar lo que corresponda respecto a su archivo.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 de esta ciudad, mediante el cual transcribe lo conducente al punto cuatro del acuerdo de veinticuatro del mes y año en curso, dictado en el juicio agrario 218/2013, de su índice, en el que solicita se le informe si en el domicilio señalado por la parte quejosa Mario Rey Hernández Madrigal, en el juicio de derechos fundamentales en el que se actúa, puede realizar su emplazamiento al juicio de origen. Ahora, atento a su contenido, dígase a la autoridad oficiante que si bien es cierto, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en el expediente de referencia, a partir del emplazamiento realizado al aquí quejoso Mario Rey Hernández Madrigal, lo cierto es, que no corresponde a esta autoridad de amparo determinar el lugar y la forma en que se debe realizar el emplazamiento de referencia; por tanto, es a ella a quien corresponde verificar el debido emplazamiento del aquí quejoso, al juicio 218/2013, conforme a las leyes que lo rigen.

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