Mario René Escobar Orellana

Expediente 189/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
189/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Mario René Escobar Orellana

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima; por violación a los derechos fundamentales consagrados en el artículo 14, 16 y 17 constitucional; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e integración de expediente electrónico. Regístrese la demanda de amparo en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 189/2022-II. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron se llega al conocimiento de que, la parte quejosa reclama la determinación tomada en la audiencia de diez de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 379/2021, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, a través de la cual la responsable se reservó señalar fecha para la audiencia bifásica. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Así, en el presente juicio la parte quejosa reclama reclama la determinación tomada en la audiencia de diez de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 379/2021, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, a través de la cual la responsable se reservó señalar fecha para la audiencia bifásica. En ese entendido, este juzgado advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla, previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la ley, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente. Ahora bien, sobre el tema se precisa destacar que el elemento que materializa la extemporaneidad del amparo es el consentimiento tácito de la parte quejosa, lo que acontece cuando no impugna el acto de autoridad dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley, en los términos prescriptivos siguientes: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De conformidad con el primer párrafo de este precepto, el plazo genérico para impugnar cualquier acto de autoridad es de quince días, excepto en aquellos supuestos enumerados en las fracciones I, II, III y IV, de los cuales prevé un plazo distinto. En el caso analizado, el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en las fracciones de referencia, debido a que se reclama la determinación tomada en la audiencia de diez de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 379/2021, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, a través de la cual la responsable se reservó señalar fecha para la audiencia bifásica; de modo que su impugnación se rige en términos del plazo genérico de quince días; por tanto, solo resta determinar la forma en que se debe computar. En ese orden, el artículo 18 de la ley prevé: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En términos de esta disposición, los plazos previstos en el artículo 17 de la ley se computan a partir del día siguiente hábil en que acontezca alguno de los supuestos siguientes: a) Cuando surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. b) Desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. c) A partir de que la parte quejosa se ostente sabedora de los actos que le agravian o de su ejecución. d) Al momento de la entrada en vigor, cuando se traten de disposiciones de carácter general. Al respecto, el acto reclamado consiste en la determinación tomada en la audiencia de diez de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 379/2021, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, a través de la cual la responsable se reservó señalar fecha para la audiencia bifásica. Entonces, el supuesto para computar el plazo que tuvo para promover la demanda de amparo es el descrito en el inciso a), esto es quince días a partir de que surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. En ese sentido, del escrito inicial de demanda se advierte, como se mencionó, que la omisión de pronunciar fecha para que tenga verificativo la audiencia bifásica, aconteció en la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, misma que se llevó a cabo el diez de febrero de dos mil veintidós; por lo que, la notificación surtió efectos el mismo día de conformidad con el artículo 733 y 744 tercer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, es inconcuso que a partir de la audiencia celebrada el diez de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 379/2021, en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima se reservó señalar fecha para la audiencia bifásica, la parte quejosa se encontraba en posibilidad de promover el juicio de amparo contra esa determinación, pues no existe circunstancia que justifique el impedimento para así hacerlo. Entonces el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo transcurrió del once de febrero al tres de marzo de dos mil veintidós, sin contar el doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil veintidós (al ser sábados y domingos), por tratarse de días inhábiles de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Amparo. Ahora, la demanda de amparo se presentó el cuatro de marzo de dos mil veintidós; por tanto, es incuestionable que se hizo fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17, párrafo primero, de la ley de la materia, pues se reitera que la determinación tomada en la audiencia de diez de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 379/2021, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, a través de la cual la responsable se reservó señalar fecha para la audiencia bifásica; por lo que, el último día para promover su demanda en el plazo establecido por la Ley de Amparo fue el tres de marzo de dos mil veintidós. En consecuencia, la promoción de la demanda resultó extemporánea, lo que implica que la parte quejosa consintió tácitamente la determinación tomada en la audiencia de diez de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 379/2021, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, a través de la cual la responsable se reservó señalar fecha para la audiencia bifásica. Es aplicable la tesis VIII.2o. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, página 652, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. De este modo, es evidente que si no se instó en tiempo la demanda de amparo contra la resolución que la promovente pretendía combatir, pese a que no había ningún obstáculo que se lo impidiera para acudir ante los órganos constitucionales competentes, ello solo se traduce en una conducta que es atribuible a su persona, por lo que ahora debe soportar las consecuencias inherentes a su pasividad. En ese contexto, es innegable que desde diez de febrero de dos mil veintidós, en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima se reservó señalar fecha para la audiencia bifásica dentro del expediente 379/2021, la parte quejosa ostentaba la posibilidad de promover la demanda de amparo; por tanto, para determinar la oportunidad en el ejercicio de la acción que aquí se intenta, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. También resultan de aplicación al caso, las tesis de jurisprudencia 13 y 14, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, la página 11. De igual forma, ilustra lo anterior la tesis siguiente: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidente que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte." En las relatadas condiciones, se materializa la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 18, de la Ley de Amparo, y, como corolario de esto, la demanda de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente; por ende, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487. Sin que la presente determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921. Domicilio procesal e intervención de autorizados. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***. Asimismo, se tiene a ***, *** y ***, únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Notifíquese en términos de ley.

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