Mario Ramón Villanueva Ortiz

Expediente 644/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
644/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Mario Ramón Villanueva Ortiz
  • MARIO RAMÓN VILLANUEVA ORTIZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Solicitud de copias Por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente sumario y se le remita copia certificada de diversas constancias. En atención a lo solicitado por el Juzgado oficiante, se informa que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo, por los motivos ahí expresados y el diez de septiembre siguiente, causó estado dicho proveído, ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido. En ese sentido, remítase las copias certificadas de las constancias referidas en la vía más expedita. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Solicitud de copias Por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente sumario y se le remita copia certificada de diversas constancias. En atención a lo solicitado por el Juzgado oficiante, se informa que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo, por los motivos ahí expresados y el diez de septiembre siguiente, causo estado dicho proveído, ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido. En ese sentido, remítase las copias certificadas de las constancias referidas en la vía más expedita. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, hace de conocimiento que el último recurso interpuesto por el quejoso (REC. 82/2019), a efecto de combatir la resolución dictada en la Reclamación 28/2019, se resolvió como infundada en sesión pública de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, por lo que se archivó como totalmente concluido el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno; en atención a ello, glósese a los autos y tómese de conocimiento dicha circunstancia. Entonces, nada habiendo que cumplimentar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, dese aviso a las autoridades responsables, y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, toda vez que el mismo se ubica en el supuesto que alude el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del indicado acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Consideraciones previas Se tiene por recibida la demanda de amparo de cuenta, la cual fue promovida vía electrónica por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por **************** contra actos de la Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, Maestra Esperanza Medrano Ortiz y otra autoridad, regístrese con el número de juicio de amparo 644/2021-I. Desechamiento Al ser de estudio preferente, se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo , en relación con el artículo 107, fracción I de la Carta Magna , y con el diverso numeral 6°, de la ley de la materia . De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo . Atento a lo anterior, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio del Portal del Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; ahora, dicha circunstancia no exime al promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada (principio de instancia de parte). La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso que de las sean demandas presentadas vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 10, 14, 16, 17 interpretado a contrario sensu, 45 y 46 todos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover solicitudes, demandas, promociones, recursos y escritos iniciales; para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General invocado. El registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es decir, que en los demás casos, como el que se analiza, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, pues en la presente demanda de amparo, no se reclama alguno de los actos antes citados. Ahora en el presente caso, no se advierte que el archivo que contiene la demanda de amparo que se acuerda haya sido firmado electrónicamente, pues no contiene en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica tal como lo señala el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se advierte que el documento haya sido firmado electrónicamente. Resultan aplicables al caso por los motivos que exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". No se soslaya que el artículo 17 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover solicitudes, demandas, promociones, recursos y escritos iniciales, establece los supuestos en que no es obligatorio el registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a saber: "Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal.". Sin embargo, de la lectura integral de la demanda no se advierte que el justiciable, se encuentre en alguna de las hipótesis antes descritas, ya que en el caso los actos reclamados, a juicio de este juzgador, no son de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Ello, pues se reclaman medidas de protección en favor de la tercero interesada, así como una orden de aprehensión en contra del quejoso. En consecuencia, cuando la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carezca de la Firma Electrónica de la parte quejosa, es procedente su desechamiento de plano, ello porque la falta de la Firma Electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". Sin que se esté en el supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Consecuentemente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. En similares términos se pronunció el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la QUEJA PENAL 58/2020, en sesión ordinaria virtual de uno de octubre de dos mil veinte. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo) Expediente y notificaciones vía electrónica Referente a la autorización que solicita para poder consultar el expediente electrónico, dígase que se autoriza su utilización. Ahora bien, toda vez que proporciona los nombres de usuario generados por el sistema de consulta de expediente electrónico, y solicita se envíen por el mismo medio las notificaciones respectivas, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que capture dichas autorizaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, infórmese a la parte quejosa que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Solicítese al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional que con fundamento en la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia, realice las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por vía electrónica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese vía electrónica al quejoso, y de no ser posible, de manera personal; y a la Oficial Judicial "A".

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