Mario Ramón Santacruz Caltempa
Expediente 782/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 16/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Mario Ramón Santacruz Caltempa
- Secretaria de Hacienda y Crédito Público en representación del Presidente de la República de los Estados Unidos Méxicanos EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Causa estado cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos, y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que determinó que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Devolución de documentos Ahora, dado que los documentos exhibidos por las partes, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente. Solicita se remita oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por la Consultora Jurídica General en ausencia del Consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería del Ejecutivo Federal, mediante el cual remite el oficio 14917/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, para que sea notificado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tiene la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, dado el sentido del presente proveído, resulta innecesario el reenvío de la referida comunicación.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de dieciséis de diciembre de dos mil veinte: En Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Causa estado cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos, y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que determinó que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Devolución de documentos Ahora, dado que los documentos exhibidos por las partes, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente. Solicita se remita oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por la Consultora Jurídica General en ausencia del Consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería del Ejecutivo Federal, mediante el cual remite el oficio 14917/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, para que sea notificado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tiene la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, dado el sentido del presente proveído, resulta innecesario el reenvío de la referida comunicación.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, once de noviembre de dos mil veinte. Solicita se remita oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por la Consultora General en ausencia del Consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería del Ejecutivo Federal, mediante el cual remite el oficio 14917/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, para que sea notificado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tiene la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, en obvio de mayores dilaciones reenvíense el citado oficio a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente de la República.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Análisis cumplimiento de sentencia Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo indirecto número 782/2018-VII, promovido por Mario Ramón Santa Cruz Caltempa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en los siguientes términos: "Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Tlaxcala: No aplique a la parte quejosa Mario Ramón Santa Cruz Caltempa, ni en lo presente ni en lo futuro, el artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (.) Deje sin efecto el contenido del oficio SP/DPSH-1847/2018, de ocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que se determinó el estado de incompatibilidad de la pensión del quejoso, con el descuento bajo concepto 48, por incompatibilidad de pensión de viudez y jubilación de las que actualmente goza. En atención a que el oficio SP/DPSH-1847/2018 se emitió en respuesta a una petición formulada por el quejoso, la autoridad responsable deberá emitir una nueva resolución en la que se ordene lo siguiente: La suspensión de la deducción del concepto 048 (compatibilidad de pensión) que se le ha venido aplicando al pago de sus pensiones de jubilación y viudez. El pago retroactivo del numerario que dejó de percibir el quejoso con motivo de la deducción del concepto 48 (compatibilidad de pensión) que se le ha venido aplicando al pago de sus pensiones de jubilación y viudez. El mencionado pago retroactivo deberá hacerse a partir de que es legalmente exigible la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 97/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007), al ser la que reconoce el derecho a su devolución, por haberse desvirtuado la presunción de constitucionalidad que dicha norma gozaba en razón de la legitimidad de los órganos que la emitieron. En relación con los descuentos ocurridos con anterioridad a la publicación de la jurisprudencia citada en el párrafo que antecede, siempre que no se trate de descuentos respecto de los cuales se haya actualizado la prescripción." Así las cosas, mediante auto de veintiuno de mayo de dos mil veinte, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por el Director General de Amparos contra actos administrativos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del Presidente de la República, mismo que fue resulto por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con residencia en esta ciudad, mediante ejecutoria de diecinueve de junio de dos mil veinte, cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la unión ampara y protege a Mario Ramón Santacruz Caltempa, en contra de los actos de las autoridades precisadas en el resultando cuarto de la sentencia impugnada." Atento a ello, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte se requirió su cumplimiento al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Tlaxcala diera cumplimiento al fallo protector. En auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, se tuvo al Subdelegado de Prestaciones del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, remitiendo el oficio de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, con el cual se ordenó dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que estuviera en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Se tiene cumplida sentencia de amparo Ahora el Subdelegado de Prestaciones del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores realizó, en el respectivo ámbito de su competencia, lo siguiente: Dictó una resolución mediante oficio SP/DPSH-0249/2019 el once de febrero de dos mil diecinueve, en la cual ordenó: Dejar de aplicar el artículo 51, párrafo segundo de la Ley del ISSSTE abrogada, así como el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos a Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley relativa- Dejó sin efecto el documento denominado Liquidación de Pago Previa Incorporación a Nómina. Se ordenó la devolución de las cantidades descontadas bajo el concepto 48 compatibilidad. Remitió copia del cheque número 0003683 de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por la cantidad de $152.506.50 (ciento cincuenta y dos mil quinientos seis pesos 50/100) con firma de recibido por Mario Ramón Santacruz Caltempa. No existe defecto o exceso Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes
- Mario Navor Morales209/2021
- Mario Omar Carmona García703/2019
- Mario Omar Carmona García938/2019
- Mario Omar Carmona García396/2019
- Mario Palacios Domínguez614/2023
- Mario Rafael Lozano Morales923/2022
- Mario Roberto García Cerón1622/2023
- Mario Sánchez Fernández376/2022
- Mario Tapia García775/2020
- Mario Vargas Aguilar612/2015
- Mario Vargas Sayabedra532/2016
- Mario Vargas Sayabedra980/2016