Mario Ramon Cruz Martines
Expediente 370/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 51 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Mario Ramon Cruz Martines
- MARIO RAMON CRUZ MARTINES y Otros.
- Julio Cesar Custodio Solis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a trece de marzo de dos mil veintitrés. FIRMEZA DE LA SENTENCIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la 1 Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. 08/03/24 23:45:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 JUDITH VENTURA AVILA 2 Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y lo establecido en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. CLASIFICACIÓN DEL JUICIO PRINCIPAL Acorde con lo dispuesto en el artículo 212 , inciso a) del Acuerdo General de referencia y capitulo 8, 2 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; 08/03/24 23:45:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 JUDITH VENTURA AVILA 3 ??????????????? Expedientes destruibles, 8.1, 8.1.2, sub punto número 13 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. DESTINO DE LOS CUADERNOS INCIDENTALES Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 184 , fracción l, inciso a) del Acuerdo General de referencia, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2 sub punto 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. . 4 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas. 08/03/24 23:45:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 JUDITH VENTURA AVILA 4 En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes deberá destruirse el original del incidente de suspensión, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 255 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su 5 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." 08/03/24 23:45:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e9.24 JUDITH VENTURA AVILA 5 ??????????????? caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con treinta y cinco minutos del dos de febrero de dos mil veintitrés, la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por la licenciada Judith Ventura Ávila, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 370/2022 y sus acumulados 388/2022 y 524/2022, promovido por Mario Ramón Cruz Martínes, Dony Emerson Pérez Bocanegra y otros, por su propio derecho, contra actos de los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en esta ciudad y otras autoridades. La Secretaria hace constar la inasistencia de la partes. Asimismo, la Secretaria del Juzgado procede a realizar la siguiente relación de constancias. No. CONSTANCIAS FOJAS 1 Escrito de la demanda de amparo. 2 a 14, 45 a 48 y 227 a 229. 2 Auto admisorio. 15 a 19, 49 a 58 y 230 a 239 3 Autos de acumulación 155 y 156, 254 a 255 3 Emplazamiento a las autoridades responsables 22 4 Emplazamiento al Fiscal del Ministerio Público adscrito. 22 vuelta. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -2- Por otra parte, agréguese a los autos el pedimento firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe con justificación: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Lic. José Manuel Novelo López Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal. Parcialmente cierto 63 y 64 2 Lic. Gerardo Moreno García Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal Niega 25 y 26 3 Lic. Silvino Arturo López Hernández Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal Niega 25 y 26 4 Lic. Henry Méndez Urbina Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal Niega 25 y 26 5 Titular de la Secretaria de Gobernación, en la Ciudad De México Niega 174 a 176 6 Comisionado Nacional de Seguridad Ciudad de México inexistente 447 7 Comisionado Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en la Ciudad de México Niega 307 8 Titular de la Coordinación General de Centros Federales, don residencia en la Ciudad de México Niega 307 9 Director General de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en la Ciudad de México Niega 307 10 Titular Jefe de Gobierno del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez inexistente 317 11 Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince, con residencia en Villa Comaltitlán Niega 161 a 169 12 Titulares del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince, con residencia en Villa Comaltitlán. Niega 161 a 169 13 Director General de la Empresa Privada Makobil Sociedad Anónima de Capital Variable, Prestadora de Emplazamiento 23 vuelta JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -3- Servicios a la Población Penitenciaria del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince, en Villa Comaltitlán, Chiapas 14 Director Operativo de la Empresa Privada de Alimentos Con Idea Makobil Sociedad Anónima de Capital Variable Prestadora de Servicios a la Población Penitenciaria del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince, en Villa Comaltitlán, Chiapas Emplazamiento 23 vuelta Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar y, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados sus alegatos para los efectos legales procedentes. Acto seguido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el periodo probatorio, y el Secretario hace constar que fueron ofrecidas por las siguientes partes: No. PARTE DEL JUICIO PRUEBAS FOJA 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal. Documental 65 a 154 y 287 a 301. Un tomo de pruebas que obra en la secretaría de este juzgado. 2 Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince, con residencia en Villa Comaltitlán Documental 165 a 169 Al respecto, la Jueza de Distrito acuerda: En términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -4- pruebas documentales, dada su propia y especial naturaleza, para su valoración en el momento de dictar la resolución correspondiente; y con lo anterior, se concluye esta etapa procesal. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos: La Secretaría hace constar que únicamente los formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación. Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos del Agente del Ministerio Público de la Federación. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, la Jueza procede a dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 370/2022 y sus acumulados 388/2022 y 524/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el treinta de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, Mario Ramón Cruz Martínes, Dony Emerson Pérez Bocanegra y otros, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que en un apartado posterior se precisara. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de uno de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo de previa reseña, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -5- justificado a la autoridad responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 15 a 19). TERCERO. En autos de cuatro y veintisiete de abril de dos mil veintidós (fojas 49 a 58 y 230 a 239) se decretó la acumulación de los juicios de amparo 388/2022 y 524/2022 al presente expediente, respectivamente, procediéndose a solicitar el correspondiente informe con justificación y se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. Finalmente, la audiencia constitucional relativa tuvo verificativo en términos del acta que precede y concluye con la emisión de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -6- marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; ya que los actos reclamados son de carácter omisivo y negativo, así como que la demanda fue presentada ante este órgano de control constitucional. SEGUNDO.- Precisión del acto reclamado. En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgado procede a fijar clara y precisamente los actos reclamados en esta vía. Así tenemos que la parte quejosa, reclama de las autoridades responsables: La omisión a dar cumplimiento a la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos de la controversia 306/2021 del índice del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con residencia en Tapachula y, la resolución de trece de enero de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del toca penal adversarial 14/2022 del índice del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, que confirmó la primera de las mencionadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 565, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 628, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Novena Época, del Apéndice 1917- septiembre 2011, que dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -7- ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Titular de la Secretaria de Gobernación, Titular de la Unidad de asuntos legales y derechos humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado, Coordinador General de Centros Federales y Director General de Administración de Prevención y Readaptación Social, todos con residencia en la Ciudad de México, al momento de rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos que se le atribuyen. En ese sentido, lo procedente es tener por inexistentes los actos reclamados respecto de las mencionadas autoridades, tomando en consideración que los directos quejosos se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, y en términos del diverso numeral 56 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social1, los Centros Federales son los responsables de mantener el orden, la seguridad y la disciplina, aplicando estrictamente y sin distinción alguna el Reglamento y demás 1 "Artículo 56.- En el Centro Federal deberán mantenerse el orden, la seguridad y la disciplina, aplicando estrictamente y sin distinción alguna el Reglamento y demás disposiciones aplicables." JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -8- disposiciones aplicables. Para tal efecto, el citado ordenamiento en los dispositivos 79, 80, 81 y 822, señala las correcciones disciplinarias y sanciones que serán impuestas a las personas privadas de la libertad, así como la facultad del Consejo Técnico Interdisciplinario de cada uno de los Centros Federales, para sancionar y resolver en cuanto a la imposición de correcciones disciplinarias, las cuales serán impuestas por el Director General de la unidad administrativa correspondiente. En ese contexto, es claro que las autoridades responsables Titular de la Secretaria de Gobernación, Titular de la Unidad de asuntos legales y derechos humanos de Prevención y Readaptación Social, en 2 "Artículo 79.- Las correcciones disciplinarias aplicables a los internos consistirán en: I. Amonestación privada, verbal o escrita; II. Suspensión parcial o total de estímulos; III. Suspensión de la visita familiar o de la íntima, y IV. Restricción de tránsito a los límites de su estancia." "Artículo 80.- Las infracciones cometidas por los internos serán sancionadas según su naturaleza mediante: I. Amonestación privada, escrita o verbal, y, en su caso, la suspensión parcial de estímulos de 3 a 30 días, cuando se trate de las infracciones contenidas en el artículo 75, fracciones II a VI, de este Reglamento; II. Suspensión parcial o total de estímulos, incluyendo la visita familiar o íntima y, en su caso, restricción de tránsito a los límites de su estancia durante un período de 31 a 75 días; tratándose de las infracciones contenidas en las fracciones VII a XI del artículo 75 del Reglamento, y III. Restricción de tránsito a los límites de su estancia, suspensión total de estímulos incluyendo la visita familiar e íntima durante un período de 76 a 120 días, cuando se trate de las infracciones señaladas por las fracciones I, XII a XXXIV del artículo 75 del Reglamento." "Artículo 81.- Los internos que auxilien a otro en la comisión de infracciones al Reglamento o que tengan conocimiento de alguna infracción y no la reporten al personal de Seguridad y Custodia, serán sancionados por el Consejo, mediante la aplicación parcial de la misma corrección disciplinaria con que se sancione a aquél, en los términos del Manual correspondiente." "Artículo 82.- Para la imposición de las correcciones disciplinarias, se otorgará al probable infractor la garantía de audiencia, a fin de que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. Previo análisis y valoración de los argumentos que haga valer el probable infractor, el Consejo resolverá lo conducente. Con independencia de lo anterior, se deberán adoptar las medidas inmediatas, urgentes y necesarias para garantizar la seguridad del Centro Federal. El Director General, con base en la resolución que emita el Consejo, impondrá la sanción correspondiente. En todo caso, la resolución deberá estar fundada y motivada, describir en forma sucinta las causas por las que se impute la falta de que se trate al interno, contener las manifestaciones que en su defensa haya hecho y la corrección disciplinaria impuesta, en los términos del Reglamento y del Manual correspondiente." JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -9- representación del Comisionado, Coordinador General de Centros Federales y Director General de Administración de Prevención y Readaptación Social, todos con residencia en la Ciudad de México, no tienen intervención en la ejecución de los actos reclamados, pues al encontrarse los directos quejosos internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, éste última potestad tiene bajo su responsabilidad establecer y vigilar las condiciones de internamiento de los impetrantes, en términos del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. De igual forma, debe tenerse a Gerardo Moreno García, Silvino Arturo López Hernández y Henry Méndez Urbina, todos Jueces de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, negando la existencia de los actos reclamados, toda vez que del informe justificado rendido por el licenciado José Manuel Novelo López, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, se advierte atribuible a su potestad al tramitar la controversia 306/2021 de su índice. Por lo tanto, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto a los actos reclamados en el presente asunto a las autoridades responsables Gerardo Moreno García, Silvino Arturo López Hernández y Henry Méndez Urbina, todos Jueces de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, Titular de la Secretaria de Gobernación, Titular de la Unidad de asuntos legales y derechos humanos de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -10- Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado, Coordinador General de Centros Federales y Director General de Administración de Prevención y Readaptación Social, todos con residencia en la Ciudad de México. Por otra parte, José Manuel Novelo López, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince, por sí y como Presidenta del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número Quince, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, al momento de rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, del contenido del propio informe y de las constancias remitidas por las potestades, se advierte la existencia del acto reclamado, documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última; por tanto, se desvirtúa dicha negativa y se tiene por cierto el acto reclamado a las referidas autoridades responsables. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 3941823, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y 3 Quinta Época, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 226, Página: 153. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -11- certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, debe presumirse cierto el acto reclamado, por lo que respecta a las autoridades responsables Director General y Operativo de la Empresa Privada de Alimentos MAKOBIL, Sociedad Anónima de Capital Variable, al encontrarse debidamente notificada (foja 23) y no haber rendido el informe justificado correspondiente; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Atendiendo dicho principio, y analizada la demanda y el juicio de amparo en su integridad, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con la cual se transgreda en perjuicio del impetrante algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el precepto legal aludido en primer término, en la fracción invocada, dispone: JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -12- Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...) Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Al respecto, debe decirse que conforme a la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido dos criterios complementarios a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación: JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -13- a) El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. b) El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, que se considera complementario del referido con anterioridad, establece que los aludidos actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior. Así lo sostuvo en la tesis en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página nueve, que establece: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -14- una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. En suma, el análisis exhaustivo de la demanda evidencia que la parte quejosa reclama la omisión de las responsables de velar por que se cumpla la resolución de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en la controversia 306/2021 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta Ciudad, en el que se requirió a la Directora el Centro Federal de Readaptación Social Número 15-CPS CHIAPAS, realizara diversas actuaciones respecto a la alimentación, trabajo JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -15- social, visitas y servicios de correo de las personas privadas de su libertad aquí quejosos. Ahora bien, los dispositivos 124 y 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen: Artículo 124. Sustanciación. En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Artículo 129. Ejecución de la resolución. La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -16- Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. De la lectura íntegra de dichas disposiciones se advierten dos etapas relacionadas con el cumplimiento a las determinaciones emitidas por la autoridad jurisdiccional en materia de controversias en ejecución. En un primer momento, esto es, al admitir la controversia la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes, para lo cual requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva (art. 124). En un segundo momento, dicha normatividad estatuye que en ejecución de la resolución definitiva emitida en la controversia, ésta se ejecutará una vez que quede firme; que transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -17- de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Asimismo, prevé que cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Inclusiva, el dispositivo 129 transcrito indica que cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. De igual forma, se establece que si la autoridad informa que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Que cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Y finalmente, se establece que cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -18- del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. Ahora bien, las medidas de apremio que autoriza dicha legislación se encuentran previstas en los dispositivos 25 fracción IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, las cuales refieren: Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución. En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: .IX. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones;. Artículo 104. Imposición de medios de apremio. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: .II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas. El Órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán dar vista a las autoridades competentes para que se determinen las JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -19- responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación aplicable. En vista de las invocadas disposiciones, este juzgado estima que tratándose de escenarios como el descrito, en que se reclame la omisión del juez de ejecución para hacer cumplir sus determinaciones emitidas en las controversias constitucionales, ya sea en su trámite o en el cumplimiento de la resolución que las resuelva, cuenta con medios de apremio conducentes y directos para vencer la contumacia de la autoridad penitenciaria correspondiente. Empero, queda a cargo del procesado o reo promovente de dichas controversias, solicitar el requerimiento de su cumplimiento y la aplicación de los medios de apremio aludidos, pues así se advierte del artículo 124 y 129 párrafo segundo, transcritos, que facultan al accionante de la controversia a peticionar al juez de ejecución la aplicación de la medida coercitiva. De modo que, la parte quejosa cuenta con la facultad de pedir a la autoridad jurisdiccional responsable la aplicación de los medios de apremio para vencer la contumacia de la autoridad penitenciaria al no dar cumplimiento a sus determinaciones; luego, el acto así reclamado no genera una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados por el impulso procesal que corresponde a las partes, en el caso, a los promoventes del amparo. De lo anterior, se evidencia que el acto reclamado en esta vía, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues está JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -20- supeditado a que el quejoso solicite la ejecución forzosa de la resolución del juez en dicha controversia, lo cual hasta el momento no constituye, por sí solo, la vulneración a ninguno de sus derechos sustantivos. Por su alcance interpretativo, es aplicable la tesis XVII.2o.12 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, registro digital: 2022076, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 935, que dice: MEDIDAS DE APREMIO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA QUE SU IMPOSICIÓN SEA LEGAL, DEBE MEDIAR APERCIBIMIENTO, POR REGLA GENERAL. Los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutelan los derechos de legalidad -que consiste en que toda autoridad debe ajustar su actuar a las disposiciones que norman las atribuciones que le confiere la ley- y seguridad jurídica de las personas -que tutela el conocimiento de éstas tanto de la regulación normativa como del proceder de las autoridades, para asegurar que éste no es arbitrario y evitar indefensión-. Por su parte, el artículo 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales enlista los medios de apremio que puede emplear el órgano jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones, sin precisar algún procedimiento para su aplicación, incluso, los artículos 57, párrafo último y 59, permiten que puedan aplicarse de manera indistinta. Del proceso legislativo que dio origen a ese código no se advierte alguna consideración sobre las medidas de apremio. Así, una interpretación literal del artículo 104, fracción II, conduciría a concluir que sólo se exige el apercibimiento para imponer arresto, en términos de su párrafo penúltimo. Sin embargo, la interpretación conforme de dicha norma, a la luz de los artículos constitucionales citados, permite concluir que, por regla general, el apercibimiento es un elemento indispensable previo a imponer cualquier medida de apremio, pues sólo a través de esa advertencia de la autoridad jurisdiccional, la persona está en aptitud de conocer la consecuencia jurídica de su contumacia. Este resultado hermenéutico protege de manera más amplia los derechos de legalidad y seguridad jurídica, en términos del artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal y, además, guarda congruencia con lo resuelto por la Primera Sala de la JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -21- Suprema Corte de Justicia de la Nación en las contradicciones de tesis 46/99-PS y 125/2007-PS, de las que derivaron, respectivamente, las jurisprudencias 1a./J. 20/2001, de rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS)." y 1a./J. 60/2008, de rubro: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO NECESARIAMENTE DEBE DETERMINARSE SU TEMPORALIDAD DESDE EL APERCIBIMIENTO.". Además, estimar que el apercibimiento no es un requisito que deba mediar antes de imponer una medida de apremio, implicaría equipararlas a infracciones por incumplimiento a disposiciones legales, lo cual no es admisible si se considera que participan de una naturaleza distinta, pues éstas son consecuencias jurídicas específicas que establece el órgano legislativo frente a conductas determinadas y que son del conocimiento de las personas desde la entrada en vigor del ordenamiento respectivo, en tanto que las medidas de apremio son herramientas de la autoridad judicial para que sus órdenes concretas se cumplan, ante cuyo desacato tiene la facultad para elegir discrecionalmente e imponer una sanción de entre las previstas limitativamente en la ley; y es precisamente esta discrecionalidad para determinar la medida de apremio aplicable a cada caso, lo que propicia inseguridad jurídica en los justiciables, que sólo se corrige con el apercibimiento previo. Lo anterior es acorde con el razonamiento que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 431/2013, de la que surgió la jurisprudencia 1a./J. 35/2014 (10a.), de título y subtítulo: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. SU IMPOSICIÓN POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO ESTÁ CONDICIONADA A REQUERIMIENTO NI APERCIBIMIENTO PREVIOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Máxime que en resoluciones de diez de junio y dos de agosto de dos mil veintidós, el Juez responsable declaró parcialmente cumplida la diversa de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, respecto a los temas de visitas, servicio de correo y trabajo social, así como en auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, determinó no cumplido el tema de alimentos concedido; por lo que, JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -22- respecto a este último la parte quejosa cuenta con la facultad de pedir a la autoridad jurisdiccional responsable la aplicación de los medios de apremio para vencer la contumacia de la autoridad penitenciaria. Asimismo, se reitera que no genera una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados por el impulso procesal que corresponde a los quejosos. En conclusión, el acto reclamado no causa un perjuicio a la parte quejosa que sea de imposible reparación; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V, del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a sobreseer en el presente juicio respecto al acto reclamado a dicha potestad. Sin que esta determinación implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -23- como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, de rubro y texto siguientes: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -24- efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Así como la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, que establece: PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -25- también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Y la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible en la página mil quinientos ochenta y siete, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2002179, que literalmente establece: PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 -26- Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Mario Ramón Cruz Martínes, Dony Emerson Pérez Bocanegra y otros, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el tercero y cuarto considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos, contra la determinación de cuatro enero del año en curso, en el que no tuvo por cumplida la ejecutoria de la controversia 306/2021 de su índice; de lo que este Juzgado toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveídos de veintitrés, veintinueve de junio y veintisiete de julio del año próximo pasado, se agregaron los oficios de la Subconsejera Jurídica de lo Contencioso dependiente de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado, en representación del Titular del Poder Ejecutivo, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Directora de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en la Ciudad de México, así como el escrito del quejoso Dony Emerson Pérez Bocanegra, reservándose proveer respecto de su contenido hasta que fuera resuelto el recurso de queja interpuesto en este asunto, lo cual ya aconteció. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 2 Así, atendiendo al oficio con registro 8787 (foja 351) no se realiza mayor pronunciamiento respecto de su contenido, toda vez que mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós (foja 317) se tuvo por inexistente al Titular Jefe de Gobierno del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Ahora bien, en relación al oficio con registro 9166 (foja 357) se tiene a la autoridad oficiante informando que mediante oficio PRS/UALDH/2979/2022 de seis de mayo de dos mil veintidós, rindió el informe justificado correspondiente a la autoridad responsable Director General de Administración de Prevención y Readaptación Social, lo que se corrobora con la comunicación agregada a foja trescientos siete; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, respecto al escrito del quejoso Dony Emerson Pérez Bocanegra, con registro 10682 (foja 380 a 381) con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas y se toman en vía de alegatos, las cuales serán tomadas en cuenta al momento de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a trece de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, en esta ciudad, al que acompaña la diversa comunicación dirigida al Titular Jefe de Gobierno del Estado de Chiapas, sin que se acuerde al respecto, toda vez que mediante proveído de treinta y uno de mayo del año próximo pasado, se tuvo por inexistente la citada autoridad. Notifíquese.
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