Mario Ramiro Portugal Cando y Otros.
Expediente 394/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mario Ramiro Portugal Cando y Otros.
- Mario Ramiro Portugal Cando
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta con número de folio 5265, recibido vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual acusa recibo del expediente principal del juicio de amparo número 394/2023, e informa que acepta la competencia planteada por este Juzgado y se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos, se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, una vez que hayan transcurrido tres años; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso j), del multicitado acuerdo general. Por otra parte, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este cuaderno de antecedentes. Finalmente, vistos los oficios con números de folios 4921 y 5173, recibidos vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signados respectivamente por Miguel Ángel Velázquez Demetrio, Abogado del Espacio Habilitado para Personas en Contexto de Migración, Toluca, Estado de México y por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante los cuales, con el primero de ellos, rinde informe de la suspensión de plano; mientras que con el segundo, devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 89/2023, con número de orden 298/2023, del índice de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. Ahora bien, en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden, remítanse los oficios de referencia (folios 4921 y 5173), al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para los efectos legales a que haya lugar, previas copias simples que se deje en el cuaderno de antecedentes en que se actúa.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por Sandra Nava Jiménez y Yamel González Santana a favor de Mario Ramiro Portugal Cando, Jenny Nataly Vacacela Curicama, y su menor hijo K. N. P. V., Juan Carlos Quito Pilamunga, Jessica Maribel Callacando León y su menor hijo E. I. Q. C., contra actos del Director de la Estación Migratoria en el Estado de México, residente en Toluca, y. otras autoridades responsables. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 394/2023-I, fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020 Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. MARCO NORMATIVO QUE SUSTENTA EL ESTUDIO De manera previa, conviene traer el marco normativo que sustenta el estudio correspondiente. En torno a la concesión de la suspensión de plano y oficio, conviene establecer que el artículo 126 de la Ley de Amparo, prevé que la medida cautelar en cita, se otorgará cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, o alguno, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales); o bien, cuando se trate de un acto que si se llegara a consumar, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano reclamado. De igual forma, se debe precisar que conforme al diverso numeral 1 Constitucional, que establece, en lo que aquí interesa, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Respecto de los mencionados actos, también son aplicables los siguientes preceptos y principios: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1, 18 y 22. Concesión y efecto de la suspensión de plano por actos reclamados. De la deportación, detención, privación de la libertad, traslado y retención de documentos: incomunicación, deportación y expulsión: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, así como en los numerales antes transcritos, se concede a la parte quejosa la suspensión de plano para que de inmediato cese todo acto de deportación y expulsión, o por cualquier aspecto a los que se refiere el artículo 1 Constitucional; golpes, tormentos, malos tratos, o cualquier otro que sea cruel, inhumano, degradante o que atente contra la vida e integridad de dicha parte y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y los instrumentos internacionales mencionados. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad, de inmediato deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier acto que implique lo anterior. En cuanto a la incomunicación, se concede la suspensión de plano a la parte quejosa, a fin de que les sean comunicados todos los derechos que tienen en su calidad de migrantes, inclusive de solicitar refugio y se garantice que reciban asesoría jurídica, en razón que ello constituye un derecho fundamental de las personas que reúnen esa condición, conforme a los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención; en el entendido de que la autoridad deberá proporcionar los medios para que se comuniquen con gente de su confianza, abogado particular y sus familiares, de lo cual también deberán remitir copia certificada de las constancias que acrediten las facilidades que se le otorgaron a la parte quejosa para dicha comunicación. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, los cuales tienen como fin, proteger su dignidad humana. De la privación de la libertad, detención, así como el posible traslado a diversa estación migratoria de donde se encuentran alojados. Al no existir elementos objetivos que permitan establecer la razón de la privación de la libertad de la parte quejosa, se concede la suspensión de plano, para que las autoridades responsables en los casos siguientes realicen lo que a continuación se precisa: En caso de que los quejosos se encuentren detenidos por la posible comisión de un delito, bajo su más estricta responsabilidad, deberán ponerlas sin demora alguna a disposición del Ministerio Público que corresponda. En el supuesto de que la parte quejosa no se encuentre detenida por la posible comisión de un delito ni esté sujeta a un procedimiento migratorio, deberá ordenar su inmediata libertad. En el escenario de que la parte quejosa se encuentre en las instalaciones de referencia por virtud de su situación migratoria, deberán respetarse los términos establecidos por el artículo 111 de la Ley de Migración; transcurridos dichos términos, sin que se resuelva la situación migratoria, deberá ordenar que la parte quejosa sea puesta en libertad, previo dictado de las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; entre ellas, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces le sea exigido. Sin que en ningún caso pueda imponerse como requisito o medida la garantía económica o fianza, atendiendo a la presunción de vulnerabilidad de amplio espectro de que gozan los migrantes y a que dicha medida no está regulada. Lo que se estima conforme con el principio de excepcionalidad, por lo que las autoridades administrativas quedan constreñidas, con la información que tiene de las personas migrantes de primera mano, a verificar si procede su libertad en forma condicionada y responsable, o bien, a través del establecimiento de un domicilio dentro de la circunscripción del órgano de amparo donde la parte quejosa pueda ser localizada mientras se determina lo relacionado a su estancia en este país, o bien, si es que lo que hubiere, con un familiar que se haga responsable de la parte quejosa mientras se resuelve lo pertinente con su estatus migratorio, con la prohibición de ausentarse de dicho lugar y la obligación de presentarse las veces que sea requerida por la autoridad administrativa. Ello, partiendo de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique solo cuando ésta sea legal y no arbitraria. En el entendido de que en caso de que consideren que la detención está justificada, están obligadas a exponer cuál es el fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha medida, toda vez que el mero listado de todas las normas que podrían ser aplicables no satisface el requisito de motivación suficiente que permita evaluar si la medida resulta compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos; lo que deberá realizarse en estricto apego al artículo 16 Constitucional, a fin de que sea posible analizar en sede judicial si las circunstancias que en un caso concreto justifican la detención han sido señaladas de manera expresa por la autoridad y si están sustentadas por datos objetivos que muestren el riesgo de incomparecencia de la persona migrante al procedimiento o que éste pueda ser obstaculizado de alguna otra manera. Lo que no impide que las autoridades con competencia legal dicten las medidas que aseguren que los quejosos Mario Ramiro Portugal Cando, Jenny Nataly Vacacela Curicama y su menor hijo K. N. P. V., Juan Carlos Quito Pilamunga, Jessica Maribel Callacando León y su menor hijo E. I. Q. C., no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ellas y ante quien concedió la suspensión cuantas veces les sea exigido. La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrada por los promoventes, como podría ser la comisión de un delito o, provienen de autoridad diversa a las designadas como responsables en la demanda de amparo. Esto es, si la detención no tiene como causa alguna facultad prevista en la Ley de Migración, la autoridad deberá ajustarse al contenido del artículo 164 de la Ley de Amparo. La suspensión de plano decretada además tiene como efecto que las responsables se abstengan de trasladar a los quejosos a diversas instalaciones de la misma institución y/o dependencia, siempre que no se haya ejecutado; con excepción de que el traslado atienda a cuestiones de atención médica o cualquiera que implique salvaguardar la integridad y la vida de los peticionarios de amparo, lo cual deberán informar y justificar de manera inmediata ante este Juzgado de Distrito. INFORME SOBRE SUSPENSIÓN DE PLANO Por tal motivo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen el cumplimiento que den a cada punto de la suspensión de plano que se concede. SANCIÓN POR VIOLACIÓN DE LA SUSPENSIÓN Hágase del conocimiento de las partes que de materializarse una violación a este mandato por algún servidor público en su carácter de autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se le impondrá pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al funcionario público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. En ese sentido, se pone a disposición exclusiva de las autoridades responsables el correo oficial de este Juzgado de Distrito: 7jdo21cto@correo.cjf.gob.mx. SE ENVÍA EXHORTO ELECTRÓNICO En ese tenor, toda vez que de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos Mario Ramiro Portugal Cando, Jenny Nataly Vacacela Curicama y su menor hijo K. N. P. V., Juan Carlos Quito Pilamunga, Jessica Maribel Callacando León y su menor hijo E. I. Q. C., se encuentran alojados en el Albergue con domicilio en calle El Oro 802, La Teresona, 50040 Toluca de Lerdo, Estado de México, la cual se encuentra fuera de la residencia de este órgano de control constitucional, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Turno, en el Estado de México, residente en Toluca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione al actuario judicial de su adscripción a efecto de que de inmediato se constituya en las instalaciones del citado Albergue, y lleve a cabo la búsqueda y localización de los quejosos Mario Ramiro Portugal Cando, Jenny Nataly Vacacela Curicama y su menor hijo K. N. P. V., Juan Carlos Quito Pilamunga, Jessica Maribel Callacando León y su menor hijo E. I. Q. C., realice lo siguiente: -Notifique la suspensión de plano concedida y de conformidad con el numeral 15 de la Ley de Amparo, las requiera personalmente para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo o no, ratificar la demanda de amparo promovida en su favor por Sandra Nava Jiménez y Yamel González Santana. Apercibidos, que de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada y se dejarán sin efectos las providencias decretadas en el presente juicio. - Dé fe en el acto de la diligencia de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. - Dé fe del estado físico de la parte quejosa al momento en que se desahogue la diligencia y las interrogue sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico, además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentren, y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y, en su caso, utilizar un medio electrónico grafico (fotografía), en donde puedan quedar registradas las lesiones. - Entregue los oficios dirigidos a las autoridades responsables con residencia en Toluca, así como copia de la demanda, que para tal efecto se adjunta. - Dé cuenta de inmediato para que ese juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato en contra de la parte quejosa. Se haga del conocimiento a las autoridades responsables que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia, por lo cual deberán de respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o realizar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior constituirá una obstaculización a la justicia federal por lo que se actuara en términos del artículo 169 de la Ley de Amparo, y solicitar el apoyo de la fuerza pública que están obligas a rendir las autoridades civiles o militares. Una vez que el actuario tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a la parte quejosa, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirlas para que ordene a quien corresponda, se dé atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en ellas, para lo cual deberá informar la autoridad en el plazo de veinticuatro horas las medidas adoptadas. Con el apercibimiento, que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio del delito en que se puede incurrir por el desacato a este mandato judicial. Por lo que, a fin lograr tal encomienda, se faculta al Juzgado exhortado, en caso de ser necesario, habilite los días y horas inhábiles, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Asimismo, una vez que sea diligenciado el exhorto, lo devuelva con todo lo actuado vía electrónica. INCOMPETENCIA LEGAL Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, permite establecer que la parte promovente reclama del Director de la Estación Migratoria en el Estado de México, residente en Toluca, y otras autoridades responsables, la incomunicación, tortura, malos tratos, privación de la libertad fuera de procedimiento, posible deportación y orden de traslado a otra estación migratoria. Con base en ello, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer y resolver este asunto por las razones que a continuación se exponen. En principio, se destaca que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es determinar si este juzgado, es legalmente competente por razón de territorio para conocer del asunto sometido a su conocimiento. Los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.] Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva". De los preceptos legales trascritos se desprende substancialmente que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora, como quedó precisado en párrafos anteriores, los actos reclamados consisten en la incomunicación, tortura, malos tratos, privación de la libertad fuera de procedimiento, posible deportación y orden de traslado a otra estación migratoria, de los que están siendo objeto los quejosos Mario Ramiro Portugal Cando, Jenny Nataly Vacacela Curicama y su menor hijo K. N. P. V., Juan Carlos Quito Pilamunga, Jessica Maribel Callacando León y su menor hijo E. I. Q. C.; actos que son atribuidos a una autoridad con residencia en otro Estado, en el caso: DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO. SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL ESTADO DE MÉXICO. PROCURADOR DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAR DEL ESTADO DE MEXICO. LIC. MIGUEL VELÁZQUEZ, TITULAR DEL ALBERGUE, (en donde se encuentran alojados actualmente). Con domicilio en calle el Oro 802, La Teresona, 50040 Toluca de Lerdo, México. De ahí que es inconcuso que se actualiza la última regla prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es decir, el Juez de Distrito competente legalmente para conocer del asunto será el del lugar donde se esté ejecutando el acto reclamado; atendiendo además que, las autoridades responsables residen en esa entidad. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades". También resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto que dicen: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso está regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia". Por lo expuesto, la competencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida en favor de Mario Ramiro Portugal Cando, Jenny Nataly Vacacela Curicama y su menor hijo K. N. P. V., Juan Carlos Quito Pilamunga, Jessica Maribel Callacando León y su menor hijo E. I. Q. C., contra los actos señalados con antelación, corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Turno, en el Estado de México, residente en Toluca, de conformidad con lo establecido en el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer y resolver sobre la demanda de amparo de la parte quejosa, por razón de territorio, motivo por el cual, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Turno, en el Estado de México, residente en Toluca, a quien se estima legalmente competente para conocer la demanda de amparo de mérito. Se solicita a dicho juzgador, que por razón de turno conozca de la presente demanda, en caso de no tener inconveniente alguno, informe a la brevedad a este órgano jurisdiccional la determinación que tome en relación con presente asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel Eduardo Ramírez Santana, porque si bien, no están acreditados para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, sin embargo, al consultar la página oficial de Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, ambas personas aparecen acreditadas con cédula profesional que las acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Por otra parte, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se autoriza a los usuarios "sandranava73" y "angelsantana1" corresponden a los nombres de Sandra Nava Jiménez, y Ángel Eduardo Ramírez Santana, el seguimiento del presente juicio vía electrónica, que incluye, la consulta y presentación de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, así como para recibir notificaciones a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a ello, se instruye al oficial judicial encargado del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0)", a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". Por lo anterior se precisa, que dicho medio prevalecerá para citas y notificaciones de manera electrónica, por así haberlo solicitado de manera expresa la parte quejosa en su escrito de demanda, sin perjuicio de que pueda revocarlo en cualquier momento. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Mario Ramiro Portugal Cando, sin perjuicio de que las quejosas puedan designar a otro. En ese mismo tenor, dígasele a la parte quejosa que no ha lugar a tenerle señalando el correo electrónico yam.g5s10@gmail.com, para recibir notificaciones y acuerdos, toda vez que la ley de amparo no contempla que las notificaciones se realicen vía correo electrónico y/o telefónica, aunado a que el siete de noviembre de la presente anualidad, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, se hace saber a las autoridades responsables que en caso que deseen incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
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