Mario Pérez Vargas
Expediente 1138/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1138/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/05/2018
Partes del expediente
- Mario Pérez Vargas
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito que suscribe el quejoso Fernando Gutiérrez Santillán, mediante el cual manifiesta su deseo de ampliar la demanda de amparo y como está ordenado en el juicio principal, se amplía la demanda contra actos que reclama de las autoridades que denominó: Secretaria de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. Gobernador del Estado de Jalisco. Por considerarlo violatorio de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, para tal efecto remítanseles copia de la demanda de amparo; asimismo, indíqueseles que la ley de amparo, en su artículo 260, fracción I, dispone que podrán ser objeto de multa en caso de que no rinda su informe previo. En el entendido de que las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados, además de que podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tenga a su alcance que permita a éste órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. Se señalan para que tenga verificativo la audiencia incidental las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Sin que por el momento haya lugar a reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, toda vez que dada la naturaleza del acto que por esta vía se reclama, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas por el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que la suspensión tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran y evitar que las consecuencias de los actos reclamados causen daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación, para que la sentencia que en su caso declare el derecho del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuál es el acto reclamado cuya suspensión solicita. Del análisis acucioso de la ampliación de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso medularmente reclama: La falta de pago de cinco mil pesos desde el mes de junio de dos mil dieciocho. El acuerdo DIGELAC ACU 023/2012, de uno de junio de dos mil doce. Consecuencias jurídicas del acto precisado en el inciso a) y b). Sin embargo, dentro del escrito de demanda se desprende que solicita la medida cautelar para el efecto siguiente: ". para efectos de que esta autoridad ordene se me pague en lo sucesivo a partir del mes de junio del año en curso dicho pago de cinco mil pesos hasta en tanto no se resuelva la definitiva." En consecuencia, se analizará la procedencia de la suspensión provisional en los términos anteriormente señalados, sin que esa determinación contravenga lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto de mérito establece como requisito que el agraviado la solicite expresamente, aunado a que no se evidencia que se deje sin materia el amparo. Apoya lo expresado la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo epígrafe y contenido dicen: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.- De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos". En efecto, la suspensión tiene como propósito suspender los actos que se estimaron lesivos al interés del peticionario, luego, ésta sólo puede recaer en actos positivos, en tanto que para los negativos se traducen siempre en una conducta de no hacer de la autoridad y pueden clasificarse en: a) Abstenciones, las cuales carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; b) Negativas simples que sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque de concederse ésta y constreñir a la autoridad a actuar, se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; y, c) Actos prohibitivos que no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida. En el caso, la parte agraviada pretende es que la autoridad responsable realice el pago de pago de cinco mil pesos desde el mes de junio del presente año. No obstante, no procede otorgar la suspensión en los términos solicitados, toda vez que el acto reclamado, dada su naturaleza, no es susceptible de concederse; lo anterior porque en términos de los artículos 128, 139, párrafo primero, 147 y 157 de la Ley de Amparo la suspensión del acto reclamado tiene como objeto primordial mantener viva la materia del juicio, e impedir que se consuma irreparablemente, a fin de evitar que se causen al quejoso perjuicios que la ejecución del acto le pudieran ocasionar. Esto es, dado que se reclaman actos omisivos, no es a través del incidente de suspensión donde el hoy quejoso puede obtener la tutela del pretendido derecho a que se le realice el pago de la cantidad que señala; lo cual es así, porque al reclamarse una omisión administrativa de la responsable, de ser inconstitucional dicha omisión se constreñiría a esta última a que cese la conducta omisiva en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo cual es así, máxime que, por regla general, la suspensión no puede tener efectos restitutorios, pues éstos son exclusivos de la sentencia que otorgue al quejoso la protección solicitada; empero, por excepción, se puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, y de ser jurídica y materialmente posible, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce de su derecho violado, hasta en tanto se emita la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Acorde con ello, se concluye que en aquellos casos en los que el acto reclamado consista en una omisión o negativa de un acto como el que se reclama, opera la regla general, pues éste no puede ser objeto de suspensión, en virtud de su naturaleza, al tratarse de un acto omisivo en el que presumiblemente la responsable no ha obrado en favor de la pretensión del gobernado, ya que de concederse la medida cautelar en este supuesto, se le darían efectos restitutorios que son propios de la sentencia que llegue a dictarse en el juicio de amparo, en términos del diverso numeral 77 de la legislación en cita, pues implicaría dar un alcance indebido a la medida cautelar, al obligar a la autoridad a actuar en el sentido que ordena la garantía, incluso sustituyéndola en la toma de medidas para lograr el acatamiento del propio acto, cuestión que sólo puede ser propia del fondo del asunto, todo lo cual opera, incluso, por similitud de consideraciones jurídicas, tratándose de la suspensión provisional. Es aplicable lo anterior, la tesis XXVII.3o. J/2 (10a.) de la Décima Época, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2347, Materia(s), cuyo texto y rubro dice: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.". En tales condiciones, se niega a la parte quejosa, la suspensión provisional solicitada. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele copias certificadas de la presente resolución, autorizando a recibirlas a las personas que indica previo recibo y razón que de su recepción sea otorgada en autos. En la inteligencia de que es a su costa la erogación económica que dichas constancias genere. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Luz María Pérez Salcedo quien autoriza y da fe y certifica: que la presente actuación coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. LAPT/LMPS
- Principal
CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA... SE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE CUMPLA CON EL FALLO PROTECTOR... BAJO APERCIBIMIENTO...
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiere recurrido el proveído de cuatro de abril de dos mil dieciocho (fojas 107 y 108), en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Luz María Pérez Salcedo quien autoriza y da fe y certifica: que la presente actuación coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. LAPT/LMPS
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AVISO PRINCIPAL.- POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO MISMO QUE EN SINTESIS DICE: DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA Y CORRASE TRASLADO PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS...MANIFIESTEN LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO QUE COMUNICA LA AUTORIDAD....EN EL ENTENDIDO....
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