Mario Peña Diaz

Expediente 639/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 31 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
639/2015
Año
2015
Actuaciones
31
Última actuación
29/06/2016

Partes del expediente

  • Mario Peña Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de veinte de los actuales (foja 299), para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento informado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, lo cual le fue notificado por medio de lista de acuerdos el veintiuno siguiente, sin que haya desahogado la vista (foja 300). Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, es preciso fijar los efectos de la ejecutoria concesoria del amparo, que se transcriben a continuación: "...En las relatadas consideraciones, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, a fin de salvaguardar el derecho al mínimo vital del quejoso, para el efecto de que las autoridades responsables Procurador General de Justicia en el Estado y la Directora General de Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, ambas con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dentro del expediente administrativo 062/2015: II. Dejen sin efecto la parte considerativa de la medida cautelar decretada en la autorización y acuerdo de tres de junio de dos mil quince, en lo concerniente a la no remuneración económica, y emitan una diversa, en la que, provean respecto a la misma incluyendo la prestación correspondiente, con el fin de que se asegure su subsistencia mínima, pues cuenta con los elementos y datos de los recursos humanos y financieros del personal adscrito a la corporación policíaca; aunado a que conoce por su naturaleza, las condiciones conforme a las cuales se otorgan los nombramientos de los servidores públicos policiales a su cargo. En el entendido, que el pago de los haberes correspondientes al mínimo vital, deberán de realizarse de manera retroactiva a partir del dictado de la suspensión temporal reclamada (tres de junio de dos mil quince), y hasta que se emita la resolución administrativa que corresponda". Enseguida, se procede a reseñar los antecedentes del cumplimiento al fallo protector: 1. En acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se declaró que la sentencia dictada en el presente juicio, que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ***, causó ejecutoria, y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 208 y 209). 2. Luego, mediante proveído de veintiocho de enero del año en curso (foja 215), se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Directora General de Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual informó que en cumplimiento al fallo protector, la Subdirectora y Agente del Ministerio Público adscrita a esa Dirección, dictó el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil quince, dentro del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad número 062/2015, seguido en contra de Mario Peña Díaz, en el que se ordenó levantar la retención del ingreso económico real del aquí quejoso, en razón de un treinta por ciento de manera retroactiva, a partir del tres de junio de dos mil quince, fecha de la suspensión temporal reclamada, para lo cual giró oficio al licenciado Enrique Berlanga Santos, en su carácter de Director General Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 253). 3. Posteriormente, por auto de veinticinco de abril del año en curso (foja 258), se tuvo por recibido el oficio 491/2016, signado por el Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad, en ausencia del Procurador General de Justicia del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al que anexó copia del diverso número PGJE DGA/DRH 468/2016, de trece de abril de dos mil dieciséis, signado por la Directora de Recursos Humanos, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al que a su vez se adjuntaron los pagos de nómina realizados al quejoso ***, en cumplimiento al amparo concedido, en las cuales aparece una leyenda escrita de puño y letra como constancia de la recepción de conformidad de dichos cobros por parte del amparista, precedidas de su firma (fojas 253 a 256); con lo cual se dio vista a la parte quejosa para que manifestara su conformidad a lo que a su interés legal conviniera, sin que se haya pronunciado al respecto. 4. Posteriormente, mediante proveído de doce de mayo del año en curso (fojas 265 y 266), se requirió al Procurador General de Justicia del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que remitiera las constancias relativas a los pagos efectuados al quejoso de una manera pormenorizada y desglosada, con efectos a partir de la fecha ordenada en la sentencia. 5. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis (foja 275), se tuvo al Subprocurador de Investigaciones Especializadas de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, en ausencia del Procurador General de Justicia del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, informando sobre las gestiones que se encontraba realizando para dar cumplimiento al fallo protector. 6. Mediante acuerdo de nueve de los actuales, el Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad, en ausencia del Procurador General de Justicia del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en atención al último requerimiento que les fue girado, entre otras constancias, remitió copia del oficio número PGJE DGA/DRH 734/2016, signado por la Directora de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dirigido al Director General de Control de Procesos, al que se anexa copia del diverso número SSEyA/DGAP/1217/2016, suscrito por el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Finanzas, donde se detalla el cálculo del pago al treinta por ciento del salario del quejoso Mario Peña Díaz (foja 281). No obstante lo anterior, en dicho proveído se requirió nuevamente a las responsables el cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, por las consideraciones ahí expuestas. 7. Finalmente, por auto de veinte de junio del año en curso (foja 299), se tuvo por recibido el oficio 818/2016, signado por el Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad, en ausencia del Procurador General de Justicia del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al que anexó el diverso número PGJE-DRH- 775/2016, de quince de junio de dos mil dieciséis, signado por la Directora de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al que a su vez se adjuntaron copias de los recibos de pago de sueldo realizados al quejoso ***, en los términos fijados en la ejecutoria de amparo, esto es, a razón de un treinta por ciento de manera retroactiva, a partir del tres de junio de dos mil quince, señalando además que las constancias de pago originales se encuentran en poder de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (fojas 286 a 296); con lo cual se dio vista a la parte quejosa para que manifestara su conformidad a lo que a su interés legal conviniera, sin que se haya pronunciado al respecto. Ahora, de la confrontación de los destacados datos, se procede a determinar si se encuentra cumplido el núcleo esencial para el cual fue otorgado el amparo a la parte quejosa, haciendo el examen de las constancias que obran en autos las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego entonces, se estima que los efectos para el cual fue concedido el amparo, están cumplidos, tal como se advierte de las constancias que remitieron las autoridades encargadas del cumplimiento, Director General de Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad, en ausencia del Procurador General de Justicia del Estado, residentes en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; en virtud de que por auto de veintisiete de noviembre de dos mil quince, la Subdirectora y Agente del Ministerio Público adscrita a dicha Dirección, ordenó levantar la retención del ingreso económico real del aquí quejoso, en razón de un treinta por ciento de manera retroactiva, a partir del tres de junio de dos mil quince, como se ordenó en el fallo protector, y se realizó el pago correspondiente al quejoso, como lo acreditan con las constancias exhibidas en fotocopia previamente analizadas. Por tanto, se estima que se cumplió con los efectos de la concesión del amparo; sin que sea técnico que este Juzgado de Distrito se ocupe de prejuzgar sobre la legalidad del fondo del acto autoritario que acata la sentencia protectora. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: *** Por lo que se declara cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente asunto, toda vez que es susceptible de depuración, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias ahí decretadas; por lo que hace al duplicado del citado incidente, de conformidad con dicho Acuerdo General, procédase a su desintegración material en el término de seis meses.

  2. Principal

    Notífiquese personalmente

  3. Principal

    Visto lo de cuenta; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio número 818/2016, signado por el Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad, en ausencia del Procurador General de Justicia del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado por oficio 15033/2016-AH, de nueve de los actuales (foja 285), comunica la forma en que se dio el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto, anexando al efecto las constancias relativas a ello. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta, para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con el cumplimiento informado por la autoridad mencionada; en la inteligencia que una vez transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano judicial de amparo dictará la resolución fundada y motivada en que se declare si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio número 773/2016, signado por el Subprocurador de Control de Juicios y Constitucionalidad, en ausencia del Procurador General de Justicia del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y anexos, a través de los cuales pretende se le tenga dando cumplimiento al requerimiento realizado por oficio 12762/2016-AH, de doce de mayo del año en curso (fojas 265 y 266), relacionado con los efectos del fallo protector. Al efecto, la autoridad oficiante exhibe copias simples de las siguientes documentales: 4. Oficio número PGJE DGA/DRH 734/2016, signado por la Directora de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dirigido al Director General de Control de Procesos, en el que refiere anexarle copia del diverso número SSEyA/DGAP/1217/2016, suscrito por el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Finanzas, donde se detalla el pago del treinta por ciento del quejoso ***. 5. Oficio número SSEyA/DGAP/1217/2016, signado por el Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Finanzas, dirigido al Director General Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que le informa que el aquí quejoso fue dado de baja el quince de agosto de dos mil quince, con motivo de suspensión temporal por juicio laboral, y que referente al pago del treinta por ciento, se realizó a través de la nómina extraordinaria del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, comprendiendo de la segunda quincena de agosto de dos mil quince, continuando con el mismo cada quincena. 6. Anexo de desglose quincenal de los ingresos del quejoso ***. Como se puede advertir de las detalladas constancias, la autoridad responsable continúa sin dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo recaída a este juicio, en la que se resolvió que el pago de los haberes correspondientes al mínimo vital a realizar al aquí quejoso de manera retroactiva deben efectuarse a partir del dictado de la suspensión temporal reclamada que en autos quedó demostrada aconteció desde el tres de junio de dos mil quince, y no a partir del quince de agosto de ese año, como lo pretende la responsable, pues tal circunstancia no fue sometida a su discrecionalidad, sino a acatar lo ordenado en dicha ejecutoria. Es por ello, que por última ocasión se requiere a la autoridad responsable, para que en el improrrogable plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación del presente proveído, se sirva dar estricto cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos que se le han venido precisando y dentro del mismo plazo, lo informe a este Juzgado de Distrito, para lo cual habrá de comprobar de una manera pormenorizada y desglosada haber efectuado el pago al aquí quejoso a partir del tres de junio de dos mil quince, debiendo acompañar las constancias debidamente autorizadas que acrediten lo anterior. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a trescientas veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 258 , de la citada legislación. Asimismo, se informa a la autoridad responsable que conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, las ejecutorias deben ser puntualmente cumplidas, y en términos de lo establecido en el diverso numeral 193 de la propia ley, se considerará incumplimiento de las sentencias de amparo el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier que intervenga en el trámite relativo, con las consecuencias jurídicas que en este ordinal se precisan; al efecto, se transcriben de manera ilustrativa los preceptos citados. "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico".

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