Mario Paulino Pech Caamal y Otros.
Expediente 1125/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mario Paulino Pech Caamal y Otros.
- Mario Paulino Pech Caamal
- Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, a seis de noviembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por el Secretario en razón de la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, que autoriza y da fe.
- Principal
Atento a lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito del quejoso Mario Paulino Pech Caamal, mediante el cual pretende cumplir con la prevención que se le hizo en auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, toda vez que si bien precisa cual es el acto que por esta vía reclama, lo cierto es que no exhibió la copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, el cual se agrega a este expediente para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, resulta innecesario requerir a la parte quejosa dichas copias, toda vez que del escrito de cuenta se advierte una causa notoria y manifiesta de improcedencia, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, el acto reclamado en este juicio, lo constituye como se advierte del escrito aclaratorio, la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial de Estado, con sede en Umán, Yucatán, en el juicio de sucesión unidas de intestado 353/2018, de su índice, en la que concedió a Ana María Pech Caamal, una prórroga de diez días, a fin de que expida la inscripción vigente del predio que forma parte del caudal hereditario y un juego de copias simples del escrito en donde dé debido cumplimiento a la prevención antes mencionada para la Fiscal adscrita a ese Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar, con el apercibimiento que de no cumplir no se daría curso a la promoción, mandándose archivar el expediente como asunto concluido. Precisado lo anterior, cabe señalar que en contra del acto que reclama el promovente, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado no le causa un agravio personal y directo. En efecto, los artículos 6º y 61, fracción XXIII, de la ley de la Materia establecen: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Artículo 61. El juicio de amparo, es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Por su parte el diverso numeral 15 de la Ley de la Materia dispone: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De la interpretación literal del artículo 6° de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo sólo puede promoverlo la persona directamente agraviada por la ley o acto que estime violatorio de derechos humanos; no obstante cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, cualquier persona en los casos en que la propia ley de amparo lo permita. Asimismo, del citado numeral 15 se puede advertir que existe la posibilidad de que el juicio de amparo sea promovido por una persona diversa a la que resiente directamente el acto reclamado, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y cuando no se encuentra en estos supuestos sólo podrá instar la protección quien directamente pudiera resentir algún perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.9 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, página 412, que reza: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquél a quien la ley le otorga ese derecho." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo a la persona física o moral, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, según se aprecia de la demanda de amparo, ésta fue promovida por Mario Paulino Pech Caamal, sin embargo, en contra del acto reclamado por esta vía constitucional, es improcedente el juicio de amparo, ya que se surte de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no le causa un agravio personal y directo al promovente del mismo. Se afirma lo anterior, pues en su caso, quien sufriría en forma directa e inmediata dicha afectación es Ana María Pech Caamal, en virtud que la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, fue originada por ésta y no por el quejoso. Ello se advierte, del documento exhibido por Buenaventura Monsreal Canul, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante escrito de nueve de octubre de dos mil dieciocho, presentado ante este Juzgado el diez del mismo mes y año, consistente en copia simple de la resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, documento que hizo suyo el quejoso Mario Paulino Pech Caamal, en el escrito de cuenta, del que se evidencia que la promoción que originó la resolución reclamada no fue hecha por el quejoso, como se desprende de su contenido se refiere a la diversa Ana María Pech Caamal. Por esto, la demanda de amparo indirecto en materia civil, la petición debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, porque es el titular de la acción y el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos humanos; ello conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 123 del Volumen 97-102, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable toda vez de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En esas condiciones, al haberse actualizado esos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, procede desechar de plano la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º del mismo ordenamiento legal.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por Buenaventura Monsreal Canul, autorizado en término amplios de la parte quejosa, a través del cual pretende cumplir con la prevención formulada en proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho. En virtud de lo anterior, dígase al promovente que no ha lugar a tener por cumplida la prevención realizada en auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, en razón de que el requerimiento realizado en dicho acuerdo va dirigido a la parte quejosa, quien es la que sufrió el agravio personal y directo, esto es, por ser la titular de la acción, por ende se pone en evidencia que el cumplimiento de la prevención debe ser realizado directamente por la parte quejosa y no puede ser sustituida por aquéllos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo. En efecto, la satisfacción del cumplimiento de la prevención realizada en autos, es un requisito formal que debe realizarse por quien promueve directamente la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado, las autoridades responsables y le constan los hechos ocurridos y narrados en su demanda de amparo, de ahí que se le requiera sean expuestos bajo protesta de decir verdad. Por tanto, dígase a la parte quejosa que subsiste el requerimiento y apercibimiento, en los términos decretados en acuerdo de tres de octubre de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo por analogía, lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." También es aplicable por analogía lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Mario Paulino Pech Caamal, contra actos de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial de Estado, con sede en Umán, Yucatán, y otra autoridad, la cual fue exhibida con seis copias y cuatro anexos. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente sobre la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV y 114, párrafo primero, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, precise de manera clara: Cuál es el acto que por esta vía reclama a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial de Estado, con sede en Umán, Yucatán, autoridad que señala como responsable. En su caso, la fecha de la resolución reclamada, así como la fecha en que se le notificó la misma. Lo anterior es así, toda vez que si bien en el capítulo relativo al acto reclamado, refiere que de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial de Estado, con sede en Umán, Yucatán, reclama la negativa de continuar y nombrar albacea en el juicio de sucesión unidas de intestado 353/2018, de su índice, hasta que exhiba la copia certificada de inscripción vigente del predio marcado con el número ciento once, de la calle diecinueve, de la localidad de Bolón, Municipio de Umán, Yucatán, el cual forma parte del caudal hereditario. Sin embargo, en el apartado de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, hace alusión a la negativa del Juez de solicitar al Registro Público de la Propiedad y Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, la copia certificada de dicha inscripción vigente, sin precisar a qué resolución se refiere. Con el apercibimiento a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, dentro del término y forma señalados, únicamente se admitirá la demanda de amparo por cuanto al acto reclamado a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el que refiere en su escrito de demanda y como su autorizado en los términos amplios que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Buenaventura Monsreal Canul, en atención a lo señalado en la cuenta, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del precepto legal antes citado a las demás personas que menciona, lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, que autoriza y da fe.
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