Mario Palma Cuautle

Expediente 213/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
213/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Mario Palma Cuautle

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 14/2021-6, con número de orden 64/2021, que se envió para notificar a los autorizados de la parte quejosa el proveído de cinco de marzo del año en curso; consecuentemente, dese de baja a la comunicación oficial en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya necesidad de acusar recibo de la comunicación oficial recibida, en virtud de que fue envidada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y el acuse se genera automáticamente al momento de su envío. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que mediante proveído de cinco de marzo actual, se requirió a los autorizados de la parte quejosa vía exhorto para que dentro del término de tres días señalaran domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad; sin que a la fecha lo hayan hecho, plazo que les transcurrió del veinticuatro al veintiséis de marzo del año en curso; por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y se ordena al actuario de este juzgado, notificar a la parte quejosa en comento, por lista de acuerdos el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio recibido vía interconexión signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa-Enríquez, a través del cual informa que el órgano de su adscripción se avocó al conocimiento del presente juicio, continuando con la sustanciación del mismo, en virtud de que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada por el juzgado oficiante. En ese contexto, al no existir diligencia pendiente por practicar archívese el presente asunto como totalmente concluido, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a su destrucción, toda vez que encuentra en la hipótesis del artículo 20, fracción I, incido a), del citado Acuerdo General, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente para su debida destrucción. Notifíquese.

  3. Principal

    mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa de Enríquez, a través del cual remite: Original del juicio de amparo 40/2021, de su índice estadístico, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Mario Palma Cuautle. Once copias de traslado de la demanda de amparo. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 213/2021-6. Acúsese recibo. Ahora bien, del oficio y anexos que se reciben se advierte que el juzgado federal de mérito, por auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, determinó carecer de competencia en razón de territorio, para conocer de dicho juicio, en virtud que aduce que la ejecución de los actos reclamados en el presente asunto (órdenes de aprehensión, reaprehensión, presentación, detención, citación o comparecencia) serán en la jurisdicción en que reside este órgano jurisdiccional, pues en atención a su naturaleza, sus efectos se trasladan directamente a donde el impetrante se encuentra privado de su libertad (Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco), es decir, la ejecución de los actos reclamados a su criterio ocurrirá en esta ciudad. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA En ese tenor, contrario a lo que sostiene el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa de Enríquez, en su oficio de cuenta, este órgano de control constitucional estima que no se surte la competencia planteada en favor de este juzgado de distrito. Para demostrar tal aseveración, es necesario traer a contexto las siguientes consideraciones: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia. Por su parte, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y el diverso 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda; asimismo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior, permite diferenciar tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces ante quien se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, en el caso como anteriormente se indicó la parte quejosa señala como actos reclamados las órdenes de aprehensión, presentación, citación o comparecencia, así como su ejecución, actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables a) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz; b) Director General de la Policía Ministerial del Estado de Veracruz y c) Director y/o Coordinador y/o Jefe de la Policía de Campo de la Dirección General de la Policía Ministerial Encargada de dar cumplimiento a los mandamientos judiciales, todos con sede en en Xalapa de Enríquez, Veracruz. Sin embargo, de la lectura de los antecedentes del acto reclamado, el quejoso hace referencia que en enero de dos mil diecinueve fue acreedor al beneficio de la libertad condicional por el delito en materia migratoria en su contra, obligándose a firmar los días doce de cada mes, durante cuatro años, en la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad, Departamento de Prestaciones y Vigilancia, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México. Circunstancia que pudo realizar hasta el doce de noviembre de dos mil diecinueve, debido a que desde el siete de diciembre de ese año, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, por la probable comisión del delito de homicidio calificado, dentro de la carpeta de investigación CI-FHD-185/2019. Razón por la cual el impetrante de mérito, tiene el temor que se haya librado alguna orden de reaprehensión por el referido delito en materia migratoria, por haber incumplido en presentarse a firmar ante la autoridad correspondiente, como beneficio a la libertad condicional que le fue otorgada . Bajo ese contexto, se estima que por el momento la competencia legal para conocer del asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó el escrito inicial de demanda, toda vez que a la fecha no se advierte la existencia del acto que reclama el impetrante, así como su ejecución material, pues tratándose de un acto privativo de libertad (reaprehensión), una vez que las citadas autoridades responsables rindan sus informes justificados se podrá advertir si existe o no el acto reclamado y en qué lugar tendrá su ejecución esa orden reclamada; además que las autoridades señaladas como responsables, tienen su residencia en aquella ciudad. Es por ello, que en este momento procesal no existe la certeza que en esta jurisdicción en donde reside este órgano jurisdiccional se vaya a ejecutar la posible orden de reaprehensión de la cual se duele el impetrante, sino como se indicó, esto será hasta que las responsables rindan sus informes respectivos. De igual forma, no es óbice a lo anterior que el quejoso se encuentre recluido en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, pues en el caso la competencia surte en el lugar en que resida el juez que conoce del proceso penal instaurado en contra del impetrante, es decir, el que se le instruyó por el delito en materia migratoria, ya que es de dicho procedimiento penal de donde pudo haberse emitido alguna orden de captura, al haber dejado de acudir a firmar ante la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad. Por tanto, esa orden privativa de libertad de la que se adolece el quejoso, no se advierte que derive de actos relativos al diverso proceso penal por el cual se encuentra recluido en el reclusorio de esta ciudad, de ahí que al momento de ejecutarse el acto material de la orden reclamada, sus efectos se trasladarían directamente al proceso penal ya referido, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido con motivo del delito en materia migratoria. Apoya estas consideraciones la jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a.), que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 1071, tomo II, libro 53, Abril de 2018, materia común, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Consecuentemente, en virtud de lo antes expuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, respetuosamente sostiene que no es competente para conocer de este asunto; por tanto, previa integración del cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes, devuélvase al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa de Enríquez, los autos originales del presente juicio de amparo, así como las copias de traslado, para los efectos legales a que haya lugar; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del juicio en que se actúa. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizados a Gerardo García Cruz, Rodolfo Martínez Chavira, Leslie Maldonado Elizalde, Brayan López Carrera, Reyna Alejandra Vega Gutiérrez y Evelin Daniela Aguirre Velázquez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y al resto de las personas que mención, en términos restringidos del citado numeral por no contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual forma, téngase al quejoso, proponiendo formas especiales de contacto, como son el número telefónico que proporciona, así como el correo electrónico contacto@barakrabah.com; lo anterior, a fin de poder establecer comunicaciones no procesales. Ahora bien, como la parte quejosa se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación del presente proveído al impetrante se realice por el método alternativo de videoconferencia. Para ello, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción a fin que en coordinación con la autoridad penitenciaria correspondiente y a través del sistema de videocomunicación que otorga la plataforma denominada "ZOOM", programen fecha y hora para el desahogo de la diligencia ordenada. Lo anterior, a fin de salvaguardar la salud del fedatario de este órgano jurisdiccional, con motivo de la actual contingencia sanitaria, así como el respecto al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dotar de seguridad jurídica, a través del correo electrónico dirigido a la dirección creset2010@hotmail.com, mediante oficio, envíese a la precitada autoridad copia autorizada del presente acuerdo, a fin de que el encargado del departamento jurídico del referido centro carcelario le haga entrega al quejoso del mismo al momento de iniciar la práctica de su notificación. En atención a lo anterior, prevéngase a la aludida autoridad para que otorgue las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Apercibida que de no hacerlo, se les impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, ello con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. De lo anterior, el Actuario Judicial deberá levantar el acta pormenorizada de la diligencia de notificación que se ordena y deberá integrarla al expediente tanto físico como electrónico. Por otra parte, toda vez que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Floresta sin número, inmueble Barak Rabaha firma de abogados S.A. esquina con Boulevard San Buenaventura, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, líbrese exhorto vía interconexión al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcoyotl, en Turno, a fin de que en auxilio de la Justicia Federal y de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda, y notifique el presente proveído a la parte quejosa, por conducto de sus autorizados; de igual manera, deberá requerirlos para que en la propia diligencia o bien dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído señalen domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, con apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les hará por medio de lista de acuerdos, en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo. Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de su adscripción, realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. Finalmente, una vez diligenciado la comunicación en comento lo devuelva a este órgano constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Notifíquese; y por videocomunicación a la parte quejosa.

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