Mario Oscar Gutiérrez Núñez
Expediente 1058/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2016
Partes del expediente
- Mario Oscar Gutiérrez Núñez
- José Arturo Juárez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al cual acompaña testimonio de la ejecutoria pronunciada el seis de octubre de dos mil dieciséis en el expediente Q-197/2016, relativo al recurso de queja interpuesto en contra del auto pronunciado en el juicio de amparo 1058/2016-III promovido por José Arturo Juárez Rodríguez y Mario Oscar Gutiérrez Núñez, mismo que también devuelve. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Se confirma el auto recurrido. SEGUNDO.- Se desecha la demanda de amparo promovida José Arturo Juárez Rodríguez y Mario Óscar Gutiérrez Núñez, contra el acto del Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, consistente en el proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil marcado con el número de expediente 200/20166M." En consecuencia, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, acúsese el recibo correspondiente al Tribunal revisor, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso interpuesto y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción siguiendo los lineamientos contenidos en el Acuerdo de referencia. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que informa que por auto dictado el tres de agosto del año en curso, se admitió a trámite el Recurso de Queja, interpuesto contra el auto dictado el veintiuno de junio del año en curso, radicándolo como como Q-197/2016, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa por medio delcual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciséis. ríndase informe respectivo sobre la materia de la queja y envíesele con las conatnacias pertinentes, sin que haya lugar a dar vista alas partes por el plazo de tres días para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remtirse al asuperioridd, según lo dispuesto por el numeral 101 del citado ordenamiento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil dieciséis. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por José Arturo Juárez Rodríguez y Mario Oscar Gutiérrez Núñez, contra actos de Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1058/2016; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el promovente reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable ordenadora, C. Juez Sexto Especializado en materia Mercantil, de los de esta Capital, se reclama, el acuerdo de fecha 25 de Mayo del año 2016, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil marcado con el número de expediente 200/20l6/6M., de los radicados en el Juzgado Sexto Especializado en materia Mercantil, de los de esta Capital, y por virtud del cual entre otras cosas ordena que el que suscribe JOSE ARTURO JUÁREZ RODRIGUEZ, como depositario judicial nombrado en dicho juicio, debo justificar que cuento con bienes raíces bastantes para responder del secuestro judicial, o que no tengo para que se me caucione, sin que dicha resolución tenga fundamento legal alguno aplicable al caso, por no estar precedida por resolución que así lo hubiere ordenado anticipadamente a mi nombramiento y actuación en el juicio como depositario judicial, y sin que dicha resolución se encuentre debidamente fundada y motiva por los motivos que a continuación expresare, y con lo cual se violan nuestras garantías constitucionales y derechos humanos fundamentales, tal y como a continuación lo precisaremos." Precisado lo anterior, el suscrito advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para los agraviados acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Además, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, en la demanda de amparo, con valor probatorio pleno en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por constituir una confesión expresa, se colige que los aquí quejosos promovieron el juicio ejecutivo mercantil en contra de Margarita Domínguez Romero y Luisa Arce Arce o Luisa García Arce, radicándose con el 20/2016/6M en el Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla, por lo cual, es parte formal en el juicio y se encuentra en posibilidad de defenderse y en su caso de promover los medios de defensa que en su caso la ley determina. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que en el presente caso se actualizada la citada causa de improcedencia, toda vez que el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el juicio 200/2016, del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla, por el cual se ordenó al aquí quejoso justificara si cuenta o no con bienes raíces bastantes para responder del secuestro judicial, o se le requiera una caución, en razón del nombramiento de depositario judicial es recurrible de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio. Se afirma lo anterior, en razón a que los artículos 1,334 y 1,340 del Código de Comercio, vigente en el momento en que se interpuso la demanda que dio origen al juicio natural, esto es, en el dos mil quince, disponían lo siguiente: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Art. 1,340. La apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento." Del análisis de los preceptos aludidos se advierte que contra los autos procede el recurso de apelación o en su caso el de revocación, lo anterior, dependiendo de la suerte principal reclamada en la litis natural. Por ello, resulta lógico que si en el caso concreto, se advierte que el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dictado en el juicio 200/2016, del Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de Puebla, por el cual se ordenó al aquí quejoso justificara si cuenta o no con bienes raíces bastantes para responder del secuestro judicial, o se le requiera una caución, en razón del nombramiento de depositario judicial, es inconcuso que los impetrantes estaban en posibilidad de recurrirla en términos de los artículos descritos. Ello es así, pues al existir en la ley aplicable, el recurso o medio legal para recurrir el acto que afecta en la esfera jurídica del gobernado, y no habiendo impedimento legal alguno, que inhibiera a los ahora quejosos, accionar el mecanismo de defensa puesto a su disposición por el Código de Comercio, antes de acudir a la vía constitucional, misma que como ya se dijo con antelación, se vuelve improcedente en razón a la inobservancia de uno de los principios rectores del juicio de amparo, tal y como lo es el principio de definitividad. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. 4 REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a José Arturo Juárez Rodríguez. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.
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