Mario Osbaldo Acuña Reyes
Expediente 985/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Mario Osbaldo Acuña Reyes
Actuaciones
- Principal
El diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se da cuenta con una promoción registrada con folio 15352. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Administradora de Correos del Servicio Postal Mexicano, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado el seis de septiembre de dos mil veintitrés, informa que los oficios ******************** y ********************, fueron entregadas en tiempo y forma al destino correspondiente registrados bajo pieza postal MA023392441MX y MA023392455MX, respectivamente. Ahora, una vez ingresados los números de pieza postal en la página de seguimiento del Servicio Postal Mexicano, se advierte respecto de la primera la leyenda "REHUSADAS DOM POR NO SER"; en ese sentido, adjunto a oficio que derive del presente proveído remítase el diverso ********************, a la dirección correcta. Finalmente respecto del segundo de los oficios ********************, agréguese la pieza postal. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio el treinta de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo solicitado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por otra parte, en torno al cuaderno incidental de conformidad con lo previsto en el Artículo 17 fracción III inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; en razón de que se negó la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIBLE, en el término de tres años. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído al cuaderno incidental. Notifíquese.
- Principal
Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mario Osbaldo Acuña Reyes, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 985/2023 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Desechamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La fracción XXIII, del artículo 61, citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Carta Magna. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción IV, del artículo 107, de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede contra los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: a. actos en ejecución de sentencia; y b. actos de remate. a. En tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. b. En tratándose de remates, sólo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de remate es la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Sin embargo, existen casos de excepción, en los que no debe esperarse a promover el juicio de amparo hasta que se emita la última resolución dictada en la fase de cumplimiento de sentencia, como son aquellos actos que gozan de autonomía por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural (por ejemplo, cuando se trate de incidentes de liquidación para cuantificar la condena), ya que por esa razón estos actos no forman parte de la etapa de ejecución. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que incluso en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente excepcionalmente cuando se promueva contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen; es decir, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; teniendo como condición que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto de manera definitiva, pues al adquirir la condena la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. El criterio invocado se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 108/2011, visible página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." El criterio anterior resulta aplicable de conformidad con el artículo 6°, transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado que interpretan disposiciones que guardan identidad con las actuales. Sobre la base de lo expuesto, debe concluirse que las determinaciones tendentes a conseguir la ejecución de un juicio no constituyen actos autónomos a la etapa de ejecución del procedimiento, puesto que dichos actos inciden en la materia de cumplimiento de ejecutoria, al ser consecuencia directa e inmediata de la condena objeto de la sentencia en ejecución. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente contra una determinación emitida en la etapa de ejecución de sentencia que tiende a su cumplimiento, pues, en este caso, el juicio de derechos únicamente procede contra la última resolución dictada en esa etapa en la que se acepte o reconozca el cumplimiento total de la sentencia o la imposibilidad para darle cumplimiento, o bien, en la que se ordene el archivo definitivo del expediente, siempre y cuando no se afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. En la presente instancia constitucional, se reclama la cédula de notificación realizada al quejoso el de ocho de agosto dos mil veintitrés, por medio del cual se le hizo saber el contenido del auto de diecisiete de julio del año en curso, dictado dentro del juicio ejecutivo civil 41/2020, en el cual se ordenó el cumplimiento a la resolución dictada de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dentro de los autos del citado juicio. Del análisis integral de la demanda se advierte que la notificación del auto de diecisiete de julio del año en curso, fue emitida en la etapa de ejecución de sentencia y no lesiona ningún derecho sustantivo de la parte quejosa ajeno a la cosa juzgada. Asimismo, que el promovente del amparo es parte demandada en el juicio de origen. Por tanto es inconcuso que la notificación impugnada, forma parte del procedimiento natural en la etapa de ejecución de sentencia; respecto del cual es improcedente el juicio de amparo, pues éste únicamente procede contra de la última resolución emitida en la dicha etapa (supuesto en el que se pueden alegar todas las violaciones que hubieran acontecido). Lo anterior, tomando en cuenta que en el caso no se encuentran involucrados derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, debido a que la inconformidad base de la demanda de amparo se centra en la legalidad de la determinación dictada por la autoridad responsable, esto es, determinar si fue correcto o no tener por cumplido el fallo definitivo dictado en el juicio oral mercantil de origen. Por ende, si el artículo 107, fracción IV, dispone claramente que en los procedimientos de remate -como es el caso-, la última resolución es aquélla que dé por cumplido el fallo definitivo dictado en el juicio de origen; queda claro que el auto de diez de marzo del presente año en el que la autoridad responsable devuelve el billete de depósito a la parte demanda por indicar que éste debe ser entregado directamente a la parte actora, no es la resolución definitiva para la procedencia del juicio de amparo indirecto, tornando improcedente el mismo. Además tampoco se está en presencia de autos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata de ejecutar la sentencia, pues como lo relató la parte quejosa, el acto reclamado lo constituye la cédula de notificación realizada al quejoso el de ocho de agosto dos mil veintitrés, por medio del cual se le hizo saber el contenido del auto de diecisiete de julio del año en curso, dictado dentro del juicio ejecutivo civil 41/2020, por el cual se le requirió al demandado (aquí quejoso), dar cumplimiento a la resolución dictada en el referido juicio, la cual sí forma parte del cumplimiento de la sentencia definitiva; de ahí, que hasta este momento procesal, no existe determinación que tenga por cumplida la sentencia o exista imposibilidad en su cumplimiento. Resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Sin perjuicio de que en el momento en que se emita el auto que declare cumplida o determine la imposibilidad para darle cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio ejecutivo civil 41/2020, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, se hagan valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa; de ahí que si hasta este momento procesal no se han emitido cualquiera de las citadas determinaciones, no se está en presencia del último acto en la etapa de ejecución que haga procedente el juicio de amparo indirecto. En conclusión, al no tratarse de la última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, el presente juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Mario Osbaldo Acuña Reyes, en términos del artículo 113 de dicha legislación. Autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Efraín Mata Avalos, toda vez que sí tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, además, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Uso de medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados; con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. Exhortación a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en la fracción II, in fine, del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Integración del expediente. Se hace del conocimiento que, acorde a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando así lo considere este órgano jurisdiccional en atención a la dinámica de trabajo, el expediente físico contendrá únicamente las promociones recibidas en forma física y las constancias de notificación que se generen de la misma manera; esto es, las constancias y documentos presentados electrónicamente, así como las actuaciones y resoluciones firmadas electrónicamente, no serán integradas al expediente físico. Consulta del expediente. En la misma línea, se informa que las partes autorizadas para ello, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a este órgano, para consultar el expediente electrónico en los equipos que, en su caso, sean dispuestos para tal efecto; esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 41 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ley De Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente......
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Mario Luna González606/2021
- Mario Marín Reveles767/2016
- Mario Marín Reveles1927/2015
- Mario Márquez Sánchez3692/2014
- Mario Martínez Dominguez165/2023
- Mario Navarro Hernández873/2016
- Mario Osbaldo Acuña Reyes1103/2023
- Mario Osvaldo Torres Beltrán175/2015
- Mario Palacios Calderon132/2022
- Mario Pérez Castillo611/2019
- Mario Reyna Trejo3585/2014
- Mario Ríos Pérez275/2021