Mario Ortiz Contreras

Expediente 970/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
970/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Mario Ortiz Contreras
  • Maria del Rocio Arroyo Flores

Actuaciones

  1. Principal

    COMO DE LA CERTIFICACION...EL TERMINO DE CINCO DIAS QUE ESTABLECE EL NUMERAL 98 DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE LA PARTE QUEJOSA INTERPUESIERA RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL PROVEIDO QUE DERECHO LA DEMANDA DE GARANTIAS HA FENECIDO, SINQUE HAYA HECHO USO DE TAL DERECHO; EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE DICHO ACUERDO QUEDA FIRME, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. AHORA BIEN, COMO DEL ESTADO DE LOS AUTOS SE APRECIA QUE NO EXISTE ACUERDO PENDIENTE POR DUCTAR, NI DILIGENCIA POR PRACTICAR; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, HACIENDOSE LA OBSERVACION DE QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL CAPITULO QUINTO...

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, seis de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se efectuó la compensación de cargas ordenada en oficio 5849, que se contabilizó a favor de este juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio número 20590/2019 signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, al que acompaña el juicio de amparo 942/2019, mediante el cual informa que en proveído de dos de septiembre de la presente anualidad, dicho Juzgado determinó que no le correspondía conocer la demanda de amparo por considerar actualizada la hipótesis de turno prevista en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en virtud de que este órgano jurisdiccional conoció previamente de un diverso juicio de amparo cuyo acto reclamado derivó de la misma carpeta de investigación -; en esas condiciones, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto y acepta la competencia planteada, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, con el número II-970/2019-2. Acúsese recibo. De la lectura integral de la demanda de amparo signada por -, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán y otras autoridades, se advierten como actos reclamados los siguientes: .IV. ACTO RECLAMADO; La carpeta de integración NUC1003201909896, que se instruye en contra del suscrito -." Así como la invitación R.C.U. 5414/MOR/CJA/2019 de fecha veintitrés de agosto pasado en la cual se les invitó a acudir al Centro de Mecanismo Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado. El suscrito estima que procede desechar el libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, constitucional, así como los diversos 61, fracción XII, en relación con el 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo. Primero respecto del acto consistente en la integración de la carpeta de -. Para explicar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Es importante puntualizar que la afectación del interés jurídico o legítimo con el acto reclamado, constituye un requisito general de procedencia del juicio de amparo, el cual se encuentra establecido tanto en el artículo 107, fracción I, constitucional, como en los diversos 61, fracción XII, en relación con 5°, fracción I y con el 6°, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 107. [...] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos transcritos se advierte que para definir la procedencia de la acción de amparo, conforme al ámbito conceptual de esas normas, es necesario que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de derechos fundamentales, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. De ese modo, por perjuicio se debe entender la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho que cuando es transgredido faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ese quebranto o demostrar al menos, la existencia de un interés legítimo al respecto, consistente en la pretensión personal, individual o colectiva, cualificada, actual, real y jurídicamente relevante, susceptible de traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso de que se trate, derivado de un ataque a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra, pero que de anularse le reportará una ventaja o mejoría jurídica, por hallarse en una situación especial o cualificada respecto de ese acto de autoridad. En ese sentido, la afectación al interés (jurídico o legítimo), con relación al juicio de amparo surge cuando la actuación del órgano del Estado, causa perjuicio a la esfera legal del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de prerrogativas y obligaciones de los que es titular o, como ya se dijo, a partir de su específica pretensión cualificada frente al acto de autoridad; por tanto, para que los intereses de una persona merezcan el calificativo de jurídicos o legítimos, es menester que la facultad objetiva se haga cargo de ellos a través de una norma o que el acto de autoridad cuyo contenido normativo aunque no esté dirigido directamente a afectar los derechos del accionante, por sus efectos legales irradiados colateralmente, pueda ocasionarle un perjuicio o privación de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene con relación a éste o en el ordenamiento legal. En el contexto destacado, no se advierte que la sola radicación e integración de una carpeta de investigación en su contra, le reporte al quejoso alguna afectación a su interés jurídico o legítimo, porque tal acción constituye una decisión que con independencia de su legalidad, se realiza en ejercicio de la facultad constitucionalmente encomendada a la institución del ministerio público, en representación de la sociedad para la investigación de los delitos, en términos del artículo 21 del Pacto Federal, de manera que no se puede estimar como causante de una violación a derechos públicos subjetivos o que genere un efecto jurídico susceptible de causarle un daño o privarlo de un beneficio, en la medida que son emitidas en pleno ejercicio discrecional derivado del derecho social que corresponde al ministerio público respecto de la investigación de hechos delictivos que se hicieron de su conocimiento. Por ello, es evidente que la determinación del agente ministerial, de actuar con la encomienda constitucional referida, en cuanto a la investigación de hechos posiblemente delictuosos, no es susceptible de contraponerse con relación al interés particular de los imputados, no tutelado constitucional o legalmente, para que no se continúe con la investigación, porque implicaría anteponer el interés particular (a partir de su específica posición como imputado) al de la sociedad en dicho aspecto. Orienta el criterio del suscrito, por las razones jurídicas que la sustentan, la tesis aislada (X Región) 2o.1 P (10a.), emitida por la Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, visible en la página 2592, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." También es apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.3o.48 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1947, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." Finalmente tiene aplicación, la tesis aislada XXVII.3o.47 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1959, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de contenido siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos o determinar su no acreditación, es posible establecer que el solo inicio de una carpeta de investigación en contra de los quejosos no les irroga un perjuicio; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tales condiciones, el acto reclamado en mención, no causa agravio a los inconformes, pues con la sola integración de la carpeta de investigación no se agravia al indiciado, además de que no existe disposición legal alguna que permita a los gobernados oponerse a la labor ministerial. En consecuencia, lo procedente es desechar, la demanda de garantías respecto del acto reclamado consistente en LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN -. Ahora, respecto del diverso acto consistente en el oficio R.C.U. 5414/MOR/CJA/2019 de fecha veintitrés de agosto pasado mediante el cual se invitó al quejoso para que acuda al Centro de Mecanismo Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado, a fin de encontrar una alternativa de solución rápida y pacífica del conflicto relacionado con el delito de despojo cometido en agravio de -, por el cual se instruye la carpeta de investigación de referencia, conviene precisar que de las disposiciones legales antes mencionadas se obtiene, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, 205-216 Tercera Parte, Materia Común, página 127, que a la letra dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados, lo que se desprende de la tesis con número de registro 807072, que establece: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime directamente afectada, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En el caso concreto, la invitación contenida en el oficio R.C.U. 5414/MOR/CJA/2019 de fecha veintitrés de agosto pasado en el cual se le exhorta a Mario Ortiz Contreras, para que acuda al Centro de Mecanismo Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado a fin de encontrar una alternativa de solución rápida y pacífica del conflicto relacionado al delito de despojo cometido en agravio de -, no le causa afectación real y actual en su esfera jurídica dado que el principio rector de dicho medio alternativo de solución de conflictos es la voluntariedad de conformidad con los artículos 4, fracción I, 7, fracción IV, 10 último párrafo, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, esto es, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación, dado que no pueden ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a él. En esas condiciones, la invitación para comparecer a la etapa conciliatoria dentro de la carpeta de investigación que se instruye, no causa un afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, pues constituye solo una invitación para para comparecer a dicha diligencia, sin que se advierta apercibimiento alguno en caso de que decida no asistir; en consecuencia, lo procedente es desechar, la demanda de garantías respecto del acto destacado antes mencionado, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, primer párrafo, ambos de la ley de la materia. Sustenta a lo anterior, la Jurisprudencia XX.2o.P.C. J/1 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con número de registro 2016536, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, materia común penal visible en la página 1844 de rubro siguiente: "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". Conviene precisar que la falta de interés jurídico es propio abordarla en sentencia, pero en determinados casos en los que las circunstancias hacen evidente y patente la actualización de dicha causa de improcedencia, virtud a que a nada práctico conduciría tramitar el juicio de amparo, pues dichas circunstancias no cambiarían con ello, es dable su estudio en el auto inicial. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Asimismo, gírese oficio al Titular de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, a efecto de que se sirva hacer la compensación correspondiente dentro del presente juicio de amparo. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad y por autorizadas para ese efecto y para imponerse de los autos a las personas que refiere.

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