Mario Ocampo Ocampo
Expediente 186/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mario Ocampo Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó por una parte se determinó sobreseer este asunto y por el otro negar la protección Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó concederla. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por las Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual solicita se le autorice la consulta del expediente vía electrónica; al respecto se provee lo siguiente.. En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes de ese juzgado, para que autorice al Juzgado homólogo la consulta del expediente electrónico en línea del presente asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por la tercero interesada Emilia Rodríguez Contreras, mediante el cual señala domicilio procesal, designa autorizados y realiza manifestaciones a manera de alegatos. Al respecto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios los profesionales que refiere, siempre y cuando cuenten con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema de Registro de Profesionales de Derecho del Poder Judicial de la Federación. Por cuanto al correo electrónico y teléfono, que proporciona, dada la contingencia sanitaria que prevalece debido al fenómeno de salud pública derivado del virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), se tienen como medios de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Por otro lado, dígasele a la terceo interesada que respecto a los alegatos que vierte, estos se agregaran sin dictar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por auto de cuatro de diciembre del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del siete al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2636/2020, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Mario Ocampo Ocampo solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, Presidente Ejecutor y Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Secretario de Hacienda y Titular de la Coordinación de Política de Ingresos, todos del Estado de Morelos. Acto reclamado. "La falta de refrendo del secretario del ramo competente, respecto de la promulgación y publicación por parte de las responsables, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos." "1.- La aplicación y ejecución del artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos." "2.- El auto de fecha 21 de octubre del 2019." SEGUNDO. El doce de enero de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 186/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La expedición, promulgación, refrendo publicación y aplicación, 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. El auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio laboral 01/247/16. TERCERO. Certeza del acto reclamado. -Actos reclamados inexistentes Las autoridades responsables Secretaría de Hacienda del Estado y Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, negaron el acto reclamado, manifestando que no cuentan con ordenamiento alguno para ejecutar el crédito fiscal reclamado por parte del quejoso, sin que éste haya desvirtuado la negativa, no obstante que tal carga procesal le corresponde. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Así, dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha de presentación la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de amparo), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Apoya la Jurisprudencia 1a./J. 36/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de 1998, página 5, titulada: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN". Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante al segundo supuesto la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Se cita la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 181, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". En conclusión, al no allegar la parte quejosa medio convictivo alguno al sumario, ni existir prueba de la que se desprenda dicha circunstancia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo contra el acto en estudio, por razón de su inexistencia. Apoya lo anterior la tesis VII.1º.C.4 K, visible en la página 433, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". -Actos reclamados existentes. Del estudio que se hace a los informes rendidos, se advierte que las autoridades a las que se les reclamó el proceso de creación de la norma general reclamada aceptaron la existencia de la misma, por lo que el acto reclamado resulta cierto. Al respecto resulta aplicable, la tesis VII.3o.C.16 K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, septiembre de 2003, Página 1343, Registro 183 353, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Por ende, el tenerlo o no por cierto, no depende únicamente de lo manifestado en los informes rendidos por las autoridades responsables, pues aun cuando no los rindieran, ni se desvirtuara por las partes el contenido de los mismos, es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse realmente de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." En relación a la resolución que le reclama a las autoridades del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dichas responsables aceptaron el acto que se les reclama, además, la certeza de este surge de las constancias que remitieron junto con su informe y de las que se advierten la determinación de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio laboral 01/247/16. En ese orden de ideas, se concluye que resultan existentes los actos que se reclaman a las autoridades demandadas en el presente juicio de amparo. CUARTO. Casuales de Improcedencia desestimadas. Al momento de rendir su informe justificado, la Presidenta y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Empero, la causal invocada no se actualiza dado que los actos que reclaman sí afectan los intereses del quejoso, esto, pues en la resolución de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio laboral 01/247/16, se ordena multar al Presidente Municipal (cargo que ostenta el quejoso) por lo que los actos se encuentran dirigidos a su persona, y puesto que la responsable lo hizo de conformidad con artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo que implica que el pago se hará de su peculio y no del presupuesto, así como también se señala la posibilidad de que pueda ser separado de su trabajo, por lo que resulta inconcuso que dicho acto sí genera perjuicio a sus derechos; en consecuencia se desestima la casual invocada por las responsables. Estudio de la causal de improcedencia fundada. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia que se pudieran actualizar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se advierte que en el presente juicio de amparo, se reclamó del Secretario General del Gobierno del Estado de Morelos, por sí y en su carácter de Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, la publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad" del artículo 124 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Ahora, del estudio que se hace a la demanda se obtiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 08, fracciones III y VIII ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) VIII. Los conceptos de violación." Se determina que el presente juicio deviene improcedente, respecto del acto reclamado consistente en la publicación de los artículos 124, fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que se atribuye a la autoridad antes mencionada. Esto es así, ya que de los numerales en cita, se obtiene que cuando la parte quejosa reclama la publicación, deberá señalar como responsables a las autoridades inmiscuidas en su emisión únicamente cuando impugne esos actos por vicios propios, y exponer en consecuencia los conceptos de violación suficientes para destruir la pretensión de su constitucionalidad, caso contrario, es viable considerar este supuesto como una causa de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Se explica, la omisión de impugnar por vicios propios (conceptos de violación o causa de pedir) la publicación de las normas generales, al ser un requisito expreso de la demanda, necesario para la integración de la litis procesal, cuyo conocimiento no se adquiere en vía del informe con justificación, porque la ley, al igual que los actos del proceso legislativo, son hechos notorios, conlleva una falta de elementos para emitir un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de esos actos. En el caso concreto, si bien se reclama la publicación de las normatividades en cita, la impugnación no se basa en vicios propios de ese acto de autoridad, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la aprobación y promulgación de la norma general, lo cual actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 02 de octubre de 2015, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." En razón de las consideraciones expuestas de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, en concordancia con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer el acto reclamado a las autoridades responsables señaladas. En otro orden de ideas, este órgano de control constitucional, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que hace al proceso legislativo reclamado, de acuerdo a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la misma legislación, instituyen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como puede observarse, la fracción XIV de artículo 61 de la Ley de Amparo, previene que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la misma ley. Además, de los ordinales 17 y 18 del citado ordenamiento se obtiene que los gobernados cuentan con dos momentos para impugnar las normas de observancia general que consideren inconstitucionales, a saber: Dentro de los quince días siguientes a partir del primer acto de aplicación, en el supuesto de que se controvierta la norma con el carácter heteroaplicativa. Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley, si es autoaplicativa. En relación con el primero de esos supuestos, es decir, cuando se controvierten leyes heteroaplicativas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el acto concreto de aplicación que sirve de pauta para su impugnación puede derivar de la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación, de la actuación del propio agraviado que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos en la norma, o de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.128/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 119/2002-SS, con el número de registro 185450, localizable en la página 235, del tomo XVI, diciembre de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra normas heteroaplicativas, el gobernado debe impugnar su primer acto concreto de aplicación, el cual, de acuerdo con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede tener origen, por regla general, en tres formas: Por la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación; por la actuación del propio agraviado que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos en la norma; y, por parte de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley. Luego, si bien es cierto que cuando el quejoso se autoaplica una disposición que a la postre reclamará por inconstitucional o cuando es un tercero auxiliar de la administración pública el que realiza la aplicación de una norma en perjuicio del gobernado que la considera inconstitucional, no hay actos de las autoridades encargadas de la ejecución de ésta que hayan requerido su cumplimiento, esa circunstancia no implica que exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo interpuesta en contra de los actos de ejecución que se imputen a dichas autoridades, toda vez que la posibilidad de reclamar los actos de ejecución de una ley no se finca en el hecho de que haya sido la autoridad la que hubiere aplicado la disposición de que se trate en perjuicio del quejoso, sino en la intervención que hubiere tenido o pudiera tener para hacer cumplir la disposición que se estima inconstitucional, lo cual puede advertirse de las pruebas y de los informes que al efecto se rindan en el procedimiento respectivo. Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión, en tanto que a priori se le priva de la oportunidad de allegar los elementos de convicción que justifiquen la ejecución que lleva a cabo la autoridad ejecutora de la ley impugnada, por el solo hecho de no haber sido la que realizó el acto de aplicación del precepto reclamado." Al respecto, cabe citar por ilustrativa y en lo conducente la jurisprudencia I.15o.A. J/12, visible en la página 2071, del Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN QUE UNA NORMA GENERAL PUEDE CAUSAR AL GOBERNADO UNA AFECTACIÓN QUE LO LEGÍTIMA A PROMOVER EL JUICIO. En el escenario del juicio de amparo contra leyes pueden presentarse diversos supuestos en los que es posible ubicarse en la hipótesis de afectación de una norma de carácter general, a precisar: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor, al comprender la situación jurídica del particular afectado (norma autoaplicativa); 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa); 3. Aplicación tácita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en el acto controvertido; y 4. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido). En el primer caso, basta que el quejoso se encuentre ubicado en la situación regulada por la disposición para que se genere el perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin tener que esperar algún acto de aplicación para solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto del segundo caso, la autoridad responsable, el propio particular o un tercero que actúa por mandato de la ley actualiza los supuestos jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia están inmersas en el acto de aplicación. En cambio, en el tercer supuesto no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada, por lo que tanto la hipótesis como la consecuencia están implícitamente contenidas en el acto, de ahí que la observancia se actualiza de manera tácita. Finalmente, en cuanto a la aplicación negativa de una norma reclamada, la situación jurídica del quejoso es análoga, semejante, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por discriminación jurídica, siendo entonces la pretensión principal del solicitante del amparo la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas cuestiones, es decir, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualice sus efectos, sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo violaciones a garantías constitucionales, principalmente, por generalidad, igualdad o equidad tributaria en términos de lo dispuesto en los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República." Asimismo, como apoyo de lo anterior se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3212 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXVIII, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 328325, cuyo contenido no se opone a los postulados de la Ley de Amparo vigente, y establece: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidentes que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte." En el asunto particular, el quejoso señaló como acto reclamado: "La falta de refrendo del secretario del ramo competente, respecto de la promulgación y publicación por parte de las responsables, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos." Esto es, el peticionario de amparo acude ante la instancia constitucional a controvertir con carácter de heteroaplicativo, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el numeral 124, fracción I, que sirvió de sustento para imponerle una medida de apremio consistente en quince Unidades de Medida y Actualización. Ahora bien, como hecho notorio se invoca el diverso juicio de amparo 1116/2019, promovido por el mismo quejoso Mario Ocampo Ocampo, en el cual reclamó el auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 01/954/2015, tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mismo que refirió bajo protesta de decir verdad, haber tenido conocimiento el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Ahora bien, en dicha demanda, de manera esencial sostiene que le causa perjuicio el apercibimiento decretado en términos del numeral 124 de la Ley del Servicio Civil, por lo que es evidente que a partir de la data en que tuvo conocimiento de dicho acto, es que en su caso, debió combatir el proceso legislativo que dio origen al numeral que ahora pretende reclamar su constitucionalidad. Estimar lo contrario, permitiría que los quejosos pudieren reclamar cualquier norma heteroaplicativa con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicación, lo cual es contrario a la esencia de los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita por las consideraciones que la sustentan, la tesis 1a. V/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y la en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico." Aunado a lo anterior, dentro del propio juicio laboral de origen se desprenden diversos requerimientos de fechas anteriores al auto reclamado en esta vía, donde de la misma forma, se fundamenta en el propio artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En estas condiciones, se tiene como manifestación expresa del quejoso que el conocimiento del numeral tildado de inconstitucional lo tuvo desde la treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, es patente que el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió en exceso, tomando en consideración que la fecha de la presentación de la demanda de amparo aconteció el diez de febrero de dos mil veinte, como se desprende del sello de oficialía de partes que se encuentra impreso en el libelo de marras, sin necesidad de hacer un cómputo pormenorizado para evidenciar que la demanda de amparo deviene extemporánea respecto de la impugnación del precepto legal reclamado ya que ésta se presentó casi siete meses después. En este contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la falta de refrendo del secretario del ramo competente, respecto de la promulgación y publicación por parte de las responsables, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. QUINTO. Estudio del asunto. Al no advertirse diversa causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado por lo que hace al auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Como único concepto de violación encaminado a combatir el auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, dentro del juicio laboral 01/247/16, sostiene la parte quejosa, que se le impone una multa sin que se hubiese seguido un procedimiento en su contra, ello es así, toda vez que éste no fue parte en el juicio laboral de origen, y además, con lo anterior se lesionan sus derechos fundamentales al honor, dignidad y reputación. Es infundado el concepto de violación relatado, en atención a las siguientes consideraciones. En primer término, es menester citar lo dispuesto en los artículos 41, fracción XXXIX, 43, 44, 79, 82 y 83 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que señalan: "ARTÍCULO 41.- El Presidente Municipal es el representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y, como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones: [.] XXXIX.- Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, las resoluciones que en materia administrativa emita el Tribunal de los Contencioso Administrativo, así como de las demás resoluciones emitidas por las diferentes autoridades jurisdiccionales; y" "ARTÍCULO 43.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Presidente Municipal se auxiliará de los demás integrantes del Ayuntamiento, así como de los órganos administrativos y comisiones que ésta Ley establece." "ARTÍCULO 44.- El Presidente Municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte cuando el Síndico esté impedido física o legalmente para ello, o cuando éste se niegue a asumirla; en este último caso se obtendrá la autorización del Ayuntamiento, pero es este supuesto deberá dar cuenta inmediata de su actuación al Cabildo." En efecto, de los preceptos citados se desprende que los Presidentes Municipales son los encargados de cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado; asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Presidente se auxiliará de los demás integrantes del Ayuntamiento, así como de los órganos administrativos y comisiones que la Ley Orgánica establece. Por tanto, si de los citados preceptos legales se advierte que el Presidente Municipal es el encargado de dar cumplimiento a los laudos en que el Municipio fuese condenado, entonces resulta correcto que la responsable haya requerido de pago al Ayuntamiento demandado, por conducto de su Presidente Municipal. Es decir, no basta la simple manifestación por parte del quejoso, en el sentido de que se le impuso una multa en el juicio laboral de origen, sin ser parte en el mismo, y que por ende no se siguió un procedimiento en su contra. Esto es así, ya que si bien es cierto, la parte condenada dentro del sumario burocrático fue propiamente el Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, lo cierto es que la representación del mismo y la obligación de cumplir los laudos que emita el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, sí recae en el Presidente Municipal. De lo anterior se colige que si el Ayuntamiento demandado sí compareció a juicio, e incluso promovió amparo directo en contra de la sentencia definitiva, es inconcuso que los requerimientos efectuados a Mario Ocampo Ocampo, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento, no trastocan derecho fundamental alguno del quejoso. En ese sentido, si el tribunal laboral tiene la facultad legal para imponer la media de apremio en caso de incumplimiento a sus determinaciones, y si el quejoso no ha cumplido con el requerimientos de pago, entonces no es válido que alegue falta de fundamentación y motivación de la resolución que impuso la sanción reclamada ni violación a la garantía de audiencia, en la medida que esas dos circunstancias (la norma en cita y el incumplimiento) constituyen la fundamentación y motivación del auto reclamado, aunado a que una de sus funciones es precisamente la de cumplir los laudos que dicte la autoridad burocrática. Al ser infundados los conceptos de violación, se impone negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se; R E S U E L V E; PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mario Ocampo Ocampo, en su carácter de Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mario Ocampo Ocampo, en su carácter de Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, por los motivos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy cuatro de diciembre de dos mil veinte, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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