Mario Nocelo Munive

Expediente 618/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 33 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
618/2021
Año
2021
Actuaciones
33
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Mario Nocelo Munive
  • Magistrada Titular de la Primera Ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que acusa recibo del oficio 22694/2022, por el que se le comunicó la ejecutoria dictada en el presente juicio y se devolvió el toca penal ********************, copia auténtica de la causa judicial número ********************y dos discos versátiles; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a trece de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, mediante el cual comunica el resultado de la audiencia intermedia en la cual se dictó auto de apertura a juicio oral dentro de la causa judicial 205/2021 y solicita se le informe si la resolución dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa, ha causado estado; lo anterior a fin de seguir la secuela procesal de dicha causa judicial. Atento a ello, mediante oficio que al efecto se gire (al cual deberá anexarse copia del proveído de ocho de julio pasado), hágase del conocimiento de la autoridad oficiante, que, en proveído de ocho de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio en la cual se negó el amparo solicitado y en la misma data se ordenó el archivo definitivo del asunto, como totalmente concluido, lo anterior para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia con fecha de engrose treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la que se negó en el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DEPURABLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se ordena devolver a la autoridad responsable Titular de la Ponencia 1 Actuando como Magistrada Unitaria de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia Para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, los autos del toca penal de apelación 46/2021-1 del Sistema Acusatorio y Oral, un disco versátil Digital que contiene copia auténtica del audio y video de la audiencia de emisión de sentencia que resolvió el recurso de apelación de fecha seis de julio de dos mil veintiuno, copia auténtica de las constancias escritas de la causa judicial número 205/2021, y otro disco Versátil Digital que contiene copia auténtica de la audiencia inicial y su continuación de fechas dieciocho y veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, mismos que hizo consistir en dos tomos, de los cuales se ordenó su guarda por separado, solicitándose el acuse de recibo respectivo. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el Licenciado ********************, autorizado en términos amplios por el tercero interesado ********************, mediante el cual solicita causar ejecutoria la sentencia dictada en autos; atento a ello, dígasele que se esté a lo acodado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 618/2021, promovido por Mario Nocelo Munive; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido al día siguiente en este órgano jurisdiccional, Mario Nocelo Munive demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Magistrada Titular de la Primera Ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior Justicia del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La sentencia dictada en el toca penal 46/2021-1 de seis de julio de dos mil veintiuno que confirmó en grado de apelación el auto de vinculación a proceso de veintitrés de mayo de ese año, emitido en la causa judicial 205/2021-VII por la Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Actos que considera violatorios de los derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 20, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 14). SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. En proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se ordenó radicar la demanda con el número de juicio de amparo 618/2021-II y se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento (fojas 15 a 20, 25 a 30 y 55 a 62). De igual forma, en la tramitación del presente juicio de amparo se ordenó el emplazamiento a los terceros interesados, esto es, al Agente del Ministerio Público que intervino en el toca penal de origen, así como al ofendido Erasmo Ocho Díaz, diligencias que se efectuaron en los términos que obran en autos; asimismo, mediante escrito acordado el veintiocho de febrero del año en curso, el segundo de los nombrados se apersonó al presente juicio de amparo (fojas 32 y 170 a 177). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza penal y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de seis de julio de dos mil veintiuno, dictada por la Magistrada Unitaria de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala que confirmó la resolución de primera instancia en el toca penal 46/2021-1, relativo al recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto de vinculación a proceso dictado a Mario Nocelo Munive el veintitrés de mayo de ese año por la Juez Séptimo del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer en la causa judicial 205/2021-VII por el delito de feminicidio. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Magistrada Unitaria de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en virtud de que, al rendir su informe justificado, el cual obra a foja 37, aceptó el acto atribuido y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias autentificadas de las constancias escritas de la causa judicial 205/2021 del Juzgado Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y con el original del toca penal 46/2021-1 radicado ante la Sala Penal de origen, así como con los registros de audio y video de las audiencias llevadas a cabo por la Juez de Control y por la Magistrada responsable, que como apoyo a su informe justificado anexó dicha autoridad, esto en dos discos versátiles digitales donde obra el acto reclamado por el quejoso. A dichas documentales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Al respecto, se cita como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2004362 Instancia: Primera Sala Décima Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 43/2013 Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Como en el caso esta autoridad no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia y tampoco las partes las hicieron valer, a continuación, se analizan los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. No escapa a la consideración de esta autoridad, la circunstancia relativa a que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dentro del pedimento 071/2021 (fojas 55 a 59), argumente que este juicio constitucional resulta improcedente; sin embargo, las alegaciones que vierte en dicho ocurso hacen referencia a diverso juicio de amparo promovido por Cristina Vargas Vera y en el que figura como autoridad responsable la Directora del Centro de Readaptación Femenil del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en el cual el acto reclamado es la reubicación de área, así como el maltrato dentro de dicho centro de reclusión. Por tanto, no resulta procedente ocuparse de las alegaciones hechas valer por el fiscal federal, al resultar ajenas a la litis constitucional en el presente juicio de amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, es conveniente relatar el origen del acto reclamado, cuyos antecedentes se desprenden de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y que son los siguientes: 1.- Mediante oficio número 54/2021 de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Feminicidio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, solicitó audiencia inicial de formulación de imputación, vinculación a proceso, imposición de medidas cautelares y plazo de cierre de investigación, contra Mario Nocelo Munive por el hecho con apariencia de delito de feminicidio cometido en agravio de la Erika Ochoa Sampedro. A efecto de conducir a proceso al investigado, la fiscalía indicó al Juez de Control que el antes nombrado estaba detenido en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala por diversa causa penal (fojas 1 a 8 del cuaderno de pruebas, relativo a la copia autentificada de la causa judicial 205/2021). 2.- De dicho asunto correspondió conocer a la Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, quien en acuerdo de tres de mayo de dos mil veintiuno, radicó la causa judicial 205/2021, señaló las catorce horas con treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia inicial y ordenó la excarcelación del investigado Mario Nocelo Munive a efecto de que se le formulara imputación (fojas 9 y 10 ídem.). 3.- El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual el Agente del Ministerio Público formuló imputación a Mario Nocelo Munive, quien se reservó su derecho a declarar; asimismo, la fiscalía solicitó se dictara en su contra auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Erika Ochoa Sampedro y el imputado solicitó que su situación jurídica fuera resuelta en el término constitucional ampliado a ciento cuarenta y cuatro horas; finalmente, la Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Mario Nocelo Munive (fojas 29 y 30 de la causa judicial, así como el registro de audio y video contenido en un disco versátil digital (DVD) remitido por la autoridad responsable). 4.- El veintitrés de mayo de dos mil veintidós se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la cual el imputado y la Defensa no ofrecieron datos ni medios de prueba y previo debate entre las partes, la Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer dictó auto de vinculación a proceso a Mario Nocelo Munive por el hecho con apariencia de delito de feminicidio, previsto y sancionado en los artículos 229, fracción V, y 229 bis del Código Penal del Estado de Tlaxcala y fijó el plazo de cuatro meses para el cierre de investigación (fojas 32 a 34 de la causa judicial, así como el registro de audio y video donde consta dicho acto procesal). 5.- Inconforme con la anterior determinación, el defensor particular del imputado interpuso recurso de apelación y expresó agravios; atento a ello, en acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la referida Juez de Control corrió traslado a las partes con dicho escrito, a efecto de que estuvieran en posibilidad de contestar los motivos de inconformidad, a lo cual únicamente el Agente del Ministerio Público hizo uso de ese derecho, por lo que la mencionada juzgadora ordenó la remisión de las actuaciones al tribunal de alzada para la sustanciación del recurso hecho valer (fojas 36 a 65 de la causa judicial). 6.- En acuerdo de diez de junio de dos mil veintiuno, la Magistrada Interina Unitaria de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, radicó el toca penal 46/2021-1 y declaró bien admitida la apelación contra el auto de vinculación a proceso dictado a Mario Nocelo Munive; asimismo, estableció que al no existir petición de las partes para la celebración de la audiencia de aclaración de alegatos, señaló que en su momento se pondría el asunto a la vista para dictar la resolución correspondiente (fojas 2 a 4 del cuaderno de pruebas, relativo al original del toca penal 46/2021-1). 7.- Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Magistrada de la referida Sala Penal, señaló las once horas con quince minutos del seis de julio de ese año para la celebración de la audiencia de emisión de sentencia para resolver el recurso de apelación, para lo cual ordenó la citación de las partes (fojas 9 y 10 del toca penal 46/2021-1). 8.- El seis de julio de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia de emisión de sentencia, en la cual la Magistrada Interina Unitaria de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala confirmó el auto de vinculación a proceso dictado a Mario Nocelo Munive por el hecho que la ley señala como delito de feminicidio en agravio de Erika Ochoa Sampedro, para lo cual también emitió la versión escrita de dicha determinación (fojas 23 a 53 del toca penal 46/2021-1 y el registro audiovisual contenido en el disco versátil digital). SEXTO. Estudio del asunto. Son infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso, mientras que uno de ellos deviene inoperante, sin que se advierta deficiencia a suplir de oficio o que alguna de las normas aplicadas en el caso resulte violatoria de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Para sostener lo anterior, es necesario señalar que los motivos de inconformidad expresados por el impetrante contra el acto reclamado, los hace consistir esencialmente en que la resolución impugnada es violatoria de los artículos 14, 16 y 20, apartado B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones siguientes: 1.- Que la sentencia de segunda instancia reclamada viola los derechos de legalidad y seguridad jurídica, pues se dejó de observar que no se reúnen los extremos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el dictado de auto de vinculación a proceso, particularmente el relativo a la participación del imputado en el hecho delictivo. 2.- Sostiene que la autoridad responsable valoró indebidamente el dictamen en medicina forense y levantamiento de cadáver, así como las entrevistas rendidas por Eloisa Ochoa Sampedro, Margarita Marín Juárez, Carlos Alberto Quiñones Silva, María Cruz Ochoa y Sergio Miranda Mejía, aunado a que no se efectuó la diligencia de reconocimiento con la testigo nombrada en segundo término. 3.- Afirma que la resolución combatida no se encuentra fundada y motivada. 4.- Que se viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia. 5.- Que se infringió el derecho de acceso efectivo a la justicia, así como el principio de imparcialidad, toda vez que considera que la autoridad responsable únicamente tomó en consideración los datos de prueba aportados por el Ministerio Público y no ponderó las inconsistencias que existen en ellos. 6.- Finalmente, el quejoso refiere que la autoridad responsable debió aplicar a su favor el control de convencionalidad. Ahora bien, a fin de dar contestación a los conceptos de violación planteados por el quejoso, es necesario analizar la litis de fondo en el presente asunto, en función del estudio oficioso del acto reclamado, pues en la especie, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, debe imperar el beneficio procesal de suplencia de la deficiencia de la queja por ser el aquí quejoso, imputado en el procedimiento penal acusatorio de donde deriva el acto reclamado, así como a la luz de los motivos de queja propuestos por el solicitante de amparo. Al respecto, se invoca la tesis 160186 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "Registro digital: 160186 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal, Constitucional Tesis: 1a. CCL/2011 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 290 Tipo: Aislada "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. El principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen; para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por el imputado y su defensor; sin embargo, la oportunidad de las partes de intervenir directamente en el proceso, no puede traer como consecuencia que en el caso de una defensa inadecuada, por una deficiente argumentación en el debate de los elementos presentados en su contra, se deje al imputado en estado de indefensión, al no haberse controvertido correctamente su valor convictivo, menos aún en el caso de reservarse su derecho a realizar alguna manifestación, y que su silencio sea utilizado en su perjuicio, pues acorde con la fracción II, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no puede utilizarse en su perjuicio. En ese sentido, de la interpretación armónica del principio de contradicción con la institución de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, contenida en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que ambos procuran proteger ampliamente y apartándose de formalismos, los valores e intereses humanos de la más alta jerarquía, por cuyo motivo, tratándose de la materia penal, la suplencia se da aun en el caso de no haberse expresado conceptos de violación o agravios por el imputado, pues el órgano de control constitucional puede suplir no sólo su deficiente formulación, sino su total ausencia, pudiendo, por ello, el imputado y su defensor, a través del juicio de amparo, impugnar el alcance probatorio que asignó el juez de control o juez de garantía a los datos de investigación que motivaron la formalización del procedimiento y a los datos aportados en su defensa y, en consecuencia, el dictado del auto de vinculación a proceso, expresando las razones por las que a su juicio fue indebida dicha valoración; de estimar lo contrario, se vulneraría su derecho a una defensa adecuada contenido en la fracción VIII del apartado B, del citado artículo 20 constitucional. Como se adelantó, los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta agravio que suplir a favor del quejoso, acorde a las consideraciones siguientes: Por principio, es importante señalar que no se advierte violación a lo previsto en el artículo 14 Constitucional, pues del estudio a los autos se advierte que, previo a la emisión de la resolución que nos ocupa, se respetaron las formalidades de ley, como son el que la parte quejosa fue notificada del inicio de la tramitación del recurso que promovió su defensor particular, se le dio oportunidad de realizar las manifestaciones que a su derecho conviniera y también a su defensor y se dictó una resolución en audiencia oral en la que se resolvió sobre las cuestiones debatidas en el recurso de apelación, de la cual quedó constancia escrita (fojas 23 a 53 del toca de apelación y registro audiovisual de la audiencia de seis de julio de dos mil veintiuno). En este punto, cabe señalar que si bien el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé una audiencia aclaratoria de alegatos, cierto es también que dicho acto procesal únicamente será llevado a cabo a petición de parte o cuando el tribunal de apelación lo estime necesario. En el caso, del toca penal de donde emana el acto reclamado, se aprecia que no se celebró dicha audiencia; sin embargo, ello no transgrede las reglas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que de las consideraciones contenidas en las jurisprudencias 1a./J. 16/2021 (11a.) y 1a./J. 26/2021 (11a.) emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros digitales 2023535 y 2023737, se concluye que tal audiencia no es obligatoria ni de realización forzosa, pues únicamente se supedita a los dos supuestos ya establecidos (petición de pate o por disposición del tribunal). Por otra parte, del estudio integral de las constancias que componen el toca de apelación donde se dictó el acto reclamado, así como la videograbación de las audiencias de dieciocho y veintitrés de mayo, ambas de dos mil veintiuno, se advierte que, como bien lo apreció la Magistrada responsable, se encuentran reunidos, bajo el estándar indiciario que exige la resolución de la situación jurídica del imputado, los requisitos para vincularlo a proceso. Para sustentar la anterior afirmación, se considera pertinente transcribir el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, los cuales, en su orden, a la letra dicen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá´ exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así´ como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió´ o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso: "El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: "I. Se haya formulado la imputación; "II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; "III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y "IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. "El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. "El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.". De las disposiciones que anteceden, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. Los requisitos formales se refieren a los siguientes: 1.- Debe ser emitido, en el caso concreto de manera oral en audiencia, dejándose constancia por escrito, y por autoridad judicial competente. 2.- Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas, contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar a petición del imputado o su defensor. 3.- Que se haya formulado imputación. 4.- Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. 5.- Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez de Control puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6.- Debe expresar el hecho delictuoso que se imputa; así como las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En cuanto a los requisitos de fondo se deben satisfacer los siguientes: 1.- Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. 2.- Que ese hecho la ley lo señale como delito. 3.- La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 4.- Que se no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Sobre esa base, del examen de las constancias de autos, esto es, de los discos compactos que contienen los videos y audios de la audiencia inicial, así como su continuación, y en particular la determinación de segunda instancia combatida (seis de julio de dos mil veintiuno), se concluye que la Magistrada responsable estuvo en lo correcto al establecer que los requisitos formales se colmaron en el caso a estudio. Determinación a la que arribó con base a lo actuado por la Juez de Control, lo que llevó al tribunal de alzada a establecer, en primer lugar, que la resolución apelada fue emitida de forma oral, lo que constató con el registro audiovisual de la audiencia inicial y su continuación, habida cuenta que esta Juzgadora Federal corroboró tal circunstancia con el disco versátil digital anexo a su informe justificado, en el cual obran dichos actos procesales. También analizó la competencia del juzgado de primera instancia para emitir el auto de vinculación, respecto de lo cual determinó que dicho presupuesto procesal se encuentra satisfecho, lo cual también es acertado porque la Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer es competente para conocer de la causa judicial que nos ocupa, conforme a los artículos 20, fracción I, y 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 1º y 8º, fracción I, y 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. De igual forma, la Magistrada responsable estuvo en lo correcto al verificar que el auto de vinculación a proceso se dictó dentro del término constitucional ampliado a ciento cuarenta y cuatro horas a petición del imputado, toda vez que de la reproducción del disco versátil digital de la audiencia inicial de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se aprecia que la Juez de Control explicó al imputado los momentos en que podría resolver su situación jurídica, a lo cual Mario Nocelo Munive optó por su dilación (a partir de la hora 1:01:34 de la grabación de la audiencia inicial). En diverso aspecto, en la resolución reclamada se estableció que en actuaciones de la causa judicial de origen obra la imputación formulada por parte del Ministerio Público y se dio oportunidad a declarar al investigado, quien además previamente refirió que sí conocía sus derechos. También de forma adecuada se plasmó que el fiscal narró lo antecedentes de la investigación y estableció las circunstancias de tiempo, lugar y circunstancias de ejecución, al señalar que los hechos ocurrieron el día domingo veinte de diciembre de dos mil veinte, entre las nueve y once horas, ello en el hotel denominado "Los Pinos", ubicado sobre la carretera Xoxtla a Santa Isabel Tetlatlahuca, Tlaxcala, aproximadamente a doscientos metros del centro turístico "Val´quirico", sitio en el cual el imputado privó de la vida a Erika Ochoa Sampedro, ello mediante asfixia mecánica. Además, el tribual revisor estableció que la resolución apelada contiene la clasificación jurídica, la cual se estableció en los artículos 229, fracción V, y 229 bis del Código Penal del Estado de Tlaxcala, que disponen: "Artículo 229. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: . "V. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; "Artículo 229 Bis. Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva, de confianza o de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo anterior, se impondrán de cuarenta a setenta años de prisión y multa de dos mil ciento setenta a cuatro mil seiscientos veinte días de salario." Todo lo cual es concordante con el contenido del disco versátil digital remitido por la responsable que contiene los registros de la audiencia inicial y su continuación, por lo cual se califica de adecuada la determinación de la Sala Penal al tener por satisfechos tales requisitos, tópicos que abordó desde el minuto 17:53 de la audiencia de emisión de sentencia y de las fojas 26 a 29 del toca de apelación. En cuanto a los requisitos de fondo, se concluye que la Magistrada responsable, con acierto, compartió la decisión de la juez primaria al estimar que los datos de prueba son eficaces para demostrar el hecho en la ley señalado como delito de feminicidio y la probabilidad de que el imputado participó en el suceso ya descrito (a partir del minuto 25:45 de la audiencia de emisión de sentencia y foja 29 del toca de apelación). Para llegar a tal conclusión, la Sala responsable hizo el examen de la resolución recurrida conforme al artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 461. Alcance del recurso "El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. "Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente." De esta manera, en la resolución reclamada se sintetizaron los agravios del defensor particular recurrente y se dio contestación de forma puntual a cada uno de ellos. Así, la Magistrada responsable expuso los razonamientos lógico - jurídicos que llevaron a determinar que el auto de vinculación a proceso que dictó la juez de origen había sido correcto. Esto es, en el toca de apelación se compartió el criterio de la Juez de Control, en el sentido que los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público acreditan el hecho que la ley señala como delito de feminicidio, así como la probable participación de Mario Nocelo Munive. Para arribar a esa conclusión, la Sala responsable se apoyó en los datos de prueba que enseguida se relacionan: 1.- Dictamen de necropsia número 7312/2202, emitido por el perito José Eduardo Márquez Nava, en el que asentó que tuvo a la vista el cadáver de una persona del sexo femenino, quien perdió la vida por asfixia con mecanismo por sofocamiento y por estrangulamiento, respecto del cual se llevó el levantamiento en la habitación número ocho del auto hotel denominado "Los Pinos", ubicado en carretera Xoxtla de Santa Isabel Tetlaltlahuca, Tlaxcala, con hora de muerte entre las nueve y once horas. 2.- Acta de nacimiento de la víctima Erika Ochoa Sampedro. 3.- Entrevista de reconocimiento de cadáver realizada por Erasmo Ochoa Díaz y María Cruz Ochoa Sampedro, padre y hermana de la víctima, quien en vida respondía al nombre de Erika Ochoa Sampedro. 4.- Informe de criminalística de campo rendido por la perito Yaneth Hernández Flores, quien se constituyó en el lugar de los hechos, recolectó los indicios y estableció el sitio donde se realizó el levantamiento de cadáver. 5.- Entrevista realizada a Eloisa Ochoa Sampedro, quien refirió que a principios de enero de dos mil veinte, la víctima Erika Ochoa Sampedro le comentó que tenía problemas con Mario Nocelo Munive, pues era su pareja y era muy celoso; asimismo, que el diecinueve de diciembre de dos mil veinte, la ahora occisa le dijo que estaba entusiasmada con una nueva relación que tenía con otra persona y que por eso había tomado la decisión de terminar con el imputado, por lo cual la víctima se puso de acuerdo con su otra hermana, María Cruz Ochoa Sampedro, para ir a ver al sujeto investigado y concluir su relación con él. 6.- Entrevista de María Cruz Ochoa Sampedro, quien refirió que el veinte de diciembre de dos mil veinte, salió de su domicilio con la víctima Erika Ochoa Sampedro para hacer compras en Puebla, para lo cual tomaron un transporte público en Nativitas; que su hermana se bajó en la parada denominada la Y griega, en Santa Isabel Tetlatlahuca, Tlaxcala, esto aproximadamente a las ocho horas porque se había quedado de ver con Mario Nocelo Munive, con quien su hermana tenía una relación sentimental desde hace aproximadamente seis años, pero que ese día terminaría con él porque ya salía con otra persona; de igual forma, la testigo refirió que cuando la víctima descendió del transporte público, observó llegar al imputado en su vehículo color café. 7.- Entrevista a la menor de identidad reservada con iniciales A.V.O., hija de la víctima Erika Ochoa Sampedro, quien corroboró que su madre tenía una relación sentimental con Mario Nocelo Munive. 8.- Entrevista realizada a Margarita Marín Juárez, quien refirió ser empleada del hotel "Los Pinos" y que el veinte de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las nueve horas, llegó a dicho establecimiento una pareja en un vehículo color arena y les indicó que pasaran a la habitación número ocho, la cual contrataron por doce horas; que alrededor de las diez horas con cuarenta y seis minutos, el referido automóvil salió del hotel; que por ello, aproximadamente veinte minutos después, acudió a hacer la limpieza, pero vio en la cama una silueta de una persona cubierta con la sábana, por lo cual creyó que estaba dormida; que a las dieciocho horas salió de su turno y le comentó a su compañero Carlos Alberto Quiñones Silva que la habitación número ocho fue pagada por doce horas y que todavía estaba una persona. 9.- Entrevista de Carlos Alberto Quiñones Silva, quien refirió que el veinte de diciembre de dos mil veinte recibió el turno en el referido hotel y su compañera Margarita Marín Juárez le informó que la habitación ocho estaba ocupada y fue pagada por doce horas; que al concluir dicho lapso, aproximadamente a las veintiún horas, acudió a la habitación, en la cual tocó y no recibió respuesta, por lo cual en voz alta refirió que su tiempo había concluido y como nadie contestó, entró al cuarto y vio a una persona inmóvil, por lo cual dio avisó a la propietaria del hotel. 10.- Informe número 124/2021 rendido por elementos de la Policía de Investigación, quienes solicitaron la videograbación de hotel "Los Pinos", en la cual observaron el vehículo tipo "Accord", modelo mil novecientos noventa y ocho, placas de circulación XWP-4178 del Estado de Tlaxcala. 11.- Informe número 658/2020 rendido por elementos de la Policía de Investigación, quienes al efectuar su indagatoria observaron en la vía pública un vehículo con las características señaladas, el cual era lijado por quien dijo ser Sergio Miranda Mejía. 12.- Entrevista de Sergio Miranda Mejía, quien refirió que Mario Nocelo Munive es su vecino, quien el veintitrés de diciembre de dos mil veinte le envió mensajes y le preguntó que cuánto le cobraría por pintar un vehículo; que al día siguiente, el antes nombrado acudió a su domicilio y le dijo que le urgía que pintara su automóvil y lo cambiara de color. 13.- Dictamen en necropsia 7312/2020, en el que se estableció como hora de muerte de Erika Ochoa Sampedro, entre las nueve y las once horas de veinte de diciembre de dos mil veinte. Datos de prueba que la Magistrada responsable estimó que constituyen indicios razonables que expresan el grado de credibilidad suficiente en términos de lo dispuesto por el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para tener por justificado, en grado de suposición, la comisión del delito de feminicidio, además de que con dichos datos de prueba de forma acertada integró la prueba circunstancial para establecer que el aquí quejoso participó de forma probable en tal suceso. Por tal motivo, consideró correcta la determinación de la Juez de control de origen al emitir el auto de vinculación a proceso, aunado a que estimó que en la especie no se acreditaron causas de inimputabilidad o excluyentes del delito. Así, se estima apegado a la legalidad que la Sala responsable justificara aquella decisión, en función de los datos de prueba que fueron reseñados por el agente ministerial, y que con base en ellos coligiera que, en la especie, se encuentran colmados los requisitos para la vinculación a proceso por los hechos imputados. De esta manera, no asiste la razón al quejoso cuando refiere que se valoró de manera inadecuada el dictamen médico legal y forense de levantamiento de cadáver, reconocimiento y necropsia de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, pues el impetrante sostiene que en dicha opinión, el perito estableció que la causa de muerte de Erika Ochoa Sampedro fue por asfixia con mecanismo mixto de sofocación y estrangulación, pero a la vez se menciona que el cadáver no cuenta con lesiones físicas externas recientes al momento del examen. Al respecto, debe señalarse que es inexacto que la Magistrada responsable haya ponderado incorrectamente esa circunstancia, pues en la resolución reclamada se otorgó valor probatorio al referido dictamen porque dicha autoridad tomó en cuenta que en la continuación de la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público debatió respecto a dicho punto y afirmó que dentro de las observaciones que efectuó el perito, estableció que observó una lesión de arterias carótidas internas, lo que se traduce en un mecanismo de lesión por estrangulación y por el hallazgo de papel en la glotis, que implica un mecanismo lesivo por sofocación (minuto 37:51 de la grabación de audiencia de emisión de sentencia y foja 32 del toca de apelación). Tal consideración se estima acertada para acreditar la materialidad del hecho delictivo, pues como bien lo refirió la Sala Penal responsable, el fiscal precisó las anteriores circunstancias que denotan la existencia de lesiones en la víctima, lo que permite otorgar eficacia al dato de prueba en cuestión, como se aprecia al minuto 21:38 de la grabación donde consta la continuación de la audiencia inicial de veintitrés de mayo del año en curso; por tanto, es infundado lo alegado por el quejoso. Y, en cuanto a la justificación de los datos que reflejan la probable participación del quejoso, se estiman suficientes los que ponderó la Sala responsable, mismos que fueron invocados por el ente ministerial ante la Juez de Control en la audiencia inicial. Así las cosas, son infundados los conceptos de violación sintetizados en los numerales 1 y 2, pues contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la Magistrada responsable integró de forma adecuada la prueba circunstancial, toda vez que partiendo de hechos conocidos, logró establecer de manera lógica que Mario Nocelo Munive fue la persona que intervino en grado probable en la comisión del hecho con apariencia de delito de feminicidio. En efecto, la determinación reclamada se encuentra ajustada a derecho, pues de la entrevista realizada a María Cruz Ochoa Sampedro se advierte que el día de los hechos, la víctima Erika Ochoa Sampedro decidió terminar la relación sentimental con Mario Nocelo Munive, quien pasó por ella a la parada del transporte público, para de ahí acudir al hotel donde ocurrieron los hechos, al cual ingresaron en el vehículo en el que fue visto por la testigo en mención. Aunado a ello, de la declaración de Margarita Marín Juárez, empleada del hotel, se advierte que el automóvil salió del establecimiento y en la habitación permaneció una persona, quien resultó ser la occisa; a su vez, de lo expuesto por Sergio Miranda Mejía se aprecia que el ahora quejoso lo buscó días después de los hechos para que cambiara el color de su automóvil. Por ello, se estima acertado que la autoridad judicial responsable haya confirmado la decisión de vincular a proceso a Mario Nocelo Munive, con base en la prueba circunstancial; de ahí que se estime infundado el concepto violación a estudio, en el cual el impetrante refiere que no se encuentra acreditada su participación en el hecho, pues al respecto, debe decirse que pese a que no exista un señalamiento directo en su contra y tampoco un testigo presencial del suceso, es claro que los indicios apuntan a que en grado probable intervino en el hecho delictivo. Para sostener la adecuada valoración de los datos de prueba que efectuó la autoridad responsable, se cita la tesis 1a. CCLXXXIII/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "Registro digital: 2004757 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a. CCLXXXIII/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 1058 Tipo: Aislada "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la prueba indiciaria o circunstancial es aquella que se encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de unos hechos denominados indicios, mismos que no son constitutivos del delito, pero de los que, por medio de la lógica y las reglas de la experiencia se pueden inferir hechos delictivos y la participación de un acusado. Esta prueba consiste en un ejercicio argumentativo, en el que a partir de hechos probados, mismos que se pueden encontrar corroborados por cualquier medio probatorio, también resulta probado el hecho presunto. Así, es evidente que dicha prueba tiene una estructura compleja, pues no sólo deben encontrarse probados los hechos base de los cuales es parte, sino que también debe existir una conexión racional entre los mismos y los hechos que se pretenden obtener. Es por ello que debe existir un mayor control jurisdiccional sobre cada uno de los elementos que componen la prueba. Adicionalmente, es necesario subrayar que la prueba circunstancial o indiciaria no resulta incompatible con el principio de presunción de inocencia, pues en aquellos casos en los cuales no exista una prueba directa de la cual pueda desprenderse la responsabilidad penal de una persona, válidamente podrá sustentarse la misma en una serie de inferencias lógicas extraídas a partir de los hechos que se encuentran acreditados en la causa respectiva. Sin embargo, dicha prueba no debe confundirse con un cúmulo de sospechas, sino que la misma debe estimarse actualizada solamente cuando los hechos acreditados dan lugar de forma natural y lógica a una serie de conclusiones, mismas que a su vez deben sujetarse a un examen de razonabilidad y de contraste con otras posibles hipótesis racionales. Así, debe señalarse que la prueba indiciaria o circunstancial es de índole supletoria, pues solamente debe emplearse cuando con las pruebas primarias no es posible probar un elemento fáctico del cual derive la responsabilidad penal del acusado, o cuando la información suministrada por dichas pruebas no sea convincente o no pueda emplearse eficazmente, debido a lo cual, requiere estar sustentada de forma adecuada por el juzgador correspondiente, mediante un proceso racional pormenorizado y cuidadoso, pues sólo de tal manera se estaría ante una prueba con un grado de fiabilidad y certeza suficiente para que a partir de la misma se sustente una condena de índole penal." Por otra parte, es igualmente infundado lo expresado por el quejoso cuando refiere que no existen elementos para acreditar su participación porque no se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento por parte de Margarita Marín Juárez, empleada del hotel donde ocurrieron los hechos. En torno a ello, la autoridad responsable, al resolver el toca de apelación, acertadamente ponderó que dicho acto procesal pudo haber sido incorporado en la continuación de la audiencia inicial; sin embargo, la defensa y el imputado no aportaron datos de prueba ni medios de prueba (hora 1:02:02 de la grabación de audiencia de emisión de sentencia y fojas 38 vta. y 39 del toca de apelación). Aunado a ello, se comparte con la Magistrada responsable cuando sostuvo que los datos de prueba aportados por la fiscalía son idóneos y suficientes para acreditar la participación del imputado - aquí quejoso - en los hechos atribuidos; por tanto, se concluye que el concepto de violación que se analiza es infundado, pues aunque no recabó la diligencia de reconocimiento a la que se hace mención, lo cierto es que los indicios referidos por el Ministerio Público son adecuados para el dictado del auto de vinculación a proceso, como se ha establecido con anterioridad en esta sentencia. Por lo que hace al concepto de violación resumido con el número tres, y contrario a lo sostenido por el quejoso, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado está fundado y motivado. En efecto, es criterio del Máximo Tribunal del país que para considerar que un acto está fundado y motivado, se debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, pero además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. En el caso, se observa que la determinación reclamada cumplió con dichos requisitos formales porque en ella, la Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, citó los preceptos legales que prevén y sancionan la conducta típica atribuida al ahora impetrante y las disposiciones legales que sirvieron para ponderar que los datos de prueba aportados por el fiscal son aptos para vincular al imputado a proceso, lo cual condujo a confirmar la resolución apelada. Además, se expresaron las causas y razones que se tomaron en cuenta para concluir por qué, en concepto de la Magistrada responsable, debían desestimarse los agravios hechos valer en la instancia recursiva. De ello se concluye que, en su aspecto formal, la Magistrada de origen fundó y motivó su resolución en la que decidió confirmar la vinculación a proceso a Mario Nocelo Munive; por lo tanto, no asiste la razón al impetrante cuando en su demanda aduce que el acto reclamado viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 176546 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162 Tipo: Jurisprudencia "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por otra parte, en el siguiente concepto de violación, el quejoso refiere que en la resolución combatida en esta vía constitucional se infringió el principio de presunción de inocencia. Lo anterior es igualmente infundado, pues de los registros de audio y video remitidos por la autoridad responsable que contienen las audiencias celebradas ante la Juez de Control y en la Sala Penal que conoció del recurso de apelación, se aprecia que el mencionado derecho le fue respetado al quejoso en su calidad de imputado, esto en virtud de que los datos de prueba invocados en la audiencia inicial por el Agente del Ministerio Público resultaron útiles para la acreditación del hecho establecido en la ley como delito y que es factible atribuir su comisión a Mario Nocelo Munive, aunado a que los referidos datos de prueba fueron recabados legalmente por la institución ministerial, a quien le corresponde la carga probatoria y que como órgano de acusación los refirió en su solicitud de vinculación a proceso. Además, la Magistrada responsable no revertió la carga de la prueba al imputado, pues del análisis al registro de audio y video de la audiencia de emisión de sentencia en segunda instancia, se aprecia que los datos de prueba ponderados en la resolución reclamada fueron los que expuso la institución ministerial, sumado al hecho que la autoridad del conocimiento no tomó como dato incriminatorio la circunstancia que Mario Nocelo Munive haya ejercido su derecho a no declarar, ni mucho menos valoró tal situación en su perjuicio. Por ello, queda claro que se ha respetado el derecho a la presunción de inocencia como regla probatoria, conforme lo ha definido la Primera Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 25/2014 (10a.), que dice: "Registro digital: 2006093 Instancia: Primera Sala Décima Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 25/2014 (10a.) Página: 478 "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "regla probatoria", en la medida en que este derecho establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado." Además, ese derecho también ha sido respetado en su vertiente de trato procesal, en virtud de que hasta la etapa procedimental en que se dictó la resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso, con el estándar probatorio que ello implica, únicamente se ha considerado que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin hacer pronunciamiento alguno sobre su absoluta responsabilidad en los hechos atribuidos y será en ulteriores etapas donde se analice si se encuentra o no acreditada a plenitud su responsabilidad, por lo cual es claro que durante la secuela procesal la defensa y el imputado estarán en posibilidad de controvertir los indicios de carácter incriminatorio aportados por el órgano de acusación. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 2006092 Instancia: Primera Sala Décima Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 24/2014 Página: 497 "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." En el concepto de violación señalado con el número cinco, el quejoso afirma que se infringió el derecho de acceso efectivo a la justicia y el principio de imparcialidad, dado que la Magistrada responsable únicamente tomó en consideración los datos de prueba aportados por el Ministerio Público y no ponderó las inconsistencias que existen en ellos. En torno a ello, es de señalarse que la parte quejosa realiza las anteriores afirmaciones de manera genérica y sin concretizarlas en determinado actuar de la responsable, aunado a que no expone cuáles son las inconsistencias en las que, desde su punto de vista, incurrió la fiscalía. No obstante, en el acto reclamado no se aprecia que la Magistrada de la Sala Penal haya actuado de manera parcial a favor de los intereses del Ministerio Público, toda vez que su decisión la basó única y exclusivamente en los datos de prueba expuestos de manera verbal, los cuales valoró de manera libre conforme a las reglas de la lógica, habida cuenta que durante la continuación de la audiencia inicial ante la Juez de Control, se dio oportunidad al imputado y a la defensa para que aportaran datos y medios de prueba para desvirtuar la imputación formulada e incluso se les otorgó el uso de la palabra para contestar la solicitud de vinculación a proceso formulada por la fiscalía, a lo cual el defensor particular hizo uso de ese derecho; de ahí, que no pueda establecerse que se dio un trato diferenciado al ahora quejoso. Máxime que esta autoridad judicial no advierte que existan discordancias en el contenido de los datos de prueba narrados por la parte acusadora al solicitar la vinculación a proceso. Además, contrario a lo afirmado por el impetrante, la Magistrada que resolvió el recurso de apelación, sí atendió a todos y cada uno de los agravios planteados en esa instancia, para lo cual primero los sintetizó y posteriormente procedió a dar contestación a cada uno de ellos, sin que se advierta que haya dejado de analizar algún motivo de inconformidad (así se aprecia desde el minuto 40:02 de la audiencia de emisión de sentencia y a partir de la foja 32 vta. de la versión escrita). Finalmente, en el último concepto de violación, el quejoso afirma que se debió aplicar a su favor el control de convencionalidad. Tal motivo de inconformidad deviene inoperante, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo no se advierte que el quejoso exponga cuál es el derecho humano que en ese sentido estima infringido y tampoco expresa la norma a contrastar, aunado a que tampoco especifica el agravio que le produce; por lo tanto, no es dable realizar el análisis que propone, máxime que esta autoridad judicial no advierte que la sentencia de segunda instancia reclamada genere infracción a los derechos fundamentales del quejoso. Se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXVII.3o. J/11 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2008514 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XXVII.3o. J/11 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2241 Tipo: Jurisprudencia "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. SI SE SOLICITA SU EJERCICIO Y NO SE SEÑALA CLARAMENTE CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE SE ESTIMA INFRINGIDO, LA NORMA GENERAL A CONTRASTAR NI EL AGRAVIO QUE PRODUCE, DEBE DECLARARSE INOPERANTE EL PLANTEAMIENTO CORRESPONDIENTE. Si bien el control difuso de constitucionalidad -connotación que incluye el control de convencionalidad-, que se ejerce en la modalidad ex officio, no está limitado a las manifestaciones o actos de las partes, cuando se solicita su ejercicio deben señalarse claramente los elementos mínimos que posibiliten su análisis, es decir, cuál es el derecho humano que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que produce, pues, de no ser así, el planteamiento correspondiente debe declararse inoperante, ya que fuera del cumplimiento del principio iura novit curia, el juzgador no está obligado a emprender un estudio "expreso" oficioso de los derechos humanos o preceptos constitucionales o convencionales que se le transcriban, o que genéricamente se invoquen como pertenecientes al sistema." En las relatadas circunstancias, al ser infundados los conceptos de violación e inoperante uno de ellos, y al no advertir deficiencia en la queja que amerite ser suplida, se niega a Mario Nocelo Munive, la protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horas disponibles en que pueda acceder a este Juzgado de Distrito y al horario de labores del centro de fotocopiado (de nueve a doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mario Nocelo Munive, atento a lo expuesto en el considerando sexto de la presente sentencia. SEGUNDO. Captúrese esta resolución, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable y a las que le reviste el carácter de tercera interesada. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

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