Mario Morlan Contreras

Expediente 514/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
514/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Mario Morlan Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    VII... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral citado.

  2. Principal

    VII... Vista la demanda de amparo promovida por Mario ... por propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 514/2022-VII. Del análisis integral del escrito de demanda, el cual se observa como un todo, se advierte que la parte quejosa señaló textualmente como actos reclamados los siguientes: "A) DE LA AUTORIDAD ORDENADORA, LA ILEGAL E INDEBIDA FALTA DE EMPLAZAMIENTO, DENTRO DEL EXPEDIENTE: 291/2022, TRAMITADO EN EL JUZGADO TRIGESIMO QUINTO (35) DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO, toda vez que el suscrito no fui debidamente notificado en mi domicilio, y, como subsecuente, se deje sin efectos todo lo actuado en el juicio. B) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO REALIZADO POR LAS SEÑALADAS, REALIZADO EN FECHA DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE EXHORTO 142/2022, QUE EMANA DEL EXPEDIENTE DE ORIGEN TRAMITADO BAJO EL NÚMERO 291/2022, DEL JUZGADO TRIGESIMO QUINTO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MEXICO, ELLO POR NO ESTAR AJUSTADO A DERECHO NI CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY ADJETIVA, REALIZANDO UN MAL EMPLAZAMIENTO, POR NO HABER EMPLAZADO AL QUEJOSO EN MI DOMICILIO HABITUAL, O, LABORAL, Y, BAJO LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA LA NOTIFICACIÓN." Al efecto, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, el desechamiento de la demanda de amparo, se funda en razones de improcedencia de la acción constitucional, por lo que no corresponde examinar el fondo de la cuestión planteada limitándose a los requisitos de procedencia de la acción intentada, sin que se pueda involucrar el examen de los conceptos de violación, de ser así se atentaría contra la técnica que rige en el amparo. En el punto uno del capítulo de antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa refiere que el veinticuatro de abril del año en curso por voz del dueño del gimnasio al que asiste, se enteró que la recepcionista el día diecinueve de abril anterior recibió unos documentos a su nombre pues le indicaron que había dicho ahí trabajaba; que por consejo de su abogado para evitar problemas de índole laboral, con un escrito los devolvieron al juzgado indicándole que se había quedado con una copia que su abogado le dijo guardara. Posteriormente al solicitarle al dueño del gimnasio los documentos, le entregó tres hojas en las que se advierte se le notifique en su centro de trabajo donde presta sus servicios como instructor, de una demanda de índole familiar de guarda, custodia y pensión alimenticia proveniente del juzgado Trigésimo Quinto Familiar de la Ciudad de México con número de expediente 291/2022, y que fue entregado un instructivo por personal del Juzgado Tercero Familiar de Cuautitlán Izcalli, relativo al exhorto 142/2022. Lo vertido en ese sentido por el peticionario de amparo en su demanda se trata de una confesión expresa con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, se estima que se actualiza en modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 107, fracción III, inciso b) constitucional; y, 107 fracción V, interpretadas a contrario sensu, así como 171 y 172 fracción I del primer ordenamiento legal citado. Ciertamente, el precepto legal aludido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del numeral transcrito, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 107, fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Los artículos 171 y 172 fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden dicen: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; (.)" De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un procedimiento, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte a través de los derechos fundamentales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. Sobre la base expuesta, debe puntualizarse, que el acto reclamado consistente en el emplazamiento realizado y ejecutado el diecinueve de abril del año en curso por personal adscrito al Juzgado Tercero Familiar de Cuautitlán Izcalli; no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no afecta directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales del gobernado (libertad, vida, propiedades, posesiones vida, libertad, intimidad, etc.) y las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, en vigor, define en forma concreta que los actos de imposible reparación, son aquellos que materialmente afectan los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; en otras palabras, excluyó la posibilidad de interpretar qué actos podrían ser considerados como de imposible reparación, limitándolo a los que transgredieran materialmente derechos sustantivos. Ciertamente, el acto reclamado ningún perjuicio irreparable le irroga al justiciable, en virtud de que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues es claro que el emplazamiento por sí mismo no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por los derechos fundamentales, dado que la parte quejosa está en posibilidad de ser oída y vencida en juicio; máxime que tiene conocimiento del juicio de origen y por consecuencia, está en aptitud de imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del mismo e incluso obtener sentencia favorable, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En última instancia, la falta de emplazamiento o su ilegalidad, puede ser combatida como violación procesal mediante el recurso de apelación que haga valer en contra de la sentencia definitiva en caso de ser desfavorable a sus intereses, y en amparo directo que en su oportunidad promueva contra la sentencia de segunda instancia que sea contrario a sus pretensiones, pues en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Además, como acto dentro de juicio, tampoco participa de una afectación superior, que deba ser analizada mediante el juicio constitucional sin necesidad de esperar al dictado de la sentencia definitiva, ni con tal acontecimiento se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa, porque en todo caso podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, previa preparación legal en el que será factible impugnar la mencionada violación en caso de haber trascendido al resultado del fallo que resuelva el juicio de origen. Máxime que por lo narrado en la demanda, no se puede llegar a la conclusión de que sea procedente el amparo indirecto por haber sido indebidamente emplazado, si la diligencia que tilda de ilegal es reciente y no aporta dato alguno que corrobore ya se dictó sentencia contraria a sus intereses en el juicio natural; de ahí que no se le puede considerar inaudito y por ello en aptitud de admitir la demanda en contra de todo lo actuado. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b) constitucional; y, 107 fracción V, interpretadas a contrario sensu, 171 y 172, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO QUEJOSO Ahora, la parte quejosa señala como domicilio los estrados de este juzgado, pero como éstos no constituyen propiamente un domicilio, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese esta determinación, así como las subsecuentes, por medio de las listas que se fijan en este juzgado. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS Por otro lado, se tienen por autorizadas a las personas que indica en términos amplios del artículo 12 de la legislación en cita, siempre que tengan debidamente registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", en caso contrario únicamente en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral y del diverso 24, párrafo segundo, de la propia normatividad. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión....

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