Mario Morales Quezada
Expediente 443/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 27 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 20/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mario Morales Quezada
- Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Segundo de Distrito En el Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza que autoriza y da fe.*Nmtg.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, mediante el cual hace del conocimiento que mediante proveído de cuatro de octubre del año en curso, devolvió sin diligenciar exhorto 77/2020-II (orden 123/2020) del índice de este órgano jurisdiccional a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); el que se ordena agregar a los autos sin realizar mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno se acordó lo conducente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, mediante el cual, por los motivos que expone devuelve sin diligenciar el exhorto 77/2020-II (orden 123/2020). Dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional (S.I.S.E.). Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa devolviendo sin diligenciar el exhorto que al efecto se le libró en este expediente, y remitió las constancias relativas a sus actuaciones; sin embargo, tomando en consideración el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. De otra forma, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, de las que se desprende que, pese a las múltiples diligencias y requerimientos ordenados por este órgano jurisdiccional, a la fecha no se logró la localización del directo quejoso MARIO MORALES QUEZADA, a fin de ratifique la demanda de amparo promovida a su favor por Guadalupe Martínez Gómez. En tal virtud, con fundamento en el numeral 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Guadalupe Martínez Gómez en favor de MARIO MORALES QUEZADA, pues no existe parte agraviada. Se determina en este sentido a virtud de que mediante escrito de demanda recibida el uno de junio de dos mil veinte, Guadalupe Martínez Gómez, presentó demanda de amparo en favor de MARIO MORALES QUEZADA, en la que señaló como actos reclamados consistentes en desaparición forzada, incomunicación, tortura y demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna así como la detención ilegal del directo quejoso. De los hechos que constituyeron los antecedentes de los actos reclamados, el promovente bajo protestad de decir verdad manifestó: "1.- El día de hoy, 15 de mayo de dos 2020, aproximadamente a las 20:00 horas fue detenido el directamente quejoso MARIO MORALES QUEZADA, cuando se encontraba a bordo de un vehículo Passat de color Blanco 2014, esto en la calle Díaz Ordaz fuera de una tienda de servicios "SEVEN ELEVEN", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, sin que existiera motivo alguno, además de que no estaba cometiendo delito alguno, cuando llegaron a tal lugar dos camionetas blancas descendiendo sujetos vestidos de civil con armas blancas indicando que eran policías y de manera violenta lo bajaron del vehículo Passat de color Blanco 2014, golpeándolo y haciendo malos tratos hacia a él, a lo cual se lo llevaron detenido, además de estar incomunicado y se sujetó a malos tratos y toturta, a fin de que consifiese ser responsable de un delito que no ha cometido, quiero manifestar que el quejoso al momento de dicha detención no portaba ningún objeto o instrumento de delito, desconociendo su paradero pudiendo estar recluido en las instalaciones de la Fiscalía General de la Republica con sede en Cuernavaca, Morelos, y/o en los separos las subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada "SEIDO", de la Ciudad de México." En virtud de lo anterior y atendiendo a la naturaleza de los hechos narrados, en esa misma fecha, se decretó la suspensión de plano, para que cesaran de desaparición forzada, incomunicación, tortura y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional que es objeto MARIO MORALES QUESADA; requiriendo a las autoridades responsables informaran dentro del plazo de veinticuatro horas el acatamiento a la citada medida suspensional. Asimismo, se instruyó a los actuarios adscritos para que se constituyeran en las siguientes dependencias: 1. Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Morelos, 2. Agente del Ministerio Público Federal Investigador de Delitos en el Estado de Morelos, y 3. Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Estructura de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Morelos, a fin de cercioraran si el quejoso se encontraba incomunicado o no, y de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se le requiriera para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida por Guadalupe Martínez Gómez; de igual manera, se dio vista al ministerio público de la adscripción respecto de los posibles actos de tortura, de los que fuera objeto el aludido quejoso. Consecuentemente, mediante auto de quince de mayo de dos mil veinte, toda vez que no se localizó al quejoso de mérito, se instruyó a los actuarios de la adscripción para que realizaran las actuaciones y diligencias necesarias, constituyéndose en las instalaciones policiacas y de detención de la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos, Zona Militar en esta Entidad Federativa, hospitales y centros de atención psiquiátricos o en cualquier lugar que se considerara necesario donde pudiera encontrarse el agraviado MARIO MORALES QUEZADA, a fin de lograr su localización. Como resultado de lo anterior, dado que no se logró ubicar el paradero del nombrado directo quejoso, mediante auto de veintiocho de mayo de dos mil veinte, se ordenó la búsqueda y localización del impetrante de garantías en toda la República Mexicana, y para ello se giraron sendos exhortos a todas los jueces de las sedes de los Circuitos Judiciales del país, a efecto de solicitarles el apoyo de búsqueda, localización y comparecencia del referido agraviado; sin que se obtuviera resultado positivo. Además, como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, transcurrió el término concedido mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veinte al promovente Guadalupe Martínez Gómez para que manifestara si conocía el paradero del directo quejoso MARIO MORALES QUEZADA; sin que se obtuviera resultado favorable con los datos aportados, toda vez que la persona que dice lo contrató para promover este juicio de amparo. Es por ello que ante la falta de datos en este expediente que corrobore la existencia del directo quejoso para lograr la ratificación de la demanda promovida a su favor, el suscrito considera que no existe voluntad del quejoso en instar esta instancia constitucional, y por ende no existe instancia de parte agraviada. Por tal motivo, es dable afirmar que no existe instancia de parte agraviada, al margen que el presente juicio se promovió con base en lo dispuesto por el referido numeral 15 de la ley en mención, que permite que la demanda de amparo, sea presentada por cualquier persona a nombre del directo quejoso, cuando éste se encuentre imposibilitado para hacerlo y se trate de los actos graves estrictamente descritos en el aludido precepto legal, en el caso se accionó por un supuesto no probado, sin prejuzgar lo narrado por Guadalupe Martínez Gómez, pues lo cierto es que este juzgado federal agotó las medidas y providencias necesarias para dar con el paradero del quejoso de que se trata. Ello es así, en virtud de que en el precepto constitucional citado en segundo término, así como en los diversos numerales 5, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución o los Tratados Internacionales, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho juicio, ni que se restablezca el orden constitucional, que deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos humanos del quejoso; pues no debe soslayarse, que sólo aquel gobernado a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, tiene la facultad de instar el juicio de amparo y de presentar escritos en la tramitación del mismo. Por los principios jurídicos que en ella rigen, se cita la tesis con registro 232899, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, Volumen 76, Primera Parte, página 45, con el rubro: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO." Conforme con dicho principio, para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el acto de autoridad -norma, acto u omisión- que se reclame efectivamente ocasione un agravio o afectación real y actual que afecte la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por agravio, para efectos del juicio de amparo la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses, tomándose la palabra "perjuicio", no en los términos de la ley civil, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Además, el agravio para poder ser considerado como causa generadora del juicio de amparo, debe revestir dos características más, ser personal y directo; se entiende que el agravio es personal, cuando se concreta y recae en una persona determinada, ya sea física o moral, que se identifica como el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, de manera que sea ésta la que instaure la demanda de amparo. Así, los daños o perjuicios que no afecten a alguna persona en concreto no pueden dar lugar a un agravio que haga procedente el juicio de amparo. Por su parte, el atributo de directo se determina en atención al tiempo, de modo que para que el agravio pueda ser considerado como tal, y así hacer procedente el amparo, debe ser pasado, presente o futuro inminente, en otras palabras debe ser real y actual. Lo antes expuesto, guarda relación con lo dispuesto por el numeral 63, fracción I, de la ley de la materia, que establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo, procede entre otros casos, cuando el quejoso desista de la demanda, lo que pone de manifiesto la trascendencia de la voluntad del impetrante para proseguir con la tramitación de esta instancia constitucional. En el caso, se allegaron al presente juicio datos que permiten afirmar que no existe voluntad del directamente afectado para intentar el presente juicio, lo que contraviene el principio de instancia de parte agraviada del que todo juicio de amparo debe revestir. Por tanto, con fundamento en el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación en los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de voluntad para instar la acción constitucional de amparo, lo procedente es, como ya se apuntó, tener por no presentada la demanda presentada por Guadalupe Martínez Gómez; por ello, se dejan sin efectos todas y cada una de las medidas decretadas en el presente expediente; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
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