Mario Morales López

Expediente 1204/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1204/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • Mario Morales López
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE TIENE POR RECIBIDO EL ESCRITO SIGNADO POR EL QUEJOSO.....EN ATENCIÓN AL CONTENIDO DEL MISMO...DÍGASELE QUE NO HA LUGAR ACORDAR DE CONFORMIDAD....EN RAZÓN DE QUE EN....SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA.....Y POR AUTO DE.....SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PRESENTE...POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE LA PETICIÓN QUE FORMULA....

  2. Principal

    HA TRANSCURRIDO EL TERMINO PARA QUE LAS PARTES INTERPUSIERAN RECURSO DE REVISION EN CONTRA DEL AUTO DE******DICTADA EN ESTOS AUTOS, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO ESTADO, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO, ES SUSCEPTIBLE DESTRUCCION...LA INFORMACION ES PUBLICA Y ESTARA A DISPOSICION DE LAS PARTES CUANDO LO SOLICITEN.....

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta, se provee; con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por medio del cual en alcance a su informe justificado remite copia certificada del proveído de veintisiete de agosto del año en curso, relacionado con el expediente laboral 5457/2018, de su índice. Constancia a la que por ser documento público se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. -SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA- En términos artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado en este asunto, atento a lo dispuesto en la Jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" En ese tenor, se aprecia que el acto reclamado consiste en "el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 5457/2018, en el que señaló el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, fecha lejana para la continuación de la audiencia de desahoga de pruebas en el expediente de origen". De lo anterior, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. En ese sentido, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho transgredido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto reclamado nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la quejosa, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ahora de la constancia remitida por la responsable se advierte que en auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, la junta responsable, regularizó el procedimiento, dejando sin efecto la fecha señalada en proveído de veintinueve de mayo pasado (diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve) y en su lugar fijó las nueve horas del veinte de septiembre de dos mil diecinueve, para la audiencia de desahogo de pruebas en el expediente laboral 5457/2018, lo que se corrobora con la constancia que allegó al oficio de cuenta. Sentado lo anterior, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (treinta y uno de julio de dos mil diecinueve) el referido acto existía, pero durante el transcurso del presente juicio éste dejó de surtir sus efectos, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica de los particulares y sin haber dejado huella alguna en el que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Sustenta lo anterior, la Tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Juez de Distrito, resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos fundamentales imputados por la parte quejosa a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de lo expuesto, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracciones XXI, del citado ordenamiento jurídico, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las once horas con quince minutos del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, ya que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". No es óbice a lo anterior, el hecho de que no se haya notificado de manera personal al aquí quejoso el proveído de veintisiete de agosto del año en curso, emitido en el juicio laboral 5457/2018, esto atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, que consagra el principio de justicia pronta y expedida. Por tanto, en atención a dicho principio el Juez de Distrito, puede ordenar se le notifique en forma personal al peticionario de amparo tal determinación para los efectos legales consiguientes, pues la finalidad del juicio de garantías descansa en que se restituya al gobernado en el derecho que se vulneró con el acto de autoridad y además, con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la forman la tesis 2a. CLI/97, publicada en la página 373, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de 1997, del rubro: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    VISTO EL ESCRITO DEL QUEJOSO...SE TIENE POR DESAHOGADA LA PREVENCIÓN...SE ADMITE LA PRESENTE DEMANDA, SIN TRAMITARSE INCIDENCIA ALGUNA, CITESE A LAS PARTES PARA LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A LAS ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. PIDASE SU INFORME JUSTIFICADO....

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