Mario Morales Huerta

Expediente 576/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
576/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Mario Morales Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, por el Modulo del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene la firma criptográfica de dicha funcionaria, y transcripción del proveído de veinticuatro de los corrientes, de cuyo contenido se advierte que se admitió a trámite el conflicto competencial 55/2023, suscitado entre el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán y este órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, del citado proveído se advierte que la Superioridad ordenó notificar dicho auto a la parte quejosa por conducto de este Juzgado y, una vez hecho lo anterior, le sea remitida la constancia respectiva; en consecuencia, se ordena al fedatario judicial de la adscripción, realice lo encomendado por la superioridad y una vez realizado, remítase mediante oficio la notificación solicitada.

  2. Principal

    NO ACEPTA COMPETENCIA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, que contiene transcripción del proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 591/2023 de su índice, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia declinada por este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por las razones que expone en el mismo. Al respecto, este órgano jurisdiccional no comparte la apreciable postura que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, sustenta para negarse a aceptar la competencia declinada en su favor, reiterándose al efecto las consideraciones vertidas en el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo 576/2023-II-B, de la estadística de este órgano constitucional. CONFLICTO En consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el juicio de amparo 576/2023-II-B, del índice de este órgano de control constitucional, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, en turno, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para la substanciación del conflicto competencial. Sin que haya lugar a formar cuaderno de antecedentes, toda vez que el mismo se generó en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, que contiene transcripción del proveído de tres de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual en lo que interesa se reservó proveer respecto a la competencia planteada por este juzgado, hasta en tanto se le remita el cuaderno incidental respectivo y al efecto devuelve los autos originales del juicio de amparo 576/2023 de nuestro índice. Consecuentemente, como lo solicita el titular oficiante, mediante oficio que derive del presente proveído, remítanse los autos originales del juicio de amparo que nos ocupa y el cuaderno incidental que deriva del mismo, el cual mediante resolución interlocutoria de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se resolvió en definitiva; a fin de que se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la competencia planteada por este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    Agréguese a los autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el oficio de cuenta por medio del cual rinde informe justificado el Director General y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, y al Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales del citado Instituto. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la materia, se tienen como delegados a los profesionistas que menciona en su oficio de cuenta y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el mismo. INCOMPETENCIA Ahora, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, la suscrita juzgadora considera que carece de competencia por razón de territorio para continuar conociendo de la demanda de amparo. Ello, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción I de la Ley de Amparo; 52, fracción III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como en atención a la naturaleza de los actos que se reclaman. En principio, cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente será determinar si este juzgado es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218721. Asimismo, cobra aplicación la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen1: "COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente". A efecto de establecer la competencia, no sólo debe atenderse al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado, lo que será acorde con su jurisdicción. Es aplicable al tema, la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto". En ese orden de ideas, se destaca que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia. Por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Así, la competencia constituye una condición presupuestal esencial para que sea válida y eficaz la actuación de una determinada autoridad en el desarrollo de la función estatal que genéricamente le corresponde. Por ello, tratándose del desarrollo de la función jurisdiccional, se le ha considerado como un elemento de existencia necesaria previa para la validez de la actuación de la autoridad concreta encargada de ejercerla; de ahí que como presupuesto procesal de la acción y del juicio en que se traduce y ejercita la función jurisdiccional, la competencia es el conjunto de facultades con que el orden jurídico inviste a una autoridad para desarrollarla. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces o tribunales. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de criterios de asignación de la competencia: a) Por territorio; b) Por materia; c) Por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, como se precisó la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse.". El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, destacando que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda presentarse ante cualquier Juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la transcripción se advierte que el dispositivo en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia, a saber: Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa, constituye más bien un matiz de la hipótesis precedente, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso que antecede, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así pues, la competencia para conocer de la demanda de amparo se fija de acuerdo con la ejecución del acto reclamado, en ese sentido, pueden derivar cuatro supuestos en los que se establece la competencia del juez de distrito, esto es, el lugar donde el acto deba tener ejecución, donde trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En atención a lo expuesto, es posible establecer que la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo surge a partir de la apreciación que se haga del acto reclamado, al tomar en consideración las reglas antes señaladas, por lo que es importante realizar una distinción de cómo es que debe operar cada una de ellas, pues las dos primeras exigen ejecución material y se distinguen de lo establecido en la tercera, porque esta última no requiere dicha ejecución; y lo que caracteriza a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que esta situación ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito. Es así, debido que se parte de la base general de competencia que establece el artículo 107, en su fracción VII, de la Constitución Federal que, como se vio, establece que el juicio de amparo que se inicie contra los actos de autoridad referidos en dicho precepto, se promoverá ante el juez de distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, esto es, porque la o las autoridades responsables que emitan o ejecuten el acto reclamado serán las que afecten la esfera jurídica del gobernado; sin embargo, cabe aclarar que la autoridad ejecutora será la encargada de llevar hasta su último extremo la ejecución de un acto que así lo amerite, y no así la autoridad ordenadora. En relación con lo anterior, es viable estimar que la competencia de un juez de distrito para conocer del juicio de amparo atiende a diversas reglas que se deben acatar, derivadas del artículo 37 de la Ley de Amparo; entonces, una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecido lo referente a si se requiere ejecución material o no, ya se está en posibilidad de determinar la competencia del juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el precepto anteriormente aludido. En otras palabras, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, se tiene presente la naturaleza del acto reclamado (requiere ejecución material o carece de ésta), así como sus características fundamentales (acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado) para determinar en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que de manera más objetiva y razonable puedan permitir concluir la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. A propósito de lo expuesto y dada la pretensión de la quejosa, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 176/2009, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, determinó que cuando se reclama en amparo la indebida cuantificación de la pensión por no aplicarse los aumentos correspondientes se reclama en amparo la indebida cuantificación de la pensión, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de los pensionados (acto positivo), el cual se desenvuelve en su domicilio, por lo que será en éste en donde resientan su ejecución y, por ende, es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el domicilio de la parte quejosa. Jurisprudencia 2a./J.152/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XXX, correspondiente al mes de octubre de dos mil nueve, página 95, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado". En el caso, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y otras autoridades: - La retención y/o descuento a su salario como jubilada. Ahora, en el escrito de demanda, la parte quejosa manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: - Que es jubilada y percibe de manera mensual de *********************** por parte del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; por tal motivo, la justiciable estima que los descuentos de la cantidad que percibe son irrisorios al recibir ************************ por deducciones por conceptos de "UNICREDIX". - Que el descuento no debe ser mayor al treinta por ciento y tiene que ser consentido por los trabajadores, lo cual no aconteció y esa deducción excede el límite permitido por la constitución federal. - Que las responsables no justifican o prueban de alguna manera porqué hicieron las retenciones. - Que se conceda el amparo y protección de la justicia federal para que los descuentos cesen y se restituyan aquellos que se efectuaron; esto es, el reembolso de las retenciones o descuentos que la parte quejosa estima que deben declararse como nulos. Conforme a lo trascrito, se evidencia que el acto reclamado se traduce en reducciones a la pensión que percibe la parte quejosa. Ahora bien, del escrito inicial de demanda no se advierte que la justiciable señalara bajo protesta de decir verdad dónde tiene su domicilio particular. Sin embargo, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que su domicilio particular es el ubicado en avenida Francisco I Madero, número 93, Estación Dimas, código postal 82969, en San Ignacio, Sinaloa. Incluso, de la copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, se advierte el mismo domicilio De manera que, si la competencia por territorio atiende al lugar en el que la justiciable tiene su domicilio por ser en el que resiente el perjuicio que reclama y, por su parte, con lo manifestado por la propia quejosa, así como su identificación oficial revelan que el domicilio de la parte quejosa, es en avenida Francisco I Madero, número 93, Estación Dimas, código postal 82969, San Ignacio, Sinaloa; entonces, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para resolver la presente controversia. Sin que pase desapercibido que en el apartado intitulado como: "NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO.- ********************, con domicilio señalado en la presente demanda de amparo indirecto en la parte superior precedente, mismo ubicado en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa". No obstante, el domicilio que la justiciable refiere en la parte superior precedente es el procesal, como a continuación se evidencia: ".señalando domicilio para recibir notificaciones en la **********************************************. Incluso tal circunstancia se advierte de las diversas demandas de amparo tramitadas en este órgano jurisdiccional en las que se cita como domicilio para oír y recibir notificaciones el mismo que se precisa. Por tanto, se considera que se actualiza el primer párrafo de la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en una circunscripción territorial distinta a la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, esto es, Mazatlán, Sinaloa, pues en términos de la Jurisprudencia 2a./J.152/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichos efectos se materializan, en el lugar de su domicilio. Lo que se afirma (se insiste), pues conforme a lo trascrito, se evidencia que el acto reclamado se traduce en deducciones a la pensión que percibe en Mazatlán, Sinaloa, la parte quejosa por concepto de créditos personales que ésta adquirió con UNICREDIX. De ahí que, resulta válido concluir que las retenciones para cubrir esos créditos y entregarlo a la institución crediticia de referencia, está intrínsecamente ligada a su domicilio por tratarse de persona jubilada, y ser el lugar donde materialmente se ejecuta ese acto. Pues es allí donde cobra vigencia la materialización de la retención ordenada, con independencia de que las autoridades responsables tengan su domicilio en Culiacán, Sinaloa, ya que en el presente caso debe considerarse el lugar donde la orden de retención deba ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado que lo será precisamente en el lugar en el que el justiciable tiene su domicilio, como se advierte de lo manifestado por la propia quejosa y la jurisprudencia 2a./J.152/2009, citada por analogía con anterioridad. Lo que se apoya también, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir". En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y acorde con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de distrito, se declara incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Mario Morales Huerta, sin juzgar sobre la procedencia del juicio. Por lo tanto, remítase el presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa Ciudad, acompañándole los autos originales del expediente en que se actúa, con el objeto de informarle el presente proveído y para lo que tenga a bien determinar. Solicitándole, de no existir inconveniente, el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada. CUADERNO DE ANTECEDENTES Ahora bien, con copia certificada de la demanda y demás constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En cuanto al cuaderno incidental, una vez que se tenga conocimiento si se aceptó la competencia planteada, se acordará al respecto. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para llevarse a cabo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

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