Mario Moisés Albavera Rosales
Expediente 1284/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1284/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mario Moisés Albavera Rosales
- Porfirio Mendoza Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, oficina de correspondencia del Primer Circuito, Mario Moisés Albavera Rosales y Porfirio Mendoza Rodríguez, promovieron amparo directo, contra la autoridad y por los actos siguientes. Autoridad responsable. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La sentencia interlocutoria de fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, considerandos IV y V y resolutivos segundo y tercero, así como la aclaración de la misma de fecha once de junio del año en curso; ya que dicha resolución interlocutoria se encuentra infundada, inmotivada y violenta flagrantemente nuestros derechos humanos (pro-homine), así como el principio de la explotación del hombre con el hombre al querer cobrar una exageración en los intereses moratorios,." SEGUNDO. El seis de agosto de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, en el buzón judicial recibió el informe justificado que rinde la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, manifestando que es cierto el acto reclamado. TERCERO. El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el amparo directo 380/2021, la superioridad, declaró su incompetencia para conocer del juicio de amparo y remitió los autos a la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, oficio 4242, que recibió a través del buzón judicial el diecinueve de agosto siguiente. CUARTO. El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, recibió el oficio 4242, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1042/2021, y declaró ser incompetente por conocimiento previo, para conocer del juicio de amparo, y remitió su juicio de amparo a esta autoridad por oficio 27764/2021. QUINTO. El veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, esta autoridad recibió oficio 27764/2021, enviado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, al que agrego amparo 1042/2021, y anexos, por tanto, el treinta de agosto siguiente, aceptó la competencia planteada radicó el juicio de amparo con el consecutivo 1284/2021, sin necesidad de requerir a la responsable su informe justificado y emplazar al tercero interesado pues tal requisito procesal estaba satisfecho, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia interlocutoria de ocho de junio y su aclaración de once de junio de dos mil veintiuno, emitida por la Juez Segundo de Primera Instancia del Primer Circuito del Estado de Morelos, en el juicio ejecutivo mercantil 07/2017-2, que resuelve el incidente de liquidación de intereses moratorios. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada de constancias del juicio ejecutivo mercantil 07/2017-2, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el ordinal 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Estudio del asunto. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los que se analizarán en conjunto dada la relación que guardan entre sí, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 76 de la Ley de Amparo, los que además, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen; en obvio de innecesarias repeticiones, ya que no existe obligación por parte de este Juzgado a transcribirlos. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número VI.2o. J/129, visible en la página 599, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." Así como en la diversa número 2ª./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Dice que se viola en su perjuicio la garantía contenida en el artículo 1, 14, 16 y 17 constitucional, toda vez que la responsable al dictar la sentencia, resulta incorrecta la determinación del juez natural ya que vulnera su garantía de igualdad entre las partes, al no considerar los argumentos, defensa y excepciones y pruebas aportadas, declarándolas insuficientes las documentales públicas consistentes en comprobantes de pago de nómina, de su fuente laboral IEBEM, donde se realizan los descuentos vía nómina, bajo el concepto LB Línea Blanca, mismo que debió haber enterado a la actora, por el vehículo automotor adquirido. Que no debió ser puesto en circulación el pagaré toda vez que se han realizado pagos a tiempo quincenalmente vía nómina tal y como se pactó con el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, tan es así que ofrecieron el informe de autoridad a cargo de dicha institución, por lo que dichos interés moratorios ya se pagaron en tiempo y forma, a partir de diciembre de dos mil doce hasta el mes de mayo de dos mil diecinueve, por lo que es a la patronal a la que deberá solicitar la entrega de los montos descontados vía nómina. Los conceptos de violación expresados resultan inoperantes. Ahora bien, resulta procedente realizar una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado: 1.- Mediante sentencia definitiva de once de mayo de dos mil dieciocho, el juez natural resolvió el juicio ejecutivo mercantil 07/2017-2, donde en lo que interesa determinó: ". CUARTO: Se condena a MARIO MOISÉS ALBAVERA ROSALES en su carácter de deudor principal y PORFIRIO MENDOZA RODRÍGUEZ, en su carácter de aval, el pago de los intereses moratorios a la tasa que resulte de multiplicar por tres la tasa anual TIEE (tasa de INTERES interbancario de equilibrio a plazo de 28 días) a partir del día en que incurrió en mora treinta de junio del año dos mil doce hasta el día de su liquidación, previa liquidación que en ejecución forzosa se formule, por los razonamientos vertidos en el considerando VII de la presente resolución. ." 2.- Contra la sentencia definitiva los ahora quejosos interpusieron juicio de amparo directo que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, en el amparo directo 522/2018, que resolvió no amparar a los impetrantes de amparo. 3.- En ocho de junio de dos mil veintiuno, la responsable en cumplimiento al juicio de amparo 1703/2019, del índice de esta autoridad federal resuelve incidente de liquidación de intereses moratorios y su aclaración de once de junio siguiente, que resulta ser el acto reclamado en lo que interesa determinó: ". En la especie la acción incidental de pago de intereses moratorios, ejercitada por la parte actora incidentista, obedece al incumplimiento del deudor que su obligación de pago total, asimismo debe decirse que la parte demandada al manifestar haber realizado diverso pagos, reconoce expresamente ser deudor de la obligación de pago que se le demanda, por lo cual ha dicho demandado toca la carga de probar el pago del monto total de lo que se reclama, sin que en la especie haya dado debido cumplimiento, ya que las documentales que ofreció con las cuales acreditar su dicho, que hizo consistir en 51 (.) impresiones de comprobantes de pago de nómina ordinaria a nombre de ALBAVERA ROSALES MARIO MOISE (SIC), del que se advierte la deducción de pago por concepto de LB LÍNEA BLANCA, hasta por la cantidad de $1,231.00 cada una, de febrero de 2017 dos mil diecisiete a marzo de 2019 dos mil diecinueve, documentales privadas en mención, que tienen valor probatorio en términos de lo consignado por los artículos 1238 y 1298, del Código de comercio aplicable al presente asunto, sin embargo las mismas no tienen correspondencia alguna con las amortizaciones señaladas en el documento base esto es fijadas del 30 treinta de junio de 2012. al 15 de septiembre de 2013. ni se encuentran las documentales en mención corroboradas con alguna otra probanza con la cual acreditar el poder liberatorio de pago parcial efectuado al documento base, o la manifiesta conformidad del acreedor, advertido además de las documentales exhibidas por el demandado incidentista, en específico; de la copia simple de fecha 09 nueve de noviembre de 2017. oficio DPyRL/3286/2017 dirigido a la titular de la Unidad Jurídica de IEBEM, 2dichos descuentos no se pagan a CONSORCIO PEREDO." "no se realizó ningún convenio con CONSORCIO PEREDO."., actualizándose la acción incidental ejercitada por la parte actora en contra del deudor por falta pago total de su obligación, sin que en el particular el ahora excepcionista acreditara el monto de lo abonado por concepto de suerte principal o respecto del rubro de intereses toda vez de que en términos del consignado por los artículos 362, 363 y 364, del Código de comercio, las entregas a cuenta, cuando no resulte expresa su aplicación, se imputarán en primer término al pago de intereses por orden de vencimiento y después al del principal, así, ante la existencia de la ley de una perfecta demostración de los hechos en que el derecho reclamado se funda, dichos documentos en la especie resultan insuficientes para demostrar lo pretendido por su oferente, toda vez que en términos de lo consignado por el artículo 17 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el tenedor del título si es pagado sólo parcialmente o en lo accesorio, debe hacer mención en estudio, es de declararse improcedente. Aplicable a las anteriores consignaciones, los criterios jurisprudenciales de la literalidad siguiente: "PAGO, EXCEPCIÓN DE. Transcribe. "PAGARÉ. NO PUEDE OPONERSE LA EXCEPCIÓN DE PAGO AL ENDOSATARIO EN PROPIEDAD SI ESTE ÚLTIMO NO CONSTA EN EL TÍTULO. Transcribe. En razón de lo anterior, cabe hacer mención que en el caso a estudio, como ha quedado establecido en líneas precedentes, la regulación de intereses es cosa juzgada, y la interlocutoria que resuelve el presente incidente obedece al hecho de que la sentencia definitiva lo contiene cantidad liquida; por consiguiente la interlocutoria de mérito no tiene como finalidad modificar o revocar la resolución definitiva, ya que la cuestión a dilucidad consiste en determinar la cantidad líquida a la que debe ascender una condena establecida en la sentencia definitiva que puso fin a un juicio, de manera que en el caso concreto la pretensión, no versa ya sobre la existencia del derecho de crédito, sino sobre su cuantía, resolución que no obstante se sustenta en operaciones aritméticas, requiere de un pronunciamiento jurídico, consistente en determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables, y su resolución no altera la cosa juzgada contenida en la sentencia definitiva, en virtud de que la demanda incidental mediante la cual se ejercita el derecho de acción, contiene una presunción jurídica consistente en la correcta estimación de un derecho cuya existencia ha sido previamente declarado. Por consiguiente, la interlocutoria de mérito no tiene como finalidad modificar o revocar la resolución definitiva. . V. Al no existir cuestión previa que resolver, se procede al estudio de la acción incidental, en tal tesitura, y como se advierte de la sentencia definitiva dictada en los autos del expediente principal, de fecha 11 de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, la cual causó ejecutoria por ministerio de ley en virtud de la resolución emitida el 06 seis de febrero de 2019 dos mil diecinueve en el juicio de amparo directo 522/2018, instaurado con motivo del dictado de la sentencia definitiva emitida en el principal,. . Por tanto se condena a la parte demandada incidentista MARIO MOISÉIS ALBAVERA ROSALES en su carácter de deudor principal y PORFIRIO MENDOZA RODRÍGUEZ, en calidad de obligado solidario, al pago de la cantidad liquida total procedente de $358,940.16 (.), salvo error u omisión de carácter aritmético, generados a partir del día 01 uno de julio de 2012 dos mil doce al 30 treinta de junio de 2018 dos mil dieciocho, anualidades vencidas y no pagadas respectivamente, vencidas y no pagadas a razón de la tasa de 28.8% (.) anual, de la cantidad determinada como suerte principal;.". En aclaración de sentencia se precisó: ". Por tanto se condena a la parte demandada incidentista MARIO MOISÉIS ALBAVERA ROSALES en su carácter de deudor principal y PORFIRIO MENDOZA RODRÍGUEZ, en calidad de obligado solidario, al pago de la cantidad liquida total procedente de: $358,940.16 (.) salvo error u omisión de carácter aritmético." Establecido lo anterior, se estima que los conceptos de violación expresados por los quejosos son inoperantes, pues con ellos, no ataca los argumentos que emitió la autoridad responsable en la resolución reclamada; es decir, no controvierte la parte en donde el resolutor consideró que la sentencia definitiva dictada dentro del juicio principal, era cosa juzgada y que por ello, debía ejecutarse en sus términos, por tanto, los intereses moratorios se cuantifican sobre la suerte principal a razón del 28.8% anual -multiplicar por tres la tasa anual TIIE, que fue de 4.80% para el día veinticinco de mayo del año dos mil doce (porcentaje que multiplicado por dos arroja un total de 9.60% anual que multiplicado por tres, la tasa anual arroja un total de 28.8% anual)-, así como que no resulta procedente el tema de la usura. Tampoco es materia de debate, que el juez sostenga en su resolución reclamada, que los hoy quejosos, presentaron cincuenta y un impresiones de comprobantes de pago de nómina ordinaria de los que se aprecia la deducción de pago por concepto de LB LÍNEA BLANCA, hasta por la cantidad de $1,231.00 pesos cada una, que no pueden ser considerados para amortizar los intereses moratorios en razón a que no se pagan a la actora Consorcio Peredo, Sociedad anónima de Capital Variable, pues, de conformidad con el numeral 17 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los pagos parciales debe hacer mención del pago en el título. Aunado al hecho que el motivo de disenso, fue analizado en el juicio de amparo directo 522/2018, del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, donde examinó las pruebas documentales que volvieron a presentar en la incidencia, el juez de la causa les negó valor pues si bien existieron descuentos bajo el concepto de línea blanca, también lo es que, no se acreditó que los mismos tuvieran relación con el contrato que adujeron los demandados celebraron con el actor y que tenía que ver con los descuentos realizados, sumó al hecho de que del informe a cargo del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, advirtió que los descuentos que se realizan a los demandados no se pagaban al actor, al contrario, desvanecían los argumentos por ellos vertidos en el sentido de que celebraron un contrato de compraventa, pues ese instituto precisó que no realizó ningún convenio con Consorcio Peredo, Sociedad Anónima de Capital Variable, declarando inoperante su excepción. En cuanto al litisconsorcio pasivo necesario respecto del organismo público descentralizado denominado Institución de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), como patrón y es quien realiza los descuentos vía nómina, que reclaman el quejoso Mario Moisés Albavera Rosales, solicitó en la contestación de la demanda, al juez natural declaró improcedente el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, determinación que en su momento no impugnó -no preparó la violación procesal, dado que no promovió recurso de revocación contra dicho auto-, por ello, en la sentencia los agravios hechos valer en ese sentido no prosperaron; de ahí que dichos motivos de inconformidad resulten inoperantes por reiterativos. En tales condiciones, si las anteriores consideraciones que resultan ser, la parte toral de la determinación del juez responsable, no son controvertidas en los conceptos de violación, este Juzgado se encuentra imposibilatado para efectuar el análisis de constitucionalidad de la misma, de ahí que debe de declararse inoperantes. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.1o.C. J/1 (10a.), con registro 2010639, que sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, visible en la página 1086, con el epígrafe y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, REITERA LA MISMA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO QUE LA LEGISLACIÓN ABROGADA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 74, fracción II, 76, 79, 108, fracción VIII y 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, en su texto vigente, se advierte que reitera la misma técnica de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado que la ley anterior, conforme a la cual, dicho examen se efectúa con base en los conceptos de violación planteados, excepto en aquellos casos en que procede suplir la queja deficiente, previstos por el artículo 79 de ese ordenamiento. En consecuencia, los conceptos de violación deben estar dirigidos a controvertir de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta el acto o sentencia reclamados, pero si no las atacan o dejan de controvertir una o más, que por sí solas sean suficientes para regir su sentido, es claro que el tribunal de amparo no puede abordar el estudio oficioso de las consideraciones no impugnadas, lo que trae como consecuencia que éstas permanezcan intocadas y continúen rigiendo el sentido de dicho acto; de donde resulta, precisamente, lo inoperante de los conceptos de violación. Como también ocurre cuando éstos sí controvierten las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, pero dadas las circunstancias particulares del caso, existe un impedimento técnico que imposibilita su examen, como sucede, por ejemplo, cuando se relacionan con un aspecto sobre el que ya existe cosa juzgada, a virtud de un juicio de amparo anterior; introducen cuestiones novedosas que no fueron planteadas ante la autoridad responsable en la litis del juicio natural o bien en el recurso que originó la emisión del acto reclamado; o se basan en postulados no verídicos; entre otros supuestos, que deberán atenderse caso por caso." Lo expuesto con antelación, permite concluir que en el caso no existen conceptos de violación dirigidos a controvertir los argumentos de la autoridad responsable y que dan sustento a la resolución reclamada y por ello dichas consideraciones al margen de que sean legales o no, deben permanecer incólumes. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que en aquellos asuntos en los que no opera la suplencia de la queja deficiente, los conceptos de violación o agravios que se plantean por parte de los quejosos, si bien no exigen rigorismos o una forma de argumentación específica, sí deben controvertir las consideraciones que sustentaron la determinación que constituye el acto reclamado. En consecuencia, si con los argumentos que exponen los quejosos, de manera alguna controvierten de manera frontal las consideraciones de la responsable, ni se impugnan los motivos y fundamentos en que se encuentra apoyada, sea con el fin de poner de manifiesto ante este Órgano Constitucional, que lo así resuelto, es contrario a la ley o a su interpretación jurídica, externando los razonamientos prudentes al efecto, por lo que, al no ser así devienen inoperantes los argumentos que se expresan. Al respecto, cobra aplicación por similitud los criterios que a continuación se transcriben: Jurisprudencia IV.3o.A. J/4 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005, visible en la Página 1138, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.- Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Jurisprudencia I.6o.C. J/15, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Julio de 2000, Página 621, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.- Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada.". Aunado a que, el acto reclamado deriva del cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1703/2019, del índice de esta autoridad federal, promovido por el aquí tercero interesado, es decir, lo que en esta demanda reclama, también fue materia de análisis en la interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, misma que no fue impugnada y por ende se tiene por consentida. En las relatadas condiciones, al resultar inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, y no actualizarse el beneficio de la suplencia de la queja conforme a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a MARIO MOISÉIS ALBAVERA ROSALES en su carácter de deudor principal y PORFIRIO MENDOZA RODRÍGUEZ, en calidad de obligado solidario, dada las razones y motivos expuestos en el último considerando de la sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy tres de marzo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se desprende que los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables, Isaac Pimentel Mejía, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ayala, y Javier González Tavera, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ayala, no han dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no haber atendido el requerimiento que le fue formulado por este órgano jurisdiccional el treinta y uno de agosto de la presente anualidad, lo que se señala para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables, a Isaac Pimentel Mejía, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ayala, y Javier González Tavera, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ayala, en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, se les impone a cada uno multa consistente en doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237 fracción I y 258 ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, gírese atento oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1" con residencia en Cuernavaca, Morelos, para que haga efectiva las multas impuestas a las autoridades antes señaladas, lo que deberá informar a la brevedad posible, remitiendo las constancias respectivas. Atento a lo anterior, a fin de efectuar el cobro de la multa realizada por este Juzgado Federal, se le hace de su conocimiento a la autoridad recaudadora que se cuenta con la siguiente información: ? Nombre: Isaac Pimentel Mejía, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. Con domicilio en: Municipal Plaza Principal S/N, Colonia Centro Ciudad Ayala, Morelos. C.P 62746. ? Nombre: Javier González Tavera, Tesorero Municipal, del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. Con domicilio en: Municipal Plaza Principal S/N, Colonia Centro Ciudad Ayala, Morelos. C.P 62746. ? Nombre: María de Lourdes López Tovar, Síndica Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. Con domicilio en: Plaza Cívica Francisco Ayala S/N Otilio Montazo, Centro, 62700 Ciudad Ayala, Morelos. ? Nombre: Víctor Manuel Machuca Ponce, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. Con domicilio en: Plaza Cívica Francisco Ayala S/N Otilio Montazo, Centro, 62700 Ciudad Ayala, Morelos. ? Nombre: Marisol Cárdenas Muñoz, Regidora Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. Con domicilio en: Plaza Cívica Francisco Ayala S/N Otilio Montazo, Centro, 62700 Ciudad Ayala, Morelos. ? Nombre: Miguel Ángel Ordoñez Alonso, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. Con domicilio en: Plaza Cívica Francisco Ayala S/N Otilio Montazo, Centro, 62700 Ciudad Ayala, Morelos. ? Nombre: Eduardo Bravo Durán, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. Con domicilio en: Plaza Cívica Francisco Ayala S/N Otilio Montazo, Centro, 62700 Ciudad Ayala, Morelos. ? Nombre: Rogelio Placencia Barreto, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. Con domicilio en: Plaza Cívica Francisco Ayala S/N Otilio Montazo, Centro, 62700 Ciudad Ayala, Morelos. ? Nombre: Isaac Cortés Sánchez, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. Con domicilio en: Plaza Cívica Francisco Ayala S/N Otilio Montazo, Centro, 62700 Ciudad Ayala, Morelos. ? Nombre: Emmanuel Cisneros Ortiz, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. Con domicilio en: Plaza Cívica Francisco Ayala S/N Otilio Montazo, Centro, 62700 Ciudad Ayala, Morelos. Importe líquido: $17,924.00 (diecisiete mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional). Lo anterior, toda vez que la multa impuesta, se hizo consistir en doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización actual, la cantidad líquida resultante de multiplicar el valor diario de 89.62 de dicha Unidad de Medida y Actualización por doscientas veces, lo es $17,924.00 (diecisiete mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional). Sin que sea óbice proporcionar el RFC de las autoridades responsables aludida, en virtud de que este órgano jurisdiccional no cuenta con ese dato, toda vez que el Instituto de Transparencia e Información Pública, resolvió que dicha información es confidencial y solo pueden tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello, tal como lo refiere el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En atención a lo anterior, con fundamento en los numerales 192, 193, 194 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables, a saber: Nombre: María de Lourdes López Tovar, Síndica Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Víctor Manuel Machuca Ponce, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Marisol Cárdenas Muñoz, Regidora Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Miguel Ángel Ordoñez Alonso, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Eduardo Bravo Durán, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Rogelio Placencia Barreto, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Isaac Cortés Sánchez, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Emmanuel Cisneros Ortiz, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. Para que por su conducto culmine a Isaac Pimentel Mejía, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ayala, y Javier González Tavera, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ayala, a cumplir con la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa; asimismo, remitan las constancias que solicitó el perito oficial en su escrito de trece de marzo de dos mil diecinueve, mismo que les fue enviado mediante los oficios 8162/2019 y 8163/2019, y auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, mediante oficios 31551/2019 y 31552/2019, así como por auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficios 12385 y 12386, el requerimiento realizado el veintinueve de junio del año en curso, mediante oficios 17113 y 17114 y el requerimiento realizado el treinta y uno de agosto del año en curso, mediante oficios 22228/2021 y 22229/2021; lo que deberán de acreditar dentro del término de tres días contados a partir del momento en que queden legalmente notificados del presente acuerdo. Se apercibe a: ? Isaac Pimentel Mejía, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ayala, y Javier González Tavera, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ayala. Nombre: María de Lourdes López Tovar, Síndica Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Víctor Manuel Machuca Ponce, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Marisol Cárdenas Muñoz, Regidora Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Miguel Ángel Ordoñez Alonso, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Eduardo Bravo Durán, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Rogelio Placencia Barreto, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Isaac Cortés Sánchez, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. ? Nombre: Emmanuel Cisneros Ortiz, Regidor Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. Para el caso de ser omisos y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá una multa en lo individual por la cantidad equivalente a doscientas cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. No es óbice señalar que en el supuesto de que las referidas autoridades no den cumplimiento al requerimiento que en el presente proveído se formula, o no informen el impedimento legal que tengan para hacerlo, en el término otorgado para tales efectos, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación para la tramitación del respectivo Incidente de Inejecución de Sentencia, por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia en comento, están en aptitud de determinar si la autoridad actúo o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a la autoridad responsable de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno Agréguese a los autos el oficio enviado por la Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos mediante el cual remite copia certificada de las siguientes constancias: Del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 07/2017-2 de su índice. Del incidente de liquidación de intereses moratorios. Dos cuadernos relacionados con el amparo directo 522/2018. Un cuaderno relacionado con el amparo indirecto 1703/2019. Dos cuadernos de antecedentes. Téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, dada la voluminosidad de las copias certificadas de los expedientes que remite la autoridad responsable, a efecto de tener mejor manejo del expediente en que se actúa, se ordena formar por cuerda separada los anexos que correspondan. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, se ordena formar los anexos que correspondan por separado, lo anterior para su mejor manejo y conservación. Asimismo, infórmese a las partes que dichas constancias no formarán parte del expediente electrónico. Lo anterior no causa perjuicio a las partes, ya que esas documentales serán analizadas y valoradas al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado al momento que se emita la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Mario Marban Huerta1165/2018
- Mario Martínez Millan1983/2018
- Mario Mauricio Rodriguez Cuevas571/2017
- Mario Mauricio Rodriguez Cuevas818/2017
- Mario Mauricio Rodriguez Cuevas847/2017
- Mario Mena Santacruz613/2015
- Mario Mondragon Ríos337/2020
- Mario Mondragon Rios1048/2023
- Mario Monroy Rodriguez1099/2020
- Mario Monroy Rodriguez1100/2020
- Mario Monroy Rodriguez1920/2017
- Mario Morales Toledo1748/2015