Mario Minjarez Samaniego y Otros.
Expediente 873/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Mario Minjarez Samaniego y Otros.
- Mario Minjarez Samaniego
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, firmado por el licenciado ************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido y toda vez que el juicio en que se actúa está totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos que solicita, previa copia certificada que de los mismos se obtenga para ser sustituidos y toma de razón que por su recibo se deje en autos para debida constancia.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *********************, en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Ahora bien, toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del expediente en que se actúa, se encuentran debidamente digitalizadas y vinculadas en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.); por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área correspondiente de este juzgado para su resguardo temporal. Por otro lado, se hace la precisión de que este juicio es destruible, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este auto, por ubicarse en el supuesto previsto en la fracción IV, del artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que en este asunto se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental, de conformidad con el numeral 15 del citado acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico de juicios de amparo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por ********************, contra actos del Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de control de juicios de amparo con el número 873/2023-I y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, previo análisis del contenido integral de la demanda de amparo y anexos que se acompañan, este órgano de control constitucional, considera que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Inciso reformado DOF 17-06-2016 c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Inciso adicionado DOF 17-06-2016 Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Así, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Lo anterior, en atención a que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que transgredan las garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. La fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, contempla la improcedencia del juicio de amparo, cuando se reclaman actos susceptibles de impugnarse dentro del procedimiento, a través de algún recurso o medio de defensa, capaz de modificarlos, revocarlos o nulificarlos; con las excepciones ahí indicadas. En consecuencia, resulta necesario entonces, determinar si en contra de los actos reclamados, la ley que lo regula, prevé algún recurso o medio de defensa en virtud del cual pudo ser modificado, revocado o nulificado. En el caso, del escrito de demanda, se advierte que el quejoso Mario Minjarez Samaniego, reclama el emplazamiento a juicio y todo lo actuado dentro del expediente 697/2023, del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra de Eulalio Minjarez Domínguez y María Irene Sonora Muñoz, aduciendo que el día veintiséis de agosto de dos mil veintitrés, aproximadamente a las catorce horas, se constituyó un actuario judicial y ministro ejecutor en el domicilio ubicado en calle Sorgo número 10153, fraccionamiento Las Torres, Etapa I, en esta ciudad, en busca de los demandados Eulalio Minjarez Domínguez y María Irene Sonora Muñoz, a fin de emplazarlos a juicio, siendo atendido dicho funcionario judicial por su suegra de nombre Martha Elena Sáenz García, quien le hizo saber que esas personas no habitaban en el domicilio, que eran ellos quienes se encontraban viviendo ahí desde hace más de una década, en calidad de arrendatarios y que no obstante esa circunstancia el actuario corrió traslado de la demanda dirigida a Eulalio Minjarez Domínguez y María Irene Sonora Muñoz, lo cual considera ilegal. Ahora, de las propias manifestaciones realizadas por el justiciable bajo protesta de decir verdad, se obtiene que le resulta el carácter de persona extraña a la controversia de origen, por no ser parte actora ni demanda; sin embargo, se advierte que es causahabiente de los demandados Eulalio Minjarez Domínguez y María Irene Sonora Muñoz, en el juicio 697/2023, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), toda vez que hace alusión de que tiene celebrado un contrato verbal de arrendamiento, con éstos (demandados), sobre el inmueble ubicado en calle Sorgo número 10153, fraccionamiento Las Torres, Etapa I, de esta ciudad, desde hace más de trece años; por lo que es inconcuso que tiene conocimiento de que el bien inmueble arrendado está sujeto a una controversia judicial; máxime, que fue precisamente en ese domicilio donde se emplazó a juicio a los demandados por conducto de su suegra. En consecuencia, el impetrante del amparo adquiere la misma posición que corresponde a su causante dentro del procedimiento natural. Asimismo, se demuestra que el aquí quejoso es causahabiente de la parte demandada que fue notificada y emplazada en juicio, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de la parte demandada, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían a la causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquélla. De lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que la demanda de garantías, resulta improcedente de manera notoria, ya que el quejoso señaló esencialmente como acto reclamado, el emplazamiento a juicio y todo lo actuado dentro del expediente 697/2023, del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Asimismo, se obtiene que el ahora quejoso tuvo conocimiento de los actos combatidos el mismo día del emplazamiento, veintiséis de agosto de dos mil veintitrés; esto es, antes de que se dicte sentencia en dicho juicio, en virtud que se encuentra en la etapa de contestación de la demanda. Por ende, está en aptitud de hacer valer el medio de defensa ordinario consistente en el incidente de nulidad de notificación del emplazamiento, que al respecto prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en su artículo 94; en el cual pude ofrecer las pruebas que estime conveniente y obtener como resultado que se nulificara los actos reclamados; preceptos legales que disponen: "ARTÍCULO 94. La nulidad declarada por defecto en el emplazamiento, implica la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al mismo. La nulidad por defecto en el requerimiento para que una persona lleve a cabo un acto determinado de ejecución inmediata, sólo implicará la nulidad de la diligencia de requerimiento y la de las correcciones disciplinarias o medios de apremio que se hayan decretado para hacer cumplir la orden judicial respectiva. Las demás nulidades de las actuaciones o notificaciones, por regla general, sólo implican la nulidad de la propia actuación o notificación defectuosa". Por lo que, si la parte quejosa reclama el emplazamiento llevado a cabo dentro del juicio al que es causahabiente; y que tiene conocimiento antes de que se dicte sentencia en el mismo, es obvio que su causante está en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificación del emplazamiento efectuado, antes de acudir al juicio de amparo, ya que a través de dicho incidente se puede nulificar los actos reclamados, pues de resultar procedente, conllevaría la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a dicho emplazamiento. Máxime, que de acuerdo a la naturaleza jurídica de los actos reclamados en estudio, los mismos no encuadran en ninguna de las excepciones del principio de definitividad establecidas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, de la Ley de Amparo; que lo exima de la obligación de agotar el recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo; por tanto, al no haber agotado el impetrante de garantías el incidente de nulidad, debe considerarse que el principio de definitividad no quedó colmado. Pues, en el caso concreto el quejoso a través de su causante debe hacer valer el medio de defensa que se viene mencionando, ya que es el medio de defensa ordinario que expresamente establece la legislación aplicable al caso, por el que pueden ser revocados, modificados o confirmados los actos impugnados, cuestión que hace evidente que el peticionario del amparo antes de acudir al juicio de garantías, debió agotar el incidente de nulidad de notificación para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Las jurisprudencias y tesis antes mencionadas integradas conforme a la ley de amparo anterior, resultan aplicables al caso en atención a que no se oponen a la nueva Ley de Amparo, tal y como lo dispone el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por ********************, contra actos del Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de control de juicios de amparo con el número 873/2023-I y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, previo análisis del contenido integral de la demanda de amparo y anexos que se acompañan, este órgano de control constitucional, considera que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Inciso reformado DOF 17-06-2016 c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Inciso adicionado DOF 17-06-2016 Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Así, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Lo anterior, en atención a que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que transgredan las garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. La fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, contempla la improcedencia del juicio de amparo, cuando se reclaman actos susceptibles de impugnarse dentro del procedimiento, a través de algún recurso o medio de defensa, capaz de modificarlos, revocarlos o nulificarlos; con las excepciones ahí indicadas. En consecuencia, resulta necesario entonces, determinar si en contra de los actos reclamados, la ley que lo regula, prevé algún recurso o medio de defensa en virtud del cual pudo ser modificado, revocado o nulificado. En el caso, del escrito de demanda, se advierte que el quejoso Mario Minjarez Samaniego, reclama el emplazamiento a juicio y todo lo actuado dentro del expediente 697/2023, del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra de Eulalio Minjarez Domínguez y María Irene Sonora Muñoz, aduciendo que el día veintiséis de agosto de dos mil veintitrés, aproximadamente a las catorce horas, se constituyó un actuario judicial y ministro ejecutor en el domicilio ubicado en calle Sorgo número 10153, fraccionamiento Las Torres, Etapa I, en esta ciudad, en busca de los demandados Eulalio Minjarez Domínguez y María Irene Sonora Muñoz, a fin de emplazarlos a juicio, siendo atendido dicho funcionario judicial por su suegra de nombre Martha Elena Sáenz García, quien le hizo saber que esas personas no habitaban en el domicilio, que eran ellos quienes se encontraban viviendo ahí desde hace más de una década, en calidad de arrendatarios y que no obstante esa circunstancia el actuario corrió traslado de la demanda dirigida a Eulalio Minjarez Domínguez y María Irene Sonora Muñoz, lo cual considera ilegal. Ahora, de las propias manifestaciones realizadas por el justiciable bajo protesta de decir verdad, se obtiene que le resulta el carácter de persona extraña a la controversia de origen, por no ser parte actora ni demanda; sin embargo, se advierte que es causahabiente de los demandados Eulalio Minjarez Domínguez y María Irene Sonora Muñoz, en el juicio 697/2023, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), toda vez que hace alusión de que tiene celebrado un contrato verbal de arrendamiento, con éstos (demandados), sobre el inmueble ubicado en calle Sorgo número 10153, fraccionamiento Las Torres, Etapa I, de esta ciudad, desde hace más de trece años; por lo que es inconcuso que tiene conocimiento de que el bien inmueble arrendado está sujeto a una controversia judicial; máxime, que fue precisamente en ese domicilio donde se emplazó a juicio a los demandados por conducto de su suegra. En consecuencia, el impetrante del amparo adquiere la misma posición que corresponde a su causante dentro del procedimiento natural. Asimismo, se demuestra que el aquí quejoso es causahabiente de la parte demandada que fue notificada y emplazada en juicio, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de la parte demandada, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían a la causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquélla. De lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que la demanda de garantías, resulta improcedente de manera notoria, ya que el quejoso señaló esencialmente como acto reclamado, el emplazamiento a juicio y todo lo actuado dentro del expediente 697/2023, del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Asimismo, se obtiene que el ahora quejoso tuvo conocimiento de los actos combatidos el mismo día del emplazamiento, veintiséis de agosto de dos mil veintitrés; esto es, antes de que se dicte sentencia en dicho juicio, en virtud que se encuentra en la etapa de contestación de la demanda. Por ende, está en aptitud de hacer valer el medio de defensa ordinario consistente en el incidente de nulidad de notificación del emplazamiento, que al respecto prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en su artículo 94; en el cual pude ofrecer las pruebas que estime conveniente y obtener como resultado que se nulificara los actos reclamados; preceptos legales que disponen: "ARTÍCULO 94. La nulidad declarada por defecto en el emplazamiento, implica la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al mismo. La nulidad por defecto en el requerimiento para que una persona lleve a cabo un acto determinado de ejecución inmediata, sólo implicará la nulidad de la diligencia de requerimiento y la de las correcciones disciplinarias o medios de apremio que se hayan decretado para hacer cumplir la orden judicial respectiva. Las demás nulidades de las actuaciones o notificaciones, por regla general, sólo implican la nulidad de la propia actuación o notificación defectuosa". Por lo que, si la parte quejosa reclama el emplazamiento llevado a cabo dentro del juicio al que es causahabiente; y que tiene conocimiento antes de que se dicte sentencia en el mismo, es obvio que su causante está en aptitud de interponer el incidente de nulidad de notificación del emplazamiento efectuado, antes de acudir al juicio de amparo, ya que a través de dicho incidente se puede nulificar los actos reclamados, pues de resultar procedente, conllevaría la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a dicho emplazamiento. Máxime, que de acuerdo a la naturaleza jurídica de los actos reclamados en estudio, los mismos no encuadran en ninguna de las excepciones del principio de definitividad establecidas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, de la Ley de Amparo; que lo exima de la obligación de agotar el recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo; por tanto, al no haber agotado el impetrante de garantías el incidente de nulidad, debe considerarse que el principio de definitividad no quedó colmado. Pues, en el caso concreto el quejoso a través de su causante debe hacer valer el medio de defensa que se viene mencionando, ya que es el medio de defensa ordinario que expresamente establece la legislación aplicable al caso, por el que pueden ser revocados, modificados o confirmados los actos impugnados, cuestión que hace evidente que el peticionario del amparo antes de acudir al juicio de garantías, debió agotar el incidente de nulidad de notificación para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Las jurisprudencias y tesis antes mencionadas integradas conforme a la ley de amparo anterior, resultan aplicables al caso en atención a que no se oponen a la nueva Ley de Amparo, tal y como lo dispone el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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