Mario Mendoza Perez
Expediente 153/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 153/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Mario Mendoza Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Causa ejecutoria sentencia, se ordena archivo...
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Integración de oficio. Agréguese a los autos el oficio que remite la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido en auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, toda vez que remitió la constancia solicitada; dese vista con lo anterior a las partes. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; por lo que es procedente proveer lo siguiente: Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del ocurso recibido, así como de las documentales anexas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en que la autoridad responsable fue omisa en fijar fecha para la audiencia dispuesta en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, así como la falta de emplazamiento a la misma. Sin embargo, la autoridad responsable al rendir informe justificado remitió copia del acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual señaló el veintitrés de abril siguiente, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Asimismo, al cumplir con el requerimiento impuesto en el presente sumario, remitió copia certificada del acta de ocho de abril del referido año, relativa al llamamiento de la parte demandada en el juicio laboral de referencia. En ese sentido, es incuestionable que durante la tramitación del juicio cesaron los efectos de los actos impugnados, pues mediante el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se señaló fecha para llevar a cabo la audiencia bifásica en el expediente 1733/19JE1; asimismo, el ocho de abril siguiente se practicó el emplazamiento a juicio de la parte demandada; con lo cual se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo a la demanda y se restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos que consideraba violados, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada e el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, doce de abril de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional (quince días). De la certificación que antecede se advierte que a la autoridad señalada como responsable, no le ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia y se señalan para su celebración las diez horas con veintitrés minutos del diez de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.AlejandraRT
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de abril de dos mil veintiuno. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el informe justificado rendido por el presidente y el actuario, ambos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Se requieren constancias. Ahora, tomando en consideración el requerimiento formulado a la parte actora -aquí quejosa-, en proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las referidas autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remitan copia certificada de la notificación practicada a la parte actora y el acuerdo recaído a dicho apercibimiento, ya que de éstas pudiera advertirse la actualización de una causa de improcedencia...
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