Mario Mendoza Alvarez

Expediente 76/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
76/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
10/04/2018

Partes del expediente

  • Mario Mendoza Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, diez de abril de dos mil dieciocho. Del estado de autos, se advierte que mediante proveído de cinco de marzo del año en curso, se tuvo parcialmente cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que la parte legitimada, haya hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencias respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables...

  2. Principal

    II. NEn cinco de marzo de dos mil dieciocho, José Martín Narciso Pérez, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, CERTIFICA: Que transcurrió en exceso el término de tres días, concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista formulada mediante proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho; sin que lo haya hecho; asimismo, hace constar que la Oficialía de Partes de este Juzgado, informó que realizada una revisión exhaustiva del libro de correspondencia, no existe promoción alguna ingresada tendiente a combatir dicha determinación. Doy fe. En cinco de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Uruapan, Michoacán, cinco de marzo de dos mil dieciocho. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto de la vista que le fue dada del proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho, en que se tuvo a la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, informando sobre el cumplimiento de ejecutoria y, tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo son de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativo el siguiente criterio: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Por sentencia de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por María Guadalupe Álvarez Romero en favor del quejoso directo Mario Mendoza Álvarez (fojas 153 a 165). Sin que ninguna de las partes legitimadas hubiese recurrido la sentencia de amparo; por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria tal resolución (fojas 211 a 213), determinándose requerir al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, para que realizara lo siguiente: 1.- Dejara insubsistente la orden de traslado contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/05791/2015 de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, y; 2.- Se ordenara el traslado del quejoso al Centro penitenciario en el que se encontraba recluido, antes de la emisión de la orden de traslado reclamada. De esta forma, la mencionada autoridad responsable remitió el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/04.6/01739/2018, al que adjuntó diversas constancias relacionadas con el cumplimiento dado al fallo protector (fojas 245 a 249). Documentales de las que se ordenó dar vista de su contenido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera; lo que no aconteció, como fue indicado. Ahora, del examen de las documentales descritas, las cuales tienen pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, se desprende que el citado Comisionado en relación con los efectos del fallo constitucional, acreditó lo siguiente: Mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/01795/20018, dejó sin efectos el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/05791/2015, de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince. Por otro lado, en relación con el diverso efecto protector, la autoridad responsable manifestó la imposibilidad que tuvo para ordenar el traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, al centro penitenciario en el que se encontraba recluido, antes de la emisión de la orden de traslado reclamada, esto es, al Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz", con sede en Uruapan, Michoacán. Esto, en razón de que el nueve de enero de dos mil dieciocho, el quejoso Mario Mendoza Álvarez egresó por libertad del citado Centro de reclusión Federal, al haberse acogido al beneficio de la condena condicional, dentro de la causa penal 31/2015-I, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; lo que se corrobora con el acta administrativa de egreso por libertad 20/2018 (fojas 247 a 249). Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad material para su cumplimiento porque LA SENTENCIA SE ENCUENTRA PARCIALMENTE CUMPLIDA. Lo anterior, porque el efecto protector consistente en el traslado del quejoso al Centro de reclusión al que se encontraba antes de la emisión de la orden de traslado reclamada, no puede materialmente cristalizarse. Pues el quejoso Mario Mendoza Álvarez, al egresar del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, con motivo de la libertad condicional que le otorgó el Juez de la causa, impide jurídica y materialmente a la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, acatar en su totalidad los alcances del fallo protector. Entonces, de actuar conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo que se analiza, sería en perjuicio del gobernado pues éste obtuvo su libertad deambulatoria, bien jurídico tutelado de mayor peso que el traslado que aquí se reclamó. De ahí que esta autoridad declara la imposibilidad material para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que pase inadvertida la obligación que impone el cuarto párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando una sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, se deberán remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el diverso numeral 193, de la legislación en consulta. No obstante, este Juzgado de Distrito, advierte que la imposibilidad que tiene la autoridad responsable no deviene de alguna de las actividades previstas en el mencionado artículo 193, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, o bien, que se actualice alguna conducta que demuestre su omisión o evasiva en el debido cumplimiento; por tanto, es intrascendente proceder conforme a lo establecido en las porciones normativas invocadas. Tampoco resulta procedente volver a requerir el debido cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, puesto que a ningún fin practico conduciría, habida cuenta que, se reitera, existe imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, derivada de una consecuencia jurídica gestionada por el quejoso relacionada con su libertad personal, ajena a la potestad legal de la autoridad en cuestión. Ilustran los anteriores razonamientos, por identidad de razón y en lo conducente, los siguientes criterios: Tesis: P./J. 58/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007914 3 de 4 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Tesis: III.2o.C.19 K (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2014616 1 de 4 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV Pag. 2909 Tesis Aislada(Común) EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable. Con lo expuesto, dese vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se proveerá lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado José Martín Narciso Pérez, Secretario que autoriza y da fe.Ja'

  3. Principal

    II. Con fundamento en el artículo 27, inciso b), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el citatorio de seis de marzo de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de cinco del citado mes y año, que en lo conducente dice: Uruapan, Michoacán, cinco de marzo de dos mil dieciocho. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto de la vista que le fue dada del proveído de doce de febrero de dos mil dieciocho, en que se tuvo a la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, informando sobre el cumplimiento de ejecutoria y, tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo son de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativo el siguiente criterio: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Por sentencia de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por María Guadalupe Álvarez Romero en favor del quejoso directo Mario Mendoza Álvarez (fojas 153 a 165). Sin que ninguna de las partes legitimadas hubiese recurrido la sentencia de amparo; por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria tal resolución (fojas 211 a 213), determinándose requerir al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, para que realizara lo siguiente: 1.- Dejara insubsistente la orden de traslado contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/05791/2015 de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, y; 2.- Se ordenara el traslado del quejoso al Centro penitenciario en el que se encontraba recluido, antes de la emisión de la orden de traslado reclamada. De esta forma, la mencionada autoridad responsable remitió el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/04.6/01739/2018, al que adjuntó diversas constancias relacionadas con el cumplimiento dado al fallo protector (fojas 245 a 249). Documentales de las que se ordenó dar vista de su contenido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera; lo que no aconteció, como fue indicado. Ahora, del examen de las documentales descritas, las cuales tienen pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, se desprende que el citado Comisionado en relación con los efectos del fallo constitucional, acreditó lo siguiente: Mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/01795/20018, dejó sin efectos el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/05791/2015, de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince. Por otro lado, en relación con el diverso efecto protector, la autoridad responsable manifestó la imposibilidad que tuvo para ordenar el traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, al centro penitenciario en el que se encontraba recluido, antes de la emisión de la orden de traslado reclamada, esto es, al Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz", con sede en Uruapan, Michoacán. Esto, en razón de que el nueve de enero de dos mil dieciocho, el quejoso Mario Mendoza Álvarez egresó por libertad del citado Centro de reclusión Federal, al haberse acogido al beneficio de la condena condicional, dentro de la causa penal 31/2015-I, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; lo que se corrobora con el acta administrativa de egreso por libertad 20/2018 (fojas 247 a 249). Por tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad material para su cumplimiento porque LA SENTENCIA SE ENCUENTRA PARCIALMENTE CUMPLIDA. Lo anterior, porque el efecto protector consistente en el traslado del quejoso al Centro de reclusión al que se encontraba antes de la emisión de la orden de traslado reclamada, no puede materialmente cristalizarse. Pues el quejoso Mario Mendoza Álvarez, al egresar del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, con motivo de la libertad condicional que le otorgó el Juez de la causa, impide jurídica y materialmente a la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, acatar en su totalidad los alcances del fallo protector. Entonces, de actuar conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo que se analiza, sería en perjuicio del gobernado pues éste obtuvo su libertad deambulatoria, bien jurídico tutelado de mayor peso que el traslado que aquí se reclamó. De ahí que esta autoridad declara la imposibilidad material para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que pase inadvertida la obligación que impone el cuarto párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando una sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, se deberán remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el diverso numeral 193, de la legislación en consulta. No obstante, este Juzgado de Distrito, advierte que la imposibilidad que tiene la autoridad responsable no deviene de alguna de las actividades previstas en el mencionado artículo 193, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, o bien, que se actualice alguna conducta que demuestre su omisión o evasiva en el debido cumplimiento; por tanto, es intrascendente proceder conforme a lo establecido en las porciones normativas invocadas. Tampoco resulta procedente volver a requerir el debido cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, puesto que a ningún fin practico conduciría, habida cuenta que, se reitera, existe imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, derivada de una consecuencia jurídica gestionada por el quejoso relacionada con su libertad personal, ajena a la potestad legal de la autoridad en cuestión. Ilustran los anteriores razonamientos, por identidad de razón y en lo conducente, los siguientes criterios: Tesis: P./J. 58/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007914 3 de 4 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 11 Jurisprudencia(Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Tesis: III.2o.C.19 K (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2014616 1 de 4 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV Pag. 2909 Tesis Aislada(Común) EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable. Con lo expuesto, dese vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se proveerá lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado José Martín Narciso Pérez, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    II. En doce de febrero de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio y anexos, registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 2129. Conste.Uruapan, Michoacán, doce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta enviado por la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, a través del cual, informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector y al efecto anexa las respectivas constancias; circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el oficio y documentales de referencia, dése vista a la parte quejosa, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado José Martín Narciso Pérez, Secretario que autoriza y da fe.Ja'

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