Mario Méndez Manzano
Expediente 509/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mario Méndez Manzano
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En razón de lo anterior y tomando en consideración que el expediente electrónico coincide fielmente en todas y cada una de sus partes con el expediente físico en que se actúa, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por la quejosa; además, a juicio del suscrito no se considera de relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurra el término de conservación correspondiente, deberá procederse a la destrucción del expediente, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental..."
- Principal
"...Agréguese a los autos el ocurso suscrito por el quejoso... por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en auto de trece de octubre del año en curso, y al respecto manifiesta que... se encuentra en etapa de ejecución de laudo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. Este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento al principio de definitividad que establece el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no interpuso el recurso de revisión que procede contra el oficio 2945/2022 de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral... en el que la autoridad responsable fue omisa en hacer efectivo el apercibimiento a la institución bancaria denominada... Institución de Banca Múltiple, consistente en doble pago en caso de desobediencia, previsto en el artículo 958 de la Ley Federal del Trabajo, pese a haberlo decretado previamente en el oficio... de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Sobre el particular, resulta necesario señalar que dentro de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, existe el denominado principio de definitividad. El principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de modo tal que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el juicio de amparo es improcedente. El principio en comento, se fundamenta en la naturaleza misma del juicio de amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se corrompería la naturaleza jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, por lo que es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado. Ahora bien, conviene precisar que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, vigentes a partir del día siguiente de su publicación, ya que la controversia de la que emana el acto reclamado, según se refiere, inició previamente a las mismas. Ahora bien, los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y 849 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Por su parte, los numerales 609, 616, fracción IV, 617 y 618 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: Artículo 609.- Las Juntas Especiales se integrarán: I. Con el Presidente de la Junta, cuando se trate de conflictos colectivos, o con el Presidente de la Junta Especial en los demás casos; y II. Con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones. ".Artículo 616.- Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes: IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones del Presidente en ejecución de los laudos." ".Artículo 617. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta; II. Presidir el Pleno; III. Presidir las Juntas Especiales en los casos de los artículos 608 y 609, fracción I; IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos señalados en la fracción anterior; V. Revisar los actos de los Actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes; VI. Cumplimentar los exhortos o turnarlos a los Presidentes de las Juntas Especiales; VII. Rendir los informes en los amparos que se interpongan contra los laudos y las resoluciones dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales que presida; VIII. Conocer y resolver de las providencias cautelares que se promuevan en los conflictos colectivos; IX. Someter al Pleno los reglamentos del servicio profesional de carrera y el de evaluación del desempeño de los Presidentes de las Juntas Especiales; y X. Las demás que le confieran las Leyes." ".Artículo 618.- Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial; II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; III. Conocer y resolver las providencias cautelares; IV. Revisar los actos de los Actuarios en la ejecución de los laudos y de las providencias cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes; V. Cumplimentar los exhortos que le sean turnados por el Presidente de la Junta; VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por la Junta Especial; VII. Informar al Presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y VIII. Cumplir y aprobar satisfactoriamente los procedimientos de evaluación de desempeño que se establezcan conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo; y IX. Las demás que les confieran las Leyes." De una interpretación sistemática de los artículos 609, 616, fracción IV, 617 y 618 de la Ley Federal del Trabajo, se llega a la conclusión de que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos, y sus determinaciones son impugnables a través del recurso de revisión. En el caso, si el Presidente de la Junta responsable fue omiso en hacer efectivo el apercibimiento de doble pago a la institución bancaria denominada Banco Azteca S.A., Institución de Banca Múltiple, no obstante de haberlo decretado previamente en oficio 2723/2022 de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, y pese a que la parte quejosa también lo solicitó; por tanto, es claro que contra tal determinación procedía el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, en virtud que el mencionado dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión contra los actos de los presidentes o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, o convenios, así como de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. Esto es así, ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente o celebrado el convenio entre las partes cesa la función de la Junta responsable, pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual, por disposición expresa de los artículos 617 y 618 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde llevar a cabo a los presidentes de las juntas; por lo tanto, es dable concluir que procedía el recurso de revisión contra el auto aquí reclamado. Por tanto, se concluye que el recurso de revisión procede contra la resolución que el presidente dicte en la etapa de ejecución del laudo, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que en el presente caso, debe ser resuelto por la Junta Especial respectiva, como lo señalan los diversos preceptos 616, fracción IV y 850, fracción I, de la legislación obrera. La última disposición es del tenor literal siguiente: ".Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." En ese contexto, el acto reclamado por la parte quejosa carece de definitividad para los efectos del amparo, porque no agotó el recurso de revisión, habida cuenta que, con a través del citado recurso, pudo ser revocado, modificado o nulificado el acto reclamado en el presente juicio de amparo... En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente..."
- Principal
"... RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 509/2022-IV-B. PREVENCIÓN En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 112 y 114 En el caso concreto, la demanda que se analiza deviene deficiente en el capítulo de antecedentes, pues si bien reclama la omisión por parte del presidente de la junta de hacer efectivo el apercibimiento de doble pago a *-*-*, en virtud que es dicha institución bancaria quien tiene acceso a la cuenta bancaria de la parte demandada, y sobre la cual se trabó formal embargo; sin embargo, no señala el estado procesal en que se encuentra el juicio laboral *-*-*, es decir, si el apercibimiento forma parte de alguna medida precautoria previo al dictado de la sentencia, o en su caso, fue un acto en ejecución de sentencia, circunstancia que es importante conocer para proveer sobre la admisión de la demanda de amparo. Por tanto, ante la deficiencia precisada con anterioridad, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión o desechamiento, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción III, 114, fracción V, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que, bajo protesta de decir verdad y con las copias necesarias para correr traslado a las partes, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, realice lo siguiente: ÚNICO. Señale el estado procesal en que se encuentra el juicio laboral *-*-* del que se hace derivar el acto reclamado. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que, en caso de incumplir con lo requerido o que lo haga de manera extemporánea, de conformidad con el artículo 114 de la Ley, se proveerá en relación a su demanda en los términos propuestos. En el entendido de que la aclaración, la tiene que hacer [1] de manera directa el promovente y no sus autorizados, [2] por escrito y [3] bajo protesta de decir verdad, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración debe de hacerla el directo quejoso, ya que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes..."
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