Mario Mejía Zárate

Expediente 27/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
27/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
12/05/2017

Partes del expediente

  • Mario Mejía Zárate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, en atención a que la parte quejosa, no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, mediante la cual se sobreseyó este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que el presente expediente fue sobreseído, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción II del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos sin que recaiga mayor determinación los informes justificados rendidos por el Director Jurídico y Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la ciudad de México, toda vez que en auto de dieciocho de abril del año en curso, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, por haberse actualizado la hipótesis de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial y el estado de autos de los que se advierte que el quejoso Mario Mejía Zarate, no hizo manifestación alguna respecto de la vista que se le dio en proveído de veintidós de marzo de dos mil diecisiete (fojas 39 y 40), para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación a la copia certificada de las documentales remitidas por la autoridad responsable Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, consistentes en: 1) Oficio 678, de treinta de marzo de dos mil seis, deducido del expediente 00241/2006, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en Altamira, Tamaulipas; 2) Escrito de tres de octubre de dos mil dieciséis, signado por el quejoso Mario Mejía Zarate; 3) Oficio DPE1.0.2.2.1/1536/2017, de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, signado por el Subdirector de Control de Pago de la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual da respuesta a lo solicitado por el aquí quejoso en su escrito de tres de octubre de dos mil dieciséis; y 4) Factura de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, expedida por la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remitió al aquí quejoso el oficio DPE1.0.2.2.1/1536/2017, de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, con número de guía de rastreo MN609709915MX del Servicio Postal Mexicano, de cuyo contenido se advierte que la autoridad responsable de referencia, con fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete dio contestación al escrito de tres de octubre de dos mil dieciséis de la parte quejosa (fojas 35 y 36), mismo que fue notificado por correo certificado con número de guía de rastreo MN609709915MX. Ahora, es menester señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de garantías, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este Juzgado Federal determina que es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por actualizarse la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, del análisis de la copia certificada de las constancias remitidas por el Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, se arriba al conocimiento pleno, que la autoridad responsable Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, mediante oficio DPE1.0.2.2.1/1536/2017, de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (foja 35 y 36), dio contestación a la petición que por escrito de tres de octubre de dos mil dieciséis, le formuló el aquí quejoso Mario Mejía Zárate, mismo que fue notificado por correo certificado con número de guía de rastreo MN609709915MX. De lo anterior, resulta patente que han cesado los efectos del acto reclamado, en razón de que la autoridad responsable acordó el escrito del aquí quejoso, cuya falta de pronunciamiento se reclama, esto es, desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sin que obste lo anterior que la autoridad responsable no haya remitido copia certificada de la constancia de notificación al quejoso, del acuerdo recaído a su petición, porque en auto de veintidós de marzo del año en curso (fojas 39 y 40), se dio vista al quejoso con el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, entre las que se encuentran el acuerdo que recayó a su petición, cuyo proveído le fue notificado por lista que se fija en los estrados de este juzgado previo citatorio y/o aviso, que se dejó en el domicilio que señaló la parte quejosa para oír y recibir notificaciones ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho número 205, Colonia Centro, de esta Ciudad. De lo anterior, resulta claro que el agraviado ya tiene conocimiento del acuerdo que recayó a su petición escrita recibida por la autoridad responsable el seis de octubre de dos mil dieciséis. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 36/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX (Mayo de 1999), Página 469, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." En las relatadas consideraciones, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, que se fijó por proveído de veintidós de marzo del año en curso (fojas 39 y 40), para las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Se invoca en apoyo de lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: "Registro No. 184572 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003 Página: 386 Tesis: 2a./J. 10/2003 Jurisprudencia Materia(s): Común Rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Texto: De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, se invoca en apoyo de lo resuelto las jurisprudencias 2a./J. 59/99 y 2a./J. 9/98, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos IX (Junio de 1999) y VII (Febrero de 1998), visibles a fojas 38 y 210, correspondiente a la Novena Época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." y "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO: Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.16o.A.1 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, visible en la página 1665, correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, intitulada: "DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular." Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Por otra parte, para los efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente en el que se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, agréguese a los autos los informes justificados rendidos por el Director Jurídico y Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia' en la Ciudad de México; en atención a su contenido, se provee: De los inforrries,rendidos por las citadas autoridades, se aprecia que no se encuentran debidamente requisitados en sus términos, toda , vez que los mismos carecen del sello oficial correspondiente de la dependencia que los emite, por lo que jurídicamente no puede tenerse por rendidos los informes justificados de que se trata. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código. Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a dichas autoridades para que dentro del término de tres días siguiente al en que sean legalmente notificadas de este proveído, remitan a este juzgado los informes justificados solicitados mediante oficio 391-11 y 392-11, de véintisiete de enero de dos mil diecisiete, cumpliendo con el requisito respectivo, esto es, deberá estampar el sello oficial correspondiente. Se apercibe a dichas autoridades que no rendir los informes justificados dentro del plazo concedido, cumpliendo con todos los requisitos señalados, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo se le impondrá multa como medio de apremio por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de enero siguiente, y en relación con la resolución de uno de diciembre de dos mil dieciséis, del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Por otra parte, como justificación a su informe la autoridad responsable Director de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, remite copia certificada de las siguientes documentales: 1) Del oficio 678, de treinta de marzo de dos mil seis, dictado en el expediente 00241/2006, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en Altamira, Tamaulipas; 2) Escrito de tres de octubre de dos mil dieciséis, signado por el quejoso Mario Mejía Zarate; 3) Oficio DPE1.0.2.2.1/1536/20.17, de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, signado por el Subdirector de Control de Pago de la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual da respuesta a lo solicitado por el aquí quejoso en su escrito de tres de octubre de dos mil dieciséis; y 4) Factura de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remitió al aquí quejoso el oficio DPE1.0.2.2.1/1536/2017, de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, con número de guía de rastreo MN609709915MX del Servicio Postal Mexicano, mismas a las que se adhiere el Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de las autoridades responsables de referencia, la copia certificada de las referidas documentales; desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional aunque no exista gestión de la parte interesada, que se justipreciará al,dictar él fallo en el presente asunto. Ahora, del análisis de las constancias remitidas por las citadas autoridades responsables; con pleno valor probatorio en su calidad de instrumental de actuaciones en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de \la Ley .de Amparo, se advierte que la autoridad responsable' Director .de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con residencia en la Ciudad de México, con fecha dieciséis de febrero del año en curso, dio contestación al escrito del quejoso, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, no alegada por alguna de las partes. En consecuencia, previo acordar lo procedente, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso-para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación manifieste lo que a su derecho convenga. Por otra parte, toda vez que del estado de autos se aprecia que se encuentran señaladas las once horas con veinte minutos del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio (foja 14); por consiguiente, a fin de dar oportunidad a que la parte quejosa se imponga de la vista ordenada en párrafos que anteceden, y evitar acuerdos innecesarios en perjuicio de la pronta y expedita administración de justicia prevista por el artículo .17 de la Constitución Federal, se difiere desde este momento la audiencia constitucional, señalándose nuevamente para su desahogo las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.

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