Mario Manuel Olvera Chávez
Expediente 871/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mario Manuel Olvera Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de enero de dos mil veintidós. Del estado de autos se advierte que en auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se recibieron copias certificadas relativas al procedimiento judicial no contencioso 1073/2019, remitidas por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y, atendiendo a que el veinticinco de octubre del año próximo pasado se ordenó el archivo definitivo de este juicio de amparo, resulta innecesario retener dichas documentales; por tanto, mediante oficio, devuélvanse las mismas a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el escrito de Signy Vianney Leyva Romero, autorizada del quejoso Mario Manuel Olvera Chávez, por medio del cual desahoga la prevención de veintisiete de septiembre del año en curso. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que el impetrante señala como acto reclamado: - El auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, el cual desecha el recurso de apelación que hizo valer en contra del proveído de cuatro de junio del mismo año, ambos dictados en el expediente 1073/2019, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De conformidad con la disposición invocada, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar. De ahí es donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En esos términos se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K, de contenido: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías." Entonces, tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. Bajo el esquema apuntado, los artículos 1.393 y 1.398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado en la presente instancia (juicio de divorcio 1073/2019), prevé como medio de defensa el recurso de queja, el cual procede en contra del auto que deniegue el recurso de apelación, como en el caso sucede con el dictado del acuerdo de catorce de junio de la presente anualidad, a través del cual el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, determinó desechar el recurso de apelación hecho valer en contra del auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, así como que en los casos en que se declare fundado el medio de impugnación se ordenará admitir la apelación. De lo anterior, se colige que la procedencia del juicio biinstancial se encuentra sujeta a que previamente se controvierta el acto reclamado en el juicio de origen mediante el recurso de queja, el cual, como se dijo, constituye un medio ordinario de defensa que tiene como efecto modificar, revocar o nulificar la determinación impugnada en esta vía. Además, en este caso no se configura ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el numeral 61, fracción XVIII, de la normatividad de la materia. No pasa desapercibido que el acto del que se duele el agraviado podría considerarse como de imposible reparación; empero, tal circunstancia no lo exime de acatar el principio de definitividad antes de acudir al amparo contra la determinación reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estipula: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Máxime, que en el caso se estima innecesario admitir a trámite la demanda a fin de recabar las constancias del juicio de origen a fin de verificar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, virtud a que ya se cuenta con ellas con motivo de que fueron acompañadas por la autoridad responsable al rendir informe justificado, con motivo de que la presente demanda fue promovida inicialmente como amparo directo. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Mario Manuel Olvera Chávez, por derecho propio. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense los escritos de Signy Vianney Leyva Romero, autorizada de la parte quejosa, por medio de los cuales, pretende desahogar la prevención formulada en auto de seis de septiembre del año en curso, adecuando su escrito inicial a los requisitos que debe contener una demanda de amparo indirecto y solicita el acceso al expediente electrónico. No obstante, del contenido del primer escrito que se provee se desprende que la ocursante no satisface los puntos solicitados por este órgano federal, pues los antecedentes del acto reclamado no fueron narrados bajo protesta de decir verdad, como lo indica el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido para la suscrita, el hecho de que en la parte final del líbelo que se provee, la ocursante haya manifestado "PROTESTO LO NECESARIO", pues tal expresión no puede sustituir la protesta de decir verdad, puesto que éste es un requisito formal que debe manifestarse de manera expresa. Por lo anterior, queda subsistente el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, por lo que deberá desahogar dicha prevención en la temporalidad restante del plazo que se le otorgó para tal efecto. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, página 133, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENSIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar a aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, cuando no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de no requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2°., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de las presentadas y en atención al principio de justicia pronta y expedita, consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda y si se satisfizo lo ordenado o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defecto que aún subsista para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así; se impediría al promovente enterarse las razones por las cuales no está cumpliendo con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Por otro lado, atendiendo a su solicitud, con base en la parte final del párrafo quinto del artículo 3 de la ley de la materia, se autoriza la consulta del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario "SignyLeyva"; asimismo, dígase que se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Asimismo, en virtud a su petición de tramitar el presente expediente bajo el esquema de juicio en línea, en términos del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, practíquense a la parte quejosa las notificaciones vía electrónica. Finalmente, téngase como medio alterno de comunicación el correo electrónico que proporciona para los casos en que este Juzgado lo estime pertinente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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