Mario Manuel Antonio

Expediente 255/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
255/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • Mario Manuel Antonio

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 255/2021-2B* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintiuno. 1. Causa estado resolución. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Mario Manuel Antonio, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas determinaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Considerando que en proveído de dieciocho de marzo del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. En términos del artículo 21, inciso d), del referido acuerdo general, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (desechamiento), este expediente es destruible, por lo cual, se comunica a las partes que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste que este último es destruible. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 255/2021 MESA 2° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra un acto del juez Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y de otra autoridad, recibida el dieciséis de marzo del año en curso, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional el diecisiete de marzo siguiente; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 255/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, atento a que el acto reclamado, por su naturaleza y efectos, no es de imposible reparación para la procedencia del juicio constitucional; numerales que disponen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente, entre otros casos, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley. Por su parte, el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio constitucional respecto de actos cuya ejecución sea de imposible reparación. El aludido dispositivo define a tales actos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Las reflexiones precedentes se sustentan en la jurisprudencia 37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "*** Ahora bien, para explicar por qué surte efectos la causal de improcedencia referida, es pertinente precisar algunos de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, relativos a la audiencia aquí reclamada: Acto reclamado. La parte quejosa señala como acto reclamado: La audiencia de carácter familiar celebrada el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en el expediente 52/2020, en la parte en la que se declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso contra la diversa audiencia desahogada el uno de diciembre de dos mil veinte, donde se ordenó citar nuevamente a la demandada Sandra Sánchez Santiago, en el domicilio en que fue emplazada, a efecto de que comparezca a la audiencia familiar. Lo que atribuye al juez Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y su ejecución al ejecutor adscrito a dicho órgano judicial. Antecedentes del acto reclamado: El quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo siguiente: a) Con motivo de una relación de concubinato entre el aquí quejoso Mario Manuel Antonio y Sandra Sánchez Santiago, se procreó una hija de nombre K.A.M.S. b) El once de julio de dos mil diecinueve Sandra Sánchez Santiago abandonó, sin causa justificada, el domicilio conyugal, llevándose consigo a su menor hija, impidiendo al quejoso convivir con esta última. c) Ante esa conducta (negativa de convivencia con su menor hija), mediante escrito de veintiocho de enero de dos mil veinte, el agraviado Mario Manuel Antonio demandó a Sandra Sánchez Santiago, entre diversas cuestiones, la convivencia con su menor hija K.A.M.S, ante el juez Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; asunto que fue radicado bajo el número de expediente 52/2020. d) Por escrito de fecha dos de marzo de dos mil veinte, la demandada Sandra Sánchez Santiago contestó la demanda instaurada en su contra y señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados del citado Juzgado. e) En audiencia celebrada el uno de diciembre de dos mil veinte se señalaron las once horas del diecinueve de enero del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia de carácter familiar, ordenándose citar a las partes para su desahogo, para lo que el juez civil responsable determinó citar nuevamente a la demandada Sandra Sánchez Santiago, en el domicilio en que fue emplazada a juicio, es decir, en la casa sin número, ubicada en la calle principal, precisamente, a un costado del panteón municipal de San Pedro Quiatoni, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. f) Mediante ocurso presentado el tres de diciembre de dos mil veinte, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación contra la audiencia del mismo mes y año, en la parte relativa en que el juez Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, ordenó notificar nuevamente a la parte demandada, en el domicilio en que fue emplazada, para que comparezca a la audiencia de carácter familiar. g) En audiencia celebrada el diecinueve de enero de dos mil veintiuno el juez responsable declaró improcedente dicho medio de impugnación, al aducir que resultan fundados los agravios del aquí quejoso, pero inoperantes, dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código Civil del Estado y 4 de la Constitución Federal, facultan a su autoridad a tomar las medidas necesarias para preservar el interés del menor de edad, por lo que resulta indispensable escuchar a las partes en una audiencia de carácter familiar, a efecto de que ambos padres, de común acuerdo, fijen el régimen de visitas y convivencias, por lo que consideró necesario citar en forma personal a la parte demandada, en el domicilio en que fue emplazada; resolución que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. El quejoso refiere que el acto reclamado versa en el hecho de que el juez Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca ordenó notificar nuevamente a la demandada Sandra Sánchez Santiago, en el domicilio en que fue llamada al juicio natural; acto que, se estima, no afecta de manera cierta, directa e inmediata algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Federal; pues no es de aquellos que contempla el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, se estima el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso al juicio de amparo indirecto, precisamente, porque no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento natural, sin que implique por sí la privación de un derecho, pues en la audiencia que reclama no se aprobó lo relativo al régimen de visitas y convivencia con la menor, dado que, contrario a ello, el juez responsable ordenó notificar a la demandada Sandra Sánchez Santiago en el domicilio en que fue emplazada, con la finalidad de preservar el interés superior de esta última y de que ambos padres, de común acuerdo, fijen el régimen de visitas y convivencias. Por tanto, la audiencia reclamada se trata de una actuación que no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; razón por la que tal acto no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues, como se dijo, no originan afectación alguna a los derechos fundamentales del agraviado. En consecuencia, al actualizarse de modo notorio, manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107, interpretada a contrario sensu, con apoyo en el diverso 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda promovida por Mario Manuel Antonio. Cabe precisar que con esta determinación no se vulneran los derechos del menor de edad, que se encuentra involucrado en el juicio de origen, en virtud que no se vulneró su interés superior. Ello es así, considerando que el artículo 4° de la Constitución Federal, en su párrafo noveno, dispone que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral e impone a los ascendientes, tutores y custodios la obligación de velar por la preservación de esos derechos; asimismo, fija al Estado la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, inclusive, el deber de otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de los niños. Por su parte, el artículo 3.1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño dispone que cualquier medida que tomen las autoridades estatales, relacionada con infantes, debe tener en cuenta de forma primordial el interés superior de éstos. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número oc-17/2002, intitulada "Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño", de veintiocho de agosto de dos mil dos, sostuvo que el interés superior del menor es ". un principio regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.". En ese tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirma que, en el campo jurisdiccional, el interés superior es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Tal como se aprecia del texto de la tesis 1a. XV/2011, consultable en la página 616, del tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL". Por otro lado, la convivencia del niño con sus progenitores constituye un derecho fundamental de ambos que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del niño, para que reciba de ellos afecto, calor humano, presencia personal, respaldo y respeto a su persona e intimidad, cuestión de orden público e interés social. Al respecto, el artículo 9. 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño establece que los Estados celebrantes convinieron en que respetarán el derecho del infante que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones y contacto directo con sus progenitores de modo regular, estableciendo como única limitante, que ello sea contrario al interés superior de éste. En ese orden de ideas, como se dijo, en el caso no se advierte que con el dictado de esta resolución se afecte los intereses del menor involucrado en el juicio natural, pues en el acto reclamado no se decretó que la convivencia se realizaría de una manera u otra, dado que, contrario a ello, en la audiencia combatida se ordenó notificar a la demandada Sandra Sánchez Santiago, en el domicilio en que fue emplazada, con la finalidad de preservar el interés superior del menor y de que ambos padres, de común acuerdo, fijen el régimen de visitas y convivencia; lo que no le irroga un perjuicio o un impacto emocional y psicológico. Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues, para que pueda ser ejercido, es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica. 4. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con apoyo en los artículos 22, 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 5. Precisión. Hágase del conocimiento del promovente que respecto a cuestiones relativas a la a) atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación en listas, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 8. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 9. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su demanda. Por autorizado en términos amplios del diverso numeral 12 de dicho ordenamiento legal a Inocencio Lalo Azcona (cédula profesional 1512554, registro 116893), por haberse encontrado registrada su cédula profesional en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Jorge Michi Aquino y Adelaido Michi Aquino, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa en el proemio de su demanda de amparo. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esas determinaciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 255/2021 Acuerdo: PRAL 255/2021 MESA 2° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra un acto del juez Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y de otra autoridad, recibida el dieciséis de marzo del año en curso, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional el diecisiete de marzo siguiente; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 255/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, atento a que el acto reclamado, por su naturaleza y efectos, no es de imposible reparación para la procedencia del juicio constitucional; numerales que disponen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente, entre otros casos, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley. Por su parte, el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio constitucional respecto de actos cuya ejecución sea de imposible reparación. El aludido dispositivo define a tales actos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Las reflexiones precedentes se sustentan en la jurisprudencia 37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "*** Ahora bien, para explicar por qué surte efectos la causal de improcedencia referida, es pertinente precisar algunos de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, relativos a la audiencia aquí reclamada: Acto reclamado. La parte quejosa señala como acto reclamado: La audiencia de carácter familiar celebrada el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en el expediente 52/2020, en la parte en la que se declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso contra la diversa audiencia desahogada el uno de diciembre de dos mil veinte, donde se ordenó citar nuevamente a la demandada Sandra Sánchez Santiago, en el domicilio en que fue emplazada, a efecto de que comparezca a la audiencia familiar. Lo que atribuye al juez Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y su ejecución al ejecutor adscrito a dicho órgano judicial. Antecedentes del acto reclamado: El quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo siguiente: a) Con motivo de una relación de concubinato entre el aquí quejoso Mario Manuel Antonio y Sandra Sánchez Santiago, se procreó una hija de nombre K.A.M.S. b) El once de julio de dos mil diecinueve Sandra Sánchez Santiago abandonó, sin causa justificada, el domicilio conyugal, llevándose consigo a su menor hija, impidiendo al quejoso convivir con esta última. c) Ante esa conducta (negativa de convivencia con su menor hija), mediante escrito de veintiocho de enero de dos mil veinte, el agraviado Mario Manuel Antonio demandó a Sandra Sánchez Santiago, entre diversas cuestiones, la convivencia con su menor hija K.A.M.S, ante el juez Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; asunto que fue radicado bajo el número de expediente 52/2020. d) Por escrito de fecha dos de marzo de dos mil veinte, la demandada Sandra Sánchez Santiago contestó la demanda instaurada en su contra y señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados del citado Juzgado. e) En audiencia celebrada el uno de diciembre de dos mil veinte se señalaron las once horas del diecinueve de enero del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia de carácter familiar, ordenándose citar a las partes para su desahogo, para lo que el juez civil responsable determinó citar nuevamente a la demandada Sandra Sánchez Santiago, en el domicilio en que fue emplazada a juicio, es decir, en la casa sin número, ubicada en la calle principal, precisamente, a un costado del panteón municipal de San Pedro Quiatoni, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. f) Mediante ocurso presentado el tres de diciembre de dos mil veinte, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación contra la audiencia del mismo mes y año, en la parte relativa en que el juez Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, ordenó notificar nuevamente a la parte demandada, en el domicilio en que fue emplazada, para que comparezca a la audiencia de carácter familiar. g) En audiencia celebrada el diecinueve de enero de dos mil veintiuno el juez responsable declaró improcedente dicho medio de impugnación, al aducir que resultan fundados los agravios del aquí quejoso, pero inoperantes, dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código Civil del Estado y 4 de la Constitución Federal, facultan a su autoridad a tomar las medidas necesarias para preservar el interés del menor de edad, por lo que resulta indispensable escuchar a las partes en una audiencia de carácter familiar, a efecto de que ambos padres, de común acuerdo, fijen el régimen de visitas y convivencias, por lo que consideró necesario citar en forma personal a la parte demandada, en el domicilio en que fue emplazada; resolución que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. El quejoso refiere que el acto reclamado versa en el hecho de que el juez Primero Civil del distrito judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca ordenó notificar nuevamente a la demandada Sandra Sánchez Santiago, en el domicilio en que fue llamada al juicio natural; acto que, se estima, no afecta de manera cierta, directa e inmediata algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Federal; pues no es de aquellos que contempla el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, se estima el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso al juicio de amparo indirecto, precisamente, porque no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento natural, sin que implique por sí la privación de un derecho, pues en la audiencia que reclama no se aprobó lo relativo al régimen de visitas y convivencia con la menor, dado que, contrario a ello, el juez responsable ordenó notificar a la demandada Sandra Sánchez Santiago en el domicilio en que fue emplazada, con la finalidad de preservar el interés superior de esta última y de que ambos padres, de común acuerdo, fijen el régimen de visitas y convivencias. Por tanto, la audiencia reclamada se trata de una actuación que no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; razón por la que tal acto no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues, como se dijo, no originan afectación alguna a los derechos fundamentales del agraviado. En consecuencia, al actualizarse de modo notorio, manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107, interpretada a contrario sensu, con apoyo en el diverso 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda promovida por Mario Manuel Antonio. Cabe precisar que con esta determinación no se vulneran los derechos del menor de edad, que se encuentra involucrado en el juicio de origen, en virtud que no se vulneró su interés superior. Ello es así, considerando que el artículo 4° de la Constitución Federal, en su párrafo noveno, dispone que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral e impone a los ascendientes, tutores y custodios la obligación de velar por la preservación de esos derechos; asimismo, fija al Estado la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, inclusive, el deber de otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de los niños. Por su parte, el artículo 3.1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño dispone que cualquier medida que tomen las autoridades estatales, relacionada con infantes, debe tener en cuenta de forma primordial el interés superior de éstos. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número oc-17/2002, intitulada "Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño", de veintiocho de agosto de dos mil dos, sostuvo que el interés superior del menor es ". un principio regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.". En ese tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirma que, en el campo jurisdiccional, el interés superior es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Tal como se aprecia del texto de la tesis 1a. XV/2011, consultable en la página 616, del tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL". Por otro lado, la convivencia del niño con sus progenitores constituye un derecho fundamental de ambos que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del niño, para que reciba de ellos afecto, calor humano, presencia personal, respaldo y respeto a su persona e intimidad, cuestión de orden público e interés social. Al respecto, el artículo 9. 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño establece que los Estados celebrantes convinieron en que respetarán el derecho del infante que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones y contacto directo con sus progenitores de modo regular, estableciendo como única limitante, que ello sea contrario al interés superior de éste. En ese orden de ideas, como se dijo, en el caso no se advierte que con el dictado de esta resolución se afecte los intereses del menor involucrado en el juicio natural, pues en el acto reclamado no se decretó que la convivencia se realizaría de una manera u otra, dado que, contrario a ello, en la audiencia combatida se ordenó notificar a la demandada Sandra Sánchez Santiago, en el domicilio en que fue emplazada, con la finalidad de preservar el interés superior del menor y de que ambos padres, de común acuerdo, fijen el régimen de visitas y convivencia; lo que no le irroga un perjuicio o un impacto emocional y psicológico. Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues, para que pueda ser ejercido, es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica. 4. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con apoyo en los artículos 22, 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 5. Precisión. Hágase del conocimiento del promovente que respecto a cuestiones relativas a la a) atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación en listas, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 8. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 9. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su demanda. Por autorizado en términos amplios del diverso numeral 12 de dicho ordenamiento legal a Inocencio Lalo Azcona (cédula profesional 1512554, registro 116893), por haberse encontrado registrada su cédula profesional en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Jorge Michi Aquino y Adelaido Michi Aquino, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa en el proemio de su demanda de amparo. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esas determinaciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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