Mario Magdiel Montané Ovalles

Expediente 740/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
740/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
04/09/2018

Partes del expediente

  • Mario Magdiel Montané Ovalles

Actuaciones

  1. Principal

    ... se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO.... archívese este expediente como concluido....

  2. Principal

    ... se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial de la adscripción de notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de... debido a que la parte quejosa solicitó que las notificaciones que deriven de este asunto se le realicen vía electrónica, comisiónese al fedatario que corresponda para que realice la notificación del proveído de referencia, vía electrónica, así como las subsecuentes notificaciones.... EN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE OCHO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN IV Y 30, FRACCIÓN II, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, dos de agosto de dos mil dieciocho. La parte quejosa cumple con la prevención formulada en autos y precisa el acto que reclama en este asunto; al respecto, se acuerda lo siguiente: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006352 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.11o.C.15 K (10a.) Página: 1985 DEMANDA DE AMPARO. LA SATISFACCIÓN DE LA PREVENCIÓN POR PARTE DEL QUEJOSO, NO TRAE COMO CONSECUENCIA LÓGICA Y FORZOSA, SU ADMISIÓN (INTERPRETACIÓN LATO SENSU DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE AMPARO). De un estudio gramatical, aislado y en estricto sensu de ese precepto, se llegaría a la conclusión de que en la hipótesis de que el primer proveído emitido una vez presentada la demanda sea una prevención y ésta se cumpla, el actuar forzoso y lógico del Juez de Distrito es su admisión, por lo que quedaría impedido para declararse incompetente o desecharla. Sin embargo, esa interpretación no puede ser válida, dado que debe preferirse una interpretación "lato sensu", sistemática y teleológica de ese precepto en relación con los restantes que forman un sistema definido por el legislador, a fin de no hacer nugatorio dicho régimen. Al partir de esas bases, la finalidad de una prevención es, por una parte, auxiliar al promovente en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia y, por otra, que el Juez de Distrito quede en aptitud de admitir la demanda, una vez satisfechos todos los requisitos de forma y contenido de aquélla, con base en los cuales es dable concluir que los presupuestos procesales de la acción constitucional están satisfechos y que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En razón de lo expuesto, debe preferirse una interpretación lato sensu del citado precepto 115 pues, de no ser así, se llegaría al absurdo de obligar a un Juez de Distrito a admitir una demanda aun cuando pudieran no estar satisfechos los presupuestos procesales de la acción constitucional o cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, derivado de los nuevos datos aportados por el quejoso. Por tanto, de interpretarse en forma aislada y gramatical el precepto 115 de la Ley de Amparo, se rompería con el sistema establecido por el legislador, dentro del cual se encuentra inmerso y que atiende a los distintos escenarios que se presentan al recibir una demanda. Esto se respalda con el hecho de que dicha interpretación gramatical y aislada iría en detrimento del derecho fundamental de acceso a la justicia de forma pronta y expedita, en virtud de que éste no debe ser irrestricto, sino consonante con el de las demás partes que debieran intervenir en el juicio de amparo y que podrían ser llamadas innecesariamente. Asimismo, porque sería contrario al derecho de tutela judicial efectiva, tramitar un procedimiento de amparo que desde el momento en que se satisface la prevención efectuada, pueda advertirse de manera clara e indudable su improcedencia, con el consecuente desgaste derivado de echar a andar la maquinaria judicial. Por otra parte, el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Asimismo, los artículos 33, fracción XIX y 59, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, establecen lo siguiente: Artículo 33. Son atribuciones del Congreso:. XIX. Nombrar, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a los magistrados del Poder Judicial, a los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Artículo 59. Los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado. En los recesos del Congreso la Diputación Permanente hará el nombramiento, con carácter provisional, en tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva. De los artículos transcritos se advierte que la Constitución Política del Estado de Veracruz otorga la facultad discrecional y soberana al Congreso y al Gobernador del Estado de Veracruz de proponer y nombrar respectivamente a las personas que ocuparan el cargo de Magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz. HECHOS En el caso, del análisis del escrito de demanda y aclaratorio relativo se advierte que el promovente precisó concretamente como acto reclamado el siguiente: La negativa del titular del Ejecutivo del Estado de Veracruz de proponerlo o tomarlo en consideración para ocupar el cargo de magistrado ante el Poder Judicial del Estado de Veracruz, a pesar de cumplir con los requisitos para desempeñar dicho cargo. Por otra parte, del análisis del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Legislaturas de los Estados, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios. CONCLUSIÓN Acorde con lo anterior, se considera respetuosamente que el juicio de amparo resulta improcedente, debido a que el acto reclamado por el promovente deriva de las atribuciones conferidas en la Constitución Estatal a los Poderes Ejecutivo y Legislativo respectivamente del Estado de Veracruz, mismas que se traducen en una facultad y decisión soberana y discrecional contra la cual no se advierte que proceda el juicio constitucional. Aunado a lo anterior este juzgado de Distrito considera respetuosamente que el acto reclamado por la parte quejosa específicamente señalado como la negativa del Gobernador del Estado de Veracruz para considerarlo y, en su caso, proponerlo para que desempeñe el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se traduce en una decisión discrecional y soberana, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo local correspondiente; de ahí que dichas funciones no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, ello con independencia de que el directo quejoso haya mostrado intención a través de una petición al Ejecutivo del Estado de ser tomado en cuenta en ese aspecto, ya que admitir la demanda sobre ese aspecto, a nada práctico conduciría, ni variaría la decisión alcanzada. A mayor abundamiento debe decirse que las facultades conferidas a este órgano jurisdiccional, se circunscriben a realizar un análisis constitucional de la actuación de las autoridades, sin que tenga el alcance de cuestionar las facultades discrecionales soberanas o de legitimidad de éstas, como lo pretende el promovente con el acto reclamado destacado, ya que ello incluso podría traducirse en una injustificada intervención en la soberanía de las entidades federativas y podría redundar en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política; por lo tanto, si la pretensión del quejoso es reclamar el marco de la propuesta, designación y, en su caso, ratificación de la persona o personas que ocuparán el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, es claro que este juzgado federal no puede asumir jurisdicción sobre ese aspecto; pues, de ser así se sometería a juicio el proceso de integración del máximo órgano judicial del Estado de Veracruz; es decir, de uno de los poderes de esa entidad federativa y ello podría conllevar a invadir la esfera soberana de ese poder, lo cual no está permitido a este juzgado federal por mandato constitucional. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Quinta Época Registro: 337035 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXXV Materia(s): Común Tesis: Página: 874 INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Suprema Corte ha venido sosteniendo, uniformemente, que el juicio de amparo es ineficaz para investigar la incompetencia de origen de las autoridades responsables, toda vez que la única competencia protegida por medio del juicio de garantías, es la constitucional, o sea, la que se refiere a la órbita de las atribuciones de los diversos poderes; pero de ninguna manera puede dilucidarse, mediante el ejercicio de la acción constitucional, la cuestión de la existencia o inexistencia de una autoridad o la de su legítima integración. Época: Quinta Época Registro: 365619 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXV Materia(s): Común Tesis: Página: 363 INCOMPETENCIA DE ORIGEN. La Corte ha sostenido el criterio de que la autoridad judicial no debe intervenir para resolver cuestiones políticas, que incumben constitucionalmente a otros poderes; en el amparo no debe juzgarse sobre la ilegalidad de la autoridad, sino simplemente sobre su competencia; pues si se declara que una autoridad señalada como responsable, propiamente no era autoridad, el amparo resultaría notoriamente improcedente. Sostener que el artículo 16 de la Constitución prejuzga la cuestión de legitimidad de las autoridades, llevaría a atacar la soberanía de los Estados, sin fundamento constitucional y por medio de decisiones de un poder que, como el judicial, carece de facultades para ello, convirtiéndose en árbitro de la existencia de poderes que deben ser independientes de él. Época: Novena Época Registro: 164583 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 71/2010 Página: 833 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la de alguna entidad federativa, confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, los artículos 35, fracción XXXIII, de la Constitución y 43, fracciones I a VII, de la Ley de Transparencia e Información Pública, ambas del Estado de Jalisco, confieren al Congreso Local la facultad para elegir o ratificar al Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad, la cual reviste características que permiten clasificarla como soberana, aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo, en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; sin que sea óbice a lo anterior que el mencionado artículo 43, fracciones I a VII, establezca diversos requisitos que debe cumplir la Legislatura para la elección o ratificación correspondientes, como son que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, ya que no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. En ese sentido, tales actos encuadran en el supuesto del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo y, por ende, si se señalan como reclamados en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse esa causa, extendiéndose a cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para la designación o ratificación mencionados, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación o ratificación, que son los únicos que en todo caso podrían irrogar perjuicio a determinada persona, menos procederá la acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio. Época: Novena Época Registro: 172814 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Abril de 2007 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.564 A Página: 1669 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EMITE ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia que prevé el precepto citado surge cuando se reclaman resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. No obstante lo anterior, también se actualiza en el caso de que la facultad ejercida por el órgano legislativo no derive de una Constitución Local, sino de otro ordenamiento secundario, o cuando la resolución o declaración provenga de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y no de los Poderes Legislativos de los Estados, pues de una interpretación histórica progresiva del precepto que contiene aquella hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, el cual no ha sido modificado desde su creación el 10 de enero de 1936, se concluye que también aludiría a ella si el legislador hubiese podido tomar en consideración las reformas al artículo 122 constitucional de 25 de octubre de 1993 y 22 de agosto de 1996, mediante las cuales el presidente de la República dejó de tener a su cargo el Gobierno del Distrito Federal, que ejercía anteriormente a través de un jefe de departamento y, a partir de las cuales el Distrito Federal se convirtió, para efectos de su régimen administrativo y político, en una entidad cuyas características más importantes se asimilan a las de los Estados, como son su integración por tres Poderes Locales, esto es, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En ese contexto, las atribuciones que confieren a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los artículos 107, 108 y 109 de su ley orgánica; 9 y 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para designar o ratificar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la propia entidad y llevar a cabo el procedimiento respectivo, revisten características que permiten calificarlas como soberanas y discrecionales, en virtud de que las decisiones que se tomen con fundamento en ellas, especialmente la de quién ocupará el cargo, son definitivas no requieren el aval, aprobación o ratificación de otro órgano, en términos de las propias disposiciones y, por consiguiente, el juicio de garantías en su contra resulta improcedente, con fundamento en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo.

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