Mario Luna Escaname

Expediente 62/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
62/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Mario Luna Escaname

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual remite el diverso signado por el Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Regional en Ecatepec de Morelos, Estado de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas en atención a lo ordenado en proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que fue conminada dicha autoridad. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional en la cual se negó el amparo a ----------- y ---------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, contrario sensu, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos que anteceden, se estima que el expediente principal es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente del expediente principal la demanda y la sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia, y por lo que hace al original del cuaderno incidental, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, es susceptible de depuración, debiéndose dejar únicamente, copia de la demanda y de las determinaciones en las que se concedió la suspensión, de la que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad; lo anterior, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. Sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General señalado, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Por otro lado, ya que no son necesarias las constancias remitidas por la Magistrada de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, consistentes en copia certificada del juicio administrativo 825/2018, de su índice; devuélvase a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, acuse recibo de la constancia que se le remite. Se apercibe a dicha autoridad, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 62/2021-VI y su acumulado 63/2021-VII, formado con motivo de las demandas presentadas por ---------------- y -----------------, por su propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con sede en Ecatepec de Morelos, y otra autoridad. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escritos presentados el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnados a este Juzgado Décimo de Distrito hasta el veintidós de ese mes y año, ---------------- y -----------------, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA: Magistrada de la Cuarta Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con sede en Ecatepec de Morelos [.]. EJECUTORA: Delegado Fiscal de Ecatepec, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México [.]. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAME: C) AUTORIDAD ORDENADORA: El proveído emitido el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del Juicio Administrativo número 825/2018, radicado ante la Cuarta Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con sede en Ecatepec de Morelos, manifestando bajo protesta de decir verdad, a su señoría, que tuve conocimiento del mismo el siete de diciembre del año de referencia, mediante el cual se me hace efectivo el apercibimiento consistente en una medida de apremio consistente equivalente CIEN veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, equivalente a $86.88 (Ochenta y seis pesos 88/100 Moneda nacional), cantidad que al ser multiplicada por CIEN veces da la cantidad de $8,688.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (00/100). [sic] D) AUTORIDAD EJECUTORA: Se reclama el cobro que pretenda realizar, mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente en contra de la multa que se impuso a la autoridad señalada como ordenadora pues se advierte que la Magistrada de la Cuarta Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, una vez que se cumpla el plazo previsto en el artículo 29 del código Financiero del Estado de México y Municipios, solicita informe el procedimiento instaurado en mi contra." [sic] SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. Los quejosos estimaron vulnerados| en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TERCERO. Trámite del juicio. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito acumuló y admitió a trámite las demandas de amparo, solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Apartado Cuarto, facción II, del Acuerdo General 03/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en relación al Acuerdo General 53/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013; en virtud de que el acto reclamado tienen ejecución material en el municipio de Ecatepec de Morelos, territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de los escritos de demanda,12 y de las demás constancias que obran en el expediente se advierte que la parte quejosa reclamó los siguientes actos: 12Tesis III.1o.A.31 K, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que además de analizar éste, debe comprender igualmente la ampliación, aclaración y documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella y sólo así puede alcanzarse la El proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado por la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en Ecatepec de Morelos en el juicio administrativo 825/2018; en el cual se impuso de manera individual a cada uno de los quejosos una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente en esa fecha. La ejecución de la multa referida en el punto anterior, reclamada al Delegado Fiscal Ecatepec de la Dirección General de Recaudación de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Los actos reclamados son CIERTOS, ya que las autoridades responsables Magistrada de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México , al rendir su informe justificado, aceptó el acto a ella reclamado.13 Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio administrativo 825/2018, remitidas por la Sala responsable, en apoyo a su informe justificado, documentales que adquieren pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, no pasa desapercibido que la Delegación Fiscal Ecatepec de la Dirección General de Recaudación de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, esa negativa se debe desvirtúar en virtud de que la Sala ordenadora, aceptó el acto a ella atribuido en el cual, se advierte, ordenó librar el oficio correspondiente, para que se hiciera efectivo el cobro de la multa impuesta a los quejosos a través del procedimiento coactivo; por tanto, la Delegación Fiscal Ecatepec, en su carácter de ejecutora, en cualquier momento puede ejecutar el acto combatido; de ahí, que se extienda a ella la certeza del reclamado. Resulta aplicable en la especie, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO." 14 CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." interpretación completa de la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal." 13 Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, tomo VI, Novena Época, con número de registro 917812 del título y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 14 Semanario Judicial de la Federación, 8ª Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, página 56. En esos términos, las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia y este juzgador tampoco advierte de oficio su actualización, por lo tanto a continuación procede el estudio de fondo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los conceptos de violación, resulta conveniente destacar los siguientes antecedentes del acto reclamado, derivados del juicio administrativo 825/2018, del índice de la autoridad responsable. 1. Por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, ------------, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, promovió un juicio contencioso administrativo en contra del Director General y del Director de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, O.P.D.S.A.P.A.S.E., reclamando la negativa ficta de pagar una factura por un importe de $1,830,506.17 (un millón ochocientos treinta mil quinientos seis pesos 17/100 MN), y otras prestaciones. 2. La Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, admitió a trámite la demanda y la registró con el número de expediente 825/2018 (foja 53 del tomo de pruebas). 3. Seguido el trámite correspondiente, el diez de octubre de dos mil diecinueve, la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos, dictó sentencia en el juicio natural, en la cual condenó al Director General y al Director de Finanzas y Administración, del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, O.P.D.S.A.P.A.S.E, a pagar a la parte atora la cantidad de $1,830,506.17 (un millón ochocientos treinta mil quinientos seis pesos 17/100 MN), entre otras prestaciones, en el plazo de tres días hábiles, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se les aplicaría una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en ese entonces vigente, en términos del artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del estado de México, sin perjuicio de remitir el asunto a la Sala Superior para el cumplimiento de la misma, en caso de desacato (fojas 125 a 135 del tomo de pruebas). 4. En contra de dicha sentencia, una de las autoridades demandadas interpuso recurso de revisión, del cual conoció la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, quien mediante sentencia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia recurrida (fojas 145 a 152 del tomo de pruebas). 5. En acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, el presidente de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, declaró que la sentencia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve había causado ejecutoria, y ordenó devolver el expediente a la Sala Regional a fin de que se iniciara el procedimiento de cumplimiento de sentencia (foja 145 del tomo de pruebas). 6. En cumplimiento a lo anterior, la Cuarta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, requirió a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia, además, las requirió para que en un diverso plazo de tres días, las enjuiciadas informaran a la Sala el cumplimiento que hubiesen dado a la sentencia de mérito "con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, se le impondría una multa individual de CIEN VECES el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, publicada en el diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, correspondiente a la cantidad de $84.49 (OCHENTA Y CUATRO PESOS 49/100 MONEDA NACIONAL) que multiplicado por CIEN da la cantidad de $8,449.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); de conformidad con lo establecido en los artículos 279, 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, sin perjuicio de que se conminará a su Superior Jerárquico para el cumplimiento de sentencia y/o de que se remitirán los presentes autos a la Tercera Sección de la Sala Superior, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para la continuación de la ejecución de sentencia y una posible destitución del Servidor Público renuente a dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia." [sic] 7. No obstante lo anterior, mediante oficio de cuatro de febrero de dos mil veinte, se remitió todo el expediente 825/2018 a la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a efecto de que se enviaran al Tribunal Colegiado en Turno, para la tramitación de un juicio de amparo directo interpuesto por una de las autoridades demandadas. 8. Posteriormente, en virtud de que la demanda de amparo fue desechada por la Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en el Estado de México, en auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, volvió a declarar que la sentencia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, había causado ejecutoria, y se ordenó devolver el expediente a la Sala Regional aquí responsable para continuar con el procedimiento de ejecución. 9. Como consecuencia de lo anterior, en auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, tuvo por recibidos los autos del juicio administrativo 825/2018, y requirió de nueva cuenta al Director General y al Director de Finanzas y Administración, ambos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, el cumplimiento de la sentencia, concediendo un plazo de tres días para tal efecto; además, requirió a dichas autoridades para que en un diverso plazo de tres días, informaran a la Sala el cumplimiento que hubiesen dado a la sentencia de mérito "con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, se le impondría una multa individual de CIEN VECES el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, publicada en el diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte, correspondiente a la cantidad de $86.88 (OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL) que multiplicado por CIEN da la cantidad de $8,688.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); de conformidad con lo establecido en los artículos 279, 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, sin perjuicio de que se conminará a su Superior Jerárquico para el cumplimiento de sentencia y/o de que se remitirán los presentes autos a la Tercera Sección de la Sala Superior, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para la continuación de la ejecución de sentencia y una posible destitución del Servidor Público renuente a dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia." [sic] 10. Ese acuerdo fue notificado a las autoridades demandadas el once de septiembre de dos mil veinte (fojas 172 y 173 del tomo de pruebas). 11. Posteriormente, en acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la Cuarta Sala responsable, determino hacer efectivo el apercibimiento de multa decretado en el auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, por las siguientes razones: Del análisis de las constancias se advierte que las autoridades demandadas no atendieron de manera concreta el requerimiento ordenado en auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en el cual se les requirió el cumplimiento de la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve, confirmada por la diversa de cinco de diciembre de la misma anualidad, para lo cual se encontraban obligadas a entregar en favor del accionante la cantidad de $1,830,506.17 (un millón ochocientos treinta mil quinientos seis pesos 17/100 MN). Es decir, las autoridades han sido omisas en su cumplimiento, por lo que no se cuentan con elementos suficientes para tener por cumplido el fallo, en términos del artículo 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México En esos términos, con fundamento en los artículos 279, 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el veintisiete de agosto de dos mil veinte y se les impone una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, al Director General y al Director de Finanzas y Administración, ambos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos por no demostrar el momento procesal oportuno que realizaron las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia dictada en ese asunto. Acto seguido la responsable hizo referencia a los antecedentes del asunto, de los que destacó los requerimientos formulados a las demandadas. A continuación señaló las razones por la que se impone a --------------, Director General y a -------------, Director de Finanzas y Administración, ambos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, una multa individual por la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 MN), para ello expuso que se imponían las multas atendiendo a la conducta contumaz y omisa de las autoridades demandadas a dar el debido cumplimiento a la condena impuesta por ese órgano jurisdiccional, y a continuación procedió a individualizar la multa conforme a las fracciones señaladas por el artículo 137 de la legislación aplicable: - Primera fracción, gravedad de la infracción: de los diversos requerimientos que se formularon, y que quedaron asentados en los antecedentes, se desprende que se apercibió a las demandadas para que cumplieran la condena en todos sus términos, sin que hasta la fecha del dictado del acuerdo hayan dado cumplimiento a la misma, con lo cual persiste una conducta evasiva, dilatoria y omisa de querer cumplir la sentencia de mérito, lo que trae como consecuencia la gravedad de la infracción, ya que las demandadas obstaculizan la pronta y expedita impartición de justicia, lesionando con ello el interés social y público, impulsando una mayor cantidad de trámites burocráticos que en nada ayudan a la sociedad que lucha por desaparecer esas prácticas, además de que al ser autoridades, éstas están obligadas a respetar y a hacer cumplir la ley. Fracción segunda, los antecedentes del infractor: por sencillez, y con la finalidad de evitar repeticiones, se tienen por reproducidos los antecedentes expuestos en el propio auto. Fracción tercera, condiciones socioeconómicas de los infractores: la multa no grava la capacidad económica de las autoridades condenadas, pues si bien no se tiene la información referente a su salario, ambas personas son servidores públicos adscritos al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, y por lo tanto se considera que, son personas asalariadas de la administración pública municipal, por lo que se presumen tienen un ingreso fijo como sueldo, y ello les permite hacer el pago de una multa por el importe que se les impone, máxime que la misma obedece al incumplimiento de sus obligaciones como servidores públicos dentro del límite de sus facultades. Fracción cuarta, reincidencia en el incumplimiento: la reincidencia de los infractores ha sido clara ya que han incurrido en desacato en diversas ocasiones, siendo que las responsables deben ser diligentes en implementar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento al mandato de mérito. Fracción quinta, monto del daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento: el perjuicio económico lo constituye para los demandados una multa individual por la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 MN). Las multas son créditos fiscales que deben hacerse efectivos por las autoridades de esa naturaleza, por lo tanto, se ordenó girar oficio al Delegado Fiscal en Tlalnepantla dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, para que una vez que se cumpla el plazo establecido, inicie el procedimiento económico coactivo de la materia fiscal para hacer el cobro de las multas correspondientes. Se reiteró el requerimiento para que dieran cumplimiento a la sentencia bajo el apercibimiento de imponer una multa por doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Auto que constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Estudio de fondo. Los quejosos precisaron como conceptos de violación los formulados en sus respectivos escritos de demanda, los cuales no se transcriben pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria,15 no obstante se considera relevante mencionar que en esencia, los quejosos adujeron lo siguiente: 15con apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XXXI, página 830, de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 1. El acto reclamado vulnera los artículos 1 y 16 constitucionales, ya que la autoridad responsable debió analizar todas las fracciones del artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, antes de imponerles la multa, sin embargo, al analizar el referente a la situación socio-económica de los infractores únicamente refirió que la cantidad que se imponía no gravaba la capacidad económica de los aquí quejosos, pues a pesar de que no se tenía información de sus ingresos, se presumía que tenían un sueldo fijo como servidores públicos, que les permitía pagar el importe que se imponía. En ese sentido, la responsable no expuso los razones, motivos y circunstancias especiales que la llevaron a concluir que la multa de mérito, no afecta el patrimonio de los quejosos, pues que se limitó a afirmar que éstos se encontraban en el rango de los mandos superiores, sin embargo, debió recabar elementos para acreditar debidamente su condición socioeconómica. 2. La responsable impone la multa de forma arbitraria, ya que en el caso no es suficiente considerar que existe un motivo grave para imponer esa sanción, sino que debía exponer las circunstancias que justificaran el monto de la multa. En ninguna parte del acuerdo se aprecian las bases para cuantificar la multa. Si bien es cierto que la responsable tiene facultades para imponer multas, para ello debe acreditar plenamente que los quejosos habían incurrido en la infracción de que se trate y en su caso, justificar la gravedad de la misma, para lo cual debe citar los artículos y en su caso, establecer los parámetros y bases que llevaron a determinar la multa en cuestión. 3. Por otro lado, la multa es contraria a la constitución, pues se pretende que se efectúe el embargo del salario de los quejosos, sin embargo, de acuerdo con los artículos 112 de la Ley Federal del Trabajo, 83 y 84 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, y el artículo 434, fracción XI del Código Federal de Procedimientos Civiles, el sueldo de los servidores públicos no es susceptible de embargo judicial ni administrativo, y al respecto cita la tesis 1a. CCLXVI/2018 (10a.), de rubro: "SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES INEMBARGABLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SALVO EN LOS SUPUESTOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO." 4. Es ilegal y arbitraria la imposición de la multa, ya que es excesivo pretender que los quejos paguen cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Conceptos de violación que resultan en parte INFUNDADOS, en parte INOPERANTES por las razones que se exponen a continuación, siendo relevante mencionar que en el presente asunto, no opera la suplencia de la queja en favor de los quejosos, ya que este es de naturaleza administrativa. En principio debe decirse que la jurisprudencia reiteradamente ha establecido que la imposición de una multa, aun como medida de apremio, al ser un acto de autoridad debe satisfacer los requisitos de fundamentación y motivación, previstos en el artículo 16 AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." constitucional, para lo cual el acto que la imponga debe contener por un lado los preceptos legales en que se apoya y los motivos por los cuales los considera aplicables al caso. En otras palabras, la multa debe cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica, los cuales tienen rango constitucional, por ende, las autoridades judiciales deben emitir su mandamiento, en los términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios, para que el gobernado tenga la certeza de que tal mandamiento de autoridad está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones.16 En esas condiciones, en atención a la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, cuando se pretende imponer una multa como medida de apremio, es necesario que previo a la imposición de la multa la autoridad haga saber al sujeto de la multa cuál es el precepto legal específico que regulan las consecuencias o sanciones aplicables en el caso de desobediencia o incumplimiento a lo requerido. Para lo cual, el acto en el que se impone una multa como medida de apremio debe cumplir debe cumplir con ciertas formalidades, entre ellas:17 a) Previamente a su emisión debe existir un mandamiento legítimo de autoridad; b) En el cual se haya apercibido al obligado, con la imposición de una la multa en caso de no cumplir lo solicitado; c) Que se determine con precisión el medio de apremio y la ley en la que se fundamenta; d) Que tal determinación se le notifique al sujeto obligado; e) Que el mandamiento judicial no se haya acatado en el plazo concedido. Además, aun cuando se trate de hace efectivo algún medio de apremio, la imposición de una multa debe fundarse y motivarse de manera individualizada, prudente y 16 Tesis: I.3o.C.9 C (9a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Página: 3362, de rubro: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO. AUNQUE LA LEGISLACIÓN CIVIL NO REGULE UN PROCEDIMIENTO PARA IMPONERLA, LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE EMITIR SU MANDAMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." 17 Tesis: I.13o.A.46 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Página: 911, de rubro y texto: MULTAS POR DESACATO A UNA ORDEN JUDICIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO. PARA QUE CUMPLAN CON LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AL IMPONERLAS ES INNECESARIO ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL INFRACTOR CON EL FIN DE INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN. Las multas por desacato a una orden judicial, en términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituyen medidas de apremio que obedecen a la necesidad de que los juzgadores puedan hacer cumplir sus determinaciones, por lo que para que cumplan con la debida fundamentación y motivación, al imponerlas es innecesario analizar las circunstancias particulares del infractor con el fin de individualizar la sanción. Así, la legalidad de dichas multas requiere de la observancia de otras formalidades, como son: que exista un mandamiento legítimo de autoridad; que se aperciba al obligado de que, de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una medida de apremio; que se determine con precisión el medio de apremio que, en su caso, será aplicable y que éste se encuentre previsto en la ley; que se notifique tal determinación al sujeto obligado y que, a partir de que ésta surta efectos, sin que el mandato judicial se hubiese acatado en el plazo concedido, se haga efectivo el medio de apremio a la parte contumaz. pormenorizada, según las constancias o datos que informen el caso concreto de que se trate.18 No obstante lo cual, es importante resaltar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 27/99,19 hizo una precisión en relación a aquellos supuestos en que una ley establece que ante una infracción, la autoridad debe imponer una multa que se gradúe entre un límite mínimo y uno máximo. Al respecto señaló que si bien es cierto que las multas al ser actos de autoridad deben estar debidamente fundadas y motivadas, también lo es que de conformidad con el mismo artículo 16 constitucional todas autoridades están obligadas a acatar la ley, por lo tanto, conforme al principio de legalidad, no es optativo para las autoridades cumplir o no los preceptos normativos. Así, en caso de que una norma legal establezca que ante cierta infracción la autoridad debe imponer una multa a graduar entre un límite mínimo y uno máximo, no es optativo para la autoridad hacerlo o no, ni tampoco está dentro del rango de discrecionalidad de dicha autoridad imponer una sanción menor a la dispuesta en el ordenamiento legal aplicable. Es decir, la autoridad no pude dejar de imponer la multa correspondiente o imponer una menor a la señalada por la ley, pues ello implicaría infringir una norma legal, cuestión que incluso podría dar lugar a una responsabilidad administrativa para esa autoridad. Sobre esas bases, la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que, en caso de que el acto reclamado en el juicio de amparo consista en la imposición de una multa mínima, "resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor." Lo cual, de acuerdo a lo referido por la Suprema Corte, no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues en todo caso la autoridad se encuentra obligada a fundar la multa en la ley aplicable, y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción. Es decir, en estos casos, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que sea menester, además, señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. Criterio que se ve reflejado en la jurisprudencia 2a./J. 127/99 que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, página 219, de rubro y texto: 18 Es aplicable la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Cuarta Parte, Página: 203, Registro: 239651. De rubro: "MULTAS. SU IMPOSICION DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE DE MANERA INDIVIDUALIZADA, PRUDENTE Y ADECUADA." 19 Resuelta por unanimidad de cinco votos en sesión de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y nueve. "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima." En ese sentido, se debe decir que los conceptos de violación sintetizados en los puntos 1, 2 y 4, en los cuales los quejosos en esencia se duelen de que la multa impuesta en su contra resultó ilegal y arbitraria, ya que carece de una debida fundamentación y motivación, pues la responsable: (i) no expuso qué elementos tomó para decidir que la multa no afectaba la situación socioeconómica de los infractores, (ii) no recabó mayores elementos para justificar que los ingresos que perciben los quejoso les permiten pagar la multa; (iii) no explicó qué circunstancias la hicieron arribar a la conclusión de que la infracción debía calificarse como grave; e (iv) impuso una multa desproporcional, ya que es excesivo pretender que los quejos paguen cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, resultan INFUNDADOS. Lo anterior es así, ya que con independencia de si la autoridad responsable expuso de manera adecuada los elementos a que hacen referencia los quejosos (condición socioeconómica, gravedad de la infracción y proporcionalidad de la multa), lo cierto es que en el caso no resultaba necesario exponer pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar la imposición de la multa, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica de los infractores, o su reincidencia, pues como se verá a continuación la autoridad responsable impuso la multa mínima que el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México vigente, prevé para el caso de que una autoridad demandada no de cumplimiento a la sentencia dictada en un juicio administrativo, en los plazos para ello señalados. Los artículos 279 y 280 de la referida ley adjetiva, disponen lo siguiente: "Del Cumplimiento de la Sentencia Artículo 279.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la sala regional competente la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades demandadas para su cumplimiento. En el propio oficio en que se haga la notificación a los demandados, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia respectiva. Artículo 280.- Si dentro de los tres días siguientes a la notificación a los demandados, la sentencia no quedare cumplida o no se encontrare en vías de cumplimiento, la sala regional competente, de oficio o a petición de parte, dará vista a las autoridades para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Se formulará la misma vista, cuando el actor manifieste que existe defecto o exceso en la ejecución de la sentencia o que se ha repetido el acto impugnado. La sala regional resolverá si el demandado ha cumplido con los términos de la sentencia, si no existe defecto o exceso en la ejecución de la misma y si no se ha repetido el acto impugnado. De lo contrario, la requerirá para que cumpla la decisión respectiva en un plazo de tres días posteriores al en que surta efectos la notificación y previniéndola que, en caso de renuencia, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente de 100 a 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Cuando la naturaleza del acto lo permita, el magistrado comisionará al secretario de acuerdos o actuario para que dé cumplimiento a la ejecutoria, en caso de que no lo haga la autoridad en ese plazo. En los casos en que por la naturaleza del asunto no sea materialmente posible dar cumplimiento a la sentencia o iniciar su cumplimiento dentro del plazo establecido en el primer párrafo de este artículo, el magistrado podrá ampliarlo hasta por diez días, contados a partir del día siguiente al en que se notifique a los demandados el requerimiento correspondiente." Preceptos de los cuales se advierten dos cosas: (i) En caso de que la Sala Regional determine que las autoridades demandas han dejado de dar cumplimiento a una sentencia dictada en un juicio administrativo, en los plazos para ello previstos, la ley le impone la obligación de multar a las autoridades demandadas que hayan sido renuentes en el cumplimiento de la sentencia; y (ii) La multa mínima que se puede imponer en ese caso es una por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Siendo así, se estima que en el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, aquí reclamado, la autoridad responsable impuso la multa mínima a los aquí quejosos. La Cuarta Sala Regional, consideró que -----------, Director General y a -------------, Director de Finanzas y Administración, ambos del OrganismoPúblico Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, en su calidad de autoridades demandadas, no atendieron de manera concreta el requerimiento ordenado en auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en el cual se les requirió por segunda ocasión el cumplimiento de la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve; en razón de ello, con fundamento en los artículos 297, 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México determinó imponer a cada una de las autoridades demandadas una multa individual por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Por lo tanto, al haber estimado que se actualizaba la hipótesis de incumplimiento prevista en el artículo 280 de la legislación referida, la autoridad responsable se encontraba constreñida a imponer una multa a los aquí quejosos, la cual no podía ser inferior a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, que es el rango menor que la ley prevé para dicha medida. En esos términos, es que resultan infundados los conceptos de violación en estudio, ya que, en palabras de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad, haciendo uso de su arbitrio, haya impuesto a los aquí quejosos la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción y la capacidad económica de los infractores, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Por otro lado, y sólo a mayor abundamiento, vale la pena añadir, que si bien la autoridad responsable no estaba obligada a señalar pormenorizadamente las razones que la llevaron a fijar el monto mínimo de la multa, de cualquier forma sí expuso ciertas razones por la que se impuso a ------------ y ----------, en su calidad de Director General y de Director de Finanzas y Administración, ambos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, en específico, las siguientes: 1. Expuso que se imponían las multas atendiendo a la conducta contumaz y omisa de las autoridades demandadas a dar el debido cumplimiento a la condena impuesta por ese órgano jurisdiccional; 2. Calificó de grave la infracción, ya que con su conducta las autoridades demandadas obstaculizan la pronta y expedita impartición de justicia, lesionando con ello el interés social y público, impulsando una mayor cantidad de trámites burocráticos que en nada ayudan a la sociedad que lucha por desaparecer esas prácticas, además de que al ser autoridades, éstas están obligadas a respetar y a hacer cumplir la ley; 3. Como antecedentes de los infractores realizó un breve resumen procesal, del que se advierte que se requirió en dos ocasiones el cumplimiento de la sentencia en el juicio natural. 4. En relación a las condiciones socioeconómicas de los infractores refirió que al ser estos servidores públicos municipales de alto rango adscritos al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos, se presumía que tenían un sueldo fijo que les permitía pagar el importe de la multa; 5. Ambos habían sido reincidentes, ya que incurrieron en desacato en diversas ocasiones; y 6. Refirió que el perjuicio económico para los quejosos, lo constituía la cantidad por la que se imponía la multa. Sin embargo, en sus conceptos de violación, los quejosos lejos de combatir esas consideraciones, se limitaron a sostener que la responsable no había fundado ni motivado (i) porqué estimó que sí tenían capacidad económica para pagar las multas, (ii) porqué se calificó como grave la infracción, y (iii) la proporcionalidad de la multa, ya que ésta resultaba excesiva. Por lo anterior, se reitera que los conceptos de violación en estudio resultan infundados, ya que al haber impuesto una multa mínima, el hecho de que la autoridad no hubiera los razones, motivos y circunstancias especiales que la cuantificarla de esa manera, o lo hubiera hecho de manera deficiente, no atenta contra el principio de fundamentación y motivación; sin que los quejosos hubieran expuesto algún razonamiento que justificara que no incurrieron en la omisión que la autoridad refirió o que no se hubieran actualizado los supuestos previstos en los artículos ates invocados. Por lo tanto, de la lectura del acto reclamado se advierte que la autoridad si invocó la ley aplicable (artículos 279, 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México) y, además, motivó las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, los aquí quejosos incurrieron en una infracción (conducta contumaz y omisa de las autoridades demandadas a dar el debido cumplimiento a la condena impuesta por ese órgano jurisdiccional), cuestiones que no fueron controvertidas en el presente sumario constitucional, sin que en el caso proceda suplir la deficiencia de la queja, al no ubicarse los quejosos en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En esos términos, se reitera que resultan INFUNDADOS los conceptos de violación sintetizados con los puntos 1, 2 y 4. Por otro lado, el concepto de violación marcado con el numeral 3, en el que los quejosos esencialmente refieren que la multa impuesta es contraria a los artículos 112 de la Ley Federal del Trabajo, 83 y 84 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, y el artículo 434, fracción XI del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que con ella, la Sala responsable pretende que se les embargue su sueldo como servidores públicos; resulta INOPERANTE ya que parte de una premisa falsa o incorrecta, por lo que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación. Debe decirse que los conceptos de violación que parten de una hipótesis que resulta incorrecta o sustentan su argumento en ella, deben calificarse como inoperantes, ya que en tal evento, resultaría inoficioso su examen por el juzgado de amparo, pues a ningún fin práctico se llegaría con su análisis y calificación, debido a que al partir aquél de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener el ampro y la protección de la justicia de la Unión.20 Ahora, este órgano jurisdiccional advierte que el concepto de violación en análisis parte del argumento de que la imposición de una multa, es equivalente al embargo del salario de los servidores públicos quejosos, sin embargo, ambas instituciones son de naturaleza jurídica distinta, y refieren a aspectos completamente diversos. Por un lado la multa implica una sanción que la ley establece por haber incurrido en una conducta ilícita, cuya finalidad es inducir el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, a través de la imposición de cargas económicas al infractor, sin embargo, su efecto únicamente lo es la imposición de una obligación de pago a cargo del infractor y a favor de la hacienda pública. Por su parte, el embargo es una medida cautelar que tiene como finalidad asegurar bienes o congelar recursos de un presunto deudor, para que el éste no pueda disponer de ellos, y una vez que se desahogue el procedimiento conducente, ya sea judicial o administrativo, existan recursos con los cuales se logre en algún punto el pago de la deuda en cuestión. 20 Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XIII, Octubre de 2012 Tomo 3, Página: 1326, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." En ese sentido, la imposición de una multa de ninguna manera equivale a un embargo sobre los sueldos de los aquí quejosos, tiene el efecto de que el organismo público para el cual laboran, les retenga en todo o en parte su sueldo. En consecuencia, los conceptos de violación antes referidos, en los que la quejosa en esencia se duele de que la autoridad responsable vulnera los artículos 112 de la Ley Federal del Trabajo, 83 y 84 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, y el artículo 434, fracción XI del Código Federal de Procedimientos Civiles resultan inoperantes, al partir de la premisa incorrecta de que la imposición de una multa conlleva el embargo de su salario como servidores públicos. De esa forma se debe concluir que a nada práctico llevaría la calificación del concepto de violación que parte de la base de que la multa impuesta implica el embargo de los sueldos de los quejosos, cuando de autos se advierte que tal argumento parte de una premisa falsa, pues contrario a lo que aduce en su demanda de amparo, la imposición de una multa de ninguna manera implica el embargo salarial. Al respecto este órgano jurisdiccional comparte la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, página 1605, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." En las relatadas condiciones, al resultar en parte infundados y en parte inoperantes los conceptos de violación expuestos por los quejosos, y al no existir motivo para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional que solicita.21 Negativa del amparo que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al Titular de la Delegación Fiscal Ecatepec, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, ya que no se combate por vicios propios, sino como consecuencia directa del proveído en que se impuso la multa. 21 Resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. CC/2002, de rubro y texto: SENTENCIAS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO INCURRE EN INCONGRUENCIA SI CON MOTIVO DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, NIEGA EL AMPARO. El hecho de que el Juez de Distrito haya estimado que parte de los conceptos de violación son inoperantes y, por ende, haya negado el amparo solicitado y no considerado la improcedencia del juicio, no transgrede el principio de congruencia que las sentencias de amparo deben revestir. Esto es así, porque la improcedencia del juicio alude a obstáculos o causas que impiden el estudio de los conceptos de violación y que, en consecuencia, no permiten que el juzgador se pronuncie sobre la inconstitucionalidad planteada, lo que conduce al sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73 y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, mientras que la inoperancia de los conceptos de violación proviene de la ineptitud de los argumentos para conducir a la concesión del amparo, esto es, que aun cuando resultaran fundados, ello no daría lugar a conceder el amparo, por lo que, ante la inutilidad de su análisis, la consecuencia es la negativa del amparo y no la improcedencia del juicio, ya que no existe obstáculo alguno para su estudio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ---------------- y ----------------- , en contra de los actos precisados en el considerando SEGUNDO, por los motivos argumentados en el SEXTO considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a los quejosos, y por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 2122 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo resolvió y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido por Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, hasta el día de hoy veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual rinde informe justificado la autoridad responsable: Magistrada de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del informe justificado y anexo remitidos por la autoridad responsable. Dése nueva cuenta con dicho informe justificado y anexo en la audiencia constitucional. De la misma forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida y admitida la prueba documental que remite la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio administrativo 825/2018, de su índice; sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Con la copia certificada del juicio administrativo 825/2018, remitida por la responsable, para un mejor manejo de los presentes autos, se ordena la apertura de un tomo de pruebas. En diverso aspecto, con fundamento en los artículos 9° y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones del oficiante, los que indica en la misiva que se atiende. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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