Mario Luis Bandala Martínez
Expediente 895/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 895/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mario Luis Bandala Martínez
- Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual acusa recibo del diverso 6522/2022 de dieciséis marzo de este año, por el que se hizo de su conocimiento el acuerdo emitido en esa data. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. en los siguientes términos. Inconforme con el fallo anterior, la tercera interesada. interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; órgano que mediante resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca. determinó confirmar la sentencia recurrida. Por tanto, la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós, se requirió Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz (en sustitución del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en dicha ciudad), el cumplimiento del fallo protector, por los motivos ahí expuestos. En acato a ello, mediante oficio 895 de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias con las cuales consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, y en auto de tres de marzo siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad en cita y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte que por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el diverso proveído de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil. Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de revocación interpuesto por la tercera interesada. contra el diverso acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (que autorizó la expedición de copias del juicio natural al aquí quejoso), acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación se desprende en lo que trasciende que prescindió de considerar que el quejoso. no es parte en el expediente de que se trata, pues a ese respecto indicó en síntesis que aun cuando este último no hubiera sido emplazado al citado litigio, tal circunstancia de modo alguno le resta el carácter de "parte" en dicho controvertido, por lo que era procedente la expedición de las copias a su favor. En tal contexto, la responsable declaró improcedente el citado medio de impugnación y, en consecuencia, confirmó el citado acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente. que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL AUTO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. en los siguientes términos. Inconforme con el fallo anterior, la tercera interesada. interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; órgano que mediante resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca. determinó confirmar la sentencia recurrida. Por tanto, la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debía. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós, se requirió Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz (en sustitución del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en dicha ciudad), el cumplimiento del fallo protector, por los motivos ahí expuestos. En acato a ello, mediante oficio 895 de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, remitió diversas constancias con las cuales consideró dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, y en auto de tres de marzo siguiente, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad en cita y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista concedida, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte que por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el diverso proveído de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil. Posteriormente, en esa misma fecha al resolver nuevamente el recurso de revocación interpuesto por la tercera interesada. contra el diverso acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (que autorizó la expedición de copias del juicio natural al aquí quejoso), acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues de la lectura de dicha determinación se desprende en lo que trasciende que prescindió de considerar que el quejoso. no es parte en el expediente de que se trata, pues a ese respecto indicó en síntesis que aun cuando este último no hubiera sido emplazado al citado litigio, tal circunstancia de modo alguno le resta el carácter de "parte" en dicho controvertido, por lo que era procedente la expedición de las copias a su favor. En tal contexto, la responsable declaró improcedente el citado medio de impugnación y, en consecuencia, confirmó el citado acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. En tales condiciones, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas del expediente. que remitió la autoridad responsable, las cuales obran en un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Visto el oficio y anexo firmado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, atento a su contenido, se le tiene informando el acato a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente, con copia certificada de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, por el término de tres días, computados legalmente para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada, por así estar ordenado en autos.
Quedan 18 actuaciones en este expediente
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