MARIO LEOBARDO HERNÁNDEZ MEJÍA y Otros.

Expediente 503/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
503/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2018

Partes del expediente

  • MARIO LEOBARDO HERNÁNDEZ MEJÍA y Otros.
  • Mario Leobardo Hernández Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II A Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    por lista San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo promovida por ***, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 503/2018. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de las autoridades responsables, Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca y diversos servidores de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), esencialmente la parte quejosa reclama la orden que se emitió para efectos de que se retenga el pago de su salario correspondiente a partir de la primera quincena de mayo de dos mil dieciocho y subsecuentes, como empleado de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO). Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado. Ahora, conviene señalar que como antecedentes del acto reclamado el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que es trabajador en la Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Oaxaca (ADOSAPACO), actualmente denominada Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), desarrollando diversas funciones, de acuerdo a los nombramientos que se le iban otorgando, y a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, se le otorgó el nombramiento de confianza número 087, como Jefe del departamento de Operación y Mantenimiento de SAPAO, nivel 16 A, clave proyecto 5390010000000000100, nombramiento que fue ratificado mediante oficio número SAPAO/DE/0259/2016 de treinta de noviembre diciembre del 2016, y que generalmente su sueldo quincenal como empleado de SAPAO, le es depositado en la cuenta bancaria número 4915625457066468, del Banco Banorte, los días 14 y último de cada mes; sin embargo, el quince de mayo del año en curso, al checar en el banco en mención, se percató que no le habían depositado su sueldo correspondiente a la primera quince del mes de mayo, por lo que se entrevistó con Antonio Mateos Ramos, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de SAPAO, para solicitarle una explicación, de porque no le habían depositado el sueldo correspondiente a la primera quincena de mayo del año en curso, a lo que le respondió "que él únicamente cumplía instrucciones emitidas por el Director General de SAPAO, así como del Secretario de Administración del Estado de Oaxaca, y que se iba a continuar reteniendo sus sueldos, hasta que recibiera nueva instrucción". Al respecto, se estima actualizada de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que el acto reclamado no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparable a uno de tal naturaleza. De los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie, la orden que se emitió para efectos de que se retenga el pago del salario del quejoso correspondiente a partir de la primera quincena de mayo de dos mil dieciocho y subsecuentes, como empleado de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) tiene naturaleza laboral y subyace dentro de la relación jurídica derivada de la relación de trabajo existente entre el peticionario del amparo como empleado y el Estado de Oaxaca, en donde no obstante la subordinación lógica y legal del empleado al empleador (Ley Federal del Trabajo. Artículo 8°. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado) y la calidad de ente público del segundo, los actos suscitados dentro de tal relación no pueden considerarse como de autoridad, ya que la norma no faculta a los patrones para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de sus trabajadores, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Ello, pues en términos del artículo 123, apartado A, fracción XX, y Apartado B, fracción XII, Constitucional, las diferencias o los conflictos entre los patrones (particulares y públicos) y los trabajadores, se sujetarán a la decisión de los Tribunales laborales competentes, lo cuales se integran por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno. Lo anterior es así, porque de la demanda se advierte lo siguiente: El quejoso se desempeña como trabajador de la Dirección del Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. El quince de mayo de dos mil dieciocho no le fue depositado su salario correspondiente. Que se entrevistó con Antonio Mateos Ramos, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de SAPAO, para solicitarle una explicación, de porque no le habían depositado el sueldo correspondiente a la primera quincena de mayo del año en curso, a lo que le respondió "que él únicamente cumplía instrucciones emitidas por el Director General de SAPAO, así como del Secretario de Administración del Estado de Oaxaca, y que se iba a continuar reteniendo sus sueldos, hasta que recibiera nueva instrucción. Como se ve, sustancialmente el quejoso alega que su patrón público (Estado representado por los funcionarios correspondientes) emitió la orden para efectos de que se retenga el pago de su salario correspondiente a partir de la primera quincena de mayo de dos mil dieciocho y subsecuentes, como empleado de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO). De lo narrado se pone de manifiesto que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que tiene su origen en la relación laboral que el promovente sostiene con las autoridades de la Dirección Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en su carácter de patrón equiparado; por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente y no directamente en la vía constitucional mediante el juicio de amparo. Por lo anterior, es requisito indispensable que ese acto se reclame a una autoridad o a un particular que realice actos equiparables, lo que en el caso no acontece, ya que los patrones al efectuar determinaciones en relación a sus empleados no obstante que violen sus derechos humanos, no puede dársele el carácter de autoridad o ente equiparado a una. Y en todo caso, el patrón Estado, si la relación de trabajo continua vigente y devengaron la primera quincena del mes de mayo del año en curso, se encuentra obligado a pagar el salario correspondiente como contraprestación a la prestación de un servicio personal subordinado, para hacer valer tal derecho, los trabajadores deben acudir ante la autoridad jurisdiccional en materia laboral competente a reclamar su sueldo o la dilación en su pago, pero en ningún caso directamente al juicio de amparo. Se invoca en apoyo, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página 329, materia laboral, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis, siguiente AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. [Época: Décima Época, Registro: 2007580, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a)., Página: 1224] Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el indicado en el escrito de cuenta, y por autorizadas, únicamente para recibir notificaciones a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente el quejoso. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano