Mario Landa Brito

Expediente 1087/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1087/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Mario Landa Brito

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de diciembre de dos mil veinte. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente Mario Landa Brito, hubiese recurrido el auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. Queda firme En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Finalmente, toda vez que, en auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, este Juzgador Federal se reservó acordar lo conducente respecto a la devolución de los documentos anexos a la demanda de amparo, hasta en tanto, feneciera el término para recurrir el proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, hecho que ya aconteció. Por lo tanto, se requiere a la parte promovente, para que, por sí o por conducto de persona autorizada, comparezcan ante este órgano de control constitucional (sito en Boulevard del Lago, número 103, Edificio B, primer piso, Colonia Villas Deportivas, en Cuernavaca, Morelos), con identificación vigente que cuente con fotografía (INE, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL) a recoger los documentos solicitados. Lo anterior, previa cita que tenga a bien realizar la parte quejosa, en la "Agenda OJ", localizable en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, en atención al artículo 3 del Acuerdo General 22/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia que de no presentarse dentro de un plazo de noventa días a recoger los documentos exhibidos por dicha parte procesal, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    AVISO CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a catorce de diciembre de dos mil veinte. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente Mario Landa Brito, hubiese recurrido el auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. Queda firme En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Finalmente, toda vez que, en auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, este Juzgador Federal se reservó acordar lo conducente respecto a la devolución de los documentos anexos a la demanda de amparo, hasta en tanto, feneciera el término para recurrir el proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, hecho que ya aconteció. Por lo tanto, se requiere a la parte promovente, para que, por sí o por conducto de persona autorizada, comparezcan ante este órgano de control constitucional (sito en Boulevard del Lago, número 103, Edificio B, primer piso, Colonia Villas Deportivas, en Cuernavaca, Morelos), con identificación vigente que cuente con fotografía (INE, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL) a recoger los documentos solicitados. Lo anterior, previa cita que tenga a bien realizar la parte quejosa, en la "Agenda OJ", localizable en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, en atención al artículo 3 del Acuerdo General 22/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia que de no presentarse dentro de un plazo de noventa días a recoger los documentos exhibidos por dicha parte procesal, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CITATORIO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 27, FRACCIÓN I, INCISO B)DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL DICE: Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mario Landa Brito, por propio derecho, contra actos de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Morelos y otra autoridad . Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1087/2020-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda Ahora bien, visto el escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el acta de nacimiento registrada en el número 161, del libro 4, página 81, a nombre de Mario Landa Brito, en la cual se advierte el cambio de año de nacimiento, con motivo del oficio 707, de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Morelos, sin mediar intervención del quejoso o de autoridad judicial. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el caso, se estima que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, misma que establece: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley; No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la interpretación sistemática de la citada fracción, se advierte que establece el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, como juicio excepcional que, sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan un juicio independiente, recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellos actos que provengan de autoridades distintas a las del orden judicial, administrativos o del trabajo que puedan ser susceptibles de ser cambiados jurídicamente en cualquiera de los sentidos antes apuntados, a través de un juicio autónomo, tales recursos, medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnados directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales remedios preliminares. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de alguna autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o de trabajo, puede acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de autoridades de cualquier índole, con la exclusión de las ya mencionadas, respecto de los cuales proceda algún controvertido natural, conforme a las leyes que rigen a la responsable o al acto emitido, recurso o medio ordinario de defensa, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos. Con ello se da oportunidad al gobernado, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación que se estime le causa el acto de autoridad. Tiene aplicación por las razones que informa y por su sentido jurídico, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, del tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Así las cosas, el precepto trascrito alberga uno de los principios que constituye la piedra angular sobre la que se erige la naturaleza del juicio de derechos constitucionales como un medio extraordinario de defensa, al indicar que es improcedente el juicio de amparo contra actos que hayan sido consentidos en el procedimiento natural, al no haber sido combatido mediante el recurso ordinario procedente, a través del cual sea susceptible de ser revocado, modificado o anulado; el cual, se le conoce como principio de definitividad. Por eso, debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa un consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. Sostiene a tal postura, la jurisprudencia VI.3o.C. J/60, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a foja 2365, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, materia común, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. En ese entendido, es pertinente comprender el contenido de los numerales 456 a 458 bis del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que indican: "ARTÍCULO 456.- LA RECTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN O AMPLIACIÓN DE UN ACTA DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS PUEDE HACERSE: I.- Por Sentencia Judicial II.- Por resolución administrativa de la Dirección General del Registro Civil III.- Por reconocimiento o admisión que voluntariamente haga el padre o la madre a su hijo, en los casos autorizados por el Código Familiar. ARTÍCULO 456 bis.- QUIENES PUEDEN SOLICITAR LA RECTIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE ACTAS. Pueden pedir la rectificación o modificación de un acta del estado civil: I. Las personas de cuyo estado civil se trate o sus legítimos representantes II. Las que se mencionan en el acta como relacionadas con el estado civil de la persona de cuya acta se pretende rectificar, pero únicamente por lo que respecta a los datos de los propios promoventes; III. Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores. ARTÍCULO 457.- PROCEDENCIA DE LA RECTIFICACIÓN O MODIFICACIÓN POR SENTENCIA JUDICIAL.- Las actas del Estado Civil de las personas podrán ser rectificadas o modificadas mediante resolución judicial I. Derogada II. Cuando se trate de asuntos en los que se presuma que se altera o afecte la filiación o parentesco con alguna de las personas que se mencionan en el acta relacionadas con el estado civil de la persona cuya acta se pretende rectificar; III. Derogada IV. Todos aquellos que por su naturaleza no pueda conocer la Dirección General del Registro Civil. ARTÍCULO 457 bis.- TRÁMITE DE LA RECTIFICACIÓN O MODIFICACIÓN POR SENTENCIA JUDICIAL. El juicio sobre rectificación o modificación se tramitará en la vía de controversia familiar en contra del Oficial del Registro Civil ante quien consta el acta de que se trata, excluyendo la audiencia de conciliación, por lo que el juez deberá depurar el procedimiento al momento de fijar la litis, antes de abrir el juicio a prueba. Dará intervención al Ministerio Público. ARTÍCULO 458.- SENTENCIA SOBRE RECTIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DE ACTAS DEL ESTADO CIVIL. El juicio concluirá con el dictado de la sentencia que será apelable en efecto suspensivo. Una vez ejecutoriada la sentencia, se comunicará al Oficial del Registro Civil para que haga referencia de ella al margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación. ARTÍCULO *458 bis.- PROCEDENCIA DE LA RECTIFICACIÓN O MODIFICACIÓN POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. La rectificación o modificación de las actas del estado Civil de las personas podrán ser rectificadas o modificadas mediante resolución que dicte la Dirección General del Registro Civil en los siguientes casos: 1. Cuando se trate de errores ortográficos, de escritura, mecanográficos o los generados por los medios electrónicos, de cómputo o de sistematización utilizados que no alteren la filiación; 2. Cuando se trate de complementar los datos de las personas relacionadas con el estado civil de la persona cuya acta se pretenda modificar. 3. Cuando se trate de ampliar o reducir el nombre de las personas relacionadas con el estado civil de la persona de cuya acta se trate siempre y cuando no se afecte a terceros. 4. Cuando se trate de modificar mediante una complementación, abreviación, ampliación o reducción de alguno de los nombres de las personas de cuyo acto del estado civil se trate o de aquellas personas en el acta relacionadas; 5. La complementación o abreviación del nombre de pila de los contrayentes en el acta de matrimonio siempre y cuando se solicite por ambos cónyuges y el expediente de vida de aquel cuyo dato pretende modificarse así lo acredite. 6. Cuando se trate de modificar o rectificar los demás datos de los contrayentes o de las personas que se relacionan con el estado civil de las personas cuya acta pretenda modificarse, siempre y cuando conste tal situación en el expediente de vida de la persona de cuyo dato pretenda modificarse; 7. Cuando se trate de errores de reproducción gráfica que se desprendan notoriamente del expediente de vida de las personas de cuyo acto del estado civil se trate o el de las personas relacionadas en el acta. 8. Cuando por error mecanográfico o de redacción se haya omitido o asentado de manera incorrecta el sexo de la persona de cuyo estado civil se trate, siempre y cuando el expediente de vida lo acredite, que un médico con cédula profesional certifique tal situación y que el nombre concuerde con el sexo que se pretende asentar. 9. Cuando se trate de modificar la fecha de nacimiento de la persona de cuyo estado civil se trate, siempre y cuando se acredite con el expediente de vida y lo permita el orden lógico seguido en los libros de registro, y 10. La complementación o aclaración de los datos insertos en un acta de defunción siempre y cuando se acrediten con el expediente de vida de la persona cuya defunción fue asentada.". De las porciones normativas antes precisadas, se desprende que el legislador estatal estableció como remedio legal para la pretensión del aquí quejoso y recurrente, el juicio de rectificación o modificación de actas del registro civil, que tiene por objeto nulificar, en su caso, en forma absoluta, la expedida con anterioridad, por el Registro Civil, incluidos sus efectos. Como se observa con lo antes señalado, se satisface el requisito previsto por la ley que regula el acto, puesto que existe un medio de defensa legal - juicio de rectificación de acta del registro civil- para poder combatir frontalmente el acto que hoy constituye el acto reclamado; y para los efectos solicitados por la parte quejosa. Partiendo de ello, se advierte que de los numerales 456 a 458 bis del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, se indica que contra las aquellos actos que por su naturaleza no pueda conocer el Director General del Registro Civil, en el caso, el acta de nacimiento registrada en el número 161, del libro 4, página 81, a nombre de Mario Landa Brito, en la cual se advierte el cambio de año de nacimiento, con motivo del oficio 707, de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Morelos, sin mediar intervención del quejoso o de autoridad judicial, procede el juicio de rectificación o modificación de la misma, tendente a cuestionar su contenido, y del que se puede obtener su nulidad absoluta; es por eso que el quejoso esta en aptitud legal de acudir ante las instancias correspondientes, a promover lo propio. Lo que conlleva a determinar, que el aquí quejoso, tiene la oportunidad, en todo momento, de impugnar el contenido del acta del registro civil de la que actualmente se duele, ya que la legislación que la rige prevé un juicio para ello, tendente a nulificarla o modificarla, en caso de asistirle el derecho y la razón. Por ende, si el acto reclamado no se impugna por el medio y ante las autoridades establecidas por la ley, resulta evidente que el quejoso incumplió con el principio de definitividad rector del juicio de amparo, conforme el cual está constreñido a acudir previamente a la instancia ordinaria a buscar el remedio o solución de su conflicto, a través de aquél previsto en la ley que rige el acto reclamado; dada la naturaleza extraordinaria del juicio constitucional. A mayor abundamiento, la validez de las actas registradas, por ley, no puede decidirse en el amparo sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente; pues, aun cuando en el juicio de amparo se concluyera que el mencionado acto es inconstitucional, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77 de la ley de la materia, en la medida en que la realización de sus efectos importaría ordenar la rectificación o anulación de tal acta en el Registro Civil, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia, con arreglo a las leyes estatales. Ilustra a tal aspecto, la tesis XXXI.1 A (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, visible en la foja 1747, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro VII, abril de dos mil doce, tomo 2, materia común, con registro 2000591, de título y contenido: "INSCRIPCIONES REGISTRALES QUE NO HAN SIDO DECLARADAS NULAS JUDICIALMENTE. ANTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE LA SENTENCIA RELATIVA PRODUZCA EFECTOS RESTITUTORIOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE) Igualmente, sustenta a lo anterior, la jurisprudencia 13, autoría del Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 11, del Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, parte SCJN, materia común, con registro 393969, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo.". Sin que obste a lo anterior, el hecho de que contra el acto que el quejoso reclamó del Oficial del Registro Civil del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, no proceda la suspensión dentro del juicio de rectificación o modificación del acta del registro civil, contemplado en los artículos antes referidos del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos; y que por ello, abra la posibilidad de ventilarse en esta vía extraordinaria. Lo anterior, porque tanto el acta señalada como reclamada por el aquí quejoso, como la decisión judicial que en su momento se adoptare dentro de aquel controvertido natural, tienen efectos netamente declarativos que por sí mismos no tienen una ejecución material, que si bien podrían producir consecuencias y responsabilidades de cualquier índole sobre el quejoso; para ello, el que reciente dicho agravio o se presuma con derecho para hacerlo necesitaría ejercitar una nueva acción para lograr tales prerrogativas, lo cual, lejos de ser un acto futuro e incierto, no constituye una consecuencia inmediata e inminente del registro de ese documento público. Refuerza a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia 912, que sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, leíble en la foja 1030 , del Apéndice de 2011, Quinta Época, tomo II, novena sección, subsección 1, primera parte, materia común, que se lee: "ACTOS DECLARATIVOS. Cuando los actos declarativos llevan en sí mismos un principio de ejecución, procede contra ellos la suspensión en los términos de la ley.". En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demandas de amparo de que se trata, de acuerdo con los numerales 112 y 113 de la legislación en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Nelson Loranca Ventura, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Claudia Gabriela Domínguez López, quien autoriza. Doy fe.

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