Mario Jímenez Cardozo
Expediente 391/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Mario Jímenez Cardozo
Actuaciones
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos de la Circular CAP/3/2020, en relación con los artículos 2, y 4, del acuerdo General 13/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede...se declara que la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil veinte ha causado ejecutoria...archívese el presente expediente como asunto concluido...este expediente es susceptible de destrucción...Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.
- Principal
La suscrita Elsa Fabiola Saldaña Durán, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a ocho de octubre de dos mil veinte.- Doy Fe.- Elsa Fabiola Saldaña Durán. Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado En San Luis Potosí, capital, a las nueve horas con cinco minutos del ocho de octubre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y Secretaria con quien actúa Elsa Fabiola Saldaña Durán, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 391/2020-5, promovido por Mario Jiménez Cardozo, contra actos del Comisario de la Policía Ministerial en San Luis Potosí. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio; constancia de emplazamiento a la autoridad responsable e informe justificado rendido por ésta. Por otra parte, se da cuenta con la certificación de la Secretaria de esta fecha, en la que hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable; sin que las demás partes hubieran hecho uso de ese derecho. Disponiendo la Juez que: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecido tal medios de prueba, el cual podrá ser tomado en consideración al resolver el presente juicio, por lo cual, se da por concluido el periodo probatorio. En periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta que la parte quejosa no los formuló, además con el pedimento que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita pedimento; y que no obran diversas manifestaciones en vía de alegatos. Ordenando la Juez: Téngase al quejoso por perdido el derecho de hacer manifestaciones; por su parte a la Representante Social de la Federación adscrita por reproducidos los alegatos que esgrimió en el pedimento de cuenta. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, la Secretaria hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 391/2020-5, promovido por Mario Jiménez Cardozo, contra actos del Comisario de la Policía Ministerial del Estado de Sn Luis Potosí. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veinte, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y turnado en ese misma data a este Juzgado Primero de Distrito, Cecilia Acosta Camacho, en representación de Mario Jiménez Cardozo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y actos siguientes: Comisario de la Policía Ministerial en San Luis Potosí, Guadalupe Castillo Celestino, de quien reclamo el quejoso como actos: La tortura, desaparición forzada e incomunicación del quejoso. Detención. SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos violados los consagrados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veinte, se decretó la suspensión de plano por los actos consistentes en incomunicación, tortura, desaparición forzada e incomunicación del quejoso. Del mismo modo, en dicho proveído, se determinó que previo a acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisionaba al Actuario Judicial adscrito, para que se constituyera en los separos o celdas de la Dirección General de Investigación del Estado de San Luis Potosí, donde se encontraba recluido el directamente agraviado Mario Jiménez Cardozo, y lo requiriera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su favor por Cecilia Acosta Camacho. En diligencia de veintiuno de julio del año en curso, ante el Actuario Judicial de la adscripción, el directamente agraviado ratificó la demanda de amparo promovida en su favor. Así, por acuerdo de veintidós de julio del dos mil veinte, se admitió la demanda; se pidió informes justificados a la autoridad responsable; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de audiencia constitucional. En el propio acuerdo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó que la audiencia constitucional, tuviera verificativo mediante el uso de videoconferencia, requiriendo a las partes para que mediante promoción impresa o electrónica proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. En la inteligencia de que las partes podrían dar cumplimiento a dicho requerimiento hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia respectiva, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se tendría por perdido su derecho para comparecer a dicha audiencia, y en su caso, sería desahogada sin su asistencia. De igual manera, en el referido auto, se hizo del conocimiento de las partes, los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes lo hayan solicitado. Posteriormente, por auto de veintinueve de julio de la presente anualidad, se requirió al impetrante del amparo para que dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de Detenidos, y en caso de ser así, debería precisar los actos atribuidos a dicha autoridad; lo anterior en virtud de que del informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Dirección General de Métodos de Investigación, se desprende que el quejoso fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de Detenidos, a efecto de que resolviera su situación jurídica; bajo apercibimiento que de no hacerlo, al momento de resolver el presente asunto, se procedería al dictado de la resolución respectiva tal como aparece planteada en la demanda de amparo. Luego, en proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en auto de veintinueve de julio de dos mil veinte, por lo que se le tuvo por no señalado como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de Detenidos; consecuentemente, el derecho para ampliar la demanda respecto de la referida autoridad, cuya participación surgió durante el trámite del juicio precluyó, ante la renuncia tácita de la promovente del amparo al no señalarla con el carácter precisado. Por lo anterior y citadas las partes a la celebración de la audiencia constitucional, se inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama un acto cuya ejecución tuvo verificativo en territorio en el cual este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, en relación con la totalidad de constancias que lo integran, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son: La tortura, desaparición forzada e incomunicación del quejoso. Detención. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Director Jurídico de la Dirección General de Métodos de Investigación, en su denominación correcta, consistentes en la tortura, desaparición forzada e incomunicación del quejoso; toda vez que al momento de rendir su correspondiente informe justificado los niega expresamente, sin que el aquí quejoso haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. En tal virtud, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin prueba en contrario, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, respecto a los referidos actos reclamados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- septiembre 2011, Tomo II, Materia Común, Sexta Época, número de registro 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de actos. Por otra parte, el Director Jurídico de la Dirección General de Métodos de Investigación, en su informe justificado refirió que el quejoso Mario Jiménez Cardozo, fue detenido el veintiuno de julio de dos mil veinte, por elementos a su cargo, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de Detenidos, por la posible comisión de un delito contra la salud. Lo que se corrobora además con las documentales que dicha responsable adjuntó a su informe justificado, documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo.... Los numerales transcritos -en la parte conducente- establecen que en la demanda de amparo se debe señalar a la autoridad o autoridades responsables, lo cual no ocurrió en la especie, como se verá a continuación. En efecto, de las constancias de autos se desprende que el veintiuno de julio de dos mil veinte, el quejoso fue detenido por elementos a cargo del Director General de Métodos de Investigación, mismos que a su vez, lo pusieron a disposición de la diversa autoridad Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de Detenidos. De ahí que la parte quejosa debió señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de Detenidos, toda vez que dicha autoridad fue quien determinaría su situación jurídica en relación a los actos que se desprenden de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Sin embargo, la parte quejosa fue omisa en señalar como autoridad responsable en este juicio a la antes señalada, aun cuando mediante proveído de veintinueve de julio de la presente anualidad, se le requirió expresamente para ello, por lo que en el diverso auto de cinco de octubre del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se indicó que este juicio de amparo únicamente se resolvería el presente asunto tal como aparece planteada en la demanda de amparo..... Se insiste, si en el presente juicio no se señaló como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de Detenidos, a quien le recae expresamente la responsabilidad sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; entonces, ello genera que sea jurídicamente imposible examinar dichos actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. De ahí que, es evidente que en el caso concreto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO, en virtud de que no se señaló como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de Detenidos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 65, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 391/2020-5, promovido por Mario Jiménez Cardozo, contra actos del Director General de Métodos de Investigación, precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese....
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que el quejoso no desahogó el requerimiento que le fue formulado en proveído de veintinueve de julio de dos mil veinte, dentro del término de quince días que para tal efecto se le concedió en el acuerdo de que se trata, no obstante estar debidamente notificado del referido auto, según se desprende de la constancia que obra en el expediente en que se actúa. En tal virtud, y toda vez que conforme al numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, concluidos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del citado cuerpo de leyes, se hace efectivo a Mario Jiménez Cardozo, el apercibimiento que se contiene en el acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veinte, y en consecuencia, se tiene por no señalada como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación común con Detenidos; por lo que, en su oportunidad, procédase a resolver lo que en derecho corresponda tal como aparece plantada la demanda con la que se formó el presente juicio de amparo. Notifíquese.
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