Mario Iván Policarpo Valenzuela Díaz
Expediente 843/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Christian Iván Manzanares Carmona
- Mario Iván Policarpo Valenzuela Díaz
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL DEFENSOR PÚBLICO DESIGNADO. NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, y téngasele atendiendo el requerimiento formulado en este juicio, designando como defensor de los quejosos Christian Iván Manzanares Carmona y otros, al licenciado Carlos Eduardo Mendoza López. DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL ACEPTA CARGO. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por Carlos Eduardo Mendoza López, a través del cual acepta y protesta el cargo de defensor público federal de los quejosos Christian Iván Manzanares Carmona y otros, dentro del presente juicio. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las oficinas de la Defensoría Pública Federal ubicadas en calle Tierra Colorada número 117, Cuarto Piso, de esta ciudad. FORMA ESPECIAL Y EXPEDITA DE CONTACTO. Por otro lado, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene proponiendo de manera alternativa y como forma especial y expedita de contacto, las siguientes direcciones de correo electrónico carlos.mendoza.lopez@correo.cjf.gob.mx y defensorpublico.gto38ns@hotmail.com y el número telefónico 477 718 64 58. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA CONSULTAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita, se autoriza al usuario CEMLZ, para que realice la consulta del expediente electrónico en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. SE ORDENA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO DE DESECHAMIENTO. Notifíquese personalmente al profesionista señalado, el auto de desechamiento dictado dentro de este juicio, en el entendido de que los plazos que señala la ley para inconformarse con dicha determinación, comenzará a transcurrir, una vez que se realice dicha notificación.
- Principal
Notifíquese personalmente al representante común de los quejosos. Vista la demanda de amparo promovida por Christian Iván Manzanares Carmona, Héctor Jesús Lugo López, Mario Iván Policarpo Valenzuela Díaz y Lázaro García Flores, se acuerda: REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13, párrafo primero de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Christian Iván Manzanares Carmona. REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 843/2022-V y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Quien esto resuelve estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En la especie, los signantes de la demanda que ha dado origen al presente expediente, reclaman del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato y otra autoridad, la falta de atención médica, en medicina general y de especialidades, respecto de los padecimientos que refieren. Ahora bien, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentran los artículos 107 a 115; y en adición a dichos preceptos, en el Capítulo IV, denominado Controversias ante el Juez de Ejecución, del mismo cuerpo de leyes invocado, se encuentran los diversos 116 y 117, de los que se obtiene, en lo que aquí interesa, que las peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión de que se trate, quien, una vez recibida la petición, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; determinación que deberá notificarse personalmente al promovente. También se advierte que, el director del centro de reclusión estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Además, las normas citadas señalan que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, lo que significa que por cualquier circunstancia, -ya sea de carácter negativo u omisivo-, la persona privada de su libertad no encuentra satisfechas sus pretensiones, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución en los siguientes plazos: Diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución -en tratándose de actos de naturaleza instantánea-. En cualquier momento -si los efectos del acto son continuos o permanentes-. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas, entre otras, con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, así como con el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales. Establecido lo anterior y atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se estima que los quejosos ya sea como procesados o sentenciados, en términos del artículo 2° y 3°, fracciones XVIII y XIX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover demanda de amparo, debieron formular la controversia prevista por el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el Juez de Ejecución, para que se les atendiera en torno a las cuestiones de su internamiento que reclaman como omisión de proporcionarles atención médica respecto de sus padecimientos; ello, por ser éste la autoridad encargada de la tramitación del procedimiento establecido en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal (controversia). Por lo anterior, si los amparistas cuentan con un mecanismo de peticiones regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que la autoridad administrativa (como las señaladas como responsables), conozcan sus necesidades y puedan, en su caso, satisfacerlas, es esa vía la que tiene que seguir el quejoso a fin de resolver su controversia, al tener regulación expresa en la materia. En tales condiciones, como de la demanda de cuenta se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Toda vez que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, las notificaciones personales que se ordenen realizar dentro del juicio de amparo que ahora inicia, deberán hacerse en tal sitio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. SE REQUIERE DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Por otro lado, como lo solicitan, en aras de no dejarlo en estado de indefensión y, con el fin de garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 17 Constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiérase a la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Guanajuato, a efecto de que en el término de veinticuatro horas contado a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente acuerdo, designe un defensor público federal o asesor jurídico, para que represente a los promoventes en este juicio. Se hace del conocimiento que del contenido del libelo constitucional, se advierte que los quejosos reclaman la falta de atención médica, siendo toda la información con la que se cuenta al respecto. Asimismo, requiérase a la autoridad en trato para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el profesionista que nombre, comparezca debidamente identificado ante este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al de su designación, a fin de protestar el cargo conferido, lo que podrá hacer, de manera excepcional por encontrarnos en el marco de la pandemia causada por el virus COVID-19, mediante escrito firmado electrónicamente, Para lo cual deberá de enviar el documento correspondiente a través del siguiente medio electrónico: Correo electrónico del juzgado 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir con lo ordenado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y actualización, en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior, no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben de presentarse por escrito, o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se le requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva.
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