Mario Ivan Policarpo Valenzuela Díaz

Expediente 2054/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2054/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Mario Ivan Policarpo Valenzuela Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA I. Se tiene a la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León y anexos que acompaña, devolviendo diligenciado el exhorto en el que se encomendó entregar los oficios 3205-I, 3275-I y 3276-I... Por tanto, dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo, con las debidas anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora a lo anterior, en virtud de que el treinta de noviembre del año que transcurre, se tuvo a la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, comunicando que dicho órgano jurisdiccional aceptaba la competencia planteada y se avocó al conocimiento del presente asunto, por tanto, remítanse las constancias recibidas en esta data a ese Juzgado, en relación al juicio de amparo 1215/2022-V de su estadística.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto, el estado que guardan los autos de los cuales se advierte, que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa Alberto Gular Solórzano, manifestando bajo protesta de decir verdad, que sí es su deseo señalar como auto reclamado, el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Es de destacarse, que del análisis integral al sumario y su tomo de prueba, se aprecia que a través del referido auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el juez responsable tuvo por recibido el oficio 9739, del Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por el que le comunicó al quejoso el diverso de doce de mayo de dos mil veintidós, a través del cual la sala en mención, desechó su recurso de queja que promovió en contra del auto de cuatro de abril de dos mil veintidós (por el cual se desechó el diverso de apelación), ordenando su notificación a las partes por medio de lista En mérito de lo anterior, es necesario invocar el contenido literal del artículo 111 de la ley de la materia, que es del tenor siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda". Del artículo antes transcrito, se evidencia que la demanda de amparo puede ampliarse, siempre que ocurra cualquiera de las siguientes hipótesis: Que no haya transcurrido el término que la propia ley de amparo establece para la presentación de la demanda. Que la parte quejosa se diga sabedora de diversos actos de autoridad, siempre y cuando éstos guarden íntima relación con el acto reclamado en el escrito inicial de demanda. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 183932, localizable en la página 12, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Así como, la jurisprudencia VI.2o.C. J/240, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro 182486, localizable en la página 1339, Tomo XIX, Enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos". Por último, la Tesis VI.3o.8 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 203579, localizable en la página 508, Tomo II, Diciembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACION DE LA. SU PROCEDENCIA TRATANDOSE DE ACTOS SUPERVENIENTES. En términos generales, las demandas de amparo que dan origen a un juicio de garantías, pueden ampliarse mientras las autoridades señaladas como responsables no hayan rendido su informe justificado; sin embargo, no sucede lo mismo cuando la parte quejosa tiene conocimiento del acto reclamado con posterioridad a la presentación de su demanda, por causa no imputable a ella, pues en esos casos, aun cuando todas las responsables ya hubieran rendido sus informes justificados, si de tales informes o por cualquier causa ajena surgen actos posteriores que estén íntimamente relacionados con los inicialmente reclamados, es inconcuso que se trata de actos supervenientes, respecto de los cuales dicha quejosa puede optar por promover un nuevo juicio o por ampliar la demanda anterior, pues esto tiene el mismo efecto procesal; además de que la finalidad del juicio de amparo es procurar que las controversias se resuelvan, dando oportunidad a las partes para exponer sus pretensiones." De la interpretación sistemática de las tesis invocadas, se advierte que la ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica, que confiere al peticionario de amparo un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados, pudiendo recaer la ampliación sobre los antes mencionados, siempre y cuando concurran diversos requisitos, tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios. En ese tenor, tenemos que, en el caso concreto se actualiza la primera hipótesis, que faculta a la parte quejosa para ampliar su demanda, por el acto reclamado consistente en el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 111 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada su demanda por el mencionado a acto reclamado. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación del presente proveído, debiendo anexar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes, apercibida que de no dar cumplimiento, se sancionará con multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, (1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); así como el artículo 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA; en relación con los numerales 237, fracción I, 238, 260, fracción II y 117 de la ley de la materia. COMUNICACIÓN DE CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que, en caso que tenga conocimiento de alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; apercibidas que de no dar cumplimiento al requerimiento antes señalado o no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una medida de apremio consistente en una MULTA DE CIEN DÍAS de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, (1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); así como el artículo 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA; en relación con los numerales 237, fracción I, 238, 260, fracción II y 117 de la ley de la materia. Ahora, cabe señalar que de conformidad con el artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, se debe dar vista al quejoso con la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; empero, la referida vista es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como de los Tribunales Colegiado de Circuito, según sea el caso, en razón de la facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, este órgano jurisdiccional no se encuentre en el supuesto de dar vista con alguna posible causa de improcedencia en los términos reseñados, pues -como se adelantó la obligación de hacerlo corresponde específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiado de Circuito. Se afirma lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 426/2013, sostuvo que para que se actualice el supuesto normativo de que se trata se deben presentar ambas hipótesis, es decir, (que la causa de improcedencia no sea alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior) para que surja la obligación del juzgador de dar vista al quejoso con la actualización de la causal de improcedencia detectada de oficio; lo anterior, debido a que la palabra inferior a que se refiere la parte final de la segunda frase cuestionada, se puede interpretar que se refiere a jerarquía de órganos desde el punto de vista jurisdiccional; en ese sentido, en primera no existe órgano inferior dado que en su categoría se encuentran los juzgadores que conocen de primera mano del juicio de amparo de que se trate, es decir, es con los que inicia el juicio, en este medida los Tribunales Colegiados tratándose del amparo indirecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo, tendrán el carácter de superior, cuya característica principal es que por mandato legal conocerán y resolverán de algunos de los recursos de impugnación previstos en la ley en segunda instancia, para que en su caso se revoque, modifique o confirme la decisión revisada, siendo que al órgano inferior se le conoce como juez a quo, dado que su fallo controvertido ante el tribunal superior, cuya denominación de éste es de Ad Quem, pues será el tribunal de alzada que conocerá del recurso interpuesto. De lo expuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que la obligación prevista en el precepto 64, párrafo segundo, está dirigida particularmente a la segunda instancia de las dos vías de tramitación del juicio de amparo a que alude el numeral 2, párrafo primero de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J.51/2014 (10a.) sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 24, Décima Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.". Finalmente, dado que el presente asunto no se encuentra debidamente integrado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su desahogo, las NUEVE HORAS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas de los acuerdos de 1. siete y 2. veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, de igual manera, 3. copia certificada del escrito de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, suscrito por Glenda Gómez Domínguez, 4. oficio TCyA/EJEC/403/2022, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dirigido a la Dirección Técnica de Recaudación de la Secretaria de Finanzas, 5. Oficio SF/SI/DTR/0974/2022, librado por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, 6. acuse de recibo del oficio SF/DR/RRP/391/2022, librado por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, y anexos, 7. oficio SF/SI/DTR/0968/2022, librado por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, y 8. oficio SF/DR/RRP/410/2022, librado por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco y anexos, actuaciones recaídos en el expediente laboral 209/2007 de su índice, que relaciona con el cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, la autoridad de cuenta manifiesta que se pronuncia en relación al término concedido al Ayuntamiento demandado en proveído de veintitrés de septiembre del año actual, asimismo provee en relación al desahogo de la celebrada en fecha catorce de octubre de este año, y requiere a los Integrantes del Cabildo y Directores del Ayuntamiento demandado para que en el término de diez días hábiles realice lo solicitado por ese Tribunal responsable; de igual forma, se pronuncia en relación al término concedido a la Secretaría de Finanzas. Ahora bien, es preciso señalar, y a como lo expuso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito en el Estado de Tabasco, en sus consideraciones al resolver el Amparo en Revisión 157/2021, de su índice, advirtió diversas actuaciones realizadas en el juicio laboral de origen respecto a la ejecución del laudo consistentes en: No obstante a los diversos requerimientos formulados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, señaló que desde la emisión del laudo en el juicio laboral 209/2007, en veintiuno de septiembre de dos mil doce, hasta la fecha en la que se emitió la ejecutoria han transcurrido más de nueve años sin que se dé total cumplimiento a dicho laudo. Se dice lo anterior, ya que el acto reclamado por la parte quejosa existe, dado que a pesar de las medidas realizadas por la autoridad responsable para ejecutar el cumplimiento de su laudo, éstas han resultado ineficaces, y han transcurrido más de diez años desde la emisión del laudo, sin que el Ayuntamiento Constitucional deI Municipio de Paraíso, Tabasco, cumpla el fallo y la obligación de la autoridad responsable no se agota hasta que se dé el cumplimiento total de su laudo. En esa medida, se considera que la responsabilidad de las autoridades no termina con la emisión de la sentencia en una controversia, sino que están obligadas a ejecutar dicha resolución, por la que reconoció un derecho a favor de una persona; cumplimiento que no puede dejarse a la discrecionalidad de la parte condenada. Por ende, si el derecho a la tutela judicial efectiva consagra entre otros principios, los principios de justicia pronta y de justicia completa, es así como se puede concluir, que las autoridades no solamente tienen la responsabilidad de dirimir las controversias suscitadas entre las personas de forma eficaz y sin dilaciones de tiempo, sino que para garantizar que esta sea completa deben los órganos jurisdiccionales que sus resoluciones se ejecuten, en los términos establecidos, en la medida de lo posible. En virtud que de los autos remitidos, se aprecia que no existe determinación alguna que contenga medidas de apremio eficaces para obligar a la autoridad condenada a cumplir con la ejecución de la sentencia emitida en el juicio laboral de origen, puesto que con las medidas aplicadas el tribunal responsable no ha logrado garantizar hacer su fallo una realidad, como se aprecia de la imposición de multas, de las cuales no se percibe se haya realizado el cumplimiento del pago, como son las multas decretadas por autos de: Por lo tanto, determinó que la autoridad responsable ha violado de forma sistemática el derecho al acceso a la tutela judicial efectiva y a la ejecución de las resoluciones jurisdiccionales de Demetrio Velázquez Castellanos. Asimismo, afirmó que, puesto que el Tribunal responsable al percibir la evidente contumacia del Ayuntamiento condenado, más allá de únicamente hacer efectivo el apercibimiento decretado y ordenar el cobro de las multas impuestas a la autoridad condenada por su incumplimiento, a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, debió verificar que dicha Secretaría realizara el cobro, lo que no consta en autos, puesto que de las constancias certificadas remitidas del expediente laboral 209/2017, no se aprecia que se ejecutaran las multas impuestas al Ayuntamiento condenado. Asimismo, estimó que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, cuenta con otros instrumentos legales para lograr la ejecución eficaz de sus determinaciones, como se aprecia del contenido del procedimiento de ejecución previsto por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, en sus artículos 128, 130 y 131. Por lo que, la autoridad responsable tiene la obligación y facultad de aplicar diversas medidas de apremio, más allá de facultad que expresamente le confiere la legislación aplicable para la imposición de multas, también cuenta con la capacidad de aplicar otras medidas que a su juicio sean procedentes ante la contumacia de los condenados a cumplir con sus fallos, como lo es el dar vista al contralor del ayuntamiento condenado, así como a la representación social, por la posible comisión del delito de desobediencia contemplado en el artículo 298 del Código Penal para el Estado de Tabasco. En razón de lo expuesto, queda en manifiesto que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, cuenta con más medidas para garantizar la ejecución del laudo de veintiuno de septiembre de dos mil doce dictado en el juicio laboral 209/2007, como lo es el dar vista a la representación social en caso de que estime necesario por la falta de dar cumplimiento a sus mandatos; máxime que la autoridad responsable apercibió a los funcionarios municipales con ejecutar dicha medida, como se aprecia del auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, sin que se haya hecho efectivo el apercibimiento pese a la contumacia del ayuntamiento condenado. Por lo expuesto y toda vez que la ejecutoria de amparo, se concedió para que la responsable acate lo siguiente: "Al resultar fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a Demetrio Velázquez Castellanos, contra la omisión reclamada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para el efecto de que realice lo siguiente: 1. Deberá emitir las medidas tendentes a que se hagan efectivas todas las multas impuestas al Municipio de Paraíso, Tabasco, por conducto de quien le corresponda su representación, excluyendo las que se hubieran combatido a través de diverso medio de impugnación y las que hayan sido cubiertas, a partir de la resolución del incidente de liquidación, y hasta que cumpla totalmente el laudo dictado en el juicio laboral 209/2007. 2. Deberá verificar que la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, cobre todas las multas impuestas a la autoridad condenada, en términos del punto anterior. 3. Deberá de imponer, con libertad de jurisdicción, las medidas de apremio a su disposición, hasta que se dé cumplimiento a su laudo, como son: a) Solicitud de investigación a la Contraloría del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. 4. Una vez impuestas las multas y cobradas las respectivas multas, continúe con el procedimiento de ejecución". En esas condiciones se procede a requerir en los siguientes términos: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo: Remita copia certificadas de las constancias de notificación realizada a las partes del proveído de siete y veintitrés de noviembre de dos mil veintidós recaído en autos del juicio laboral de origen 209/2007. Remita copia certificada del acuse de recibo del oficio TCYA/EJE/403/2022 (fecha de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dirigido a la Dirección Técnica de Recaudación de la Secretaría de Finanzas. Remita copia certificada los acuses de recibo de los oficios 4. TCYA/EJE/1389/2017 (fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, y TCYA/EJE/352/2022, (doce de octubre de dos mil veintidós) girados a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, por el cual recaudó las multas impuestas a la autoridad condenada, en términos de la ejecutoria de amparo. Verifique que la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, cobre todas las multas impuestas a la autoridad condenada, una vez hecho remita las constancias que lo acredite; en el caso de que la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, no realice lo ordenado por el Tribunal responsable, deberá de imponer las medidas de apremio a su disposición, hasta su cumplimiento (oficios TYCA/EJEC/11219/2015, TYCA/EJEC/415/2016 Y TYCA/EJEC/1291/2016). Realice los trámites para que se haga efectiva actualización de los oficios TYCA/EJEC/96/2021 y TYCA/EJEC/1185/2019; que no fueron recibidos por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, por el cual solicita que cobre las multas impuestas a la autoridad condenada, una vez hecho remita las constancias que lo acredite; Asimismo se le impone, con libertad de jurisdicción, las medidas de apremio a su disposición, hasta que se dé cumplimiento a su laudo, como son: la Investigación a la Contraloría del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Una vez impuestas las multas y cobradas las respectivas multas, continúe con el procedimiento de ejecución. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se apercibe a la responsable, que de no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, sin causa justificada se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238, y 258 de la Ley de Amparo vigente; es decir, se hará acreedora a una multa de cien (100) veces el valor diario de Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por 100 la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con noventa y dos centavos), que es el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, esto es (100 UMA x $96.22 VALOR DIARIO DE LA UMA = $9,622.00), y en su caso, se implementarán las penas a que hacen referencia los arábigos 237, fracción I, 259 y 267, fracción I de la ley de la materia. Se llega a tal consideración, pues en el presente proveído se encuentran precisados claramente los actos que debe realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, su desacato producirá que esta autoridad constitucional, le imponga la multa bajo la que fue apercibida. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, de no cumplir con lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término precisado, se le iniciará el procedimiento de inejecución de sentencia, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo; pues este órgano jurisdiccional está obligado a velar por el eficaz cumplimiento de las sentencias amparadoras que evidentemente no debe quedar supeditado a la voluntad o capricho de la autoridad o autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Enrique Pérez Chan, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado Abraham Augusto Rodríguez García.

  4. Principal

    MESA II....se ordena agregar a los presentes autos el oficio signado por la Juez interina del Juzgado Tercero Mixto-Auxiliar Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Tercer Distrito Judicial de Escárcega, Campeche, mediante el cual rinde informe respecto a los oficios 1588-II y 1986-II, por los cuales se les notificó el sobreseimiento del presente asunto y la admisión del recurso de revisión en contra la sentencia diecisiete de junio de dos mil veintidós, mismo que fueron recepcionados el seis de junio y once de octubre julio de dos mil veintidós, por esa autoridad, adjuntando copia certificadas de dichas misivas; sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por reciba dicha información.

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