Mario Ivan Gallo Bedoya
Expediente 1153/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/10/2018
Partes del expediente
- Mario Ivan Gallo Bedoya
Actuaciones
- Principal
...Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...I
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ***, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1153/2018-I, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". De lo anterior se concluye que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interpongan los quejosos, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Así, cuando una de dichas autoridades emita un acto contra alguna de las partes que integren el elenco procesal del juicio o procedimiento que estén instruyendo bajo su jurisdicción, el particular habrá de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria que al efecto estén dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que le causa el agravio de que se duela. Asimismo, debe decirse que en torno al principio de definitividad sólo algunos casos y bajo condiciones específicas se surte su excepción, las que prevé la Ley de Amparo, en el ya transcrito numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d); aunado a diversas hipótesis jurisprudenciales, tal como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en la tesis publicada en la página 156, Tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; las cuales en el presenta caso no se actualizan. ACTO RECLAMADO. En la especie, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el que el Juez responsable ordena la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen. Lo anterior, toda vez que de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y de las constancias que anexó a la misma, se desprende lo siguiente: 1.- El quejoso es parte en el juicio sumario civil ***, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. 2.- Que dado el sentido de la sentencia dictada dentro de los autos del juicio de origen, la parte quejosa promovió amparo directo, el cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con el consecutivo ***, solicitando así también, la suspensión de los actos reclamados en dicha instancia, la cual fue concedida por la autoridad responsable, para el efecto de que no se ejecutara lo resuelto en la referida sentencia. 3.- Que en fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado de referencia, dictó sentencia en la que negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. 4.- Que la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de dicha negativa. Documentales que se les concede valor probatorio de indicio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se tratan de copias de documentos elaborados por autoridad competente en ejercicio de sus facultades legales. En efecto, el acto reclamado en la presente instancia es un acto susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, a través del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, establecido en los numerales 206 y 207 de la Ley de Amparo, al ser una orden que incumple con la suspensión de los actos reclamados dentro del cuaderno de antecedentes 115/2018, relativo al incidente de suspensión del cual deriva del amparo directo número 239/2018, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, pues se actualiza el caso de procedencia del aludido recurso que establece el citado artículo de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Artículo 207. El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo." En tal virtud, la parte quejosa está obligada a agotar el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del presente juicio de amparo, al tener como efecto dicho recurso modificar, revocar o nulificar el acto tildado de inconstitucional, el cual puede otorgar al solicitante de amparo la enmienda jurídica que pretende y, al no hacerlo así, es claro que soslayó agotar el principio de definitividad, indispensable para la procedencia del juicio de amparo. Bajo esas premisas, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación que se encuentra previsto en la Ley de Amparo, y tampoco se ubica en algún supuesto de excepción para no hacerlo, ya que es parte procesal dentro de los autos del juicio de origen y ha participado activamente, resulta incuestionable que no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en agotar los medios ordinarios de defensa o recursos previstos por la ley que regula el acto reclamado, que tenga el alcance de revocarlo, nulificarlo o modificarlo, antes de acudir al juicio constitucional que, por naturaleza, es un medio extraordinario de defensa, torna improcedente el presente juicio biinstancial. Apoya a lo dicho la jurisprudencia 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, materia común, número de registro 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Ello, de acuerdo con lo establecido en el inciso b), fracción III, del artículo 107 Constitucional, pues se insiste, existe la posibilidad de que el acto reclamado pudiera ser revocado, modificado o nulificado, y así desaparecer el agravio que dice sufrió; en consecuencia, al no hacerlo se debe tener por actualizado el motivo de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de que, haya causado ejecutoria la sentencia de amparo dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo de dicho ordenamiento legal, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ..." "107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judicial, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" De lo expuesto en líneas arriba, resulta que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" resuelta en el procedimiento de ejecución, donde por "última resolución" debe atenderse a la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En efecto, en acatamiento al mandato constitucional, la ley que rige el juicio constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo como base la exposición de motivos de la ley citada en el sentido de evitar abusar del juicio de garantías, la procedencia del amparo que promueva quien fue parte en el procedimiento contra actos dictados después de concluido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a la peticionaria siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. La finalidad que persigue este criterio, es la de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones que en el procedimiento de ejecución sucedan, pues de lo contrario se obstaculizarían los procedimientos tendentes a cumplimentar las resoluciones que constituyan la verdad legal, resulta así, ya que se pretende dar un equilibrio entre el interés individual de quien estima sufrir un agravio en sus garantías individuales frente al interés de la sociedad para que se cumplan las sentencias. En efecto, la determinación del Juez responsable, que constituye el acto reclamado, evidencia la presencia de un acto en el período de ejecución de sentencia. Así, cabe señalar que las sentencias firmes deben cumplirse cuidando que no se entorpezca la ejecución de las mismas; además, también debe cuidarse que el juicio de amparo no sea utilizado como instrumento que retarde la administración de justicia y, en cuanto a las personas que efectivamente hayan sufrido una violación en sus garantías, podrán ser restituidas en el goce de éstas desde que se cometió la violación en ese procedimiento de ejecución si así lo determina el órgano de control constitucional. De ahí que, resulta a todas luces improcedente la demanda que se intenta en esta vía de amparo. Por su exacta aplicación al caso es de citarse la tesis jurisprudencial número 734, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1204, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114 fracción III de la Ley de Amparo". En el caso concreto, se reitera que el acto que reclama el promovente, es llevado a cabo en ejecución de sentencia; por lo tanto, no satisfacen los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracción IV, párrafo segundo, de la ley en comento y su interpretación jurisprudencial, pues NO SE TRATA DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN; Lo anterior, se corrobora con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito inicial, confesión que hace prueba plena, en términos del artículo 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y, con las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo al requerimiento decretado en autos a las que se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copia certificada por funcionario público en ejercicio de sus facultades; de las que se desprende que la parte quejosa, es parte en el juicio sumario civil ***, en el que ya se dictó una sentencia definitiva y se condenó la ejecución de la misma, corroborando el sentido de la resolución el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito; máxime que el acto que aquí se reclama, se encuentra intrínsecamente relacionado con la cosa juzgada, que fue objeto de la Litis en el juicio de origen, por lo que no afecta derechos sustantivos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Tiene apoyo a lo expuesto, la tesis de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." (Tesis 389 C, visible en la página 1721, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Enero de 2003, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia civil del Segundo Circuito) En consecuencia, ante la actualización de las referidas causas de inejercitabilidad de la vía de amparo prevista, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo de que se trata en términos del artículo 113 de la citada ley. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda, asesino, se tiene como autorizada en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a la licenciada ***, y en términos restringidos a la persona restante, por no encontrase registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que la acredite ejercer la profesión de licenciada en derecho; así como en términos del numeral 24 de la citada Ley, a las diversas personas que indica, por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce...I NP
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