Mario Israel Melendrez Espinoza
Expediente 440/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Mario Israel Melendrez Espinoza
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos del presente cuaderno de antecedentes para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual informa que ese órgano Jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 440/2019-7A, promovido por MARIO ISRAEL MELENDREZ ESPINOZA, registrándolo con el número 524/2019-IV-A. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, de los que se desprende que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme al punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. RADICACIÓN Vista la demanda inicial formulada por Mario Israel Melendrez Espinoza, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 440/2019-7A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. SE DECLINA COMPETENCIA Ahora bien, como presupuesto procesal de orden público, este Juzgado advierte que carece de legal competencia para conocer de la presente demanda; en consecuencia, se propone que la competencia jurídicamente le corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en atención a las siguientes consideraciones. En principio, se desprende que el promovente solicita el amparo y protección de la justicia federal, respecto de lo siguiente: La negativa por parte de la autoridad responsable Coordinadora de Trabajo Social del Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con residencia en Tecate, Baja California, de permitirle el acceso de visita a su familiar. A fin de sustentar la presente determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las hipótesis antes descritas, se obtiene que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos de reclamo. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Ahora, en el caso concreto, el quejoso reclama la negativa de permitirle el acceso de visita a su familiar, para lo cual pertinente resaltar que el promovente se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California, es por ello que debe aplicarse la primer hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo anteriormente transcrito; es decir, el juez competente para conocer del presente asunto es aquel que tiene jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Al respecto, resulta oportuno resaltar, que el Alto Tribunal del País acotó que en nuestro sistema jurídico es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2015, aludió a la figura jurídica de la "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; de igual manera explicó que esa expresión -contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo- debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o cuando sus efectos conlleven a esa situación. En este sentido, precisó que la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que el acto tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Sentado lo anterior, conviene ahora traer a glosa que la parte quejosa solicita el análisis de la determinación de la autoridad responsable de prohibirle o negarle la convivencia con uno de sus familiares, lo cual incide en su esfera jurídica, como un derecho reconocido por la ley, al ser una persona privada de su libertad, mismo que se encuentra previsto por el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Conforme a tal premisa, se puede concluir, que la negativa de las autoridades responsables de limitar el derecho de convivencia a una persona privada de su libertad, se erige en un acto de tal naturaleza capaz de producir, en el mundo fáctico o real, una consecuencia material. Entonces, el acto negativo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho humano tutelado a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, sí materializa una consecuencia en la reinserción social del quejoso. Por lo cual, conforme a la primera regla de competencia prevista por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el acto reclamado tiene eficacia necesariamente en el lugar en el que se materializa esa negativa, es decir, en el establecimiento penitenciario en donde el quejoso se encuentra interno y donde debería recibir la convivencia a que tiene derecho, es decir, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y, por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario. Similares argumentos dieron origen a la jurisprudencia registrada bajo el número 2019492, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, consultable a página 2124, Libro 64, Tomo III, marzo de dos mil diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que se intitula: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS." Sirve de apoyo, la tesis I.4o.A.7 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página cuatrocientos cuarenta y nueve, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de mil novecientos noventa y cinco, con número de registro 204385, del rubro siguiente: "ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. DIFERENCIA ENTRE." Máxime que en el caso, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y respecto al caso que nos ocupa, al encontrarse el quejoso recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", ubicado en Tecate, Baja California, es evidente que tendrá mayor posibilidad y acceso a su defensa ante un Juzgado de Distrito situado en esa ciudad, que en uno ubicado en una jurisdicción diferente, lo que evidentemente le dificultaría y obstaculizaría el acceso a la justicia federal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de registro 177673, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA." En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, a fin de que comunique a éste Juzgado si acepta o no el conocimiento de este asunto, debiendo formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en los Libros Uno y Cuatro de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en las listas de egresos de la estadística de este juzgado, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
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