Mario Isidro Camacho Ocaña
Expediente 1459/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1459/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/09/2018
Partes del expediente
- Mario Isidro Camacho Ocaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, comunicando que mediante proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, acusa recibo del juicio de amparo 1459/2018 y acepta la competencia planteada en el mismo, el cual radico como 1504/2018-VII. Por tanto, remítanse los acuses de recibo correspondientes a los oficios 33209, 38144, 38145 y 40457, a fin de que integre debidamente el juicio de amparo ahora de su competencia. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese el presente el expedientillo, como asunto totalmente concluido. Destrúyase el expedientillo en que se actúa, transcurrido cinco años siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios de cuenta, visto su contenido se provee: Se tiene al Juez Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector de garantías. VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO. Dese vista a las partes, con el oficio y anexo antes mencionado por el término de tres días legalmente computado, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MARIO ISIDRO CAMACHO OCAÑA, EL ACUERDO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMOS QUE DISPONEN: San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese los oficios con registros 26410 y 26446, visto su contenido, se provee: Téngase a los Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribuyente de Puebla adscritos al Servicio de Administración Tributaria "1" y "2", informando que el quejoso Mario Isidro Camacho Ocaña, tiene registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes como domicilio fiscal el ubicado en avenida Dieciséis de Septiembre, número ciento diez, colonia Alfredo V. Bonfil, C.P. 52940, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Ahora bien, visto el estado procesal de autos y la demanda de amparo promovida por Mario Isidro Camacho Ocaña, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, se provee: INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. En principio, cabe puntualizar que las cuestiones de competencia son de orden público y de pronunciamiento oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309, Tomo XCVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables las siguientes: 1. Cámara de Diputados 2. Cámara de Senadores 3. Presidente de la República Mexicana A las que reclama la inconstitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con motivo de su primer acto de aplicación. Lo anterior, por estimar que para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, su previsión social resultó gravada tributariamente por la aplicación del artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es del tenor siguiente: "Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: (.) IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. (.) XI. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, del presente Título. (.) Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley." Ahora bien, de los referidos oficios de los Administradores Desconcentrados de Servicios al Contribuyente de Puebla adscritos al Servicio de Administración Tributaria "1" y "2", se advierte que informaron que el quejoso Mario Isidro Camacho Ocaña, tiene registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes como domicilio fiscal el ubicado en avenida Dieciséis de Septiembre, número ciento diez, colonia Alfredo V. Bonfil, C.P. 52940, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto Sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subsecuentes que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que del criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de la vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción territorial se ubica. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 426, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de 2009, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, POR LA DISPOSICIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL O SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.- Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subcuentas que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que el criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica". Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 146/2002, de la Novena Época, emitida por la referida Segunda Sala, visible en el Tomo XVII, página 324, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de enero dos mil tres, cuyo y rubro señalan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos". En ese tenor, es dable establecer, que la norma combatida es de carácter fiscal y su ejecución se materializó en el lugar donde tiene su domicilio fiscal la parte quejosa; es decir, en el Estado de México. Por lo que se concluye que el juez competente para conocer de la presente demanda, debe ser el que ejerza jurisdicción en el lugar donde la parte quejosa tiene su domicilio fiscal. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, previendo en su primer párrafo que lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En este sentido, esta autoridad federal se considera incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata, pues de la lectura del escrito de demanda y de las constancias descritas, no se observa que dicho acto se ejecute, o se haya ejecutado en la jurisdicción de este tribunal, motivo por el cual su ejecución, por el contrario, como se vio, se realizó fuera de la demarcación que compete a esta autoridad federal. Lo anterior es así, puesto que los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (.)". "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Por lo anterior, si la parte quejosa reclama el artículo 93, fracciones IV, V, XI, y último párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, en el caso: -Estado de México-, conforme a lo informado por las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente "1" y "2", Puebla, se concluye que el juez competente para conocer del juicio de amparo promovido por la peticionaria de amparo, debe ser el del lugar en donde se encuentra su domicilio fiscal. Bajo esos lineamientos, con fundamento en los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, se estima que la competencia para conocer de la presente demanda se actualiza en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno. Se ordena remitir el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, para que por su conducto sea turnado al Juzgado que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo. Solicitando el acuse el recibo correspondiente y comunique el Juez que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo, si se avoca o no al conocimiento del presente asunto. Fórmese expedientillo, háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Finalmente, déjese sin efectos la audiencia constitucional fijada para las doce horas cuarenta minutos del uno de octubre de dos mil dieciocho (foja 154). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Yolanda Velázquez Rebollo Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el licenciado Juan Daniel Camacho Cruz, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA COMISARIADO EJIDAL DE LA POBLACIÓN DE SAN FELIPE TENEXTEPEC, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE, EL ACUERDO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: "Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que los dictámenes rendidos por los peritos recibidos en este juzgado el seis de mayo y veintiséis de junio, ambos de la presente anualidad, resultan contradictorios, al respecto se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 226 de la Ley de Amparo abrogada, se señalan las once horas del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, para que se lleve a cabo una junta de peritos, a fin de que precisen los puntos señalados por el quejoso en el escrito con registro 1301. Por lo anterior, se ordena girar oficio a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de que notifique al perito oficial **************, su obligación de comparecer ante este Juzgado Federal en la hora y fecha señaladas, debidamente identificado, para el desahogo de la diligencia arriba mencionada. Apercibido el perito oficial que de no hacerlo así, sin causa justificada en el plazo indicado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de esta anualidad, en el Diario Oficial de la Federación, se hará acreedor a la imposición de una multa, por el equivalente a cincuenta a mil unidades de medida y actualización. Requiérase a la parte quejosa para que haga saber al perito de su parte, ***********, que tiene la obligación de presentarse ante este órgano jurisdiccional en la hora y fecha indicadas, debidamente identificado, para el desahogo de la referida junta de peritos. Apercibida la parte quejosa que de no comparecer su perito se dejará de tomar en cuenta el peritaje emitido por el perito de su parte. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Difiérase la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para dar oportunidad a lo anterior. Se fijan, de nueva cuenta, para su celebración las diez horas quince minutos del tres de octubre de dos mil dieciocho."
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