Mario Humberto Ruiz Montejo
Expediente 1312/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1312/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/01/2018
Partes del expediente
- Mario Humberto Ruiz Montejo
- Reyna Morales Gutiérrez
- Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito Tres, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que la parte quejosa en su escrito de aclaración de demanda (foja 15), señaló como acto reclamado el siguiente: ".LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA AUDIENCIA DERIVADA DE LA CONTROVERSIA AGRARIA INCOADA EN MI CONTRA ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 3 DE TUXTLA GUTIERREZ EN EL EXP. 26/2017 DEL EXPEDIENTE". Ahora bien, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Contexto del cual se advierte que la hipótesis de improcedencia establecida en el precitado artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, opera cuando en las leyes que rigen el acto de autoridad proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, mediante el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello es así, toda vez que, es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso previamente agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; así, los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Federal y el citado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él es necesario antes de la demanda de amparo, agotar en la vía ordinaria, todos los medios de defensa con los que cuenta el quejoso para combatir el acto reclamado, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. En ese sentido, se advierte que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en virtud que en contra de la indebida notificación a la audiencia de trece de diciembre de dos mil diecisiete, fijada en el juicio agrario 26/2017, del índice de la responsable, procede el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 319 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, de acuerdo con el artículo 2 de la citada ley, a través del cual puede obtener la revocación, modificación o nulificación de la resolución que impugna, que establecen: "ARTICULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. ARTICULO 320. No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano". De los preceptos transcritos se desprende que por medio del incidente de nulidad de actuaciones, puede restituirse al particular en el goce de los derechos que considera vulnerados; en ese tenor, es dable señalar que en la especie, el quejoso debió promover esa instancia impugnativa antes del juicio de amparo, pues es un requisito sine qua non previo a la petición del amparo, agotar los medios de defensa ordinarios con los cuales se pueda alcanzar el fin referido con antelación. Se cita en apoyo, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tesis: I.6o.C. J/37, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Asimismo, tiene apoyo a lo anterior, por analogía el criterio sustentado en la Tesis IV.1º.P.C.8 K, tomo IX, Marzo de 1999, Novena época, consultable en la página 1377, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "AMPARO INDIRECTO, VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO NO IMPUGNABLES EN EL.--Si aparece en autos que el quejoso fue emplazado al juicio del que emanan los actos reclamados, sin que en la demanda de garantías ataque la legalidad de esa diligencia, es claro que no cabe conceptuarlo como tercero extraño, y al no surtirse la hipótesis del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, debe concluirse que las omisiones o irregularidades en que pueda haberse incurrido en la práctica de las subsecuentes notificaciones, no son susceptibles de reparación a través del juicio de amparo indirecto, sino que se trata de violaciones al procedimiento impugnables en el amparo directo contra la sentencia definitiva o laudo, en términos del artículo 158 de dicha ley. No obsta la circunstancia de que el promovente alegue no haber sido correctamente notificado de la sentencia, porque la validez de esta notificación no puede ser materia de análisis en el juicio constitucional mientras no se agote el incidente de nulidad que para esos casos prevé la ley común, el cual está el quejoso en aptitud de promover, desde el momento en que figura como parte en el juicio de origen. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado la indebida notificación a la audiencia de trece de diciembre de dos mil diecisiete, fijada en el juicio agrario 26/2017, del índice de la responsable, promovido en contra del aquí quejoso. En ese sentido, de lo precisado se advierte que el quejoso es parte demandada en el juicio de origen. Se afirma lo anterior, toda vez que del contexto integral del escrito de aclaración del acto reclamado, así como del informe justificado de la autoridad responsable, se advierte que el quejoso es parte demandado en el juicio agrario 26/2017, de donde proviene el acto reclamado y en tales condiciones, en su carácter de parte en ese juicio, estaba en aptitud de promover el incidente de nulidad respectivo. En ese tenor es inconcuso que estuvo en condiciones de promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra de esa notificación que a su juicio le causa agravios, dado que en su carácter de parte demandada precisamente en ese juicio del que deriva el acto reclamado, pudo impugnar las violaciones de referencia a través del incidente de nulidad de actuaciones en términos del artículo 319 del Código Federal de procedimientos Civiles, por lo que el quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, estaba obligado a agotar el principio de definitividad establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establezca para impugnarlo; de tal suerte que, existiendo dichos medios ordinarios de defensa, el amparo resulta improcedente, porque previo a instar el amparo debió agotar el medio de impugnación correspondiente, en específico, como se precisó, el incidente de nulidad de notificaciones; por lo que el no haberlo hecho así, el amparo bi instancial resulta improcedente, según lo establece el ante dicho numeral. Tiene aplicación a lo anterior la tesis de jurisprudencia 28/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, julio de 2001, publicada en la página 467, tomo XIV, con registro 189290, que establece: "NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY. Si bien es cierto que la Ley Agraria no establece de manera específica un mecanismo para impugnar las notificaciones omitidas o las que se hayan hecho indebidamente, también lo es que en sus artículos 170 a 177 regula la figura jurídica de las notificaciones, aunque no en todos los aspectos, ya que sólo contiene una serie de disposiciones atinentes a las formalidades que deben cumplirse para efectuar, entre otras, las notificaciones personales, los emplazamientos, la primera cita al procedimiento y las citaciones a los peritos, testigos y terceros, y con relación a los aspectos no regulados permite, en su artículo 167, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles para normar las notificaciones que no deben ser personales, el momento en que deben hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos, de aquel en que deben surtir efectos tales notificaciones, etcétera, de manera que la aplicación de dicho código adjetivo, además de regular diversos aspectos que no se establecen en la Ley Agraria en cuanto a la materia de notificaciones, es indispensable para complementar sus disposiciones. Ahora bien, si en los aspectos no consignados expresamente en la ley últimamente citada, debe recurrirse al invocado código procesal, es inconcuso que de igual manera puede aplicarse lo relativo a la posibilidad de impugnar tales notificaciones a través del incidente previsto en su artículo 319, máxime si se considera que las cuestiones incidentales no son ajenas a los procedimientos agrarios, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la ley que los regula es posible que surjan ese tipo de cuestiones, las que únicamente se encuentran constreñidas a resolverse en los términos en que este propio dispositivo señala, es decir, deben decidirse de plano, conjuntamente con el negocio principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso resolverlas antes o que se refieran a la ejecución de la sentencia y sin sustanciar artículo de previo y especial pronunciamiento". En apoyo a lo anterior es aplicable por contener el principio apuntado, la tesis de jurisprudencia 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, tomo VI, parte TCC, Séptima época del Apéndice de 1995, que establece: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, dado su origen y fundamentación en la Carta Magna, en el litigio de amparo al ser de naturaleza constitucional viene a constituir un medio de defensa extraordinario, el cual no procede en contra de cualquier actuación de la autoridad, sino que sus hipótesis de procedencia están limitadas, entre otras, a aquellos actos respecto de los que no exista algún medio de defensa en virtud del cual se pueda restituir al gobernado en el goce de los derechos que estime violados; situación que no acontece en la especie, pues como se ha mencionado, el promovente tiene la posibilidad de promover el incidente de nulidad de actuaciones, por medio del cual, como ya se dijo, podría ser modificado o revocado el mismo; esto es, obtener su objetivo a través del medio de defensa que la ley de la materia concede, el cual debió agotar previo a la promoción del juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues de lo contrario éste resulta improcedente. Luego, al haberse acreditado que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXVIII, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Lo anterior es así, dado su origen y fundamentación en la Carta Magna, en el litigio de amparo al ser de naturaleza constitucional viene a constituir un medio de defensa extraordinario, el cual no procede en contra de cualquier actuación de la autoridad, sino que sus hipótesis de procedencia están limitadas, entre otras, a aquellos actos respecto de los que no exista algún medio de defensa en virtud del cual se pueda restituir al gobernado en el goce de los derechos que estime violados; situación que no acontece en la especie, pues como se ha mencionado, el promovente tiene la posibilidad de promover el incidente de nulidad de actuaciones, por medio del cual, como ya se dijo, podría ser modificado o revocado el mismo; esto es, obtener su objetivo a través del medio de defensa que la ley de la materia concede, el cual debió agotar previo a la promoción del juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues de lo contrario éste resulta improcedente, según lo establece el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Lo anterior, máxime que de las constancias se advierte que el quejoso compareció a la diligencia de trece de diciembre de dos mil diecisiete, de la cual se duele respecto de la indebida notificación (fojas 219 a 222). Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas del siete de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y tercera interesada y por oficios a las autoridades responsables.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo el ocurso de la parte quejosa; en cuanto a su contenido, téngase al compareciente formulando alegatos, y con los cuales se ordena dar nueva cuenta al momento de celebrar la audiencia constitucional, lo anterior con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, vista la certificación que antecede, tomando en consideración que no ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, durante el cual debe hacerse del conocimiento de las partes el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Tres y actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, agregados en proveído de nueve de enero de esta anualidad;. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las ONCE HORAS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Tres y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto por el numeral 117 de la ley en la materia. Ahora, con fundamento en los preceptos 119 y 123 de la ley en la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que en copia certificada remiten las autoridades en comento, sin perjuicio de hacer relación de ellos el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el ocurso signado por el quejoso ..., por medio del cual solicita se establezca incidente criminal; en atención a su contenido, dígase al quejoso, que no ha lugar a proveer favorable su petición, toda vez que la ley de amparo no prevé de manera alguna la existencia de algún incidente criminal en la tramitación del juicio constitucional, sin embargo, queda expedito su derecho a fin de que haga valer la denuncia o querella que estime pertinente, ante las autoridades correspondientes. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis I.12o.C.16 C, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXII, agosto de 2005, pagina 1925, número registro 177607, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE CRIMINAL. LA LEY DE AMPARO NO LO PREVÉ Y SU PROCEDENCIA ATENTARÍA CONTRA LA NATURALEZA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. La Ley de Amparo únicamente prevé la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, no así la de ordenamientos locales, esto es, no permite la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en la sustanciación del juicio de garantías. Así, el artículo 35 de la Ley de Amparo es claro al establecer que en el juicio de garantías no se sustanciarán más artículos de especial pronunciamiento que los expresamente previstos en la ley y en su tercer párrafo dispone que "los demás incidentes que surjan", si por su naturaleza fueran de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin sustanciación. En este contexto, es de señalar que la aludida ley no prevé de manera alguna la existencia de algún incidente criminal en la tramitación del juicio constitucional. Ello obedece al hecho de que el juicio de garantías debe ser un medio de defensa ágil, libre de obstáculos que tengan por objeto producir el retardo innecesario de la resolución de los asuntos, conforme a ese espíritu, se advierte que la ley no establece la suspensión del trámite del juicio de garantías, salvo casos excepcionales, como el previsto en el artículo 53 de la ley de la materia, cuando se haya suscitado una cuestión de competencia y en el supuesto del artículo 101 de la propia ley, tratándose del recurso de queja. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Amparo, una vez iniciada la audiencia constitucional, sólo puede ser suspendida para tramitar el incidente de falsedad de documentos, previsto en el propio numeral. Si se admitiera a trámite el incidente criminal y con ello se suspendiera o paralizara el desarrollo del juicio de amparo, dicha actuación sería contraria a las disposiciones del ordenamiento legal invocado y la sustanciación del juicio de garantías, siendo incuestionable que el incidente criminal pugna con la naturaleza del juicio de garantías, lo que hace improcedente un incidente criminal propuesto en el juicio de amparo". Notifíquese.
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