Mario Humberto Ruiz Montejo y Otros.

Expediente 1174/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1174/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
30/11/2018

Partes del expediente

  • Mario Humberto Ruiz Montejo
  • Mario Humberto Ruiz Montejo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1174/2018, del índice de este Juzgado, e informa que ha causa estado el auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó el recurso de revisión ***, de su índice. Acúsese el recibo de estilo a la superioridad; hágase del conocimiento lo anterior a las partes y las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el libro de Gobierno de este Juzgado; glósense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, y respecto de las restantes se ordena su destrucción para evitar la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 25 y 26), devuélvase los presentes autos al archivo como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de octubre de dos mil dieciocho. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos la comparecencia de los quejosos ***, mediante la cual en cumplimiento a lo acordado en proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho (fojas 12 a 13), ratifican la firma y el contenido del escrito recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, registrado con el folio 15929; al respecto, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. La hipótesis legal transcrita encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6, en relación con el 5 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en sus derechos subjetivos o interés legítimo o colectivo. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, en caso de que reclame afectación a un derecho subjetivo, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN." En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la citación de los quejosos a fin de que se llevara a cabo una audiencia el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la controversia agraria ***, en la cual aducen que la parte demandante *** no tiene personalidad, toda vez que la persona que debió promoverlo es ***, quien acaba de fallecer, y para tal efecto anexan un atestado de defunción de éste. Por su parte, en el escrito aclaratorio, precisan que la naturaleza de la controversia agraria de origen es con la finalidad de llegar a un acuerdo armonioso, que ya comparecieron a la audiencia y que tuvieron conocimiento del acto reclamado el veinticinco de septiembre del año en curso. Expuesto lo anterior, resulta evidente que la citación de los quejosos, a la audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de la controversia agraria ***, no constituye un acto que irrogue perjuicio a las personas a quienes fue dirigida, a menos que se emita una determinación que vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. En efecto, el acto que en esta vía se reclama, no produce ofensa o menoscabo a la esfera de derechos de la parte que solicita el amparo, pues según lo expuesto en el escrito aclaratorio de demanda, dicho acto procesal es de carácter conciliatorio, cuyo objetivo es que las partes lleguen a un acuerdo armonioso, que tenga como efecto dar por terminada la controversia de origen; o en el caso de no llegar a un acuerdo, se dejen a salvo los derechos de los contendientes para que los hagan valer según corresponda. Aunado a que, los promoventes exponen que comparecieron en la fecha anteriormente citada -veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho- hecho que implica que consintieron de manera expresa el acto reclamado en esta instancia. Lo expuesto con anterioridad, evidencia que el acto tildado de inconstitucional, de manera alguna afecta los derechos de la parte quejosa, situación que torna improcedente la acción intentada. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito de quienes se ostentan como ***. Ahora, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Además, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, las firmas plasmadas en el escrito de cuenta, son notoriamente distintas a las estampadas en la demanda de amparo, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: FIRMA DE ESCRITO DE DEMANDA FIRMA DE ESCRITO DE CUENTA Por tanto, no se tiene la certeza de que fue su voluntad presentar el escrito, pues las firmas que contienen el ocurso de cuenta son notoriamente distintas a las que aparecen al calce del escrito inicial de demanda. En consecuencia, para de estar en posibilidad de acordar lo procedente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a los quejosos para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan ante este órgano jurisdiccional, con identificación oficial vigente y advertido de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad, manifiesten si ratifican o no las firmas que calzan en el escrito de cuenta e indiquen si las reconocen como suyas, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, se dejará de acordar su petición. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia doscientos cincuenta y ocho , cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Notifíquese.

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