Mario Humberto López Diaz
Expediente 428/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Mario Humberto López Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA "8" Ciudad de México, seis de julio de dos mil veintiuno. Archivo Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por ello, con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del numeral 21 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años transfiérase el presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de archivo y documentación, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Devolución de anexo Por lo acordado en los párrafos que anteceden y ante la inexistencia jurídica para conservar el anexo de pruebas remitido por Juez -------------------------------- de la Ciudad de México, se ordena su devolución, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese...."
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Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 428/2020-8, promovido por propio derecho por **** contra el acto que reclamó del Juez Trigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México. ... Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por propio derecho por **** contra el acto y la autoridad responsable precisada en el considerando Segundo de la presente resolución, por las razones expuestas en el diverso considerando Sexto. ... Notifíquese...
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, "Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 428/2020-8, promovido por propio derecho por Mario Humberto López Díaz, contra el acto que reclamó del Juez Trigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México. Antecedentes: Primero. Del acto reclamado El quejoso ostenta la calidad de sentenciado en la causa 305/1984 (actualmente 607/2019) del inventario del entonces Juzgado Trigésimo Penal de la Ciudad de México (hoy Juzgado Trigésimo Tercero), por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de robo calificado y lesiones. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, Mario Humberto solicitó al juzgado responsable la cancelación de sus antecedentes penales (fojas 29 a 38 del anexo de prueba I) El trece del mismo mes y año, el Juez Trigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México emitió un proveído en la causa 607/2019 (antes 305/1984), a través del cual determinó no acordar de conformidad dicha petición (fojas 42 a 43 del anexo de prueba I) Segundo. Del trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda: Veintiuno de agosto de dos mil veinte. Se desecha1 de plano la demanda de amparo: Veinticinco de agosto de dos mil veinte. 1 Al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declara fundada2 la queja penal 90/20203 de su inventario: Sesión ordinaria virtual de veintidós de octubre de dos mil veinte. Se admite a trámite la demanda sin apertura de incidente de suspensión: Diez de noviembre de dos mil veinte. Emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito: Once de noviembre de dos mil veinte. Emplazamiento al juzgado responsable: Veinte de noviembre de dos mil veinte. Emplazamiento al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable: Veinte de noviembre de dos mil veinte. Suspensión del procedimiento4 : Cinco de diciembre de dos mil veinte. Reanudación del procedimiento5 : Veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Audiencia constitucional: Diez horas con cuarenta minutos del cinco de abril de dos mil veintiuno. Consideraciones: 2 Al estimar que no se estaba en presencia de una causal de improcedencia manifiesta e indudable. 3 Formada con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso en contra del auto de desechamiento. 4 De conformidad con la circular SECNO/29/2020 de cuatro de diciembre de dos mil veinte emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevo Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. 5 Con fundamento en la circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevo Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Primero. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón que el acto que se reclama es de naturaleza penal y la autoridad responsable reside en el lugar en el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción6 . Segundo. Fijación de litis En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo7 , se precisa que el acto reclamado es el siguiente: ? Acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte dictado en la causa 607/2019 (antes 305/1984), a través del cual el Juez Trigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México no acordó de conformidad la solicitud del quejoso, relacionada con la cancelación de sus antecedentes penales. Tercero. Certeza del acto reclamado Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Folio Juez Trigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México Acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte dictado en la causa 607/2019 (antes 305/1984), a través del cual el Juez Trigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México no acordó de conformidad la solicitud del quejoso, relacionada con la cancelación de sus antecedentes penales. Acepta 10639 Sí existe el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. 6 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 7 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; Certeza que se corrobora con las copias certificadas de la causa 607/2019 (antes 305/1984); documentales que al ser públicas se les concede valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Cuarto. Oportunidad El acto reclamado le fue notificado a la parte quejosa el treinta y uno de julio de dos mil veinte (fojas 44 y 45 del anexo de prueba I); es decir, en un día inhábil de conformidad con el Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma el Similar 13/2020 Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus COVID-19, en Relación con el Periodo de Vigencia. Sin embargo, para efectos del cómputo respectivo, debe considerarse que dicha notificación se tuvo por realizada el tres de agosto de dos mil veinte (día hábil siguiente), ya que en esta data, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación se reincorporaron a sus labores jurisdiccionales de acuerdo con el diverso Acuerdo General 21/2020, también del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Es aplicable por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia VII.2o.T. J/12 (10a.), con número de registro 2014111, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Décima Época, Materia Común, página 1475, de rubro y texto siguientes. "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN CUANDO LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO SE REALIZA EN DÍA INHÁBIL CONFORME A LA LEY DE AMPARO, PERO LABORABLE PARA LA RESPONSABLE, DEBE CONSIDERARSE QUE SURTE EFECTOS EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE. De la fracción I del artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las notificaciones personales, entre ellas las del laudo, surten efectos el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la ley; sin embargo, a fin de establecer la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo directo, debe considerarse lo previsto en los numerales 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, respecto a que el juicio debe promoverse dentro de los 15 días siguientes al en que hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rija, tomándose como días hábiles todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. En este contexto, cuando la notificación del acto reclamado se lleve a cabo en un día especificado expresamente como inhábil en la Ley de Amparo, pero laborable para la responsable, atento al principio de mayor beneficio de la quejosa, por excepción, se tendrá al día hábil siguiente como aquel en que quedó hecha legalmente la notificación del laudo reclamado, en virtud de que ese día será el punto de partida para el cómputo del plazo de 15 días para la promoción del juicio de amparo, que no puede verse reducido en perjuicio de las partes, considerando su naturaleza protectora; sin que sea obstáculo el hecho de que la autoridad responsable haya laborado en esa fecha, porque tal situación no torna ese día en hábil en sí, sólo para efectos del cómputo para promover el juicio de amparo, dado que esa naturaleza la adquiere por virtud de la ley." (Énfasis añadido) Partiendo de dicha premisa, se advierte que el presente juicio se promovió dentro del plazo de quince días previsto en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues la demanda se ingresó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común el veintiuno del mes y año previamente referidos, esto es, el decimotercer día del plazo8 . Quinto. Legislación aplicable Al resolver la queja penal 90/2020, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, señaló, entre otras cosas, que en el caso que nos ocupa, la decisión acerca de la causa de improcedencia de inobservancia del principio de definitividad, no era propia del auto inicial, sino que se requería de un análisis profundo del marco legal aplicable soportado en las constancias suficientes para así estimarlo. En ese contexto, como cuestión preliminar al apartado de procedencia del presente asunto, resulta indispensable tener presente que el ocho de octubre de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformó la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal9 para quedar como sigue: "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: (.) XXI. Para expedir: a) Las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios; b) La legislación que establezca los delitos y las faltas 8 Descontando los días sábado y domingo, al ser inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. 9 Cabe destacar que posterior a las reformas de dos de julio de dos mil quince y cinco de febrero de dos mil diecisiete, en la actualidad dicha porción constitucional prevé en su inciso c) lo siguiente: "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: (.) XXI. Para expedir: (.) C) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. (.)" contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada; c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. (.)" (Énfasis añadido) En el régimen transitorio de la enmienda constitucional en comento, particularmente en su artículo segundo, el Constituyente Permanente estableció que la legislación única en materia de ejecución de penas que expidiera el Congreso de la Unión tendría que entrar en vigor a más tardar el dieciocho de junio de dos mil dieciséis. Por ello, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis se publicó en el referido periódico oficial el decreto por el cual se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal; misma que de conformidad con su artículo primero transitorio10, entró en vigor al día siguiente (salvo los numerales previstos en el numeral segundo transitorio11) En el artículo tercero transitorio del decreto de mérito se estableció la ultraactividad12 de las legislaciones (federal y locales) en la materia, las cuales fueron abrogadas a raíz de la entrada en vigor de dicha legislación de aplicación nacional, al prever a la letra lo que sigue: 10 Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 11 Segundo. Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27, fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017. Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018. (.) 12 El fenómeno jurídico de la ultraactividad que sufre una legislación penal en el tiempo, se refiere, en términos generales, a cuando una nueva ley penal permite que los efectos de una legislación anterior (abrogada), se mantengan en vigencia durante la nueva. "Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que contravengan la misma." (Lo destacado es propio) De la lectura de la porción legal transcrita se aprecia que aquellas legislaciones en materia de ejecución de sanciones penales (federal y estatales), que se encontraban vigentes al instante en que entró en vigor la Ley Nacional de mérito, fueron abrogadas. Asimismo se advierte que dichos ordenamientos legales pueden tener un efecto ultraactivo sobre procesos de ejecución que se estén desarrollando en la actualidad; sin embargo, de acuerdo con la redacción de la porción legal de mérito, dicho fenómeno jurídico (ultraactividad) sólo puede acontecer respecto de aquellos actos procedimentales que acontecieran dentro de la etapa de ejecución de la sentencia y que a la fecha de entrada en vigor de la ley nacional (diecisiete de junio de dos mil dieciséis) no habían finalizado. Por tanto, la ultraactividad a la que alude el artículo transitorio de mérito no se hace extensiva a aquellos asuntos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria antes de la entrada en vigor de la referida ley especial, y que, por ese motivo, tenga que aplicársele forzosamente en toda la etapa de ejecución, una de las legislaciones abrogadas. No se soslaya que el artículo transitorio de marras expresamente establece que los "procedimientos" iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley en estudio, se deberán seguir tramitando de acuerdo con los ordenamientos aplicables en ese momento, sin perder de vista la obligación del juzgador de realizar los controles constitucionales necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Sin embargo, dichos "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al juez de ejecución con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal13 . Esos procedimientos pueden surgir de manera accesoria o aleatoria o en cualquier momento al procedimiento ordinario de ejecución; por lo cual, no puede impedirse la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a aquellos sentenciados cuya causa penal haya causado estado antes de la entrada en vigor 13 Cfr. jurisprudencia I.2o.P. J/3 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Penal, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3157, de contenido siguiente: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del 17 de junio de 2016, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. En otro aspecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal; empero, su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de su libertad y a la ejecución de sentencias; máxime que de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento, en el entendido de que esos "procedimientos" no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio." de dicha ley. Por ende, las disposiciones (sustantivas y adjetivas) de la Ley Nacional de Ejecución Penal deben ser aplicadas a todo "procedimiento" que acontezca dentro de la etapa de ejecución de sentencia y que a la fecha de su entrada en vigor no habían comenzado, más no solo a aquellos asuntos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria estando en vigor la referida ley especial. Ello, sin importar el sistema de justicia penal con base en el cual haya sido sentenciado el justiciable (sistema mixto o tradicional, o bien, acusatorio y oral), puesto que ni la Constitución ni la referida ley previeron impedimentos o restricciones para que a quienes se les fijó su situación jurídica conforme al sistema mixto o tradicional, puedan aplicárseles las disposiciones contenidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Apoya lo anterior la jurisprudencia PC.I.P. J/43 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Constitucional y Penal, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, página 1317, de contenido siguiente: "LIBERTAD ANTICIPADA. LA APLICACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL A SENTENCIADOS EN EL SISTEMA MIXTO NO ESTÁ RESTRINGIDA POR LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS CUARTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y TERCERO DE LA LEGISLACIÓN CITADA (APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE RETROACTIVIDAD DE LEY BENÉFICA Y PRO PERSONA). Cuando el sentenciado en un proceso penal mixto solicita a la autoridad jurisdiccional de ejecución, el beneficio de la libertad anticipada previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, procede analizar si se le concede o no, en virtud de que las normas de ejecución anteriores a la vigencia de la legislación mencionada no la contenían, por lo que la procedencia del análisis del cumplimiento de los requisitos del numeral señalado, tiene como base la aplicación del principio de retroactividad en beneficio que opera en materia penal y el principio hermenéutico de derechos humanos pro persona, porque el artículo cuarto transitorio referido, en cuanto a derechos sustantivos, como lo es la libertad anticipada, no es una excepción al principio de retroactividad penal, pues no constituye una restricción para aplicar reglas posteriores que se consideren más benéficas previstas en el nuevo sistema acusatorio, en virtud de que su contenido y lo dispuesto en el proceso legislativo no representan restricciones a los derechos sustantivos o al derecho humano a la libertad, porque se refieren a la forma de tramitación del procedimiento penal mixto, para concluirlos con las reglas de ese modelo procesal, lo que no puede alcanzar la etapa de ejecución de la sentencia al ser una fase diversa. Así, lo que pretendió el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el contenido del artículo transitorio analizado es prohibir la mezcla de disposiciones del sistema penal mixto con las del sistema acusatorio que rigen el proceso, entonces, esas limitantes no alcanzan a derechos sustantivos o a otros derechos humanos. Así, lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, no impacta en el uso del principio de aplicación retroactiva de ley benéfica, porque el acotamiento de éste se refiere a cuestiones meramente procesales, característica que no tiene la libertad anticipada regulada en el artículo 141 de esa legislación; por tanto, el derecho a que se analice la procedencia de ese beneficio debe hacerse conforme a la ley vigente al momento en que se pida, siempre y cuando resulte de mayor beneficio al solicitante, cumpliéndose con todos los otros temas que definan la competencia de la autoridad jurisdiccional de ejecución y los restantes ámbitos de aplicación de la normativa que se estime benéfica. Esto, porque cuando el artículo tercero transitorio se refiere a "los procedimientos", alude a aquellos actos procedimentales que pueden acontecer dentro de toda la etapa de ejecución de sentencia y que a la fecha de entrada en vigor de la ley indicada no habían finalizado, mas no a aquellos asuntos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria antes de su entrada en vigor y que, por ese motivo, tuviese que aplicárseles forzosamente una de las legislaciones abrogadas en toda la etapa de ejecución. Además, la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal no se ciñe a los asuntos que causaron ejecutoria después de su entrada en vigor, sino que opera para los procedimientos o actos que surjan en la etapa de ejecución durante su vigencia, con independencia de que las causas penales correspondientes hayan causado estado antes de su entrada en vigor. De otra manera, se correría el riesgo de dejar en un plano de desigualdad ante la ley a personas con condiciones jurídicas idénticas (sentenciados ejecutoriados), sólo porque las causas penales que respectivamente se les instruyeron causaron estado en diferentes momentos en relación con la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida, lo cual sería jurídicamente incorrecto, aunado a que no influye a lo anterior el sistema de justicia penal con base en el cual el justiciable haya sido sentenciado (sistema mixto o tradicional, o bien, acusatorio oral), pues ni en la Constitución ni en la ley, existe un impedimento o restricción para que a quienes se les fijó su situación jurídica conforme al sistema mixto o tradicional, puedan aplicárseles las disposiciones contenidas en la Ley Nacional. Por otra parte, debe tenerse presente que el Poder Reformador de la Constitución, en la reforma publicada en el medio de difusión oficial mencionado el 8 de octubre de 2013 a su artículo 73, fracción XXI, depositó su confianza en la existencia de una legislación única en materia de ejecución de penas, con el propósito de que ésta fuera un mecanismo efectivo, eficaz y eficiente para lograr la materialización de los extremos en los que descansan los postulados citados, redujera la confrontación de criterios y se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento." De igual forma se cita la tesis I.1o.P.77 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Penal, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 2061, de contenido siguiente: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, SUS DISPOSICIONES SON APLICABLES PARA LOS PROCEDIMIENTOS O ACTOS PROCEDIMENTALES QUE SURJAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PENAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA CAUSA PENAL DEL SENTENCIADO HAYA CAUSADO ESTADO ANTES DEL INICIO DE ESA VIGENCIA (INTERPRETACIÓN DE SU ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO). El artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, establece que a partir de su vigencia quedarán abrogadas las legislaciones -federal y estatales- que regulan la ejecución de sanciones penales, pero acotó que dichas normas podrían tener un efecto ultractivo sobre procesos de ejecución que se estuviesen desarrollando, pues precisó que los procedimientos que se encontraran en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, continuarían con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de éstos, debiéndose aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en esa ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional. En ese tenor, cuando este precepto transitorio se refiere a "los procedimientos", alude a aquellos actos procedimentales que pueden acontecer dentro de toda la etapa de ejecución de sentencia y que a la fecha de entrada en vigor de la ley indicada no habían finalizado, mas no a aquellos asuntos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria antes de su entrada en vigor y que, por ese motivo, tuviese que aplicárseles forzosamente una de las legislaciones abrogadas en toda la etapa de ejecución. Esto, se explica, porque en la etapa de ejecución de sanciones penales, existe una diversidad de procedimientos tendentes a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran compurgando una pena impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada, con el objeto de que alcancen su pronta reinserción social, como por ejemplo, la solicitud de beneficios, la promoción de incidentes preliberacionales e, incluso, medidas que no tienen relación directa con la pena impuesta, pero que sí repercuten en la reinserción social de la persona, como son los traslados administrativos, ya sea dentro del mismo centro de reclusión donde se halla interno el sentenciado o a uno diverso. Esos procedimientos pueden surgir de manera accesoria o aleatoria o en cualquier momento al procedimiento ordinario de ejecución, por lo cual, no puede impedirse la aplicación de esa ley nacional a aquellos sentenciados cuya causa penal haya causado estado antes de su entrada en vigor. Lo anterior, porque de acuerdo con el desenvolvimiento cronológico que ha tenido la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, en la que se instauraron los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas, se colige que la voluntad del Constituyente Permanente fue que esos postulados lograran su efectividad en la vida jurídica-social en la prontitud posible; tan es así, que desde esta enmienda -en su artículo quinto transitorio- se dieron plazos más reducidos (tres años o emisión de ley secundaria) para que los alcances jurídicos inmersos en los artículos 18 y 21 constitucionales fueran llevados a cabo. Posteriormente, el Poder Reformador de la Constitución, en la reforma de 8 de octubre de 2013 al artículo 73, fracción XXI, de la Ley Fundamental, depositó su confianza en la existencia de una legislación única en materia de ejecución de penas, con el propósito de que ésta fuera un mecanismo efectivo, eficaz y eficiente para lograr la materialización de los extremos en los que descansan los postulados citados, redujera la confrontación de criterios y se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento. Por ende, si la Ley Nacional de Ejecución Penal representa para la Constitución General de la República, el medio idóneo para instrumentalizar los alcances de la reforma de 18 de junio de 2008, se insiste, en lo relativo a los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas; entonces, sus disposiciones deben aplicarse a todo procedimiento que acontezca dentro de la etapa de ejecución de sentencia y que a la fecha de su entrada en vigor no hubiesen comenzado, y no sólo a aquellos asuntos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria estando en vigor la referida ley especial. En otras palabras, la aplicación de esa ley nacional no se ciñe a los asuntos que causaron ejecutoria después de su entrada en vigor, sino que opera para los procedimientos o actos que surjan en la etapa de ejecución durante la vigencia de ese ordenamiento, con independencia de que las causas penales correspondientes hayan causado estado antes de su entrada en vigor. De otra manera, se correría el riesgo de dejar en un plano de desigualdad ante la ley, a personas con condiciones jurídicas idénticas (sentenciados ejecutoriados), sólo por el hecho de que las causas penales que respectivamente se les instruyeron causaron estado en diferentes momentos en relación con la entrada en vigor de la ley nacional, lo cual sería jurídicamente incorrecto. Además no influye a lo anterior el sistema de justicia penal con base en el cual el justiciable haya sido sentenciado (sistema mixto o tradicional, o bien, acusatorio oral), pues ni en la Constitución ni en la ley, existe un impedimento o restricción para que quienes se les fijó su situación jurídica conforme al sistema mixto o tradicional, puedan aplicárseles las disposiciones contenidas en la ley nacional; más aún cuando muchas figuras jurídicas que se instituyen en dicha legislación, en la actualidad ya se encuentran operando respecto de asuntos resueltos y provenientes del referido sistema que se encuentra abolido." Bajo ese tamiz, las probanzas allegadas a la presente contienda constitucional ponen en evidencia que Mario Humberto López Díaz fue procesado y sentenciado de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimientos Penales para esta entidad que recoge el sistema procesal penal mixto. Sin embargo, dicha circunstancia no constituye un impedimento para estimar aplicable al caso que nos ocupa la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ya que el escrito a través del cual Mario Humberto solicitó al Juez Trigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México la cancelación de sus antecedentes penales se presentó el dos de marzo de dos mil veinte; es decir, cuando ya se encontraba vigente dicha legislación especial de aplicación nacional. Máxime que las normas de ejecución anteriores a la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no establecían la posibilidad de cancelación de la información que contienen los antecedentes penales. Motivo por el cual, la aplicación del cuerpo normativo de mérito opera de conformidad con los principios de retroactividad de la ley en beneficio del justiciable y hermenéutico de derechos humanos pro persona. Se expone lo anterior, sin que se soslaye que el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, establece que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Sin embargo, lo cierto es que, por un lado, dicha porción transitoria se refiere a la forma de tramitación del procedimiento penal mixto para concluirlo con las reglas de ese modelo procesal; circunstancia que no abarca la etapa de ejecución de la sentencia, al constituir una fase diversa. Mientras que, por otra parte, lo pretendido por el artículo cuarto transitorio de mérito, es prohibir la mezcla de disposiciones del sistema penal mixto con aquellas del sistema acusatorio que rigen el proceso; empero, dicha limitante no alcanza a derechos sustantivos o el derecho humano a tener una vida digna y de no discriminación, porque dicho precepto no contiene esas restricciones. Sustenta lo anterior la tesis (V Región) 4o.2 P (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias Constitucional y Penal, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2171, de literalidad siguiente: "ANTECEDENTES PENALES. EL JUEZ DE EJECUCIÓN PUEDE ANALIZAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN DEL SENTENCIADO QUE CUMPLIÓ LA SANCIÓN IMPUESTA -RESPECTO DE UN DELITO NO GRAVE EN UN PROCESO PENAL MIXTO- DE CANCELAR LA INFORMACIÓN QUE CONTIENEN, EN APLICACIÓN RETROACTIVA EN BENEFICIO DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN V, INCISO G), DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL Y ATENTO AL PRINCIPIO PRO PERSONA. Cuando el sentenciado en un proceso penal mixto solicita a la autoridad jurisdiccional de ejecución, la cancelación de la información que contienen los antecedentes penales, mediante la aplicación retroactiva del artículo 27, fracción V, inciso G), de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece la procedencia de dicha cancelación, en el caso de haber cumplido con la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada, en relación con un delito no grave, sin que sobre el particular haya cosa juzgada, que impida examinar nuevamente dicha petición, procede analizar ese supuesto de cancelación, en virtud de que las normas de ejecución anteriores a la vigencia de la legislación mencionada no lo establecían y su aplicación opera de conformidad con los principios de retroactividad de la ley en beneficio y hermenéutico de derechos humanos pro persona, porque el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que establece que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto, se refiere a la forma de tramitación del procedimiento penal mixto, para concluirlos con las reglas de ese modelo procesal, lo que no puede alcanzar la etapa de ejecución de la sentencia, al ser una fase diversa. Así, lo pretendido por el artículo cuarto transitorio mencionado, es prohibir la mezcla de disposiciones del sistema penal mixto con aquellas del sistema acusatorio que rigen el proceso; sin embargo, esas limitantes no alcanzan a derechos sustantivos o el derecho humano a tener una vida digna y de no discriminación, porque dicho precepto no contiene esas restricciones. Por tanto, en cuanto a derechos sustantivos, como lo es la cancelación de la información que contienen los antecedentes penales, procede la aplicación retroactiva en beneficio del sentenciado, en términos de los artículos 1o. y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Énfasis añadido) Sexto. Procedencia De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito advierte de oficio que en la especie se actualiza el motivo de improcedencia contenido en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, la cual establece lo que sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" De la interpretación del precepto transcrito, se desprende que de acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, para estar en aptitud de ocurrir a promover el juicio de amparo, los particulares deben agotar primero el medio de defensa que prevé la ley ordinaria a efecto de lograr con ello modificar, revocar o nulificar el acto tildado de ilegal. Ello tiene como sustento el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y que sólo puede ser accionado cuando el particular haya sufrido un agravio personal y directo en sus garantías individuales, con lo que se logra evitar que cualquier apreciación subjetiva sea considerada violación de garantías. Es decir, del texto de la fracción transcrita se llega al conocimiento que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. En ese contexto, los medios ordinarios de defensa se encuentran instituidos en la legislación ordinaria para que el afectado los haga valer conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, ya que, si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito suplantaría las facultades de aquélla. Resulta aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia P./J. 17/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 15, de contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad." Asimismo, se cita la jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado lo constituye el acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte dictado en la causa 607/2019 (antes 305/1984), a través del cual el Juez Trigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México no acordó de conformidad la solicitud del quejoso, relacionada con la cancelación de sus antecedentes penales. En contra de dicho proveído resulta procedente el recurso de revocación a que se refiere en el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; dispositivo legal que a la letra reza lo siguiente: "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido." Ello es así, en la medida que, por un lado, de acuerdo con la porción legal transcrita, el medio de impugnación de mérito procede en contra de las determinaciones de mero trámite14; como la aquí reclamada. Mientras que, por otra parte, el numeral 132 del cuerpo legislativo de mérito prevé la procedencia del diverso recurso de apelación en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y; IX. Las demás previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. 14 Las cuales deben ser entendidas como todas aquellas determinaciones en las que no se puedan esbozar consideraciones que impliquen un estudio concienzudo, propio de una resolución. Hipótesis de procedencia dentro de las cuales no se encuentra la negativa de cancelación de los antecedentes penales del sentenciado. En ese contexto, de una revisión minuciosa a las documentales públicas que se tienen a la vista, no se aprecia que el hoy quejoso Mario Humberto López Díaz haya interpuso el recurso de revocación que prevé el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en contra del acuerdo que constituye el acto reclamado; motivo por el cual, la presente instancia resulta improcedente. Ya que en el caso concreto no se actualiza ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, resulta evidente que la determinación reclamada no constituye un auto de vinculación a proceso, una orden de aprehensión o reaprehensión, un auto que establezca providencias precautorias o que imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del solicitante del amparo. Inclusive, debe destacarse que a la parte quejosa no le reviste el carácter de persona extraña al procedimiento penal de origen, ya que de acuerdo con los autos que se tienen a la vista, Mario Humberto figura como parte procesal (sentenciado) en la causa 305/1984 (actualmente 607/2019) del inventario del entonces Juzgado Trigésimo Penal de la Ciudad de México (hoy Juzgado Trigésimo Tercero) En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo en términos de los artículos 61, fracción XVIII y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación implique negar al quejoso su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues por imperativo legal deben cumplir con los requisitos de procedencia establecidos en la ley de la materia. Ya que si bien los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia (acceso a una tutela judicial efectiva), lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance (como lo es el presente juicio de amparo) Puesto que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 909, de contenido siguiente. "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Máxime que si bien, la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diez de junio de dos mil once implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona15, dicha circunstancia no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa. Puesto que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales 15 El cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, de contenido siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Séptimo. Protección de datos personales De conformidad con los artículos 6°, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, suprímanse los datos personales y sensibles de las partes de la presente sentencia. Sin embargo, queda expedito el derecho de dichas partes procesales para manifestar si es su deseo que se publique dicha información. Octavo. Envío de sentencia Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, fracción II, inciso a) y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2º, fracción XV, 5°, 7º y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 1°, fracción III, 25, 28, 29, 30, 34 y 65 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, se ordena a la secretaría de este juzgado que se elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 del referido acuerdo general y que envíe la misma al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por propio derecho por Mario Humberto López Díaz, contra el acto y la autoridad responsable precisada en el considerando Segundo de la presente resolución, por las razones expuestas en el diverso considerando Sexto. Segundo. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando Séptimo. Tercero. Una vez que cause ejecutoria la sentencia, envíese al Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), la versión pública correspondiente, en términos de lo ordenado en el considerando Octavo de esta sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso..."
- Principal
CIATORIO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Ciudad de México, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que para esta data se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Asimismo, mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte se pusieron a la vista de las partes, las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado. Y, mediante proveído de veintidós de febrero de la presente anualidad se emitió acuerdo de reanudación en este juicio; no obstante, dadas las cargas de trabajo con las que cuenta este juzgado, no obra en autos la constancia de notificación a la parte quejosa respecto de este último acuerdo. En consecuencia, para dar margen a que el actuario judicial realice la notificación aludida, se difiere la audiencia señalada para este día, y en su lugar se fijan las once horas con cinco minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno para su celebración. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante el secretario José María Carlos Márquez Muñoz, que autoriza y da fe.
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