Mario Hernández Trejo
Expediente 960/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 960/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/02/2022
Partes del expediente
- Mario Hernández Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de acuerdos del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la sentencia pronunciada en el recurso de queja 128/2021, en sesión de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno; en la que el tribunal oficiante determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En ese sentido, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, tomando en consideración que se ha resuelto en definitiva el conflicto competencial señalado en párrafos que anteceden, se instruye a la Analista Jurídico SISE a efecto de que deshabilite los permisos otorgados para la consulta de las constancias electrónicas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que en su caso, se hayan realizado. En consecuencia, al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de asuntos total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que exhibió en el presente asunto, en la inteligencia de que las que obran agregadas en original, de 2 conformidad con lo previsto en el artículo 21 del citado Acuerdo General, se ponen a disposición de su oferente por el término de noventa días contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el local de este Juzgado a fin de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de acuerdos del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual acusa recibo del escrito de agravios que le fue remitido, e informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en este asunto, registrándolo con el toca Q.A. 128/2021; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de cuenta, signado por el quejoso **************, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de diecinueve de agosto del presente año. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 al 102 de la Ley de Amparo, se rinde el siguiente informe justificado: es cierto el acto reclamado, debido que en el juicio de amparo 960/2021, se dictó el proveído de diecinueve de agosto del año en curso, el cual se sostiene por sus propias consideraciones, fundamentos y motivos; para el efecto, se remite el escrito original de agravios vía interconexión, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, a fin de que la Superioridad esté en posibilidad de emitir la resolución correspondiente. Asimismo, se informa al Tribunal Colegiado, que se ponen a su disposición las constancias que integran el expediente en que se actúa a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de estar en posibilidad de consultarlas y emitir la resolución correspondiente. En virtud de lo anterior, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que una vez que se tenga conocimiento del órgano colegiado que conocerá del recurso en cuestión lo habilite para los efectos antes indicados. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la comparecencia de dieciséis del mes y año en curso, de la que se desprende que el quejoso ****************, se presentó en este juzgado y ratificó el escrito presentado a su nombre el cinco de agosto pasado. Ahora, toda vez que mediante el libelo antes aludido el quejoso refiere i) que señala como autoridad responsable a "Mtro. Héctor Nezahualcóyotl Luna Ruiz Persona Juzgadora Adscrito al Turno 3 (tercero) del Juzgado Cívico TLP-01" y ii) que señala como acto reclamado el citatorio sin número de folio de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, relacionado con el expediente *******************. En tales condiciones, se tiene al promovente desahogando la prevención formulada en auto de veintiséis de julio del año en curso. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por ********************, ya que -como se explicara más adelante- se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a esta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, toda vez que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide que el operador jurídico sustenta consideraciones profundas o de gran amplitud. A lo anterior, es aplicable la tesis XXIV.2o.11 K, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de dos mil diecinueve, Tomo III, página dos mil ciento noventa, de rubro y texto que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que, frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así´, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio." Fundamento de la improcedencia. En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente:--- XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "5o. Son partes en el juicio de amparo:--I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Razones de improcedencia. Los preceptos legales invocados establecen que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, por lo que, es necesario que hubiese sufrido de manera real y actual una afectación a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; por lo que, en el supuesto de que no se cause dicha afectación, la acción de amparo resulta improcedente. Lo anterior es así, toda vez que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea inminente,es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de las autoridades, de tal suerte, que no exista duda de que necesariamente se ha de dictar. Ahora bien, cabe precisar que los artículos 82, 85, 89 y 94 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, a la letra dicen: "Artículo 82.- Las personas podrán presentar quejas orales o por escrito ante la Persona Juzgadora, por hechos constitutivos de probables infracciones; que considerará los elementos contenidos en la queja y si lo estima procedente, girará citatorio a la persona quejosa ya (sic) la Persona Presunta (sic) Infractora. La queja deberá contener nombre y domicilio de las partes, relación de los hechos motivo de la queja y firma de la persona quejosa; asimismo cuando la persona quejosa lo considere relevante podrá presentar fotografías o videograbaciones relacionadas a la probable infracción, las cuales calificará la Persona Juzgadora y tendrán valor probatorio." "Artículo 85.- El citatorio será notificadoporquiendeterminela (sic) Persona Juzgadora,acompañadoporuna (sic) Persona Policíaydeberá (sic) contener, cuando menos, los siguientes elementos: I. Escudo de la Ciudad y folio; II. La Alcaldía yelnúmerodelJuzgadoquecorresponda,eldomicilioyelteléfonodel (sic) mismo; III. Nombre, edad y domicilio de la persona probable infractora; IV. Una relación de los hechos de comisión de la probable infracción, que comprenda todas y cada una de las circunstancias de tiempo, modo, lugar, así como cualquier dato que pudiera contribuir para los fines del procedimiento; V. Nombre y domicilio de la persona quejosa; VI. Fecha y hora de la celebración de la audiencia; VII. Nombre, cargo y firma de quien notifique, y VIII. El contenido del artículo 86 y el último párrafo del artículo 94 de esta Ley. La persona que lleve a cabo la notificación, recabará el nombre y firma de la persona que reciba el citatorio o la razón correspondiente. Si la Persona Probable Infractora fuese menordeedad,lacitaciónseharáaélmismo,pormediode (sic) quien ejerza la patria potestad, la custodia o la tutela de derecho o de hecho." "Artículo 89.- La Persona Juzgadora celebrará en presencia de la persona quejosa y de la Persona Probable Infractora la audiencia de conciliación en la que procurará su avenimiento; de llegarse a éste, se hará constar por escrito el convenio entre las partes. En todo momento, a solicitud de las partes o a consideración de la Persona Juzgadora, la audiencia se suspenderá por única ocasión; señalándose día y hora para su continuación, que no excederá de los quince días naturales siguientes, debiendo continuarla la Persona Juzgadora que determinó la suspensión." "Artículo 94.- En el caso de que las partes manifestaran su voluntad de no conciliar, se dará por concluida la audiencia de conciliación y se iniciará la audiencia sobre la responsabilidad de la persona probable infractora, en la cual la Persona Juzgadora, en presencia de la persona quejosa y de la persona probable infractora, llevará a cabo las siguientes actuaciones: I. Dará lectura a la queja, la cual podrá ser ampliada por la persona quejosa; II. Otorgará el usodelapalabraa (sic) la persona quejosaparaqueofrezca las pruebas respectivas; III. Otorgará el uso de la palabra a la persona probable infractora, para que formule las manifestaciones que estime convenientes y ofrezca pruebas en su descargo; IV. Acordará la admisión de las pruebas y las desahogará de inmediato, y Resolverá sobre la conducta imputada, considerando todos los elementos que consten en el expediente y resolverá sobre la responsabilidad de la persona probable infractora. Se admitirán como pruebas las testimoniales, las fotografías, las videograbaciones y las demás que a juicio de la Persona Juzgadora, sean idóneas en atención a las conductas imputadas por la Persona Quejosa. Tratándose de daños causados con motivo del tránsito de vehículos, la Persona Juzgadora deberá ordenar en todos los casos la intervención de las Personas Peritas en materia de tránsito terrestre, autorizadas por la Consejería. Para el caso de las fotografías y videograbaciones, quienes las presenten deberán proporcionar a la Persona Juzgadora los medios para su reproducción al momento del desahogo de la prueba, en caso contrario estas serán desechadas. En el caso de que la persona quejosa o la persona probable infractora no presentaren en la audiencia las pruebas ofrecidas, serán desechadas en el mismo acto. Cuando la presentación de las pruebas ofrecidas dependiera del acto de alguna autoridad, la Persona Juzgadora suspenderá la audiencia y señalarádía (sic) y hora para la presentación y desahogo de las mismas." De lo anterior se advierte que una vez que se presente una queja oral o por escrito, por hechos constitutivos de probables infracciones a dicha Ley, la Persona Juzgadora, si lo estima procedente, girará citatorio a la quejosa y la presunta infractora para celebrar una audiencia de conciliación en la que se procurará su avenimiento y, de llegarse a éste, se hará constar por escrito el convenio entre las partes. Asimismo, en caso de que las partes manifiesten su voluntad de no conciliar se dará por concluida la audiencia de conciliación y se iniciará la audiencia sobre la responsabilidad de la persona probable infractora, en la que se dará lectura a la queja, misma que podrá ser ampliada, ofrecerán pruebas respectivas, las cuales se desahogarán de inmediato y se resolverá sobre la conducta imputada, considerando todos los elementos que consten en el expediente y determinando sobre la responsabilidad de la persona probable infractora. Por lo tanto, en el caso, el citatorio sin número de folio de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, relacionado con el expediente **********************, en el que se le requirió al quejoso para que se presentara al Juzgado Cívico a la audiencia de conciliación, no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5º, fracción I de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la prevención contenida en dicho documento, consistente en una orden de presentación, no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el quejoso cumpla o no con la medida, así como que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado. De ahí que, a criterio de este Juzgado de Distrito, el citado acto reclamado y su ejecución es futuro e incierto, pues de lo manifestado por el quejoso, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, no se ha hecho efectivo el apercibimiento decretado en el citatorio reclamado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que el acto que se combate aún no afecta derechos fundamentales del quejoso. Apoya lo anterior, por similitud de condiciones jurídicas, la jurisprudencia PC.I.L. J/14L, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2321, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." En efecto, con lo expuesto no se demuestra el inminente perjuicio del referido acto reclamado a la parte quejosa, habida cuenta que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrar el acto de las autoridades, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se ha llevado a cabo; hipótesis que, se reitera en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos que a suposición de la parte quejosa la autoridad responsable llevará a cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al no irrogarle a la fecha ninguna afectación a sus derechos fundamentales. Resulta ilustrativo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 980, Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro "IUS" 337501, publicada con rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS. La jurisprudencia de la Suprema Corte, sobre la improcedencia del amparo contra actos futuros o probables, se refiere a los actos inciertos, no a aquellos que se tiene la certeza de que se ejecutarán, o cuando menos, que existe el firme propósito de llevarlos a cabo". Máxime que, a juicio de este juzgado, la emisión del citatorio fue únicamente para que el quejoso se presentara en el Juzgado Cívico ahí descrito a fin de conciliar con la parte recurrente, por lo que no afecta ningún derecho sustantivo, ni siquiera el de libertad, sino que implica para el quejoso la oportunidad de hacer valer sus derechos. De ahí que se actualiza de manera indudable y manifiesta el motivo de improcedencia aludido y, en consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Conclusión Así, debe considerarse que respecto de los actos bajo análisis se actualiza la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de Eliana Damián Gaspar, Secretaria que autoriza y da fe.
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