Mario Hernández Rivera

Expediente 606/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
606/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Mario Hernández Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Magistrado Instructor y Secretaria de Acuerdos, ambos de la Segunda Ponencia de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, residente en la Ciudad de México; por el que informa que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: En auto de tres de noviembre actual, hizo efectivo el apercibimiento, imponiendo multa a la Directora de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de superior jerárquica de la demandada y la requirió nuevamente para que informe el cumplimiento a la sentencia definitiva de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad ********************. En atención a lo informado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, sin que se haya presentado promoción al respecto, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la ley de la materia, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, y al Titular de la Unidad Jurídica en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria de amparo; apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá al omiso una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con el numeral 258 de la Ley de Amparo, y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, residente en la Ciudad de México; por el acusa recibo del oficio ********************, en el que se le comunicó la sentencia dictada en autos e informa las acciones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la misma. En atención a su contenido se reserva proveer al respecto hasta que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 606/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Mario Hernández Rivera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados de la 1) Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México -en su denominación correcta-, y 2) Titular de la Unidad Jurídica en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -en su denominación correcta-, que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda con el número de expediente 606/2023; solicitó informe justificado a las autoridades responsables; otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. Seguido el juicio en su trámite, el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional en este asunto, al tenor del acta respectiva. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016 de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de octubre de dos mil dieciséis, por tratarse de un juicio de amparo en materia administrativa, en que la autoridad ejecutoria tiene su residencia en el territorio en que este Juzgado Federal tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados, los siguientes: De la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México: La omisión de verificar el cumplimiento de la sentencia definitiva de diecinueve de febrero de dos mil veinte, e interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitidas en el juicio de nulidad número 2893/19-PC4-5. De la Titular de la Unidad Jurídica en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de cumplir íntegramente la sentencia definitiva e interlocutoria de queja emitidas en el juicio de nulidad número 2893/19-PC4-5. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado Presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye a dicha Sala. No obstante, su negativa se desvirtúa, pues de las constancias que remitió a este juzgado, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en cita, se aprecia que si bien en el juicio contencioso administrativo 2893/19-PC4-5, la sala responsable el siete de julio de dos mil veintitrés, emitió acuerdo requiriendo al Subdelegado de Prestaciones de del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, el cumplimiento de la sentencia de nulidad; sin embargo, hasta la fecha no ha sido totalmente cumplida; por tanto, se debe tener por cierta la omisión atribuida a la responsable. Por otra parte, también resulta cierto el acto reclamado a la Titular de la Unidad Jurídica en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aun cuando en su informe lo hubiera negado, pues como se dijo, la sentencia de nulidad no ha sido acatada en sus términos. CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, no se expresan causas de improcedencia por las partes y tampoco se advierte la actualización de alguna de oficio; por tanto, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su transcripción; máxime que con ello en modo alguno se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VXXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Registro digital 164618, de epígrafe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio. Aduce en esencia la parte quejosa, que la omisión atribuida a las responsables es violatoria de su derecho fundamental de acceso a la justicia, en términos del artículo 17 Constitucional, pues la Sala responsable no ha realizado acciones eficaces y contundentes para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 2893/19-PC4-5, ni la autoridad demandada ha dado cumplimiento a la misma. Es esencialmente fundado dicho concepto de violación. Para ello, se precisa que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [...]" El precepto transcrito pertenece a la especie del derecho fundamental de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Atributos relativos al derecho de las personas a que se les imparta justicia, que se explican en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Así, conforme a dicho criterio jurisprudencial se tiene que el derecho fundamental de impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. De tales principios, los que resultan útiles para resolver el asunto son los referidos a la justicia pronta y justicia completa, pues el primero, impone a las autoridades la obligación de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; y el segundo, implica el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos. Por lo tanto, se concluye que la responsabilidad estatal no termina con la emisión de la resolución, sentencia o laudo, sino que las autoridades responsables están obligadas a lograr la ejecución o materialización de la prerrogativa fundamental cuyo reconocimiento se obtuvo, a fin de lograr una efectiva ejecución. Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCXXXIX/2018 (10a.), de rubro "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA." definió al derecho de ejecución plena de las sentencias como parte de la última etapa de la tutela jurisdiccional efectiva, aquella identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél; señalando a éste como relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior señaló, requiere que el Estado disponga normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice su efectividad, ya que de otra manera no podría entenderse la completitud en el fallo pronunciado, si no se hace realidad en los hechos. Asimismo, la citada Sala del máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 1a./J.28/2023 (11a.), de epígrafe: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIA", precisó que el derecho de acceso a la justicia no se limita a la facultad de someter una controversia al conocimiento de los tribunales y que la misma se tramite conforme a las garantías procesales, sino también comprende la posibilidad que la sentencia dictada tenga plena eficacia mediante su ejecución; para que el Estado garantice un efectivo derecho de acceso a la justicia, no basta con la existencia de sistemas legales a través de las cuales las autoridades emitan sus resoluciones, ni la existencia formal de recursos, sino que éstos deben ser efectivos, y parte de esa efectividad implica, precisamente, la ejecución de las sentencias y resoluciones y, respecto al plazo de cumplimiento, que este sea sin dilación en un tiempo razonable. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil once, relativa al caso Mejía Idrovo vs. Ecuador, en su párrafo 104, determinó que la efectividad de las sentencias depende de su ejecución. Esto último, debido a que una sentencia con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. Lo contrario supone la negación misma del derecho involucrado. Así también, que para lograr plenamente la efectividad de la sentencia, su ejecución debe ser completa, perfecta, integral y sin demora (párrafo 105). En ese orden de ideas, se tiene que el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé un procedimiento específico a seguir para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, asegure el pleno cumplimiento de las resoluciones que emita; dispositivo que establece: "Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento." Como se aprecia, en tal numeral se establecen prevé mecanismos legales que, de forma oficiosa o a petición de parte, debe realizar la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para vigilar y asegurar que se cumpla con las sentencias que al efecto emita. Ello, pues a través de dichos instrumentos se dota a la autoridad de las facultades correspondientes para lograr la ejecución de las resoluciones que dicte; y así, que dichos fallos no se tornen ilusorios al sólo quedar plasmados en documentos, así como el derecho generado en favor del gobernado; si no que éste se vea reflejado sustancialmente en su esfera jurídica, pues sólo así logrará cumplirse con el fin pretendido que es el de obtener una justicia verdadera. Precisado lo anterior, se tiene que de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente de la Sala responsable, se advierten, por su importancia, los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 2893/19-PC4-5, se condenó al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de cuatro meses -como máximo-, contados a partir de que quedara firme la sentencia, emitiera una resolución expresa, fundada y motivada en la que: "[.] a) Precise cuál fue el incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor o bien si en el año calendario anterior el incremento del índice Nacional de Precios al Consumidor resulta inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuál fue el incremento porcentual que tuvieron estos, para lo cual debió haber exhibido la Constancia de Evolución salarial, respectiva. b) Verifique, cuáles de los incrementos advertidos le fueron le fueron aplicados a la pensión del enjuiciante. c) Hecho lo anterior, realice el comparativo y reitere aquellos que ya hayan sido aplicados y que le generaron un mayor beneficio. d) Además, efectúe los incrementos que no hubiesen sido otorgados al accionante, hasta la fecha que se dé el cabal cumplimiento del presente fallo. e) Derivado de lo anterior, deberá pagar a ********************, las diferencias generadas por la falta de aplicación de los incrementos a su cuota diaria de pensión por concepto de la retroactividad aplicada. f) En los mismos términos, deberá pagar al enjuiciante las diferencias que por concepto de gratificación (AGUINALDO) se hubiesen generado, con motivo de la falta de aplicación de los incrementos porcentuales a su cuota diaria de pensión. [.]." En acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, la sala requirió a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, informara sobre el cumplimiento de la sentencia definitiva, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procedería conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativo. Mediante interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se declaró fundada la queja interpuesta por la parte actora por la omisión de la autoridad responsable de acatar el fallo definitivo, y se le concedió a ésta, el plazo de tres días hábiles, para que dé cumplimiento a la sentencia de nulidad y resolución de queja. Posteriormente, por acuerdo de siete de julio de dos mil veintitrés, al no haber cumplido la demandada con la sentencia de nulidad, se le impuso una multa al Subdelegado en el Estado de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y se le requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia e interlocutoria de queja. Siendo ese el estado procesal del referido juicio de nulidad. Conforme a los anteriores antecedentes, se arriba al conocimiento que existe un retraso en la emisión de los actos tendientes a lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad emitida en el juicio de origen. Se afirma lo anterior, pues como se advierte, la sala señala como autoridad responsable no ha tenido una actuación eficaz y contundente para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 2893/19-PC4-5, no obstante el tiempo en demasía transcurrido desde quedó firme (abril de 2021). En efecto, se aprecia que la sala de mérito, hasta el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, emitió acuerdo en el que, requirió a la demandada el cumplimiento de la sentencia; asimismo, no obstante que emitió resolución en relación al recurso de queja por omisión presentado por el actor, el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, hasta el siete de julio del año en curso, proveyó nuevamente sobre el cumplimiento de la sentencia -requiriendo su cumplimiento-, y si bien impuso multa a la demandada, es evidente que sus actuaciones han sido con retraso no justificado. Lo narrado evidencia que la referida sala no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal dilación implica que no vela porque sus resoluciones se ejecuten de manera eficaz e inmediata, lo que impacta en los derechos fundamentales de la quejosa. Conforme a todo lo anterior, es evidente que la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, vulnera en perjuicio de la parte quejosa los derechos fundamentales previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ha omitido vigilar el cumplimiento eficaz de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 2893/19-PC4-5, dado que no ha emitido los acuerdos correspondientes tan luego concluyen los plazos otorgados a la demandada. Máxime que la sentencia que nos ocupa, ya constituye en definitiva un derecho subjetivo en favor de la ahora quejosa en un juicio contencioso administrativo federal, lo que reviste el carácter de cosa juzgada que debe ser acatada a la brevedad. A su vez, la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de Oaxaca, ha sido omisa en atender la sentencia de nulidad dictada en su contra, pues conforme a las constancias que integran el juicio de origen, no ha cumplido con el fallo. De ahí que si no se ha cumplido la encomienda inmersa en la sentencia de nulidad, es evidente que la omisión en que han incurrido las autoridades responsables deviene inconstitucional, al ir en contra de lo tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada por Mario Hernández Rivera, contra los actos reclamados de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, y Titular de la Unidad Jurídica en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, realicen lo siguiente: La Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, obtenga el cumplimiento de la sentencia definitiva de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 2893/19-PC4-5, a través de los mecanismos legales que le faculta el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; lo que implica, lleve a cabo sus actos de manera pronta y expedita, dentro de los plazos que prevé dicha legislación. La Titular de la Unidad Jurídica en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dé cumplimiento a la sentencia definitiva. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mario Hernández Rivera, contra los actos reclamados de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, y Titular de la Unidad Jurídica en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

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