Mario Hernández Luria
Expediente 535/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mario Hernández Luria
- Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz
Actuaciones
- Principal
En atención al oficio suscrito por la Fiscal Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, con sede en Xalapa, Veracruz y anexo que acompaña, registrado en el libro de correspondencia de este juzgado con el número 11294, se agrega a juicio de amparo 1082/2019, sin ulterior acuerdo, toda vez que mediante proveído de veintinueve de junio de este año, se recibió idéntica comunicación vía correo electrónico y se acordó lo conducente; asimismo, que la promoción que antecede, coincide en su totalidad con el expediente electrónico e impreso, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo. Doy fe. A t e n t a m e n t e Adela Márquez Hernández. Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. AMH/cpg*
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de junio de dos mil veintidós.Vista la demanda de amparo de derechos fundamentales presentada por Guillermo Olivera Méndez, en su carácter de apoderado legal de Mario Hernández Luria, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, acreditada con el instrumento notarial adjunto al ocurso de cuenta y nueve copias de la misma; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio 535/2022-2 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CONSIDERACIÓN PREVIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente, en tal virtud, este órgano de control constitucional realizará el estudio correspondiente. ACTO RECLAMADO. Los actos reclamados indicados por la parte quejosa consisten en: "A.- LA ILEGAL RESOLUCIÓN DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2022 DICTADA DENTRO DEL TOCA CIVIL 473/2022 DEL ÍNDICE DE LA H. CUARTA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN EL CUAL DECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO POR EL SUSCRITO. B.- LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DE DECRETAR LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL PLAZO QUE ESTA SE ACTUALIZÓ O EN LOS TÉRMINOS QUE LO SOLICITÓ EL APODERADO LEGAL DE LA DEMANDADA, AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO POR LA ACTORA, QUE VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL." No obstante a lo anterior, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, de acuerdo a la lectura integral de la demanda, conceptos de violación, así como los hechos narrados por el promovente, el acto reclamado se constriñe medularmente en la resolución de diecinueve de mayo del dos mil veintidós, emitida en los autos del toca civil 473/2022 del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en la cual se decretó revocar la caducidad de la instancia emitida en el juicio especial hipotecario 240/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con domicilio en la ciudad de Veracruz, Veracruz. DESECHAMIENTO. En el caso a estudio, quien resuelve advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones III, inciso b y V (este último interpretado a contrario sensu), ambos de la ley de amparo y 107 fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que lo reclamado no son actos de imposible reparación; tal y como se procede a explicar. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, reiteró lo sostenido en la diversa contradicción 377/2013, en el sentido de que el artículo 107 de la Ley de Amparo ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De dichas consideraciones, derivó la jurisprudencia P./.J 1/2016, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de dos mil dieciséis, tomo I, página 15, registro 2011428, de rubro: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Aunado a ello, es necesario señalar que bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia relativa a que el acuerdo que desecha parcialmente una demanda sin ulterior recurso constituye una violación de tipo procesal o adjetiva; en la que estableció que dicha violación afecta al actor de forma preponderante o superior y que por ello, procedía el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, dicha jurisprudencia resulta ahora inaplicable porque la premisa de afectación en forma preponderante o superior, fue abandonada con motivo de la reforma a la Ley de Amparo del dos mil trece, como se ha explicado en párrafos que anteceden. Lo que se corrobora con lo establecido en la jurisprudencia de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), que establece que: ".a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que (.) para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas..." En esta ejecutoria se señaló que la procedencia del juicio de amparo, en su vía indirecta, tratándose de violaciones de tipo adjetivo de carácter preponderante o superior, era incompatible con el texto legal de la Ley de Amparo vigente, como se advierte de lo siguiente: ".dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal..." Por tanto, se reitera que deben entenderse como derechos sustantivos aquellos que afectan de forma actual, material y directa al quejoso respecto de sus bienes patrimoniales, su vida, su libertad personal, sus propiedades, entre otros; por lo que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo, las violaciones procesales de grado predominante o superior no tienen el alcance de hacer procedente el juicio constitucional en la vía indirecta. Bajo este orden, como quedó asentado en líneas precedentes, lo que se reclama a través de la vía constitucional lo constituye la resolución de diecinueve de mayo del dos mil veintidós, emitida en los autos del toca civil 473/2022 del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en la cual se decretó revocar la caducidad de la instancia emitida en el juicio especial hipotecario 240/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con domicilio en la ciudad de Veracruz, Veracruz. En ese contexto, se estima que dicho acto no es de imposible reparación; ya que tal actuación no afecta derechos sustantivos del promovente del amparo, ya que es un acto meramente procesal, que no tienen efectos materiales sobre derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque sólo producen efectos de carácter intraprocesal, ya que sus efectos se pueden enmendar al momento de obtener una resolución favorable. De ahí que no se puede concluir que el acto reclamado tenga efectos que sean imposibles de reparar y, por ende, no procede el amparo indirecto en su contra, pues los efectos que produce son solo procesales, en la medida en que únicamente tienen incidencia dentro del procedimiento en el que se originaron y, por ello, si el amparista logra una resolución favorable, las violaciones de que ahora se queja se extinguirán, sin haber causado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Las consideraciones anteriores tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 205484: PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto. CONCLUSIÓN. Al actualizarse la referida causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones III, inciso b y V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que es manifiesta e indudable, con base en el diverso numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Así, como lo pide el promovente en este asunto, previa compulsa y cotejo de la documental consiste en la copia certificada con que acredita su personalidad, devuélvasele de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, previa identificación y firma que por su recibo se otorgue en autos y dentro del horario de labores fijado para la atención al público en general en días hábiles. Signifíquese que en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 constitucional y con el fin de evitar promociones de las partes solicitando copia de diversas actuaciones, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este Juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, por lo que si requiere copia puede solicitarla por comparecencia sin necesidad de presentar escrito. Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, recoger documentos o copias y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, para la obtención de la copia fotostática solicitada, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno fijado para la atención al público en general en días hábiles. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda. Téngase por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guillermo Olivera Méndez y Guillermo Olivera Aguilar, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Ahora bien, respecto a los correos electrónicos que señala la parte quejosa en la demanda de amparo, entiéndase que en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dicho medio se utilizará para comunicaciones no procesales a fin de brindar atención a las personas justiciables, por lo que, no resulta factible que a través del mismo se remitan notificaciones a los autorizados. AUTORIZACIÓN Y CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otro lado, respecto a los usuarios Gmolivera y GuillermoOlivera de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar a los usuarios antes referidos, para que puedan ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. De igual forma, téngase al promovente del amparo autorizando a los usuarios indicados con antelación para promover vía electrónica. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando como medio de contacto el correo electrónico que indica en la demanda, el cual se utilizará en caso de ser necesario, para comunicaciones no procesales, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese, personalmente al promovente.
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