Mario Hernandez Camacho

Expediente 281/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
281/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Mario Hernandez Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintidós. PARTE QUEJOSA MARIO HERNÁNDEZ CAMACHO, por propio derecho, como demandado en el juicio sumario civil (división de cosa común). AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Actuaria Judicial Adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Secretaria adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye al Secretario(a) a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña el quejoso, desentrañando el sentido de la causa de pedir, se precisa que los actos reclamados por el peticionario son: El auto de doce de enero de dos mil veintidós, notificado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, dictado en del juicio sumario civil (división de cosa común) 94/2007, del índice de la responsable, seguido contra el quejoso y otros, que requiere a ELIZABETH y PEDRO, de apellidos CARRIZOSA HERNÁNDEZ como coherederos de la demandada GRACIELA HERNÁNDEZ CAMACHO, comparezcan ante Notario Público a firmar la escritura de adjudicación del inmueble objeto del remate judicial. La improcedencia del incidente de nulidad de notificaciones planteado en el sumario por CARLOS CARRIZOSA HERNÁNDEZ, coheredero de la demandada GRACIELA HERNÁNDEZ CAMACHO, decretada en el mismo auto de doce de enero de dos mil veintidós. La ADJUDICACIÓN del inmueble a la empresa adjudicataria; y La falta de notificación a la audiencia de remate del inmueble, del auto de dos de marzo de dos mil veintiuno que aprueba el REMATE, y todo lo actuado a partir de ello. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 281/2022. DESECHAMIENTO POR CUANTO UNA AUTORIDAD. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama a la secretaria adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, los actos precisados con antelación, derivados del juicio sumario civil (división de cosa común) 94/2007, del índice de la responsable. Al respecto de dicha autoridad, secretaria del Juzgado Tercero de lo Civil, del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se estima que se ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA por no constituir una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, del propio ordenamiento, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte (.)" "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". De los preceptos transcritos se colige que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad o actos de particulares que sean equivalentes a los de autoridad, que resulten violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. En términos del ordinal 5, fracción II de la Ley de Amparo, autoridad responsable es la que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; en tanto que, en el caso de los particulares establece que podrá considerárseles como autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos indicados y, como característica primordial dispone que las funciones encomendadas a esos particulares deberán estar determinadas por una norma general. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: I. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; II. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; III. Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, IV. Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Conforme con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, visible en la página mil ochenta y nueve, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Narrado lo anterior, dichos actos no puede ser combatido a través del juicio de amparo, dado que la secretaria del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que señala como autoridad responsable, no se encuentra facultada para tomar decisiones unilaterales, de manera imperativa y coercitiva, ya que los actos que realiza no equivalen a los de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque no los efectúa en forma unilateral y obligatoria, al carecer de la facultad de imperio para ejecutarlos, pues requiere de la intervención de una autoridad judicial para ese efecto, además de que sus funciones no están determinadas en una norma general, pues carece de una legislación de ese carácter que lo rija en su existencia y actuación, pues sus actos se regulan por lo pactado entre las partes, o bien, por la remisión a la norma procesal. Entonces, al no tener dentro de sus facultades actos equivalentes a los de autoridad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, no puede ser considerada como responsable para efectos del juicio de amparo; por tanto, lo procedente es DESECHAR en el juicio por lo que hace a la SECRETARIA del Juzgado Tercero de lo Civil, del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del análisis de la demanda se advierte que la actualización de IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, lo cual constituye una cuestión legal de orden público y de estudio preferente, al tenor del artículo 62 de la Ley de Amparo. Es pertinente precisar que conforme a la cuenta secretarial, el quejoso previamente a su demanda actual, promovió un diverso juicio de amparo radicado en este Juzgado de Distrito con el número 196/2021, el cual es un hecho notorio conforme al numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el que los actos reclamados fueron: La audiencia de venta judicial desahogada a las diez horas del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dentro del procedimiento de remate, en el expediente 94/2007; y la falta de notificación del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte en que fue señalada dicha audiencia. Juicio en el que el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio de amparo conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al tratarse de actos DEL PROCEDIMIENTO DE REMATE que no son la última resolución; la cual causo ejecutoria el veinticinco de agosto siguiente. En consecuencia, respecto de los actos reclamados consistentes la adjudicación del inmueble a la empresa adjudicataria (inciso c) y la falta de notificación a la audiencia de remate (primer actos del inciso d), se ACTUALIZA LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO prevista en el numeral 61, fracción XI, de la legislación en cita, por ya haber sido materia de un diverso juicio de amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Del precepto invocado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En efecto, del diverso juicio de amparo 196/2021, del índice de este Juzgado de Distrito, se obtiene certeza que el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el quejoso Mario Hernández Camacho, presentó demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables a la Juez y actuaria judicial adscrita ambas al Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, de quienes reclamó: la audiencia de venta judicial desahogada a las diez horas del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dentro del procedimiento de remate, en el expediente 94/2007; y la falta de notificación del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte en que fue señalada dicha audiencia. En atención a lo anterior, es evidente que respecto del acto atribuido a las precitadas autoridades judiciales, se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues el ahora quejoso promovió un anterior juicio de amparo, en el que existe identidad en cuanto a la autoridad emisora y acto reclamado, por tanto, es inconcuso que el acto reclamado, fue materia de estudio en el anterior juicio de amparo 196/2021. En consecuencia, respecto de dicho acto se DESECHA su demanda de amparo respecto de tales actos: la adjudicación del inmueble a la empresa adjudicataria (inciso c) y la falta de notificación a la audiencia de remate (primer actos del inciso d). Respecto de los restantes actos reclamados consistentes en el auto de dos de marzo de dos mil veintiuno que APRUEBA EL REMATE y todo lo actuado a partir de ello (inciso d), es IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO en virtud de que conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, son ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE REMATE que no son la última resolución; que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; .". ... Conforme a lo anterior se deduce que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal arribó al convencimiento de que el juicio de amparo indirecto, únicamente es procedente en la etapa de remate, en contra de la resolución que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles. De ahí que por cuanto a los actos reclamados consistentes en el auto de dos de marzo de dos mil veintiuno que APRUEBA EL REMATE y todo lo actuado a partir de ello (inciso d), el juicio de amparo resulte improcedente. Ahora, por cuanto al acto reclamado consistente en el auto de doce de enero de dos mil veintiuno que determina, por una parte, requerir a ELIZABETH y PEDRO, de apellidos CARRIZOSA HERNÁNDEZ como coherederos de la demandada GRACIELA HERNÁNDEZ CAMACHO, para que comparezcan ante Notario Público a firmar la escritura de adjudicación del inmueble objeto del remate judicial (inciso a); y en otro contenido, declara improcedente del incidente de nulidad de notificaciones planteado por CARLOS CARRIZOSA HERNÁNDEZ, coheredero de la demandada GRACIELA HERNÁNDEZ CAMACHO (inciso b); se ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso artículo 17, del propio ordenamiento legal; por estimarse un acto consentido tácitamente, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.).". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del contenido de los artículos anteriores, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, por consentimiento tácito, cuando no se promueve dentro de los plazos legales previsto en la propia ley en contra del acto reclamado; a efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para tener por consentido, expresa o tácitamente un acto de autoridad, se requiere que el acto reclamado debe constar de manera directo y no inferirse con base en presunciones, aunado a que debe conocerse fehacientemente. Cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17, para promover el juicio de amparo, a saber: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. De lo anterior, se aprecia que el inicio del plazo para la presentación de la demanda de amparo, se genera a partir de la notificación del acto de autoridad; en su defecto, de que el inconforme tenga conocimiento de él; o finalmente, que se haga sabedor del mismo; a partir de ese momento en que el impetrante está en aptitud de acudir en vía constitucional a la defensa de sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 239520, que se localiza en la página 105, Volumen 217-228, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." Ahora, dado que el acto reclamado lo constituye el auto de doce de enero de dos mil veintiuno, por el que aduce la promovente, se citó a dos herederos de la codemandada en el juicio de división de cosa común, GRACIELA HERNÁNDEZ CAMACHO, no al quejoso, para que comparezca a la firma de escritura ante notario público; y, en ese mismo proveído la Juez, declara improcedente del incidente de nulidad de notificaciones planteado por CARLOS CARRIZOSA HERNÁNDEZ, coheredero de la demandada GRACIELA HERNÁNDEZ CAMACHO. El cual refiere el quejoso que le fue notificado el veinticinco de enero del a ño en curso; lo que significa que el término para promover el juicio de amparo contra ese tipo de actos, es el genérico de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no encuadrarse en alguno de los casos de excepción que prevé el citado precepto. En efecto, el mencionado acto de autoridad reclamado por la accionante del amparo, no se trata de una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; no es una sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese contexto, el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, para presentar la demanda de amparo contra aquellas determinaciones, transcurrió a partir de que surtió efectos la notificación de la resolución que se pretenda reclamar, acontecida el veinticinco de enero de dos mil veintidós; por ende, al surtir efectos el día veintiséis de enero siguiente, comprendió del veintisiete de enero al dieciséis de febrero de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintinueve y treinta de enero, cinco, seis, doce y trece de febrero del año en curso, intermedios por corresponder a sábados y domingos, inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, si la demanda de amparo, se presentó el nueve de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y recibida ante este juzgado Octavo de Distrito ese mismo día, tal como se advierte del sello de recepción, es indudable que su presentación se hizo en forma extemporánea, lo que actualiza la causal de improcedencia por estimarse un ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE, pues, como ya se explicó, el acto aquí reclamado no se encuentra dentro de aquellos que de manera limitativa, constituyen una excepción a la regla genérica de quince días para promover el juicio, al no ser un acto que afecte la libertad del quejoso fuera de procedimiento. Lo cual, incluso, hace innecesario analizar que tal acto, dirigido a personas distintas al quejoso, los herederos de una codemandada, pueda estimarse que no legitiman al peticionario para su impugnación en el amparo. Por tal motivo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al advertirse las causas de improcedencia analizadas. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y conforme a la certificación realizada por el Secretario de este Juzgado, se tiene únicamente por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Franco San Pedro Jesús Ángel, dado que su cédula está registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. ALTA DE USUARIO Con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza a al promovente consulte el expediente electrónico de este asunto, con el usuario "franco.s.abogado". Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica la promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. Asimismo de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020, como lo solicita se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase a la promovente que para ser notificada de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. MEDIDAS SANITARIAS Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2022 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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