Mario Herminio García Hernández
Expediente 268/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Mario Herminio García Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 268/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de catorce de marzo de dos mil veintidós (fojas 17 a 22 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso, se tuvo al Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitiendo diversas constancias vía informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el tomo I que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data de catorce de marzo de dos mil veintidós (fojas 17 a 22 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso, se tuvo al Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitiendo diversas constancias vía informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el tomo I que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el día tres de marzo siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (foja 2 a 6). SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós (foja 7 a 10) se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo en los términos propuestos, solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante auto de veintidós de marzo del actual, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, misma que se tuvo por notificada por lista de acuerdos el treinta de marzo de dos mil veintidós (foja 20). Mediante proveído de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz (foja 16). Asimismo, el veintidós de marzo de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto al Juez Interino del Juzgado Municipal de la Antigua, Veracruz, sin que al efecto lo hubiere hecho. Integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama el ilegal emplazamiento y todo lo actuado en un proceso civil, relativo a la desocupación y entrega material de un inmueble que sostiene el quejoso es de su propiedad, susceptible de afectar su derecho fundamental de audiencia previa, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: El ilegal emplazamiento y todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 2228/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz y, como consecuencia, la adjudicación, la escrituración, así como el lanzamiento del inmueble ubicado en la calle Lázaro Cárdenas, número diecinueve, lote dieciséis, manzana cuatro, zona dos, del Poblado de Nicolás Blanco, del Municipio de la Antigua, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, en razón de que al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del juicio especial hipotecario 2228/2015 (foja 15). Lo que se corrobora en razón de que el juez responsable remitió copia certificada del expediente 2228/2015 (un tomo de pruebas) en donde existen constancias desde el emplazamiento realizado al allí demandado, la contestación de la demanda por parte del aquí quejoso Mario Herminio García Hernández, hasta la sentencia dictada y la sección de ejecución respectiva, documentales que adquieren valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. De oficio, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al artículo 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en razón de que al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, al haber tenido pleno conocimiento de la existencia y sustanciación del juicio natural, pues de las copias certificadas que remitió el juez responsable se advierte la existencia de la notificación practicada al directo quejoso, a través de su sobrino de nombre Carlos Beristaín Pulido (foja 186 del tomo de pruebas) incluso, el quince de mayo de dos mil diecinueve, Mario Herminio García Hernández, parte quejosa en el presente juicio, dio contestación a la demanda interpuesta por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, a través de sus apoderados legales (foja 170 a 174 del tomo de pruebas). Lo que sostiene por las razones que enseguida se darán. PREMISAS NORMATIVAS Los referidos artículos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" De la interpretación sistemática de los artículos invocados, se deriva que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro o fuera de juicio, cuando la persona que lo promueva no tenga el carácter de tercero extraño en el procedimiento. En el primero de los aludidos artículos se establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos que dicha causa resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Una de las distintas técnicas de integración de normas jurídicas, mediante la cual se colman lagunas existentes en el cuerpo normativo, es la interpretación en sentido contrario o a contrario sensu, la cual precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a estudio, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria. Por su parte, el segundo de los preceptos trascritos, establece la protección del juicio de amparo para la persona extraña a juicio. Acorde con las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Esto denota la existencia de dos supuestos de persona extraña al procedimiento: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado; el primero es aquella persona moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila y, el segundo, el sujeto que formando parte de la controversia, no fue llamado a juicio por haber sido ilegalmente emplazado para contestar la demanda o por no haber sido señalado como demandado en el juicio natural y, por ende, no se apersonó de modo alguno al mismo. Ahora bien, la afectación que resiente una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y pueda demostrar, sea con relación al bien debatido en el juicio; con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así porque cuando dos personas siguen un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse; es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio y, desde el punto de vista constitucional en razón de que si los artículos 14 y 16 constitucionales otorgan a todo gobernado los derechos de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio o en su ejecución, sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. En esas condiciones, cuando dentro del juicio o en ejecución de sentencia, se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, ya el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el proceso, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. Da respaldo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así como la diversa VII.2o.C. J/21 que se lee: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de 'persona extraña' es opuesta a la de 'parte' procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Y por analogía, también es aplicable la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Pleno del Máximo Tribunal del País, que se lee: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." De allí que si la parte quejosa se ostenta como persona extraña al procedimiento, existe la obligación del juzgador de amparo de identificar si efectivamente de las constancias apareciere que tuvo conocimiento o no del juicio de origen, ya sea dentro de éste o después de concluido, lo que permitirá conocer el verdadero carácter con el que comparezca al juicio constitucional. Es decir, el juicio de amparo será procedente si efectivamente quien se ostente como tercera extraña al juicio, no hubiere tenido conocimiento de éste, ya sea porque no se le hubiere emplazado o, en su defecto, siendo parte, porque se le emplazó de manera ilegal. En consecuencia, si de las constancias que obran en el expediente existe prueba de que el quejoso tuvo conocimiento del juicio natural en el que le competa participar, el amparo en la vía indirecta es improcedente porque deja de ser persona extraña al juicio por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses, en contravención del artículo 14 constitucional. Lo que se sostiene, pues cuando se trata de personas que conocieron del procedimiento natural y que, por ende, tuvieron la oportunidad de comparecer tanto a ejercitar su derecho de defensa, como la de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa; de manera que ante ello no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en razón de que conforme al criterio sostenido por ambas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado lo constituya la falta de emplazamiento a juicio o su ilegalidad, si antes de que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento respectivo, el promovente del amparo tiene conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, pues con independencia de que no comparezca al mismo, ello es suficiente para estimar que pierde el carácter de extraño al juicio, pues estuvo en aptitud de integrarse a la relación jurídica-procesal y ejercer su derecho de audiencia en el controvertido natural. Criterio que se contiene en la jurisprudencia 1ª/J. 67/2013 (10a.) que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.', la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: 'EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.', en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Y en la diversa 2ª/J. 47/2011 (10a.), que se lee: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Con el propósito de evidenciar que el quejoso tuvo pleno conocimiento de la existencia del juicio natural donde alega el ilegal emplazamiento, se destacan algunos antecedentes del aludido controvertido, obtenidos de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable (tomos de pruebas): 1. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil quince, el apoderado legal de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, demandó en la vía especial hipotecaria a Mario Herminio García Hernández, la declaración judicial de vencimiento anticipado, la suerte principal, amortizaciones no pagadas, pago de intereses ordinarios e impuesto al valor agregado, el remate y trance del bien inmueble hipotecado y los gastos y costas (foja 1 a 6 del tomo de pruebas). 2. Por auto de once de diciembre de dos mil quince, el Juez responsable acordó: admitir la demanda; radicarla con el número de juicio 2228/2015; emplazar al demandado en el domicilio proporcionado por el actor, corriéndole traslado con copia de la demanda y de sus anexos (foja 37 vuelta del tomo de pruebas). 3. El treinta de abril de dos mil diecinueve, se emplazó personalmente a juicio al demandado (foja 186 del tomo de pruebas). 4. Mediante auto de cinco de junio de dos mil diecinueve, se tuvo a Mario Herminio García Hernández, dando contestación a la demanda instaurada en su contra, y ofreciendo pruebas (foja 187 del tomo de pruebas). 5. Seguidas sus etapas, el veinte de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia en dicho controvertido (foja 202 y 204 del tomo de pruebas) sentencia que causó ejecutoria el veintinueve de septiembre de dos mil veinte (foja 205 del tomo de pruebas) 6. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, se abrió la sección de ejecución en dicho asunto (foja 209 del tomo de pruebas). 7. Finalmente, mediante auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se requirió personalmente al demandado la entrega y desocupación del inmueble de que se trata, con el apercibimiento de ser lanzado en que caso de no hacerlo (foja 257 del tomo de pruebas). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora bien, de los antecedentes reseñados, se advierte que durante el procedimiento desarrollado dentro del juicio 2228/2015, el treinta de abril de dos mil diecinueve, se emplazó personalmente a juicio al demandado, a través de su sobrino de nombre Carlos Beristaín Pulido (foja 186 del tomo de pruebas), en donde además se le corrió traslado con la demanda y sus anexos, e informó que contaba con el término de cinco días aumentando un día más por razón de distancia para producir su contestación. También se aprecia que en la misma diligencia de emplazamiento, se dejó al demandado instructivo de notificación en el que se observan los datos identificativos del juicio, entre ellos, el número, tipo de juicio, nombre de las partes actora y demandada, así como el documento fundatorio de la acción (foja 179 a 186 del tomo de pruebas). Asimismo, se advierte que el quine de mayo de dos mil diecinueve, Mario Herminio García Hernández, dio contestación a la demanda interpuesta por BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, a través de sus apoderados legales (foja 170 a 174 del tomo de pruebas) la cual, se tuvo por acordada el cinco de junio de dos mil diecinueve (foja 187 del tomo de pruebas). En ese orden, en vista de las constancias del juicio de origen, se puede concluir que desde el treinta de abril de dos mil diecinueve, el aquí quejoso tuvo pleno conocimiento de la existencia del aludido controvertido, en donde además no se había dictado aún sentencia, presentando el quince de mayo de dos mil diecinueve, su escrito de contestación de demanda. Lo que se sostiene, pues en el referido instructivo se le hizo de su conocimiento el número de identificación del juicio, la denominación de la autoridad judicial que lo solventaba y el nombre de los contendientes; pero sobretodo, se le destacó que en dicho asunto estaba en disputa el bien inmueble que ahora pretende defender por la vía constitucional, es decir, sabía desde esa fecha que el inmueble de su propiedad tenía relación con un litigio, por lo que estuvo en posibilidad de comparecer a defender su derecho de propiedad mediante escrito de contestación de demanda presentado en el juicio natural el quince de mayo de dos mil diecinueve (foja 170 del tomo de pruebas). De allí que resulta indiscutible que a raíz de esa notificación (30-abril-2019) el quejoso tuvo pleno conocimiento de la existencia y desarrollo del juicio especial hipotecario, antes del dictado de la sentencia. Es por lo anterior que se afirma que, desde ese momento, el quejoso estuvo en aptitud de integrarse a la relación jurídico-procesal y defenderse dentro del procedimiento ordinario para ejercer su derecho de audiencia previa. CONCLUSIÓN Luego, si al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación al procedimiento en el juicio civil de origen; entonces, se concreta el motivo de improcedencia aquí analizado. En consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mario Herminio García Hernández, por las razones dadas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede, se advierte que el veinte de abril del año en curso feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintidós de marzo del presente año, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, por cuanto hace a la autoridad Juez Interino del Juzgado Municipal de la Antigua, Veracruz, sin que lo hubiera hecho. De igual forma, de la referida certificación se desprende que no existe promoción alguna dirigida al presente juicio pendiente de acordar, relacionada con la prevención de referencia. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de prevención de veintidós de marzo del año en curso, y se ordena continuar el presente asunto en los términos planteados. Notifíquese en términos de ley.
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