Mario Héctor Valles Lavandera
Expediente 524/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/02/2016
Partes del expediente
- Mario Héctor Valles Lavandera
- Juez Tercero de Primera Instancia Civil. Ensenada, Baja California.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado de autos, se desprende que las partes no desahogaron la vista otorgada en autos con el oficio y las constancias remitidas por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y, por tanto, atendiendo a los elementos que obran en autos, es dable establecer nuevamente si la sentencia de amparo fue acatada por la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.XXXVIII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de Marzo de mil novecientos noventa y nueve página trescientos quince, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECRETARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En sentencia de dos de diciembre de dos mil quince, este órgano jurisdiccional determinó conceder la protección constitucional al quejoso, para el efecto que la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el auto de veintiuno de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente 777/2015 de su índice. Dictara resolución interlocutoria (derivada del recurso de revocación presentado por el aquí quejoso), debidamente fundada y motivada, en la que conteste todos los argumentos hechos valer por el inconforme, en estricto acatamiento a la normativa sustantiva adjetiva, constitucional e incluso, de resultar aplicable, la internacional vigente. Por auto de veintidós de diciembre del citado año, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable que diera cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio. El Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, mediante oficios 006 de siete de enero de dos mil dieciséis y 214 de veintinueve de ese mes y año, informó y anexó copia certificada de las actuaciones con las que consideró que daría cumplimiento a la sentencia de amparo; motivo por el cual, respectivamente se dio vista a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Así, una vez transcurrido el término otorgado a las partes (en el que únicamente se tuvieron por recibidas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa), se efectuó el análisis correspondiente para establecer si la ejecutoria fue debidamente atendida por la responsable y se concluyó que ésta no se encontraba cumplida, debido a que la responsable no fundó ni motivó adecuadamente su determinación; por lo que, una vez más se le requirió dicho cumplimiento. Vía oficio 396, recibido el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable, remitió copia certificada de la interlocutoria de diecisiete de febrero del año en curso, en la que se advierte que dejó insubsistente la diversa resolución incidental de veintiocho de enero de este año y determinó declarar procedente el recurso de revocación hecho valer por el aquí quejoso. Tal documental tiene valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de lo remitido por la responsable, se aprecia el cumplimiento a los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, al Dejar insubsistente el proveído de veintiuno de octubre de dos mil quince (dictado en los autos de los medios preparatorios a Juicio Ejecutivo Civil 777/2015). Dar trámite al recurso de revocación presentado, el cual fue admitido y resuelto manera fundada y motivada, al haber contestado todos los argumentos hechos vales por el inconforme en acatamiento a la normativa que resultase aplicable, el cual fue declarado procedente. Por lo que, resulta evidente que con lo expuesto se colman las garantías a que se refiere en los artículos 14 y 16 constitucionales, por cuya infracción fue concedido el amparo y protección de la justicia federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el aludido precepto legal. Se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera inciso III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ SU ARCHIVO, debiéndose conservar únicamente la demanda de garantías y la sentencia dictada en autos. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
Ensenada, Baja California, diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector; con su contenido, dese vista a las partes, por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con lo que dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo la tesis 2da. XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." NOTIFÍQUESE.
- Principal
Dictara resolución interlocutoria (derivada del recurso de revocación presentado por el aquí quejoso), debidamente fundada y motivada, en la que conteste todos los argumentos hechos valer por el inconforme, en estricto acatamiento a la normativa sustantiva adjetiva, constitucional e incluso, de resultar aplicable, la internacional vigente. Por auto de veintidós de diciembre del citado año, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable que diera cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio. El Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 006, acordado el doce de enero de dos mil dieciséis, anexó copia certificada del proveído de siete de ese mes y año, en el que dejó insubsistente el diverso de veintiuno de octubre de dos mil quince, y dictó uno nuevo en el que proveyó la petición formulada por el aquí quejoso y lo tuvo interponiendo recurso de revocación en contra del auto de trece de octubre de dos mil quince, por lo que, lo admitió y dio vista a la futura demandada Viviana Negrete Silva, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera. Asimismo, por oficio 214, recepcionado en este juzgado el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, la referida autoridad remitió copia certificada de la resolución de veintiocho de enero del presente año, en la que resolvió declarar improcedente el recurso de revocación hecho valer por el quejoso. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se llega a la conclusión de que la sentencia amparadora no se encuentra debidamente cumplida, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. En la sentencia emitida el dos de diciembre de dos mil quince, se precisó en lo que aquí interesa lo que sigue: "[.] Ahora bien, del escrito mediante el cual el ahora quejoso interpuso el recurso de revocación que dio origen al auto que lo desechó de plano por estimarlo la responsable como frívolo e improcedente, lo que constituye el acto reclamado, se advierte que el inconforme en síntesis adujo lo siguiente: a).- Que causa agravio el auto recurrido en el cual en la parte conducente a la letra dice "Como lo solicita la que intervino, y toda vez que el oferente de la prueba no compareció al desahogo de la presente audiencia, con fundamento en los términos del artículo 307 fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, se le tiene por desistido de la prueba confesional ofrecida a cargo de la futura demandada Viviana Negrete Silva, por falta de interés para su desahogo." b).- Que dicho auto contraría lo que establecen los artículos 14 y 16 Constitucionales, los cuales disponen que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado, lo que no sucedió puesto que la responsable basó su decisión en el sentido de aplicar el artículo 307, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en caso de no comparecer a la diligencia, o no presentar el pliego de posiciones, no obstante que dicho dispositivo jurídico no fue plasmado en el auto que admitió a trámite los medios preparatorios a juicio ejecutivo civil. c).- Que al haber omitido indicar el mencionado artículo 307, fracción III del Código de Procedimientos Civiles, ello al momento de admitir los medios preparatorios mencionados, es que dejó de dar a conocer al aquí quejoso, lo que ocurriría en caso de no comparecer a la audiencia de desahogo de la confesional a cargo de la futura demandada o no presentar el pliego de posiciones. d).- Que era indispensable que se hiciera saber al promovente de lo que sucedería en caso de no comparecer al desahogo de la confesional o no presentar el pliego de posiciones para estar en aptitud de hacer efectivos los apercibimientos y cumplir con ello con los mencionados artículos 14 y 16 constitucionales que imponen a las autoridades responsables motivar y fundamentar sus actos. e).- Que era indispensable entonces que la autoridad responsable proveyera lo conducente de manera motivada y fundamentada. f).- Que también era necesario que esa decisión fuera notificada a la parte que pudiera ser afectada." g).- Que aunado a lo anterior estima presentó el pliego de posiciones momentos antes de que concluyera la diligencia de desahogo de la prueba confesional, respecto de lo cual se dejó de razonar, dado que nada se acordó al respecto. [.]" La sentencia de amparo tenía como finalidad primordial que la autoridad responsable, además de dejar insubsistente el auto de veintiuno de octubre de dos mil quince y dictar resolución interlocutoria (derivada del recurso de revocación presentado por el quejoso), que en ésta se purgaran los vicios formales de fundamentación y motivación, debiendo contestarle todos los argumentos hechos valer por el inconforme, acatando la normativa sustantiva adjetiva, constitucional e incluso, de resultar aplicable, la internacional vigente. En efecto, en la sentencia de amparo se expuso que la resolución reclamada, emitida por la autoridad responsable carecía de los requisitos de fundamentación y motivación previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no señalaron los razonamientos jurídicos y lógicos que la llevó a emitir su determinación en el sentido que lo hizo. Una vez expuesto lo anterior, y de la lectura de la determinación emitida por la autoridad responsable, se advierte que si bien dejó sin efectos el acto que fue reclamado en el presente juicio, lo cierto es que la resolución interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, carece nuevamente de los requisitos de fundamentación y motivación previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Lo anterior es así, pues la responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, al resolver, en lo que interesa manifestó: "Analizando los motivos de inconformidad del recurrente, se le puede decir que conforme a lo dispuesto por el artículo 288 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, la prueba confesional se admite aún sin haberse presentado el pliego de posiciones, debiendo recibirse en audiencia que señalará el juez, para el desahogo de las pruebas que se hubieran admitido y estuvieran debidamente preparadas. La prueba confesional de mérito, fue admitida y preparada por auto de fecha dos de septiembre del año dos mil quince, ordenándose la citación de la futura demandada; quien fue notificada personalmente, al igual que el promovente, licenciado Mario Valles Lavandera, como consta a fojas 9 y 12 de autos. En el desahogo de pruebas en forma oral, no puede diferirse la audiencia salvo que existieran pruebas pendientes de prepararse como lo dispone el artículo 383 del código procesal de la materia, diferimiento que no se actualiza en el presente caso pues como se ha manifestado, la prueba confesional ofrecida a cargo de la futura demandada, fue debidamente admitida y preparada desde el día dos de septiembre de dos mil quince, señalándose las diez horas del día trece de octubre del mismo año, para su desahogo; por lo que el oferente de la misma tuvo oportunidad de preparar y presentar su pliego de posiciones oportunamente; independientemente de que no se le hubiera hecho apercibimiento alguno, para el caso de no comparecer al desahogo de la confesional, o bien, si el oferente de la prueba confesional no exhibió el pliego de posiciones respectivo, como ocurrió en el presente caso. Ya que si se citó al absolvente de dicha prueba y éste compareció, no así el oferente de la misma, y al constituirse en audiencia pública, el oferente de la prueba no se encontraba presente, y tampoco se había presentado el pliego de posiciones, lo conducente era, como así se resolvió a petición de la futura demandada, declarar desierta la probanza de mérito ya que no existe motivo legal alguno que permita diferir la audiencia, para desahogar en otro momento, si las pruebas ya se encontraban debidamente preparadas [.] [.] Si bien la sanción referente a la incomparecencia del absolvente a la confesional, no dispone la deserción de la prueba ante la falta de presentación de su oferente o del pliego respecto, ello se puede advertir de lo previsto por la ley en cuanto a la preclusión de los términos, pues precisamente es una sanción impuesta a quien no respete los plazos que le fueron concedidos, actuar de otra manera sería tanto como dar oportunidad a las partes de que manejaran a su antojo el tiempo que dure un proceso. Por todo lo anterior, es que el auto de fecha trece de octubre de dos mil quince ordenó únicamente agregar a los autos el pliego de posiciones, y por los mismos razonamientos vertidos en el cuerpo de este (sic) resolución, se reitera el criterio del suscrito, desechándose de plano el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de trece de octubre de dos mil quince. [.]" Como se dijo anteriormente, de la transcripción que antecede se desprende que la autoridad responsable nuevamente transgredió los requisitos de fundamentación y motivación en contra del aquí quejoso. Ello, ya que no señaló las razones y causas concretas por las cuales llegó a concluir que se declaraba improcedente el recurso de revocación. Se dice lo anterior, pues dejó de indicar el fundamento legal que lo faculta para sancionar al promovente cuando encontrándose legal y debidamente notificado, deja de acudir al desahogo de la prueba por él propuesta, cuando como en el caso, de medios preparatorios a juicio ejecutivo civil se trata. De existir el fundamento legal para hacer efectivo el apercibimiento referido, precisar el diverso dispositivo jurídico que le permite no hacer saber a las partes las consecuencias de su ausencia a la audiencia de desahogo de la prueba confesional a la que fue citado, esto es, el fundamento que lo faculta para dejar de plasmar ese dispositivo jurídico en el respectivo proveído, y después únicamente aplicarlo. No pasan inadvertidas las diversas argumentaciones realizadas por la autoridad responsable con la finalidad de motivar su decisión de declarar improcedente el recurso, sin embargo de ellas no se colige la anotación de la base jurídica en la que se sustenta (fundamentación), por lo que se insiste falta a la autoridad responsable la indicación de los dispositivos jurídicos que lo facultan a declarar desierta una prueba si no comparece a la audiencia el promovente como sucedió en el caso en estudio, ello, cuando no se estableció el fundamento en el auto respectivo, y además se dejó de hacer saber a la parte interesada las consecuencias de su ausencia. En consecuencia, este juzgado estima que la ejecutoria emitida en el presente juicio no se encuentra debidamente cumplida. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo tercero transitorio y segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio en que se transcribe este acuerdo, deje insubsistente la resolución de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, y atendiendo a los argumentos precisados en la sentencia emitida en este juicio y en el presente acuerdo, emita una nueva, fundando y motivando debidamente su determinación. De no cumplir lo ordenado la autoridad de referencia, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 107 fracción XVI de la Constitución Federal y los numerales tercero transitorio y 192 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de la inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, diez de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito con firma electrónica del quejoso Mario Héctor Valles Lavandera, mediante el cual desahoga la vista ordenada en proveído de dos de febrero del presente año, haciendo diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento del fallo protector por parte de la autoridad responsable; las cuales se tomarán en cuenta al momento de resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el presente expediente. NOTIFÍQUESE.
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